INTERNACIONAL
Bolivia no enfrenta una protesta, es una reacción del Estado Narco fundado por Evo Morales
Bolivia no vive una crisis social y política. Las calles bloqueadas, los caminos cortados, la escasez inducida, la presión sobre los hospitales, la amenaza de desabastecimiento y el intento de convertir la protesta en un instrumento de veto político no son hechos aislados. Son parte de una tecnología de poder que Evo Morales conoce mejor que nadie: asfixiar a las autoridades para obligarlas a rendirse.
El error de muchas democracias latinoamericanas es leer estos episodios con la ingenuidad de quien todavía cree que toda movilización callejera es expresión pura de descontento popular. Las sociedades pueden tener reclamos legítimos, y Bolivia ciertamente sufre una crisis económica real. Pero una cosa es el malestar social; otra, muy distinta, es un poder paralelo utilizado para implosionar la gobernabilidad. En el caso boliviano, esto viene con un temperamento especial: la movilización no es social o política. Por detrás de los disturbios está el crimen organizado que se rehúsa a perder el control del país.
Evo Morales construyó su carrera en esa frontera entre la política institucional y el crimen. Nunca fue solamente un líder indígena, un dirigente sindical o un presidente de izquierda. Fue, desde el inicio, el operador político de una forma de poder territorial asentada en el Chapare, en la economía de la coca, en la disciplina de los sindicatos cocaleros y en la capacidad de transformar bloqueos, marchas y violencia en una herramienta de negociación permanente. Su biografía política no puede separarse de esa arquitectura. El mismo hombre que fue presidente de Bolivia por casi 14 años nunca dejó ser el presidente de las organizaciones productoras de hojas de coca, las mismas organizaciones que producen y fabrican la materia prima para la producción de cocaína.
¿Y cómo llegó Morales al poder? Por los mismos medios con los que ahora intenta socavar la administración de Rodrigo Paz. En 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada cayó después de semanas de protestas y represión sangrienta. En 2005, Carlos Mesa también terminó arrinconado por bloqueos y movilizaciones. Evo no inventó la crisis boliviana, pero entendió como pocos que en un Estado débil la calle podía sustituir a las instituciones. Aprendió que un presidente podía caer antes de terminar su mandato si el país era paralizado con suficiente intensidad. Y luego convirtió esa lección en doctrina.
Cuando llegó al poder, hizo lo que hicieron los revolucionarios con vocación autoritaria: transformó la presión callejera en arquitectura institucional. Cambió la Constitución, alteró símbolos nacionales, creó una nueva bandera y cambió el propio nombre del país. También capturó tribunales, debilitó contrapesos y convirtió al Estado en un instrumento de permanencia. La revolución dejó de ser promesa y pasó a ser parte del sistema. El Movimiento al Socialismo no gobernó Bolivia como un partido normal, gobernó como una maquinaria de ocupación política, territorial y simbólica.
Pero el componente más incómodo de esa historia no está en la ideología. Está en el crimen.
Durante años, América Latina trató al narcotráfico como un problema policial. Después, como una economía ilícita. Ambas categorías ya son insuficientes. En ciertos países, el crimen organizado dejó de ser una actividad clandestina que corrompe al Estado desde afuera. Pasó a ser parte del propio Estado y de sus políticas. Muy diferente del concepto del narcoestado, donde los criminales ejercen influencia exógena sobre el sistema, en Bolivia las instituciones de Estado pasaron a ejercer las funciones del capo criminal.
Eso es lo que he llamado “Estado Narco”. No se trata simplemente de un gobierno infiltrado por narcotraficantes. Eso sería grave, pero todavía clásico. El Estado Narco es algo más sofisticado y peligroso: es la conversión de capacidades estatales, diplomáticas, militares, policiales, territoriales y logísticas en herramientas funcionales a una economía criminal con objetivos políticos.
En “Hugo Chávez, el Espectro”, (un libro que escribí en 2017) sostuve que el chavismo no debía ser entendido apenas como un proyecto venezolano. Era una matriz regional. Una forma de poder que combinaba ideología, petróleo, inteligencia cubana, narcotráfico, redes diplomáticas, propaganda y desestabilización. En esa matriz, Bolivia no apareció como periferia. Aparecía como engranaje. Venezuela era la plataforma política. Cuba, la arquitectura estratégica. Bolivia, uno de los territorios donde la coca, los sindicatos, la frontera, la aviación y el poder revolucionario pudieron encontrarse.
Describí como vuelos militares eran utilizados para el transporte de cocaína entre Bolivia, Venezuela y Cuba. Droga que tenía como destino final los Estados Unidos. Los mismos testimonios que fueron los casos que yo he relatado también llegaron a las manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Evo Morales está siendo buscado por la justicia de su país por violación de menores de edad. Pero el líder cocalero sabe que pesa sobre él una extradición inevitable a los Estados Unidos, donde tendrá un futuro muy parecido al de Nicolás Maduro. Para salvar la propia piel y la estructura criminal que hace parte de sus gobiernos y que pasó a ser el eje del Estado boliviano, Morales necesita generar inestabilidad extrema para presionar al gobierno o hasta reemplazarlo.
Lo que ocurre ahora con Rodrigo Paz debe ser leído a partir de ese trasfondo. Paz llegó al poder después de una elección que terminó con casi 20 años de hegemonía del MAS. Su gobierno heredó un país quebrado, sin combustible suficiente, con inflación, escasez de dólares y una estructura estatal deformada por años de clientelismo. Pero tocó un punto todavía más sensible: restableció la cooperación con la DEA, reabrió canales de inteligencia internacional y empezó a mover a Bolivia fuera de la zona de impunidad que el evismo había protegido durante años.
La crisis boliviana actual no es solamente una disputa por precios, subsidios o austeridad. Es una lucha por el sistema operativo del Estado. De un lado, un gobierno débil, inexperto y obligado a administrar una emergencia económica. Del otro, una constelación de sindicatos, cocaleros, mineros, operadores políticos y redes de presión que saben cómo paralizar un país. Entre ambos, una economía criminal que necesita que Bolivia siga siendo territorio opaco, frontera porosa y santuario logístico.
Evo Morales ya no tiene el control absoluto que tuvo. Está judicialmente debilitado, políticamente aislado por parte de su propio campo y fuera de la carrera presidencial. Pero conserva algo decisivo: el conocimiento del método. Sabe cómo convertir una causa social en bloqueo. Un bloqueo en crisis. Una crisis en chantaje. Un chantaje en negociación. Y una negociación en supervivencia política.
Bolivia es hoy el laboratorio de una pregunta mayor para América Latina: ¿puede una estructura narcopolítica perder el poder por la vía electoral sin incendiar el país? En el caso boliviano, la respuesta todavía está en disputa. El esfuerzo de estabilización mirando una transición en Venezuela debe ser considerado un benchmarking en que un régimen absolutamente criminal no fue expuesto a una ruptura, sino a un proceso de contención. La región debe observar con atención, porque lo que ocurre en La Paz no es solamente boliviano. Es parte de una guerra más amplia entre Estados débiles y redes híbridas; entre democracias frágiles y economías criminales; entre instituciones imperfectas y proyectos revolucionarios que descubrieron que el caos también puede gobernar.
La frágil institucionalidad boliviana no se enfrenta solo a una protesta. Está enfrentando a una vieja maquinaria de desestabilización que aprendió a esconder el crimen detrás de la revolución. Y si América Latina vuelve a mirar tarde, como tantas veces hizo, descubrirá que el problema no era apenas Evo Morales, sino un sistema que se adapta a cada uno de nuestros países y que resiste morir.
*Leonardo Coutinho es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society, en Washington, D.C.
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Acting Attorney General Todd Blanche’s chances of confirmation were derailed Wednesday, less than 24 hours before a pivotal vote in the Senate.
It’s another chapter in the troubled saga that has followed Blanche since he was tapped to replace former Attorney General Pam Bondi and one that boils down to issues among Blanche, the Department of Justice (DOJ) and two key Republicans who control his fate in the Senate Judiciary Committee.
Senators John Cornyn, R-Texas, and Thom Tillis, R-N.C., are demanding that the DOJ provide explicit, written proposals to modify the settlement deal reached between the IRS and President Donald Trump and his family earlier this year.
TRUMP AG PICK TODD BLANCHE FACES SENATE TEST IN FIRST MAJOR CONFIRMATION FIGHT SINCE GRAHAM’S DEATH
Todd Blanche, nominee for U.S. deputy attorney general, testifies before the Senate Judiciary Committee in Washington, D.C., on Feb. 12, 2026. (Daniel Heuer/Bloomberg via Getty Images)
Senate Majority Leader John Thune, R-S.D., had hoped a deal could be struck and allow for the confirmation to move forward, eying next week as the major floor vote to formally confirm Blanche as Bondi’s replacement.
«I think that that’s an issue between, right now, the White House and Senators Cornyn and Tillis,» Thune said. «But, yeah, I would encourage them to sit down, which I think they are, and try to come to a resolution there so that the markup can continue tomorrow, and we can get Todd Blanche ready for the floor.»
The DOJ had until 4 p.m. Wednesday to get the lawmakers what they wanted, but the agency fell short, and Blanche’s bumpy carriage ride to confirmation turned into a pumpkin.
Without a guarantee that Cornyn or Tillis would vote to confirm Blanche, Senate Judiciary Committee Chair Chuck Grassley, R-Iowa, opted to postpone the hearing until a later date.
Their targets are the now-defunct, nearly $2 billion anti-weaponization fund and the president’s audit immunity. Republicans and Democrats alike railed against the fund, particularly over concerns that the funding would go to people involved in the Jan. 6, 2021, riots on Capitol Hill.
Trump’s audit immunity has similarly ruffled feathers. Blanche, in his announcement of the settlement deal earlier this year, outlined that, as part of the agreement, the IRS would not be allowed to audit Trump, his family or affiliated companies.
DEMS REJECT TRUMP’S TOP SPY PICK AFTER DEMANDING REPLACEMENT, LEAVING COUNTER-TERROR TOOL IN AIR
Cornyn has proven the most resistant until his demands are met. He’s used his newfound freedom to extract concessions from the Trump administration in recent weeks.
His push for an explicit end to the audit language in the settlement agreement is another such example. The longtime lawmaker, who will exit the Senate at the end of this year after being ousted by the Trump-backed Ken Paxton, was set to meet Blanche Wednesday morning.
But the confab was called off, and Blanche continued making the rounds in the Senate throughout the day, capping off his visit to the Capitol with Senate Majority Whip John Barrasso, R-Wyo. He declined to comment to reporters on his way out.
Cornyn said it was «made clear from the outset that we expected some written proposals to modify the release that was signed in the tax dispute with President Trump and his organization.»
«We need to conform the actual document to what Todd Blanche testified under oath as the president’s acting attorney general,» Cornyn said. «We’ve had two meetings scheduled that have now been canceled because they have not been responsive in providing those written documents.»
TRUMP AG PICK HANGS BY A THREAD AS KEY GOP SENATORS REFUSE TO COMMIT
Sen. John Cornyn, R-Texas, departs a meeting with Senate Republicans at the U.S. Capitol in Washington, D.C., June 4, 2026. (Kent Nishimura/AFP via Getty Images)
Trump, when asked about the holdup in the Senate for Blanche, portrayed himself as a president at an arm’s length from the situation and said he heard his attorney general pick was «going through quite nicely.»
«Well, all I can say is Todd Blanche is outstanding. And I thought he’s — I thought it was pretty routine because he’s so good,» Trump told reporters in the Oval Office. «You just wouldn’t find a better person. So, I don’t know, maybe John Cornyn is upset with me because I didn’t endorse him. I don’t know what it is, but I haven’t heard that there’s a problem.»
Tillis made clear he doesn’t «have a beef with DOJ or with Blanche.»
«They’re trying to get it done, but still gotta get it done,» Tillis said.
He also noted that the number of hurdles that getting those kinds of written proposals through was more extensive than meets the eye. For example, Tillis said the actual settlement likely was signed by the president’s lawyer and not Trump himself.
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«So there’s, you know, there’s a circle of people that have to go through the loop,» he said. «And I get that, but, you know, if we can get it done or possibly get him reported out on Tuesday, if they schedule a markup, I would support that if we get the language.»
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El subdirector adjunto del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Andrew Bailey, visitó Guatemala este 29 de julio para reforzar la cooperación bilateral en seguridad y justicia, en una agenda que incluyó una reunión con el presidente Bernardo Arévalo
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, el viaje forma parte de la estrategia de Washington para combatir organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas antes de que alcancen territorio estadounidense.
Por su parte, el presidente guatemalteco informó a través de sus redes sociales que el encuentro está orientado a reafirmar el compromiso de ambos países de fortalecer la colaboración frente al crimen transnacional y de respaldar a las instituciones encargadas de la seguridad.
En un video divulgado por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Bailey afirmó: “Estoy aquí en la Ciudad de Guatemala para fortalecer la alianza bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y Guatemala”.
El funcionario estadounidense también vinculó esa cooperación con la línea política del presidente Donald Trump, en la que resalta la prioridad de proteger el territorio estadounidense mediante la desarticulación de organizaciones criminales y la detención de personas que representen una amenaza para la seguridad del país.
“Esto refleja el compromiso del presidente Trump con la política de ‘Estados Unidos primero’ y con la protección de la nación estadounidense, mediante el desmantelamiento de organizaciones criminales y la detención de terroristas antes de que puedan amenazar las fronteras y comunidades de Estados Unidos”, manifestó Bailey en su mensaje.
Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI, ofrece un mensaje durante su visita a Guatemala este 29 de julio de 2026. Bailey sostuvo que su presencia buscó fortalecer la alianza bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y Guatemala.
La Embajada de Estados Unidos señaló que la visita de Bailey se inscribe en la estrategia del Gobierno estadounidense para reforzar el trabajo conjunto con Guatemala contra redes criminales transnacionales. El enfoque, según esa explicación oficial, abarca tanto a esas estructuras como a otras amenazas a la seguridad.
Bailey definió a Guatemala como un “socio confiable y valioso” y sostuvo que la relación bilateral sigue fortaleciéndose sobre la base de intereses compartidos. Esa definición apareció en el video difundido por la sede diplomática durante la jornada.
Arévalo utilizó un tono similar al comunicar su reunión con el funcionario del Buró Federal de Investigaciones. “Guatemala es un socio serio, confiable y comprometido con la seguridad y la justicia. Fue un gusto recibir al señor Andrew Bailey, codirector adjunto del FBI, en una productiva visita a Guatemala”, expresó el mandatario.
La respuesta central del encuentro fue una: Guatemala y Estados Unidos acordaron profundizar la cooperación bilateral en seguridad y justicia para enfrentar amenazas vinculadas al crimen transnacional. Esa fue la definición compartida en los mensajes públicos del presidente guatemalteco y del funcionario estadounidense.
Arévalo afirmó que ambos países reforzarán la colaboración para enfrentar esas amenazas y fortalecer a las instituciones responsables del área. Bailey, por su parte, remarcó que la cooperación busca combatir las redes criminales antes de que lleguen a suelo estadounidense.
“La cooperación y la colaboración se fortalecen para enfrentar juntos las amenazas del crimen transnacional y seguir construyendo instituciones al servicio de nuestros pueblos”, resaltó el mandatario guatemalteco.
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INTERNACIONAL
Arabia Saudita lanza un bombardeo coordinado con Estados Unidos contra milicias proiraníes asentadas en Irak
La guerra en el Golfo se expande en una peligrosa escalada. Aviones de combate estadounidenses y sauditas atacaron en forma conjunta milicias ligadas a Irán y a sus asesores iraníes en Irak, mientras Teherán bombardeó bases militares y refinerías en Jordania.
El ataque cruzado amenaza con agravar aun más el conflicto incorporando a la guerra a países que hasta ahora se mantenían más bien al margen, como los sauditas, iraquíes y jordanos. Asimismo, grupos aliados de Irán en Irak y Yemen, y posiblemente también en Líbano, se sumaron a los combates.
Al principio de la guerra, los ataques de Irán se habían dirigido principalmente contra los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Barhrein. Pero los bombardeos de ayer adquieren otra dimensión, subrayada incluso por los gobiernos de Irak y de Irán, que acusaron a Washington de buscar extender el conflicto cuando fracasaron otra vez las chances de una negociación entre EE.UU. e Irán.
“Les vamos a pegar duro. Van a recibir una paliza”, dijo el presidente Donald Trump según un corresponsal de la cadena Fox News que habló con el mandatario tras el bombardeo iraní sobre bases militares de Washington en Jordania. Esta advertencia sacudió las esperanzas de que un cese de las hostilidades que se mantuvo desde el sábado pudiera permitir que se reanudaran las negociaciones.
Arabia Saudita y Estados Unidos, en un hecho inédito, lanzaron sus ataques sobre los proiraníes en Irak dos días después de que las autoridades sauditas reportaran ataques de drones contra sus instalaciones petroleras. Las nuevas hostilidades dispararon los precios del crudo por temores de que los combates afecten el suministro mundial.
Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero contra Irán, Arabia había evitado convertirse en un combatiente abierto. Pero esta semana enfrentó al menos treinta ataques con drones contra sus refinerías petroleras, y la milicia hutí, aliada de Irán en Yemen, afirmó haber atacado un petrolero saudita en el Mar Rojo, otra vía vital para el suministro de energía, el martes. L
La cancillería de Riad declaró que el país no buscaba una escalada, pero que respondería a cualquier agresión. Según informó The New York Times citando fuentes del gobierno de EE.UU., los ataques en causaron la muerte de unos 20 militares y asesores técnicos iraníes.
El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, calificó la ofensiva estadounidense y saudita como una “agresión inaceptable”. Las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias iraquíes, muchas de las cuales mantienen estrechos vínculos con Irán, declararon que al menos 20 de sus combatientes murieron en los ataques y prometieron una represalia.
Con lo que aparece como un tardío ingreso formal en la guerra, a seis meses del inicio del conflicto, Arabia muestra la difícil situación a la que se enfrenta al responder a ataques sin verse arrastrado a una guerra abierta y total.
Si bien Arabia Saudita ha mantenido durante mucho tiempo relaciones antagónicas con Irán, Riad llevaba años buscando estrechar lazos como la forma más pragmática de gestionar la amenaza que representa Irán. La guerra frustró esos esfuerzos diplomáticos. En represalia por los ataques de EE.UU e Israel de febrero, Irán lanzó miles de misiles y drones contra estados del Golfo Pérsico que albergan bases militares de Washington, incluida Arabia Saudita.
Este mes, el reino también se vio inmerso en un nuevo choque en Yemen con la milicia hutí, respaldada por Irán, la cual se atribuyó varios ataques en territorio saudí y declaró un bloqueo contra los petroleros saudíes en el Mar Rojo, una vía de salida al crudo de Riad ante el bloqueo que atraviesa el estrecho de Ormuz por la presión iraní.
Los analistas señalan que la guerra supone para Riad grandes riesgos para sus planes de convertir el reino en un centro de negocios y turismo. Además tiene un alto costo económico al restringir rutas de exportación de petróleo, su principal fuente de ingresos. Además, a medida que la guerra se prolonga, las relaciones del reino con la Casa Blanca de Trump se han tensado con litigios sobre cómo abordar la seguridad en la región.
Los ataques conjuntos saudí-estadounidenses de ayer marcaron la primera vez que Riad reconoció su participación directa en la ofensiva de EE.UU., aunque Arabia ya había ejecutado ataques encubiertos contra Irán al inicio de la guerra. Según Abdulaziz Alghashian, analista del Gulf International Forum, el reino parece dar un mensaje a sus vecinos luego de meses de reticencia: “Atacar a Arabia Saudita tiene consecuencias”.
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