En el sexto mes del año, el sector aplicará un aumento del 1,5% en los salarios, acordado en paritarias entre el sindicato y las empresas del rubro

26/05/2026 – 11:42hs

El salario y sueldo de los cajeros de supermercados como Coto o Carrefour se actualiza en junio de 2026 dentro del esquema paritario del sector comercio, uno de los más amplios del país. El empleo en súper, hipermercados y grandes cadenas también se ve alcanzado por este acuerdo, que impacta en todas las categorías del rubro con incrementos sobre las escalas vigentes.

El incremento forma parte del acuerdo vigente de los empleados de comercio, que abarca a cajeros, repositores, personal administrativo y supervisores. La actualización se aplica de manera progresiva sobre las escalas vigentes y busca compensar la evolución del costo de vida en el trimestre.

En esta etapa del año, el ajuste salarial llega tras la validación del acuerdo paritario y se incorpora de forma automática a las liquidaciones mensuales del personal encuadrado bajo el convenio mercantil.

Cuánto cobra un cajero de Coto y Carrefour en junio 2026

Dentro de la estructura del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, los cajeros se dividen en tres niveles salariales según responsabilidades y tareas dentro del supermercado.

Para junio de 2026, los haberes estimados quedan de la siguiente manera:

• Cajero categoría A: alrededor de $1.232.731 mensuales
• Cajero categoría B: cerca de $1.238.277 mensuales
• Cajero categoría C: aproximadamente $1.245.404 mensuales

Estos valores incluyen sumas no remunerativas incorporadas en acuerdos previos, aunque no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo ni horas extras.

En el caso de jornada parcial de cuatro horas, el ingreso se reduce proporcionalmente y ronda los $616.000 para la categoría inicial.

Cómo se actualizan los salarios en supermercados Coto y Carrefour

La suba de junio representa un ajuste del 1,5% acumulativo sobre los haberes del mes anterior, completando un incremento trimestral cercano al 5%. Este esquema de actualización impacta de manera directa en trabajadores de supermercados como Coto y Carrefour, así como en otras cadenas del país.

El acuerdo no solo abarca a cajeros, sino también a otros sectores del convenio colectivo de comercio.

Otros salarios dentro del convenio mercantil

• En la rama de maestranza, los sueldos van desde aproximadamente $1.216.895 hasta $1.231.145.
• En el sector administrativo, los ingresos parten de $1.228.772 y pueden superar los $1.281.833 en los niveles más alto.
• Los vendedores también registran incrementos similares, con salarios que van desde $1.232.731 hasta $1.281.833, dependiendo de la categoría.

Qué puede pasar con los próximos aumentos

El acuerdo vigente contempla una cláusula de revisión que permite reabrir la negociación en función de la evolución de la inflación. Esto significa que los salarios del sector podrían volver a actualizarse si el contexto económico lo requiere, manteniendo bajo revisión el poder adquisitivo de los trabajadores de comercio.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Super RIGI, un esquema que busca ofrecer mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones original para las “industrias del futuro”. Está destinado a iniciativas que superen los USD 1.000 millones.

Llamado formalmente Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, busca principalmente promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones, favorecer la creación de empleo y fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales.

El documento oficial aclara que se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, “con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había ejemplificado con actividades tales como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.

El proyecto de ley establece un plazo de 5 años para la presentación de solicitudes de adhesión al régimen, con la posibilidad de una prórroga única de hasta un año. El texto define que solo podrán acceder aquellos sujetos que constituyan Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para el desarrollo de cada emprendimiento y con activos destinados únicamente al proyecto adherido.

Cada proyecto deberá implicar una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables, y comprometer al menos el 20% de ese monto dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.

La ley incorpora también incentivos tributarios y aduaneros del régimen. Entre ellos, se incluye una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias para los VPU adheridos, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Se prevé la utilización de Certificados de Crédito Fiscal para cancelar el IVA sobre inversiones en activos computables, junto con la exención de derechos de importación y exportación para los bienes comprendidos en el plan de inversión y los productos obtenidos bajo el proyecto.

Además, introduce incentivos en materia de Seguridad Social, con una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales respecto de nuevas relaciones laborales generadas.

Asimismo, el proyecto regula los incentivos cambiarios. Se habilita la libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación, con un esquema escalonado del 20, 40 y 100 por ciento a lo largo de tres años desde la primera exportación.

También se exceptúa de la obligación de ingresar y liquidar divisas provenientes de aportes de capital, financiamientos y servicios vinculados al proyecto.

A su vez, establece un marco de garantías, estabilidad normativa y compatibilidad con otros regímenes. Se asegura a los VPU la disponibilidad plena sobre los productos del proyecto, la protección frente a actos confiscatorios o expropiatorios, el derecho a la operación continuada y el acceso irrestricto a la justicia.

Precisa que la estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria se extiende por 30 años a partir de la fecha de adhesión.

Un punto importante es que las empresas que ya hayan solicitado ingresar al RIGI no podrán adherirse al Súper RIGI. La restricción también alcanza a proyectos similares a otros ya presentados bajo ese esquema.

Así, quedarán excluidos quienes, de manera individual o junto a empresas vinculadas del mismo grupo económico, compartan el mismo plan de inversión, la misma ubicación, instalaciones esenciales o activos estratégicos.

La restricción aplica de igual manera a proyectos con la misma cadena de valor, productos o procesos productivos similares, así como a aquellos que tengan una superposición igual o superior al 50% de la inversión comprometida, de los activos físicos principales o de la capacidad de producción prevista.

Según el texto, esto busca preservar la coherencia del sistema de incentivos y evitar superposiciones. De esta manera, el Súper RIGI quedará reservado para nuevas actividades productivas y funcionará como un esquema autónomo y complementario al régimen vigente.

Al mismo tiempo, el proyecto exige como condición para la adhesión provincial compromisos concretos en materia de moderación fiscal y previsibilidad normativa, de modo tal que los incentivos nacionales no se vean neutralizados por cargas locales “incompatibles con la magnitud de las inversiones que se pretende atraer”.

En este sentido, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no podrán imponer nuevos gravámenes locales, salvo las tasas por servicios específicos, concretos e individualmente prestados.

Se considerará nuevo gravamen cualquier tributo creado o modificado tras el 31 de diciembre de 2025 que implique mayor carga fiscal.

Tampoco podrán aplicar una alícuota superior al 0,50% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ni gravar con el Impuesto de Sellos los actos, contratos, instrumentos, escrituras, carta oferta, nota de pedido, operación, préstamos, pagaré, garantía, prenda, hipoteca, fianza y operación monetaria. En suma, se prohíbe aplicar regalías o cánones administrativos, tanto vigentes como futuros.

Finalmente, las jurisdicciones mencionadas renuncian a exigir el pago previo como requisito para la presentación de recursos o demandas administrativas y judiciales por parte de los VPU.

Las exportaciones argentinas crecieron 45% en cantidades físicas desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Ese salto, terminó por empujar un superávit comercial de bienes de USD 2.711 millones en abril. En este contexto, además, retrocedieron las importaciones y el mercado empieza a proyectar que ese saldo favorable se consolidará aún más en los próximos meses por la cosecha récord, la fortaleza de los precios energéticos y una actividad interna que seguiría moderada.

Según un estudio de la consultora Invecq, en el primer cuatrimestre, el resultado positivo acumulado fue de USD 8.277 millones, contra los USD 1.275 millones de 2025, el mayor registro para ese período desde 2009 en términos reales. En abril, las exportaciones alcanzaron USD 8.914 millones y las importaciones USD 6.204 millones, con una mejora interanual de USD 2.496 millones.

El mismo informe releva la evolución de las cantidades exportadas entre abril de 2005 y abril de 2026, con base 100 en 2005. El gráfico destaca distintos ciclos: entre 2005 y 2008 el índice crece de 110 a 127 puntos; luego cae a 108 en 2009. Entre 2010 y 2012 vuelve a subir, alcanzando un nuevo máximo de 128 puntos, para descender a 105 en 2015. Entre 2016 y 2019 hay otra recuperación hasta 125 puntos, seguida de una baja y un repunte en 2021-2022 cerca de los 124 puntos. A partir de 2023, el índice toca su piso en torno a 100 puntos, pero desde ese momento inicia un crecimiento sostenido y acelerado que lo lleva a marcar 145 puntos en abril de 2026.

Este último salto representa no solo el valor más alto de toda la serie, sino también un crecimiento del 45% en las cantidades exportadas desde el nivel registrado al inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Según Invecq, el superávit, que tocó un pico en abril, promedia USD 2.100 millones desde noviembre, frente a una media de USD 686 millones en los primeros 10 meses de 2025. La consultora atribuyó ese desempeño a una combinación de volúmenes exportados en máximos e importaciones en contracción.

En este sentido, tres de los cuatro grandes rubros de exportación se ubicaron en máximos históricos al medirlos con promedio móvil de 12 meses. Los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los valores más altos de la serie iniciada en 2004, mientras que combustibles y energía quedó 8% por debajo del pico de enero de 2005, aunque abril fue, de manera puntual, el mes más alto de la historia.

La excepción fueron las manufacturas de origen industrial. Según la consultora, se mantuvieron en niveles similares a los picos recientes de fines de 2022 y 2018, pero todavía 26% por debajo del máximo de enero de 2012.

Al desempeño en cantidades se sumó una mejora de precios en lo que va de 2026. En el primer cuatrimestre, los precios de exportación avanzaron 6% interanual, una de las claves, según el estudio, de la mejora en la balanza comercial argentina.

En tanto, las importaciones mostraron el movimiento inverso. Las cantidades importadas cayeron en todos los meses de 2026, con un descenso promedio interanual de 9,9% y una baja acumulada de 10%. En este caso, la contracción fue más marcada en los bienes ligados a la producción: piezas y accesorios retrocedieron 30,1%, los bienes de capital 14% y los bienes intermedios 3,6%. En cambio, los bienes de consumo crecieron 2% y los vehículos de pasajeros 41 por ciento, prinicpalmente debido a la llegada de automotrices chinas al país, como BYD, Baic, Jac, entre otras.

Uno de los puntos destacados fue que la compra externa de combustibles y lubricantes cayó 32,8% en volumen. La consultra vinculó ese descenso con el cambio estructural de la Argentina en su transición de importadora neta de energía a exportadora, principalmente por el dinamismo de Vaca Muerta. De hecho, la balanza energética explicó el 52% del saldo positivo en el intercambio comercial de abril

Sin embargo, el dato central es que la mejora del saldo comercial no se explicó por un solo factor. Se sostuvo en una expansión récord de las cantidades exportadas, una suba de precios y una baja de las importaciones, sobre todo de las asociadas al nivel de actividad.

En el frente financiero, el mercado de obligaciones negociables recuperó dinamismo desde abril tras la volatilidad internacional de febrero y marzo. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan USD 1.600 millones, por encima de todo lo emitido en abril.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado con una colocación por USD 500 millones, equivalente al 33% del total emitido en mayo. Por sectores, 47% de las emisiones correspondió a compañías de energía, 11% a servicios financieros y el resto se repartió entre empresas del agro, servicios no financieros e industria.

Entre las operaciones destacadas, Arcor emitió deuda en dólares a tres años al 5,25% anual en el mercado local. Mercado Pago colocó una ON con vencimiento a septiembre, a 106 días, con tasa de 0%, mientras que Pampa Energía emitió USD 500 millones a 18 meses con una tasa de 7,775% anual.

Estas emisiones hard dollar implican futuros ingresos de divisas porque cuentan con hasta 180 días para liquidar parcialmente en el MULC. Este flujo se complementa con el ingreso esperado por la campaña récord del agro (se esperan ventas por USD 36.111 millones), la mejora en exportaciones energéticas tras la suba del petróleo (se prevén exportaciones por alrededor de UAS 14.000 millones) y el crecimiento de los préstamos en dólares al sector privado.

El escenario internacional, de todos modos, siguió agregando presión. En las últimas semanas, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron con fuerza: el rendimiento a 10 años alcanzó máximos de los últimos 15 meses y la tasa a 30 años tocó niveles no vistos desde 2007.

Ese movimiento encareció el financiamiento global y complicó en especial a los mercados emergentes, tanto por tasa como por flujos. Para la Argentina, el problema aparece en un momento en que el equipo económico busca una ventana para volver al mercado internacional sin convalidar costos altos frente a los vencimientos que se concentran en 2026 y 2027.

Según el estudio de Invecq, en 2026 los vencimientos totalizan USD 13.531 millones, aunque los pagos efectivos serían de USD 5.773 millones. Para 2027, los compromisos ascienden a USD 37.609 millones y los vencimientos efectivos a USD 23.507 millones, con mayor presión en julio y enero.

En ese marco, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo bajo el Servicio Ampliado del Fondo y habilitó un desembolso cercano a USD 1.000 millones. El organismo destacó el avance del programa económico argentino y remarcó la importancia de seguir flexibilizando el esquema cambiario y fortalecer la acumulación de reservas internacionales.

En el plano cambiario, el BCRA realizó esta semana una compra neta de USD 328 millones en una sola jornada, la segunda mayor del año, y acumula adquisiciones por USD 8.995 millones en 2026. Si se sostiene la dinámica actual de flujos, el mercado proyecta que la meta de acumulación de reservas por USD 10.000 millones podría alcanzarse e incluso superarse en los próximos meses.