POLITICA
La pulseada política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por el control del puerto de Ushuaia
USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a .
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
intervención del Puerto de Ushuaia,la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada,el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero,Sol Agusti,Tierra del Fuego,Conforme a,,Análisis. Las dos paradojas de Milei,,Retroceso. Por sexto mes consecutivo, el Gobierno cayó en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella,,Del desplante al saludo. Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo,Tierra del Fuego,,Tras fracasar su venta. El fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders fue declarado en quiebra,,En bandadas. Aves únicas que seducen a turistas y sobrevuelan un relleno sanitario bajo la lupa,,Turismo a tope y normalidad cotidiana. Cómo vive la ciudad que el mundo observa por el brote de hantavirus en un crucero
POLITICA
El gobierno de Lula se reunirá con su embajador en la Argentina y hay incertidumbre por la evolución del conflicto diplomático
En medio de la escalada de tensión entre la Argentina y Brasil, todas las miradas están puestas en la reunión que mantendrán hoy el canciller brasileño, Mauro Vieira, y el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lo llamara a consultas tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula y contra el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
La reunión tendrá lugar después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocara el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo del gobierno brasileño y pedir explicaciones por las declaraciones del mandatario argentino durante un acto político en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
El conflicto se desencadenó luego de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre.
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Durante su discurso, el Presidente argentino cuestionó a Lula da Silva y sostuvo que Brasil enfrenta el “riesgo Lula”. Además, acusó al mandatario brasileño de ser un “ladrón”, un “presidiario” y de “diseminar el socialismo” en América Latina.
También criticó al juez Alexandre de Moraes, a quien llamó “basura calva”, luego de que el magistrado no autorizara una visita del mandatario argentino al expresidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria.
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“La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso”, afirmó Milei durante el acto. Según agregó, esa decisión constituye “una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables”.
Las declaraciones generaron una inmediata reacción de las autoridades brasileñas. En un comunicado difundido el domingo por la noche, la Cancillería sostuvo que se trató de un episodio “sin precedentes”.
“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El comunicado agregó que resulta “especialmente lamentable” que el episodio involucre al presidente de “un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.
Antes de la reunión con Bitelli, el canciller Mauro Vieira ratificó públicamente la posición del gobierno de Lula da Silva y calificó las declaraciones de Milei como “muy graves”.
“Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable”, afirmó el jefe de la diplomacia brasileña. Sin embargo, aclaró que “debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”.
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Vieira sostuvo además que las expresiones del mandatario argentino fueron “críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República”.
A su vez, consideró que “constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”.
“La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?”, planteó.
La convocatoria a Bitelli también estuvo vinculada, según trascendió, a declaraciones posteriores de Milei en las que aseguró que el gobierno de Lula da Silva financió una campaña contra la Argentina.
“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil”, afirmó el Presidente durante su paso por La Rural. También sostuvo que la administración brasileña había tenido “un rol muy activo” durante la campaña presidencial argentina de 2023.
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Además de la reacción del Poder Ejecutivo brasileño, las declaraciones de Milei fueron rechazadas por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, quien expresó su respaldo al juez Alexandre de Moraes y reivindicó la independencia del Poder Judicial.
También cuestionó los dichos el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien acusó al mandatario argentino de faltar el respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado.
Brasil, Lula Da Silva, Javier Milei
El presidente Javier Milei está reunido en la Casa Rosada con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El encuentro empezó pasadas las 14 y está previsto que continúe con una reunión de ambos con el Gabinete ampliado.
Previo a su arribo a Casa Rosada, Georgieva estuvo en el Palacio de Hacienda, a metros de Balcarce 50. Allí, la funcionaria dio una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.
En esa conferencia, Caputo dijo: “La relación con el FMI es excelente y sentí la confianza de Kristalina en el país desde el día uno, cuando no era fácil. Y se fue afianzando en los momentos más difíciles”.
Georgieva respaldó al Gobierno y aludió al esfuerzo que están haciendo los argentinos. Dijo: “La Argentina está en una posición muy sólida por el esfuerzo del Gobierno, pero sobre todo por el esfuerzo de la gente”.
La presencia de la jefa del FMI en el país genera expectativa desde hace días entre los libertarios, que resaltan la buena dinámica con el organismo bilateral de crédito.
La visita de Georgieva, que llegó la mañana de este lunes al país, es de carácter institucional. Se extenderá por dos días y, además de incluir las reuniones en Casa Rosada y Hacienda, incluirá una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta, en Neuquén. Es considerada tanto en el Poder Ejecutivo como en el mundo económico como una visita de “alto voltaje” que genera buenas expectativas.
Se trata de la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019. Desde que asumió Milei, vinieron distintas misiones del organismo; la primera, en febrero de 2024, tuvo la presencia de la entonces subdirectora, Gita Gopinath.
La visita de Georgieva activó un refuerzo de la seguridad en la zona, con más presencia policial en los alrededores de Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, y también con la disposición de una valla parcial en Plaza de Mayo.
“Hola desde Buenos Aires. Espero con interés interactuar con personas de toda la Argentina y conocer más sobre las oportunidades y ambiciones del país. Desde la innovación hasta la energía, Argentina tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleo y construir un futuro más próspero”, consignó Georgieva esta mañana en su cuenta de la red social X.
Con su mensaje, Georgieva puso el acento en temas clave en los que planea involucrarse en su visita, como el desarrollo actual y el empleo.
Después del encuentro con Milei, se hará la reunión con el Gabinete ampliado, en el que además de los ministros, se espera la presencia de referentes del equipo económico del Gobierno.
La llegada de Georgieva se produce en la previa de la tercera revisión del programa que la Argentina mantiene con el FMI, prevista potencialmente para septiembre.
La evaluación tomará como referencia el cumplimiento de las metas cuantitativas establecidas para fines de junio y podría habilitar un desembolso de US$860 millones.
estuvo en el Palacio de Hacienda,pic.twitter.com/I9xWXXS4iN,July 27, 2026,Conforme a
POLITICA
Máximo Kirchner presentó un proyecto para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso
Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.
El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.
La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.
El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.
El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.
El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.
El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.
El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.
Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.
La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.
Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la «BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.
En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.
La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.
La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.
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