POLITICA
La pulseada política entre Tierra del Fuego y la Casa Rosada por el control del puerto de Ushuaia

USHUAIA.-La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno nacional el 21 de enero pasado genera tensiones políticas, reclamos laborales y preocupación en uno de los sectores clave de la economía fueguina: el turismo. Además, podría dirimirse en la Corte Suprema de Justicia.
Ángel Brisighelli, presidente de la federación que reúne a los empresarios turísticos de la zona, advirtió que la principal preocupación radica en las consecuencias de la disputa política entre la gestión provincial y los funcionarios designados por la Casa Rosada.
“Lo que inquieta es la pelea política y cómo eso puede afectar la dinámica del puerto a futuro”, sostuvo Brisighelli en Radio Provincia.
El gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Melella, ha mantenido una postura crítica frente a la intervención, sobre todo, por la falta de información oficial por parte de los interventores. Y ahora recurrió a la Justicia para retomar el control.
El interventor es Iñaki Miguel Arreseygor. Fue designado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) para encabezar la intervención operativa y administrativa. Junto con él, designaron hace algunas semanas a Fernando Ariel Polizzi, alineado con el senador nacional Agustín Pedro Coto (La Libertad Avanza). Polizzi estaba antes al frente del PAMI fueguino.
El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Miguel Ramírez, denunció “un avasallamiento” y fue crítico de la intervención. “El balance que hacemos de estos meses es sumamente negativo. Es un avasallamiento y una intervención de facto que tuvo la Nación con falsedades y con inventos sobre situaciones que el puerto no tenía”, dijo a .
Ramírez remarcó que el puerto tenía su certificado de operación normal e incluso avanzaba trabajos en forma conjunta con la Nación para futuras reparaciones. “Esto demuestra que la intervención viene por lo que el puerto de Ushuaia significa, y el posicionamiento geopolítico. En la mitad de la temporada entró gente que no tenía idea sobre cómo manejar un puerto, tiraron por la borda la confianza que supimos construir desde la pandemia, que nos costó muchísimo poder recuperar. Fuimos el único puerto que sólo canceló una temporada”, dijo.
“Decir que hay un puerto intervenido genera incertidumbre que hace sonar alarmas en operadores turísticos, que por supuesto lo está capitalizando Chile. Por eso también es un balance negativo. Acá hay incertidumbre, no hay comunicación ni contacto con la gente de la intervención ni siquiera el gobernador, la vicegobernadora o nosotros como autoridades podemos ingresar al puerto, no dejan ingresar a legisladores ni a nadie, es una anarquía. Hay quejas por parte de los operadores y de los agentes marítimos de cómo son las operaciones, de los planos, que nosotros trabajamos con meses de antelación”, argumentó Ramírez su malestar con la intervención.
“Las empresas están pidiendo los certificados de desratización, que nosotros teníamos al día hasta diciembre, mes previo a la intervención. Ahora los están pidiendo las empresas por la situación de alarma sanitaria y todavía no les contestaron, lo que nos hace presuponer que no tienen certificados de estos meses, o sea de enero a la fecha”, advirtió Ramírez ante el brote de hantavirus que se originó por el paso de un crucero.
“Eso no significa que el hantavirus haya salido del puerto de la ciudad, pero sí que se redujeron al máximo todas las medidas de controles que estábamos haciendo: controles de equipaje, escaneo de maletas, controles de personas, de personal, de cámaras. Hoy la Prefectura Nacional Argentina también es cómplice de este avasallamiento y de esta irrupción, el prefecto mayor que está acá responde a órdenes nacionales y lamentablemente lo consideramos cómplice de esta usurpación”, denunció Ramírez.
La temporada que viene aparece como incierta: “Tenemos contacto con la Asociación de Líneas de Crucero de Gran Porte y la IATTO que operan turismo antártico, pero hay incertidumbre sobre cómo se va a operar y quien estará a cargo de la operación en la temporada 2026-2027”.
Preocupa que el beneficio de lo que sucede perjudique las recaladas locales y que los barcos migren a Chile. “Hay empresas que ya eligen Punta Arenas por la incertidumbre que esto genera. Tenemos el buque Ushuaia que en vez de estar parando acá eligió Punta Arenas por la improvisación de gente que hoy tiene el poder, gente que avasalla. No en vano la intervención fue a las 12 de la noche, con patovicas. No siguieron los canales comunes o formales que suponiendo que estaba todo tan mal deberían haber seguido”, enfatizó Ramírez.
Autoridades portuarias afirmaron a que el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego con su área legal, un estudio jurídico de Buenos Aires y personal propio hizo presentaciones ante la Corte Suprema sobre la intervención y la Fiscalía también estaría tomando intervención directa para defender los intereses de la provincia. “Tenemos el historial del puerto desde 1992 con la ley 24.093 de traspaso de puertos a la provincia. La Corte Suprema tiene el historial desde junio de 1992 de lo que hizo la provincia por el Puerto de Ushuaia”, señalaron.
El conflicto adquiere una dimensión aún más compleja por la situación de los trabajadores portuarios.
Desde el mismo 21 de enero, empleados del puerto denuncian que no han podido ingresar a sus puestos laborales, lo que derivó en un fuerte reclamo del sector. La falta de respuestas concretas ha ido incrementando el malestar, y en los últimos días surgieron advertencias sobre posibles medidas de fuerza que podrían impactar directamente en la operatoria.
La posibilidad de que el conflicto laboral escale preocupa tanto al ámbito político como al sector privado. El puerto de Ushuaia no solo es una infraestructura estratégica para la provincia, sino también un punto neurálgico para el turismo antártico y la actividad económica regional. Cualquier interrupción en su funcionamiento podría tener consecuencias en la llegada de cruceros, el abastecimiento y la imagen del destino a nivel internacional.
En este contexto, distintos sectores coinciden en la necesidad de avanzar hacia una instancia de diálogo que permita descomprimir la situación. La combinación de intervención nacional, falta de información oficial, conflicto con los trabajadores y tensión política configura un escenario de incertidumbre que contrasta con la normalidad operativa registrada durante el verano.
Por ahora, el Puerto de Ushuaia sigue funcionando, pero el foco ya no está únicamente en su capacidad operativa, sino en la estabilidad institucional y política que garantice su continuidad sin sobresaltos.
“Quieren manejar el puerto a 3 mil kilómetros, quieren el negocio, no les interesan el puerto ni los fueguinos”, denuncian los más críticos.
Por su parte, a pesar de no dar declaraciones ni entrevistas acerca de la intervención, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) oficializó el llamado a Licitación Pública 05/2026 para el recambio y renovación del sistema de defensas del muelle. Según se informó desde Buenos Aires a través de gacetilla oficial “la obra contempla la provisión y colocación de 75 nuevas defensas, en reemplazo de equipos deteriorados, con roturas y diferencias de tamaño que actualmente impiden su correcto funcionamiento, particularmente en los sitios 3 y 5”.
El anuncio realizado días atrás marca el inicio de una etapa de obras estructurales que, según la propia intervención, llega luego de “tareas iniciales de emergencia y mantenimiento que habrían permitido sostener la operatoria durante la temporada alta sin inconvenientes”.
Desde la ANPYN se aseguró que el financiamiento de esta obra proviene “íntegramente de los ahorros generados mediante el uso eficiente de los ingresos derivados de la propia operatoria portuaria”, pero no se brindaron precisiones sobre el volumen de recursos administrados desde la intervención ni sobre su asignación detallada, más allá de la promesa de mecanismos de licitación con acceso público.
Desde el entorno de la intervención sostienen que ninguna de estas obras estaba contemplada en el presupuesto previo del puerto. En este contexto, el inicio de las obras aparece no solo como un paso necesario para la infraestructura, sino también como un intento de mostrar resultados concretos tras cuatro meses de intervención en medio de las dudas sobre el manejo económico del puerto de Ushuaia.
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POLITICA
Milei envió un proyecto a Diputados para regular el lobby y obligar a transparentar reuniones con funcionarios

El Poder Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para regular la actividad conocida como lobby y crear un régimen obligatorio de registro de reuniones, contactos e intermediaciones entre funcionarios públicos y actores privados. La iniciativa, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y obliga a transparentar quién busca influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué temas.
“Es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Allí también aparecen conceptos poco habituales en el discurso libertario, como “transparencia”, “control público”, “previsibilidad” y “publicidad”, más ligados con sus aliados de Pro y la UCR.
En el oficialismo, sin embargo, aseguran que la propuesta está inspirada en el modelo de regulación vigente en Estados Unidos.
“La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado”, argumenta el texto enviado al Congreso.
El proyecto crea dos herramientas centrales. Por un lado, un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la actividad. Por otro, un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con lobistas, detallando fecha, participantes, organismo involucrado y tema tratado.
La definición de “gestión de intereses” es amplia. Incluye cualquier actividad destinada a influir sobre decisiones públicas: desde leyes y regulaciones hasta contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o designaciones. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros, de manera gratuita u onerosa.
El régimen obliga a los gestores a informar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, deberán presentar reportes trimestrales con el detalle de todas las gestiones realizadas.
La iniciativa también establece incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan cargos en el Estado y, una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido. La restricción se extiende a empresas bajo su control.
Uno de los capítulos más sensibles está dedicado a la gestión de intereses extranjeros. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando la actividad se realiza en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá exigir documentación adicional y reportes especiales por razones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia o relaciones exteriores.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir desde cinco hasta 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia. También contempla penas de prisión -de seis meses a tres años- para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos, oculten beneficiarios reales o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
La iniciativa ya despertó cuestionamientos opositores. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) sostuvo en X que el Gobierno impulsa la regulación “tarde”, después de la aprobación de proyectos que, según planteó, reflejaron la influencia de sectores empresarios y corporativos. También vinculó la iniciativa con el denominado “Super RIGI”, al que definió como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
El proyecto lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros, Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
@JMilei,pic.twitter.com/mp7R3kZhTg,May 26, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,Cuadernos de las Coimas. La expareja de Centeno dijo que fue testaferro de él y que Baratta “hizo desaparecer” anotaciones,,Caso Sur Finanzas. Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,Congreso Nacional,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,,»Celestes» vs. «verdes». El oficialismo anuló el concurso para la Defensoría del Niño y reabre la disputa por el perfil del cargo,,¿El fin del etiquetado frontal? Esto es lo que se sabe del nuevo proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
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Ley de Financiamiento Universitario: vuelven las clases públicas de la UBA y habrá una frente a la Corte Suprema

En medio de la disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades, la UBA organizará una jornada de clases públicas que tendrá su punto central frente al Palacio de Tribunales. El reclamo es por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa, que se desarrollará este martes desde las 11, incluirá clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
Los docentes de la Universidad de Buenos Aires reclaman que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
“Señores jueces: que Milei cumpla la ley. Nos encontramos en Tribunales en el marco de la jornada de clases públicas, para defender el sistema universitario nacional y exigir la plena implementación de la ley de financiamiento universitario”, informaron desde Feduba.
La Ley de Financiamiento establece la actualización automática de las partidas según la inflación, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y refuerzos específicos para becas, infraestructura y hospitales universitarios.
El Ejecutivo les propuso días atrás a los rectores de las universidades transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, según pudo saber TN.
No obstante, la reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.
En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
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La batalla por la imagen tras el tedeum: ignorado por la transmisión oficial, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo

Sonriente y ataviado con un largo sobretodo cruzado beige y una boina negra, el asesor presidencial Santiago Caputo se acerca y le ofrece el saludo al subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de sus rivales en la feroz interna oficialista. Segundos después, se frota en su sobretodo la mano que acaba de estrechar. La imagen, tomada a la salida del tedeum en la Catedral Metropolitana, fue reproducida ayer por el soldado digital de las Fuerzas del Cielo Alejandro Sarubbi, alias el GordoLeyes, en su cuenta de la red X, acompañado por una frase sugestiva: “Las manos siempre deben estar limpias. En cualquier contexto o circunstancia”.
Más allá de las invocaciones a la tregua, promovida por el presidente Javier Milei con una reunión de Gabinete posterior al tedeum y otra de la mesa política, este mediodía, la guerra entre el tándem que componen menemistas leales a Karina Milei y los representantes caputistas siguió en la comunicación, antes, durante y después de la ceremonia en la que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expresó duras críticas a la “división” y la “polarización”, sin reacciones negativas desde Balcarce 50.
Rodeado de decenas de sacos azules, Caputo llamó la atención por su atuendo, al estilo de los personajes de la serie británica Peaky Blinders, en la segunda fila en la caminata inicial encabezada por el Presidente desde la Casa Rosada hasta la Catedral. En esos 200 metros, Milei se mostró junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusado por Caputo y sus soldados digitales de manejar la cuenta @PeriodistaRufus, desde la que salieron duras críticas a Las Fuerzas del Cielo y también, en algunos casos, al propio Presidente. Más allá de haber partido juntos desde el mismo lugar, no hubo saludo público ni muestra de acercamiento alguna entre Martín Menem y el consejero presidencial.
Aquella imagen en la caminata inicial fue prácticamente la única toma de la transmisión oficial (a cargo del cineasta oficial Santiago Oría, cercano a los hermanos Milei) en la que pudo verse a Caputo. El asesor presidencial sí apareció, durante la ceremonia y en una toma general, mientras García Cuerva la emprendía contra el “terrorismo de las redes”, un terreno que es especialidad de la tropa digital que tiene a Caputo como líder indiscutido. A modo de guiño posterior a su asesor estrella, el Presidente consideró hoy que “terrorismo” era “una palabra un poco exagerada” para hablar de la actividad en las redes sociales. “No importa, no me interesa salir en ningún lado”, fue la respuesta de Caputo que escucharon dirigentes de su confianza.
Nadie, en el oficialismo, cree que esa toma haya sido obra de la casualidad. Tampoco que Caputo no aparezca en las fotos oficiales enviadas por Presidencia: ni en las quince que retratan el tedeum, ni en las seis que reflejan el paso posterior por el Cabildo, donde los funcionarios entonaron el Himno Nacional. Una parte de su sobretodo puede identificarse en una sola de ellas, detrás de un Milei saludando a la multitud.
No fue, por cierto, el único detalle al que la transmisión oficial le prestó atención. Oría se ocupó, además, de no mostrar a Milei mientras García Cuerva hacía las menciones más críticas. Tampoco abundaron las imágenes de la senadora libertaria Patricia Bullrich, crítica de la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque el Presidente se encargó de saludarla en el tedeum y también de sumarla al balcón de la Casa Rosada luego de los actos oficiales.
“En resumidas cuentas, acá está definido el proyecto nacional argentino de los próximos 20 años. La política lo único que tiene que hacer es no estorbar. La libertad avanza”, escribió Caputo en la noche del lunes, intentando ubicarse más allá de la pelea interna, aunque su referencia a “la política” coincide con las críticas que las Fuerzas del Cielo dirigen hacia los integrantes de la familia Menem, a quienes relacionan con los casos judiciales de corrupción en el Andis, la causa de $Libra y las desventuras judiciales de Adorni, embanderado como ellos en la escudería karinista. Desde el menemismo, en tanto, cuestionan a Caputo y los suyos por “no saber nada de política y pensar que todo se maneja en las redes”. Acusan a Caputo y su gente de seguir “un proyecto personal”, que es el de las Fuerzas del Cielo, y no el proyecto nacional “de Javier y Karina”, que -según los menemistas- “Martín sigue con lealtad”.
Al igual que Karina Milei, los Menem se quejan por lo bajo de la metralla mediática que responde a Caputo y sospechan que buena parte de los escándalos que sacuden al Gobierno tuvieron su origen en alguna usina ligada a los celestiales. La guerra, que ayer se dio en la comunicación, promete nuevos capítulos.
sin reacciones,pic.twitter.com/F0PzpbQXAb,May 25, 2026,consideró hoy,Jaime Rosemberg,Conforme a
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