Hace unos días comenzó a expandirse por las redes sociales una fake news sobre el supuesto lanzamiento de un billete de $100.000 con la imagen del doctor René Favaloro. Este hecho comenzó a destapar el problema de fondo que tienen comercios y bancos respecto a cuál debería ser la máxima denominación actual de los pesos argentinos en circulación.

Sobre todo porque el papel con el valor más elevado, que es el de $20.000, salió a la calle el 13 de noviembre de 2024, y desde entonces hasta el presente la inflación fue de alrededor del 57%. Por ende, esa misma unidad ahora compra una menor cantidad de artículos. Es decir, la depreciación de la moneda por el incremento de los precios de la economía marca, a las claras, que es necesaria una nueva denominación máxima.

De hecho, una unidad de $20.000 ya no alcanza para comprar diferentes productos y servicios de consumo cotidiano, como un kilo de determinado corte de carne, un kilo de helado premium o uno de los combos más costosos de los locales de comida rápida. Por eso, iProfesional consultó a distintos expertos para conocer qué cifra de billete se está necesitando en la Argentina.

Desde el Banco Central indicaron a iProfesional que, hasta ahora, «no está en estudio» emitir una nueva denominación máxima. También existe una cuestión concreta que genera que no haya una urgencia de las autoridades para emitir una cifra más alta: la mayor penetración de los sistemas de pagos digitales en la población.

En concreto, el dinero digital se usa más que los papeles debido a que, por cada peso físico en circulación, el ecosistema digital procesa $2,35, según datos del BCRA. Esto se ve impulsado por un sistema consolidado de billeteras electrónicas, transferencias inmediatas y pagos por códigos QR y NFC.

En consecuencia, desde mediados de diciembre pasado hasta ahora, cayó un 14% el volumen de dinero (los billetes) en circulación en el público y los bancos. Ello se refleja en el último informe de inclusión financiera del Banco Central, donde se detalla que las métricas de extracciones de efectivo se encuentran en valores mínimos desde 2016; el promedio mensual de extracciones de efectivo por adulto se contrajo desde 2,7 operaciones en 2024 hasta 1,7 extracciones en 2025, mientras que el monto promedio mensual de dichas extracciones se mantuvo prácticamente sin cambios entre ambos años.

Cuál es el billete de máxima denominación que la Argentina necesita hoy

Más allá del mayor uso del dinero digital por ser más práctico y rápido para las transacciones —lo que lleva a que no haya necesidad de imprimir más dinero—, la pérdida de poder de compra del peso generada por una inflación mensual por encima del 2% hace que los economistas planteen la necesidad de una denominación máxima más alta. Esto se debe a que con un determinado billete ya no se compra la misma cantidad de bienes y servicios respecto a lo que se podía adquirir cuando salió a la calle.

Por ejemplo, el valor actual del billete de $1.000, ajustado por la inflación desde que se puso en circulación el 30 de noviembre de 2017 hasta el momento, debería ser de $93.700, según cálculos de AMF Economía. En tanto, el papel de $20.000, si se lo actualiza por inflación, hoy equivale a tener que lanzar un billete de $31.800.

Como referencia, los billetes de máxima denominación en los países de la región equivalen a un promedio de u$s25. Es decir, en pesos, esa cifra representa unos $35.250. Sin contar que el papel de más alto valor de Estados Unidos es el de 100 dólares, que representa, en la teoría, una unidad argentina de $141.000.

El billete de $20.000, lanzado en noviembre de 2024, hoy equivale a $31.800.

«Creo que debería haber un billete equivalente a 50 dólares, es decir, cercano a los $70.000. Incluso pensé también en uno similar a los 50 euros, algo más de $80.000. En resumen, pienso que no se necesitan billetes tan grandes, ya que hoy se hace todo electrónico, y esto evitaría una economía informal. Por eso, un paso lógico sería pasar a uno de $50.000″, afirma Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Al respecto, Augusto Ardiles, economista y exdirector de la Casa de la Moneda, indica a iProfesional que, «mínimamente», debería haber un billete de $50.000 para «mejorar el manejo de los billetes en bancos y casas de cambio». Lo ideal sería tener también uno de $100.000.

En este sentido, un exfuncionario del Banco Central especializado en el tema detalla a iProfesional: «No hay una fórmula para eso. En la familia actual de billetes falta el de $5.000. Después, habría que hacer el de $50.000. En resumen, las familias de billetes son de 6 o 7 denominaciones y un ‘cono monetario’ de unas 4 o 5 monedas. Tal vez hoy tendría papeles de:

• $50.000
• $20.000
• $10.000
• $5.000
• $2.000
• $1.000
• $500

Y si se agrega el de $100.000, habría que pasar el de $500 a moneda».

La otra alternativa que propone este ex-BCRA es la de eliminar tres ceros y «hacer nuevos billetes de todo»; o sea, lanzar un nuevo signo monetario. «El problema es que para cambiar la moneda hay que tener una inflación menor. Una sola cifra anual, para ejemplificar», concluye el exfuncionario.

En resumen, la mayoría de los economistas consultados por iProfesional sostiene que la máxima denominación más adecuada para el presente es la de un billete de $50.000. «El billete de $20.000 de hace un año y medio hoy debería valer alrededor de $35.000 a $40.000, por lo que un billete de $50.000, por lo menos, permitiría ir a esos niveles de nominalidad», sostiene Fernando Baer, economista jefe de Quantum.

Por qué el Gobierno no emite billetes de mayor valor

Parte de las causas de por qué el Gobierno no impulsa, hasta el momento, la impresión de billetes de mayor denominación acordes a la actualización inflacionaria es que busca promover la digitalización y los pagos electrónicos, aspectos que democratizan la economía y bajan los costos respecto a la emisión monetaria. Al mismo tiempo, la utilización de los medios de pago digitales permite disminuir la informalidad.

«La denominación máxima de los billetes debería ser de 1 peso, para que todas las transacciones se hagan con dinero digital. Así se evitaría la corrupción en la política y la criminalidad en la sociedad», opina Jorge Colina, economista de IDESA, ante iProfesional. Y finaliza: «El tema es que para que el uso del dinero digital sea masivo, el Estado nacional tiene que eliminar el impuesto al cheque y los Estados provinciales tienen que eliminar las retenciones de Ingresos Brutos en los medios de pago».

Como dato, apenas el 26,9% de todo el dinero que circula en los bancos y el público es el de mayor denominación ($10.000 y $20.000). De hecho, los billetes de $1.000 representan el 24% del total, con 1.400 millones de unidades en la calle, mientras que los de máxima cifra ($20.000) alcanzan unos 660 millones de ejemplares.

En una entrevista en Infobae a la Tarde, el abogado tributarista Roberto Murmis advirtió que el organismo recaudador inició controles electrónicos por inconsistencias y ya envía notificaciones a empleados en relación de dependencia por las deducciones declaradas en el impuesto a las ganancias.

Durante la emisión, el abogado y contador público analizó el avance de las fiscalizaciones electrónicas de ARCA sobre deducciones de ganancias y el impacto sobre los empleados que cargaron gastos “dibujados”.

“Lo que ocurre es que los empleados que tributan a través del empleador hacen declaraciones sobre los gastos que han tenido, que supuestamente son deducibles y cuentan con comprobantes reales. Ahora ARCA viene a decir: ‘¿Estás seguro de que esas son las deducciones? ¿Tenés los comprobantes? ¿Son gastos necesarios?’”, explicó Roberto Murmis al ser consultado sobre el motivo de las intimaciones.

En los últimos días, empleados en relación de dependencia comenzaron a recibir alertas electrónicas del organismo fiscalizador, especialmente ante deducciones que resultan inverosímiles o desproporcionadas para su nivel salarial. “Si vas a presentar 2025, hacelo sin diferencias significativas para ganarte el derecho a la exactitud”, puntualizó el especialista.

Murmis recordó antecedentes judiciales que sentaron precedente para la deducción de vestimenta laboral: “Hay dos fallos, dos leading case, el de Magdalena Ruiz Guiñazú y el de Chiche Gelblung, que tuvieron que ir a la justicia para pelear la posibilidad de deducir ropa de trabajo. Les fue bien en ese sentido”.

Consultado sobre los pasos a seguir tras recibir una intimación, Murmis fue claro: “Lo primero que tiene que hacer quien recibe la notificación es revisar su formulario de deducciones y chequear si hay algún error. Puede ser algo tan sencillo como haber puesto un cero de más por accidente”.

El abogado aclaró que, en caso de error, existe una instancia para corregir la declaración y pagar la diferencia: “Si la fecha ya pasó y el empleador retuvo de menos porque dedujo de más, tendrías que presentar la declaración jurada y abonar la diferencia, con intereses y, eventualmente, multas”.

Subrayó que “lo peor que puede hacer alguien es ignorar la intimación: no guardarlo en un cajón ni tirarlo. No ignorarlo”. Sobre los plazos, precisó: “Normalmente en las intimaciones son 15 días hábiles, pero hay que prestar atención si se indica un plazo diferente”.

No todas las comunicaciones generan obligación de respuesta: “Cuando no es una intimación sino una alerta o campaña de inducción, no estás obligado a responder. Pero si es una intimación formal, sí hay que contestar en tiempo y forma”.

Murmis repasó qué rubros pueden deducirse: “El empleado de relación de dependencia puede descontar gastos médicos, obra social, alquiler con tope, personal doméstico, indumentaria y cursos, entre otros. Algunos rubros tienen límites y otros no; por ejemplo, gastos de educación tienen un tope del cuarenta por ciento, pero la indumentaria no tiene un límite numérico, aunque debe ser lógico y estar justificado”.

Respecto a la actualización de los topes, explicó: “Los topes se van actualizando por inflación; el fisco publica las tablas periódicamente”.

El especialista destacó que la fiscalización de ARCA este año está directamente vinculada a la campaña de promoción de la declaración jurada simplificada, un régimen que otorga una presunción de exactitud a las declaraciones siempre que no existan diferencias significativas detectadas por el organismo. “Si vas a ingresar al régimen simplificado, hacelo sin diferencias significativas para ganarte ese derecho”, reiteró.

Murmis advirtió que los empleadores también deben tener cuidado: “Dos rubros, capacitación y ropa de trabajo, tienen una resolución que obliga al agente de retención a conservar la documentación de respaldo, algo que muchas empresas no están cumpliendo y podría generar problemas”.

El abogado recomendó consultar la página oficial de ARCA para revisar los parámetros y topes actualizados: “En la web de ARCA están todos los cuadros y tutoriales para chequear las deducciones”.

Consultado sobre si la caída de la recaudación explica la dureza de los controles, Murmis consideró: “Puede ser, aunque la experiencia muestra que siempre que llegan los vencimientos o nuevas normas, el organismo fiscalizador intensifica las campañas. Es el momento en que la gente revisa su situación fiscal”.

En el cierre, el tributarista también abordó los cambios normativos en discusión, como la ley de lobby y la inclusión de periodistas como personas expuestas políticamente (PEP): “Cuando uno es PEP, tiene algunas obligaciones adicionales, como declarar la disposición de fondos y cumplir ciertos requisitos ante escribanos o cargos públicos. Son trámites más burocráticos, nada grave, pero hay que estar atento; además, la Ley del Lobby va a cambiar parámetros en la actividad y en la relación con el Estado”.

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Una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó en abril un total de $1.577.435 para cubrir su canasta básica de consumo en la Ciudad de Buenos Aires. El monto representó un aumento del 1% respecto de marzo y acumuló una suba de 7,5% en los primeros cuatro meses del año, según el último informe elaborado por la Defensoría del Pueblo porteña.

El relevamiento mide cuánto dinero necesitan las personas mayores para afrontar gastos considerados básicos para sostener condiciones de vida adecuadas. El cálculo contempla alimentación, vivienda, salud, transporte, limpieza, indumentaria y esparcimiento, entre otros rubros.

El estudio toma como referencia distintos tipos de hogares de personas adultas mayores, según si son propietarios o inquilinos, si viven solos o en pareja y si cuentan o no con medicina prepaga. En el caso de una pareja de jubilados de hasta 74 años con vivienda propia, la canasta mensual superó por primera vez el umbral de $1,5 millones.

Del total de $1.577.435 que necesitó una pareja jubilada propietaria, el mayor peso correspondió a la canasta alimentaria, que alcanzó los $591.351. Dentro de ese rubro, las carnes y derivados representaron el gasto más alto, con $249.028 mensuales, seguidos por vegetales y frutas, con $118.382, y productos lácteos, con $96.223.

El segundo componente de mayor incidencia fue el de bienes y servicios básicos del hogar, que sumó $529.110. Allí se incluyen expensas, servicios públicos, comunicaciones y transporte. Solo el gasto en transporte fue estimado en $191.354 mensuales, mientras que las expensas alcanzaron $189.444.

La canasta de salud representó otros $169.376. Ese segmento contempla productos y servicios médicos y terapéuticos. A su vez, los bienes y servicios personales —que incluyen cuidado personal, indumentaria y esparcimiento— demandaron $223.887 mensuales, mientras que el “mantenimiento del hogar” requirió de $63.711.

El informe también calcula el gasto diario necesario para sostener ese nivel de consumo. En abril, una pareja jubilada propietaria necesitó destinar en promedio $52.581 por día. De ese total, $19.712 correspondieron a alimentos y $17.637 a servicios básicos del hogar.

La situación cambia de manera significativa según las condiciones habitacionales y de cobertura médica del hogar.

En el caso de una pareja jubilada que alquila vivienda, la canasta total trepó a $2.335.211 mensuales en abril, con una suba intermensual de 0,9%. El componente que más se incrementa en ese caso es el de bienes y servicios básicos del hogar, que ascendió a $1.286.886. Solo el alquiler fue calculado en $757.776 mensuales.

Por otra parte, para una pareja de adultos mayores con vivienda propia y cobertura prepaga de salud, el costo mensual llegó a $2.749.141, un 1,5% más que en marzo. En este caso, el principal factor de aumento fue el gasto en salud, que alcanzó $1.341.082 mensuales.

Dentro de ese segmento, el seguro de salud explicó la mayor parte del desembolso, con un costo estimado de $1.171.706 por mes. A eso se sumaron $169.376 en productos y servicios médicos y terapéuticos.

La Defensoría también relevó hogares unipersonales conformados por mujeres mayores de 75 años. Para una jubilada propietaria de su vivienda, la canasta total fue de $869.069 mensuales, mientras que para una persona mayor que alquila ascendió a $1.429.123.

En paralelo al informe sobre canastas de consumo, la Defensoría del Pueblo difundió los resultados del Índice de Precios de Medicamentos (IPM), que releva la evolución mensual de una selección de remedios de uso frecuente.

Durante abril, los medicamentos registraron un aumento promedio de 2,7%, por encima de la variación mensual de la canasta para una pareja jubilada propietaria.

Los mayores incrementos se observaron en analgésicos, con una suba promedio de 3,5%. También se destacaron los aumentos en antibióticos y antisépticos, que avanzaron 3,3%, mientras que los antihistamínicos registraron un alza de 2,8%.

Defensoría del Pueblo señaló que tanto las canastas de consumo como el índice de medicamentos forman parte de un sistema de monitoreo orientado a relevar las condiciones de vida de la población adulta mayor en la Ciudad de Buenos Aires y generar información pública sobre la evolución de sus gastos básicos.