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Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en la Argentina: los detalles y cómo se implementaría

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El diputado nacional socialista Esteban Paulón —que integra Provincias Unidas— presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”.

La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria” en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que provoquen sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.

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El texto establece dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.

Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Provincias Unidas. Foto Cámara de Diputados

Según el proyecto, el procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.

Leé también: En plena tensión del PRO con Milei, Vidal remarcó: “No hay que poner palos en la rueda, pero tampoco callarse”

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Qué requisitos establece el proyecto

La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado médicamente.

Además, la persona deberá manifestar su voluntad de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin presiones externas. El proyecto exige dos solicitudes separadas por al menos 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

El procedimiento incluiría la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. También deberá intervenir una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.

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En los últimos años se presentaron varios proyectos para legalizar la eutanasia pero ninguno fue tratado en el recinto. (Foto: NA)
En los últimos años se presentaron varios proyectos para legalizar la eutanasia pero ninguno fue tratado en el recinto. (Foto: NA)

El texto aclara que la asistencia médica para morir “se integra como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida” y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.

Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal

Uno de los puntos centrales del proyecto es que reconoce la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.

La iniciativa también modifica el Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley.

Además, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para incluir la posibilidad de dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.

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Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. “La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”, argumenta el texto.

Una movilización a favor de la legalización de la eutanasia en España antes de que este procedimiento se conviertiera en ley (Foto de archivo: Reuters)
Una movilización a favor de la legalización de la eutanasia en España antes de que este procedimiento se conviertiera en ley (Foto de archivo: Reuters)

El diputado también cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.

Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.

Las posibilidades de avanzar en el Congreso

En diálogo con TN, Paulón indicó que cree que es posible que el proyecto alcance los consensos necesarios porque “hay votos en todos los bloques”. No obstante, reconoció que la Iglesia jugará un rol fuerte opositor a la iniciativa.

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En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Las iniciativas fueron presentadas tanto en Diputados como en el Senado y llevan nombres como “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” y “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.

Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos y reflejan un debate transversal dentro del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no hubo acuerdo entre las distintas propuestas para avanzar con un texto unificado que pueda llegar al recinto.

Hay proyectos presentados al respecto en varios bloques, incluso entre los aliados al gobierno de Javier Milei. En Provincias Unidas, Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO) también tienen un voto a favor de la reglamentación de la eutanasia.

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El propio Alfredo Cornejo -hoy gobernador de Mendoza- presentó uno en 2021 junto a Mariana Juri. En junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto

Lo mismo ocurre en el bloque de Unión por la Patria, donde hay una iniciativa la impulsada por la diputada Gabriela Estévez y otro texto conjunto firmado por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

Eutanasia, Congreso, salud

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Bullrich se refirió a las posibilidades de ser candidata en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”

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La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich se refirió este miércoles a las posibilidades de ser candidata a jefa de Gobierno porteña y dijo que “no es imposible” que se presente. “Me tengo una fe bárbara”, remarcó.

Por otro lado, hizo referencia al cruce entre Javier Milei con Lula, opinó sobre la situación judicial de Cristina Fernández y sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “piensa muy distinto al Gobierno”.

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La senadora por Capital analizó varios tópicos de la coyuntura nacional

“Me parece una persona que está muy lejos de las ideas que llevamos adelante”, insistió Bullrich en referencia a la vicepresidenta. “A ella la ubico más en un peronismo tradicional que en un liberalismo como el nuestro: es una conservadora típica”, agregó.

En una entrevista realizada en el programa Solo una vuelta más, emitido por la señal TN, la senadora por la Ciudad sostuvo que “Villarruel y Milei se conocieron en el Congreso, pero recién en la Casa Rosada se dieron cuenta de que tenían grandes diferencias”.

“Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo”, sugirió la dirigente libertaria. Al regresar sobre las chances de ser candidata en terreno porteño, Bullrich planteó que “yo estoy altamente probada en materia de gestión. Además, la Ciudad no es tan compleja como manejar la seguridad de un país”.

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En ese sentido, también aludió a la actual gestión del alcalde Jorge Macri. “Hasta ahora hizo algunas cosas. Se concentró en el orden: los desalojos, los piquetes. Bueno…, en realidad es evidente quién sacó los piquetes”, remarcó.

A la Ciudad hay que cambiarla muy profundamente. Tiene una estructura más grande de la que debería tener. Tiene muchos problemas de burocracia, pero para arreglarla tiene que creer en eso”, ahondó Bullrich, para quien lo más importante radica en “bajar los ingresos brutos” y “darle más a los privados. Es decir, sacarle la pata de encima a los comercios”.

¿Qué opina de lo que dijo Milei sobre el presidente de Brasil?“, fue otro de los planteos que recibió Bullrich, luego de que el mandatario argentino tildara de ”ladrón» y “presidiario” a Lula. “Personalmente, tengo otra forma de expresarme, más ligada a conceptos políticos que a una cosa más agresiva”, indicó la exministra de Seguridad.

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Luego, se desmarcó y agregó: “Pero lo que dijo Milei fue de forma indirecta, no se lo dijo directo a Lula. Eso sí, después el presidente brasileño jugó a tirarle los perros con los ministros y lo ninguneó: quiso ponerse por arriba”. Pese a que el intercambio ascendió al escalafón diplomático, Bullrich aseguró que “a nivel comercial e institucional estamos muy bien”.

De regreso en la arena nacional, la senadora de La Libertad Avanza (LLA) cargó contra la expresidenta Cristina Fernández, quien en las últimas horas anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que recibió en la causa Vialidad.

“Es lo que esperábamos todos: que intentase ir a una instancia supranacional para superar nuestro sistema jurídico que, en todas las instancias, la condenó”, teorizó Bullrich. Desde su óptica, “con este movimiento, Cristina instaló que quiere ser candidata. Ella se ve en el espejo de Lula quien, luego de ser condenado y luego amparado por un juez de la Corte brasileña, se presentó a elecciones y volvió a la presidencia”.

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El Gobierno aún no pagará la multa por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y se prepara para ir a la Corte Suprema de EEUU

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Apurado por los tiempos del proceso, el Gobierno se encuentra preparando la estrategia judicial que utilizará en los próximos días en el marco del juicio en los Estados Unidos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de revertir el último fallo que le ordenó pagar más de 390 millones de dólares en compensaciones por la decisión que se tomó durante la administración de Cristina Kirchner.

A la defensa en cuestión, que deberá ser presentada en el corto plazo, la está diseñando el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal.

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De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes al tanto de la situación, el escenario más probable es que el Poder Ejecutivo recurra a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la suspensión de la pena dictada por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Fue ese tribunal de Washington el que rechazó el recurso que había interpuesto la Argentina y dejó así firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que actualmente reclama el dinero.

Sebastián Amerio, procurador del Tesoro

Sin embargo, las autoridades nacionales aseguran que ir a la Corte no es la única alternativa y que ”existen otras herramientas legales” que también están evaluando.

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De hecho, por estas horas en la Casa Rosada se está elaborando una estrategia amplia que permanece bajo un estricto secreto para evitar que la parte demandante tenga tiempo de contrarrestarla.

Otra de las posibilidades que está manejando el equipo de Amerio es la de pedir una revisión del fallo ante la misma Cámara de Apelaciones.

De todas formas, si bien existe una fecha límite para actuar antes de tener que abonar la millonaria cifra, “todavía quedan varios días más” para planificar la defensa.

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El procurador del Tesoro viene, junto con la secretaria de Legal y Técnica, de conseguir un importante triunfo en un juicio similar por la expropiación de YPF.

El presidente Javier Milei celebró en su momento el triunfo en el juicio por YPF

A principios de junio, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital y, de esta manera, favoreció a la Argentina y le evitó tener que pagar 18 mil millones de dólares.

Las autoridades nacionales ven en esa victoria un precedente favorable para el país y un ejemplo a replicar ahora: “Es el mayor juicio de la historia ganado por un Estado”, destacan los que participaron del proceso.

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El caso por Aerolíneas Argentinas y Austral comenzó poco después del 2008, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner logró aprobar en el Congreso una ley para nacionalizar ambas compañías, que estaban hasta ese momento en manos de la española Marsans.

En una primera instancia, el grupo damnificado protestó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de la firma europea y estableció una compensación de 320 millones de dólares más intereses, aunque nunca llegó a recibir ese pago y transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF.

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El Gobierno ve en el juicio por YPF un precedente favorable para la Argentina (Maximiliano Luna)

Sin embargo, el bufete vendió posteriormente esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.

Finalmente, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia confirmó la obligación de pagar más de 390,9 millones de dólares, lo que representa una de las condenas económicas más elevadas que enfrenta actualmente el Estado argentino en tribunales internacionales.

Durante los 16 meses previos a la confirmación del fallo, el Gobierno no pagó ninguna suma de la condena y es por eso que Titan aceleró su ofensiva judicial.

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El trasfondo económico del conflicto remite al estado financiero de Aerolíneas y Austral antes de su estatización. Marsans había adquirido ambas compañías en 2001 por el valor simbólico de un dólar.

La aerolínea sigue operando sin complicaciones, ya que el juicio es contra el Estado y no contra la compañía

Desde ese momento, el Tesoro de España tuvo que aportar aproximadamente 750 millones de dólares para sostener a las dos empresas, que acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares.

Durante la gestión de Marsans, se vendieron activos relevantes, como oficinas en ciudades clave —Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas—, además de simuladores de vuelo, y se eliminaron rutas hacia Europa.

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Con el cambio de Gobierno a nivel local, la compañía aérea comenzó una etapa de saneamiento y logró registrar ganancias durante dos años seguidos, además de operar sin aportes del Tesoro.

De todos modos, el Gobierno de Javier Milei plantea la privatización de la firma, algo que por lo pronto no pudo conseguir en el Congreso.

Al inicio del mandato, de hecho, durante la discusión de la Ley Bases, la empresa se incluyó en la lista de bienes del Estado que serían vendidos, pero la oposición obligó a que sea retirada.

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LEGACY: Airline Services (TRBC),Airlines (TRBC level 4),Corporate Events,Workforce,South America / Central America,Tourism / Travel

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La Casa Rosada negocia con los gobernadores las fechas electorales de 2027 para apuntalar la reelección de Milei

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El Gobierno tiene asumido que son muchas las provincias que el próximo año desdoblarán sus elecciones de las nacionales de octubre. En ese escenario, la Casa Rosada se proponen coordinar con los gobernadores dialoguistas en qué fecha celebrar sus respectivos comicios para forjar una estrategia que allane el camino a la reelección de Javier Milei.

La Casa Rosada no puede hacer nada para evitar el desdoblamiento. Los gobernadores van a querer plebiscitar su gestión, ninguno va a querer anclar su gestión a la discusión nacional, es absurdo”, sintetizaron a este medio cerca de un mandatario de buen diálogo con el oficialismo.

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El antecedente inmediato le da la razón: en 2023 adelantaron sus comicios todas las provincias salvo CABA, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. De cara al año próximo, en Balcarce 50 imaginan un escenario similar.

El primero en dar el paso en esa dirección fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que esta semana fijó la fecha de la elección provincial para el 9 de mayo de 2027. No es el único.

Osvaldo Jaldo fue el primer gobernador en adelantar las elecciones en su provincia. (Foto: X @OsvaldoJaldo)

Según pudo corroborar TN, a esa lista se sumaría Santa Fe, que hasta ahora prevé llamar a los comicios para junio; Río Negro, que apunta a abril o mayo a más tardar; San Juan y Entre Ríos, con fecha todavía por definir. También acudirán antes a las urnas Mendoza, que por ley celebra sus PASO en julio; y Tierra del Fuego, que por su Constitución vota 90 días antes de las nacionales; entre otros distritos.

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En ese sentido, en el Gobierno aseguran haber sido avisados de antemano de la maniobra y descartan que pueda empañar la relación con los gobernadores dialoguistas.

Santilli junto a Marcelo Orrego, gobernador de San Luis y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. (Foto: Prensa Presidencia).
Santilli junto a Marcelo Orrego, gobernador de San Luis y Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. (Foto: Prensa Presidencia).

“Nadie quiere discutir la nacional cuando se discute lo local y el Gobierno no puede hacer nada con eso. Lo que puede hacer es ordenar una estrategia política y llevarla adelante con el escenario del desdoblamiento”, enfatizó una fuente al tanto de las conversaciones.

En relación con esto último, los negociadores de la Casa Rosada se encuentran en conversaciones con cada una de las provincias con las que hay diálogo para definir cómo será la disputa electoral. Los términos incluyen posibles acuerdos sobre las fechas de las elecciones adelantadas, con el objetivo de evaluar distintas estrategias en función de cómo queda el calendario.

El Gobierno lleva adelante conversaciones con las provincias aliadas para definir el escenario electoral de cara a 2027. (Foto: Jefatura de Gabinete)
El Gobierno lleva adelante conversaciones con las provincias aliadas para definir el escenario electoral de cara a 2027. (Foto: Jefatura de Gabinete)

“Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires fija una fecha, poner varias provincias ese domingo, hay un montón de herramientas para jugar”, explicaron como una posibilidad a este medio. Sin embargo, las conversaciones todavía son muy incipientes.

En paralelo, el Gobierno negocia distrito por distrito dónde competirá con candidatos propios y dónde podría entablar alianzas con otros partidos -sea el Ejecutivo local u otras fuerzas opositoras que disputen la gobernación-.

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Según anticipó TN, La Libertad Avanza planea ir sin alianzas con los gobernadores en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. En esos distritos, la idea es presentar candidatos propios y preservar el sello libertario como herramienta de construcción territorial.

Leé también: En medio de la interna peronista, Máximo Kirchner insistió con la posibilidad de Cristina para 2027: “Queremos que sea candidata”

En cambio, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis se prevé llegar a acuerdos electorales con los mandatarios provinciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se buscará repetir una alianza con sectores del PRO, la UCR y fuerzas no peronistas para disputar el distrito gobernado por Axel Kicillof.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la discusión con el PRO continúa abierta y si bien no se descarta llegar a un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Karina Milei le pidió a sus referentes partidarios llegar a 2027 con un candidato propio.

desdoblamiento, Gobierno

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