El diputado nacional socialista Esteban Paulón —que integra Provincias Unidas— presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”.

La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria” en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que provoquen sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.

El texto establece dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.

Según el proyecto, el procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.

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Qué requisitos establece el proyecto

La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado médicamente.

Además, la persona deberá manifestar su voluntad de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin presiones externas. El proyecto exige dos solicitudes separadas por al menos 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.

El procedimiento incluiría la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. También deberá intervenir una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.

El texto aclara que la asistencia médica para morir “se integra como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida” y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.

Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal

Uno de los puntos centrales del proyecto es que reconoce la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.

La iniciativa también modifica el Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley.

Además, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para incluir la posibilidad de dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. “La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”, argumenta el texto.

El diputado también cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.

Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.

Las posibilidades de avanzar en el Congreso

En diálogo con TN, Paulón indicó que cree que es posible que el proyecto alcance los consensos necesarios porque “hay votos en todos los bloques”. No obstante, reconoció que la Iglesia jugará un rol fuerte opositor a la iniciativa.

En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Las iniciativas fueron presentadas tanto en Diputados como en el Senado y llevan nombres como “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” y “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.

Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos y reflejan un debate transversal dentro del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no hubo acuerdo entre las distintas propuestas para avanzar con un texto unificado que pueda llegar al recinto.

Hay proyectos presentados al respecto en varios bloques, incluso entre los aliados al gobierno de Javier Milei. En Provincias Unidas, Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO) también tienen un voto a favor de la reglamentación de la eutanasia.

El propio Alfredo Cornejo -hoy gobernador de Mendoza- presentó uno en 2021 junto a Mariana Juri. En junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto

Lo mismo ocurre en el bloque de Unión por la Patria, donde hay una iniciativa la impulsada por la diputada Gabriela Estévez y otro texto conjunto firmado por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

Eutanasia, Congreso, salud

En la búsqueda de sostener la iniciativa política, el Gobierno oficializó el envío de cuatro nuevos proyectos legislativos al Congreso.

La lista incluye el super-RIGI; un proyecto para regular el lobby; otro que busca prevenir la ludopatía; y una iniciativa para derogar la Ley de etiquetado frontal.

Super-RIGI: el incentivo a “las industrias del futuro”

El Super-RIGI busca crear un esquema que ofrezca mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones vigente para las “industrias del futuro” que todavía no operan en el país.

Según aclara el texto oficial, se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.

Para ser alcanzada por el beneficio, dicha actividad no debe desarrollarse en el país antes de la entrada en vigencia de la ley. Además, entre sus principales condiciones establece la inversión mínima debe superar los US$1000 millones en activos computables. De ese monto, al menos un 20% debe comprometerse dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.

A cambio, el régimen ofrece una importante cantidad de beneficios tributarios y aduaneros. Entre ellos, una tasa de impuesto a las ganancias del 15% -10 puntos menos que el RIGI actual-; la exención de derechos de importación y exportación de bienes vinculados con el proyecto; y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, entre otros varios puntos.

Ley de Lobby: regular la gestión de intereses ante el Estado

El proyecto oficialista propone regular por primera vez de manera integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional.

Para ello, el texto establece un régimen de inscripción obligatoria, una registración pública de contactos y una serie de sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir con los requisitos de transparencia establecidos.

Entre sus principales medidas, la ley crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, donde deberán inscribirse de forma previa todas las personas, humanas o jurídicas, que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones.

Así, el proyecto impone que ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y agrega que cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido. La medida alcanzaría desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. También incluye a senadores, diputados y asesores que actúen en su nombre.

Ludopatía: sanciones al juego ilegal y campañas de prevención

En este caso, el proyecto del Gobierno propone entre sus objetivos centrales la erradicación de la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, prohibir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.

Para ello, la iniciativa busca endurecer el régimen penal y establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización. También agrega sanciones de dos a cuatro años de cárcel para quienes faciliten estas operaciones a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.

En paralelo, el texto plantea una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.

En cuanto a las plataformas autorizadas, la ley fija límites como evitar que las campañas estén dirigidas a menores o vincular el juego con éxito social, soluciones económicas o al consumo de alcohol o tabaco.

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La medida también busca asignar responsabilidades de control a distintos organismos del Estado, entre ellos el Enacom y el Banco Cnetral, y dispone que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.

Etiquetado frontal: los argumentos del Gobierno para derogar la norma

La norma enviada por el Gobierno al Congreso plantea la derogación completa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, popularmente llamada Ley de etiquetado frontal.

La norma, sancionada en 2021 con amplio apoyo del Congreso, impone los ahora conocidos octógonos negros para advertir sobre el contenido nutricional y regula la publicidad para productos dirigidos a menores.

En ese sentido, el texto del Gobierno fundamenta la derogación en que alimentos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones aceptados” resultan alcanzados por las mismas advertencias que rigen para otros productos de peor composición nutricional.

Para el Gobierno, esto “dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”. Según el texto oficialista, esto “reduce los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”.

Además, el Ejecutivo apuntó contra las restricciones publicitarias, tras considerar que “implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”.

Congreso, Javier Milei, inversiones, ludopatia

A poco más de un mes de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre de más de 600 servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender parcialmente la aplicación plasmada en la Resolución N° 42/2026.

El freno judicial fue producto de que el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto fallara a favor de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar que se ejecutaran las órdenes plasmadas en el Boletín Oficial.

Según consta en el fallo, el magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico.

Uno de los puntos claves de la resolución judicial sostuvo que los empleados del instituto no podrán ser desvinculados de sus puestos. De esta manera, el Gobierno se vio obligado a garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026″.

En línea con esto, el juez subrogante del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.

El giro en la causa fue confirmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien celebró la decisión a través de la red social X. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”, destacó en un comunicado.

“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó el dirigente sindical.

En este sentido, el representante de ATE consideró que “la cautelar firmada por el juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”. Y concluyó: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.

La Resolución 42/2026, publicada el 16 de abril de este año, ordenaba el cierre de más de 600 servicios brindados por el INTI. Según el argumento ofrecido por las autoridades, la decisión había sido tomada con el objetivo de asegurar la eficiencia estatal y, sobre todo, la asignación de fondos públicos.

Qué implicaba la aplicación de la resolución

El documento publicado por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecía un proceso de transición ordenada para la supresión inmediata de ciertos servicios sistematizados, tras determinar que su prestación estatal carece de demanda efectiva o se superpone con ofertas del sector privado en condiciones regulares de mercado.

De esta forma, todos los convenios, órdenes de trabajo y compromisos contractuales vigentes serán respetados y finalizados conforme a lo estipulado previamente. Así, se garantizaba la continuidad para los usuarios actuales y la protección de sus derechos.

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Fue así que se designó a la Dirección Operativa para diseñar un plan de transición integral, que pretendía incluir la finalización organizada de los servicios discontinuados, el resguardo y organización de la documentación y registros técnicos, la notificación formal a usuarios y organismos vinculados, y la preservación de capacidades consideradas críticas.

Según los fundamentos expuestos por el Consejo Directivo del INTI en la resolución oficial, la medida no implica una reducción del rol institucional de la entidad, sino una redistribución hacia áreas en las que la intervención estatal resulta indispensable.

En línea con esto, remarcaron que la decisión formaba parte de una política de simplificación y mejora regulatoria que acompaña los lineamientos nacionales en materia de transparencia, competencia leal y estímulo al crecimiento económico y la inversión en el sector productivo local.

En el proceso participaron áreas técnicas como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que validaron la medida al no encontrar objeciones jurídicas ni operativas a la adecuación propuesta. Asimismo, aclararon que estos actos no representaban ninguna erogación presupuestaria adicional derivada de la reorganización, reflejando una orientación de austeridad y responsabilidad fiscal.

Por último, habían dispuesto que la cesación de los servicios alcanzados fuera inmediata tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina. Mientras que el equipo directivo responsable del proceso está conformado por Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, la Dirección de Planeamiento y Comercialización había sido facultada para adaptar la oferta tecnológica del INTI bajo los nuevos criterios.