POLITICA
Escándalo en Río Negro: juntaron más de 3.000 firmas para pedir la renuncia del intendente de la ciudad de Allen
La localidad rionegrina de Allen está convulsionada por la presentación de firmas vecinales para pedir la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, quien en paralelo afronta una causa judicial por presunta malversación de fondos públicos y peculado.
Una mujer jubilada de la localidad y una ex empleada municipal, despedida durante la gestión del jefe comunal, tomaron la iniciativa de reunir las firmas para elevar el petitorio al Concejo Municipal.
Argumentan una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales de la comuna, como eje principal de la presentación.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
Román aún se muestra como el único intendente libertario de la provincia, aunque sin respaldo político expreso: desde esa estructura política aseguran que “está solo, los armadores libertarios le soltaron la mano”.
A partir de la causa judicial que lo involucra, la gestión de Román al frente del ejecutivo de Allen ingresó en zona de turbulencias, aunque la reciente presentación de firmas para desplazarlo del cargo agudizó la crisis institucional en la ciudad frutícola.
Silvina Cantero es una docente jubilada, ex afiliada al gremio docente de la provincia, quien asumió la iniciativa de colectar firmas para desplazar al intendente. Desde fines de 2025 hasta la actualidad acumuló más de 3.000 rúbricas, que fueron elevadas al legislativo local para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, tal como lo establece la Carta Orgánica local.
Tras la presentación, aseguró que no hubo representaciones políticas detrás de la campaña contra Román y que la misma responde a “una convicción propia”.
En la nota que acompañó las firmas, la mujer detalló que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.
El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidiano. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público.
Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actuó a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.
Causa judicial
Román está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque la causa judicial es independiente de la campaña de firmas.
El mandatario fue procesado por la Justicia y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.
POLITICA
La Justicia advirtió a Cristina Kirchner por las manifestaciones en San José 1111 y amenaza con revocar su arresto domiciliario
El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión le advirtió que violó las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111 por la bandera desplegada este fin de semana entre su balcón y el de un edificio vecino. Le advirtieron a la expresidenta que de repetirse podría implicar que la manden a cumplir su condena a la cárcel.
“Intimase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)“, escribió el juez Rodrigo Giménez Uriburu.
El artículo 34 de la ley que regula la ejecución de la pena señala que el juez “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”.
Lo que ocurrió fue en el marco de los actos para recordar el primer año de que Cristina Kirchner está presa.
Diversos intendentes del conurbano se turnan para congregarse debajo del balcón de San José 1111 y apoyar a la expresidenta con manifestaciones de apoyo.
El pasado fin de semana fue el turno de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que reunió a un grupo de militantes que extendió una gran bandera entre el balcón del departamento de la expresidenta y un edificio de la vereda de enfrente.
La bandera llevaba la leyenda “De San José 1111 a la Rosada” y fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. Cristina Kirchner correspondió saludando desde el balcón.
El juez Rodrigo Giménez Uriuburu, a cargo de la ejecución de la pena, firmó hoy un escrito en el que advirtió a la expresidenta que de reiterarse estas manifestaciones podría revocarse su prisión domiciliaria.
En cinco páginas recordó que se le impuso a Cristina Kirchner “abstenerse de adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Señaló el magistrado que en el pasado hubo periódicamente diversas manifestaciones que, a juicio del tribunal, no implicaban la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, a pesar de las quejas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Todo esto hasta el domingo pasado, cuando “se verificó un episodio que importa, en principio, un incumplimiento de la regla de conducta referida, y que amerita la intervención del suscripto en su condición de juez a cargo del contralor de la pena de prisión de la condenada”.
Dijo el juez que el domingo “se desplegó una bandera de grandes dimensiones, soportada por una estructura de cables tensores, desde una ventana de un edificio ubicado en una esquina enfrentada al edificio en cuestión, la que fue extendida cruzando la calzada y su espacio aéreo hasta quedar sujeta al balcón de la vivienda donde Fernández de Kirchner cumple su sanción”.
“La conducta descrita no constituyó un episodio ajeno a la condenada; por el contrario, surge de las constancias obrantes en autos que participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”, relató el magistrado.
Y dijo que, a diferencia de lo sucedido en otras concentraciones, en las que Cristina Kirchner no tuvo “intervención directa”, aquí “el episodio presenta notas cualitativamente distintas: el despliegue de una maniobra riesgosa para el espacio público y perturbadora para los vecinos de la ochava, más la participación personal y activa de la condenada en la concreción de la acción, con empleo del domicilio de cumplimiento a ese fin”.
Riesgos
Por eso dijo que su conducta es reprochable desde tres puntos de vista: por un lado, por el “ostensible riesgo para la integridad física” de la exmandataria y de los transeúntes, conductores, pasajeros del transporte público o peatones. Dijo que los exponía “a un peligro innecesario”, más allá de la responsabilidad que pudiera tener en caso de un accidente.
Por otro lado, mencionó que la instalación de pasacalles, pancartas u objetos similares y de una “bandera sostenida por cables de alta resistencia” debería contar con una autorización municipal. “La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, lo que agrava la conducta de la expresidenta.
Y por último dijo el juez que el despliegue de la bandera “perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada”.
“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, escribió el juez Giménez Uriburu.
Explicó que incumplir las reglas “compromete los fundamentos mismos sobre los que reposa la modalidad de ejecución concedida y torna imperativa la intervención del suscripto en su condición de juez de ejecución actuante”. Y por eso le advirtió que, de repetirse, iba a revocar su prisión domiciliaria.
pic.twitter.com/Vg1BtLzd8t,June 15, 2026,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Conforme a,,Regulación del lobby. Tras cosechar un rechazo transversal, el Gobierno desacelera y negocia cambios con la oposición,,Relegado. La nueva rutina de Adorni: bajo perfil, poca actividad en redes y excluido de algunas reuniones de gestión,,Análisis. Adorni, un papel de tornasol para la casta,Cristina Kirchner,,Interna del PJ. Una legisladora cercana a Kicillof cuestionó a Cristina Kirchner y dijo que está «bastante equivocada»,,Fallo. Mantienen la intervención judicial del PJ de Jujuy, pero ordenan correr al interventor alineado con Sáenz,,El método de la vieja casta. Adorni y la renuncia que el país espera
POLITICA
Un decreto de Milei abre la posibilidad de acelerar los pliegos para completar la Corte Suprema
El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales con la firma del Decreto 467/2026. Publicado en el Boletín Oficial, la norma modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003 y elimina una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.
El decreto, firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.
Aun así, el timing de la medida generó suspicacias al respecto de un posible avance para llenar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema, luego de la jubilación de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Cerca de Mahiques admiten que por el timing en el que se impulsa no se evitan este tipo de interpretaciones.
El judicial es una de las pocas esferas en las que el Presidente reconoce que no tiene un conocimiento acabado y que, en tanto, prefiere delegar las tareas en sus funcionarios de confianza. Con el recambio de autoridades que hubo en marzo de este año en el Ministerio de Justicia, la ascendencia sobre las relaciones con el Poder Judicial y los funcionarios del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (el órgano que determina la selección y remoción de los jueces federales) quedó bajo la órbita de Karina Milei y sus colaboradores.
Esto no lo exime a mantener reuniones de alto voltaje, como la que se produjo días atrás con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien, según afirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, le propuso dos candidatos para que el máximo tribunal complete su integración.
El decreto publicado implica que haya una menor cantidad de requisitos burocráticos y de revisión sobre los procesos de candidaturas de diversos puestos judiciales; entre ellos el de los jueces de la Corte. Aun así, en Justicia están más interesados en que se agilicen los actuales procedimientos para llenar las vacantes de jueces, fiscales y defensores.
“Es realmente un perno el tramiterío para hacer un pliego”, justifican operadores judiciales del Gobierno, quienes agregan: “Armar uno puede tardar dos semanas. A veces anunciamos que se van a mandar pliegos y muchas veces los podemos mandar semanas después. La constancia de la declaración jurada vía ARCA puede traer demoras y ni hablar otros asuntos burocráticos. La revisión se puede hacer tranquilamente a través del proceso ya establecido por el Senado”.
Es un razonamiento con el que coincidió el asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta mañana publicó en X su adhesión al decreto. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado. Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, argumentó.
Según pudo saber Infobae, Caputo está de acuerdo con la propuesta de llenar las vacantes de la Corte que Lorenzetti le hizo llegar a Milei, el cual marida con las facilidades que vino a traer el decreto impulsado por Mahiques.
Meses atrás se tomó la decisión política de acelerar los pliegos judiciales para aliviar la acuciante situación de las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Esto no se extendió al máximo tribunal, ya que el Presidente dejó en claro semanas atrás que no iba a impulsar los dos pliegos clave. La idea de Milei era no agotar negociaciones políticas por una Corte que está funcionando acorde a lo que espera y aguardar a las elecciones del año próximo, donde el oficialismo conseguirá una cantidad de bancas en la cámara alta que le permitirá estar en una posición aun más favorable que la actual. Ante todo, el Presidente no quiere repetir la experiencia fallida de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Sin embargo, un mes atrás se logró aprobar la extensión del cargo judicial del camarista Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista) con una mayoría abrumadora, contando con apoyos de sectores transversales a nivel político. Esto abrió el interrogante acerca de si con una buena gestión de adhesiones se podía lograr nombrar jueces sin la necesidad de esperar casi dos años. “Los senadores se van a poner más duros con una postulación a la Corte. No tiene sentido creer que se puede negociar de la misma manera eso que la ampliación de ‘Coco’ Mahiques”, dice una fuente inobjetable del ámbito judicial-libertario.
En una sesión realizada dos semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.
En esta instancia se están tratando cargos de altísima sensibilidad: los que rodean a Comodoro Py. La semana pasada se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Las chances de Yadarola y Bertuzzi de ser seleccionados no son para nada remotas.
La lógica detrás de la nueva reforma de Milei
El argumento central del Poder Ejecutivo es que el esquema vigente desde 2003 había generado una superposición de controles: la publicación de antecedentes de los candidatos y la recepción de observaciones ciudadanas se realizaban primero en el ámbito del Ministerio de Justicia y luego volvían a cumplirse, con mayor amplitud y garantías constitucionales, ante el Senado. El texto del decreto sostiene que esta duplicación “ralentiza el proceso de cobertura de vacantes” y “desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”.
El Gobierno también señaló en los considerandos que atraviesa una crisis institucional por el elevado porcentaje de cargos judiciales vacantes, cuya demora en cobertura impacta directamente en los tiempos de tramitación de los procesos y en los derechos de los justiciables.
El cambio más sustancial del decreto atañe a la selección de jueces del máximo tribunal. Bajo el esquema anterior, el proceso incluía etapas administrativas previas —a cargo del Ministerio de Justicia— que el Ejecutivo considera innecesarias dado que el Reglamento de la Cámara de Senadores ya prevé, en sus artículos 22 bis, 22 ter y 123 bis, audiencias públicas obligatorias, publicidad de los antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas.
Con la reforma, el proceso para la Corte Suprema queda estructurado de la siguiente manera: producida una vacante, el Ministerio de Justicia debe publicar, en un plazo máximo de 30 días, el nombre y los antecedentes curriculares del o los candidatos en consideración, tanto en el Boletín Oficial como en la página web oficial del organismo, durante 3 días. Esa publicación —que reemplaza la anterior difusión en diarios de circulación nacional y local— refleja la actualización al entorno digital que también impulsa el decreto.
Dentro de los 5 días posteriores al cierre de esa publicación, los candidatos deben presentar una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, que incluya bienes propios, del cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de los hijos menores. A esa declaración deben adjuntar otra que detalle las asociaciones civiles y sociedades a las que pertenecieron o pertenecen en los últimos 8 años, los estudios de abogados con los que trabajaron y la nómina de clientes o contratistas del mismo período, con el fin de detectar posibles incompatibilidades o conflictos de interés.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 5 días desde la recepción de la solicitud para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, con resguardo del secreto fiscal. Cumplidas estas instancias, el Ministerio de Justicia eleva las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si remite la propuesta al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.
El decreto deroga los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03, que incorporaban criterios adicionales para la valoración de candidaturas a la Corte Suprema no previstos expresamente en la Constitución Nacional, entre ellos la exigencia de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional entre los miembros del tribunal. El Ejecutivo sostiene que esas consideraciones quedan dentro del ámbito de apreciación político-institucional del Presidente, siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde la nominación presidencial tiene amplia flexibilidad.
Lo que no se toca es la garantía de publicidad, transparencia y participación ciudadana: el decreto es explícito en que esos mecanismos se mantienen, pero concentrados en el Senado, que es el ámbito constitucional donde el pueblo —a través de sus representantes provinciales— evalúa públicamente la idoneidad de los postulantes.
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POLITICA
Jorge Macri reforzó los controles policiales para impedir que los “trapitos” actúen en la ciudad de Buenos Aires
El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, publicó este martes un video donde presenta un operativo policial que busca eliminar a los cuidacoches de las calles porteñas, como parte de su campaña “Ley y orden”.
“Ningún trapito va a venir a esta Ciudad a amenazar a los porteños. Ley y orden”, declaró el mandatario en su publicación, con la que mantuvo su discurso centrado en la seguridad.
La afirmación fue acompañada por un video que muestra distintas detenciones de la Policía de la Ciudad a “trapitos” en la vía pública.
En las imágenes, publicadas en la red social X, se ve a los oficiales acercarse a hombres que actuaban de cuidacoches en zonas cercanas a estadios, conciertos y comercios para revisarlos. “Ser trapito acá en la Ciudad es ilegal, a las personas y los vehículos los cuidamos nosotros. No te quiero ver más por acá”, le dice un agente a uno de ellos en el video.
Uno de los demorados, presuntamente oriundo de Temperley, reconoció ante las autoridades que poseía “ocho mil contravenciones” previas vinculadas al cuidado de vehículos.
“Sos reincidente, no te quiero ver más por acá”, le advirtió un policía en el video difundido.
Otros casos
En otro de los procedimientos que se registraron en el video, los agentes demoraron a un hombre por un presunto caso de “extorsión a conductores en la vía pública”. “¿En Monte Grande te dejan cuidar coches? Acá se terminó hace rato”, expresó un miembro de la fuerza de la Ciudad.
“No podés extorsionar a la gente por estacionar. La calle es pública. Me vas a tener que acompañar a la comisaria”, aclaró un oficial de la Ciudad sobre el final del video.
La nueva campaña del GCBA
Esta medida se suma a otra iniciativa previa bajo la misma premisa: la “Operación Muro”, ejecutada por la Policía de la Ciudad a principios de mes.
Esa operación elevó un plan de control vehicular y peatonal para asegurar los accesos del área metropolitana en el límite con la provincia de Buenos Aires.
El despliegue cubrió 24 kilómetros a lo largo de la avenida General Paz y el Riachuelo, con 27 pasos peatonales, 48 vehiculares y 16 puntos estratégicos. Contó también con la participación de la división canina K9, personal de Tránsito y de Emergencias y Seguridad Comunal.
Además, se puso en marcha la estructura del “Anillo Digital”, que dispone de 814 pórticos lectores de patentes. Esto generó un cruce con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien criticó la gestión porteña a través de sus redes sociales.
video donde presenta un operativo policial,se ve a los oficiales acercarse a hombres,otra iniciativa previa bajo la misma premisa,Jorge Macri,Inseguridad,Conforme a,,»Son errores humanos». Lilia Lemoine volvió a defender a Adorni y apuntó contra el periodismo por extorsión,,Punto por punto. El Gobierno oficializó los nuevos requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema,,Análisis. Adorni, un papel de tornasol para la casta,Jorge Macri,,LN+. Jorge Macri resaltó la «Operación Muro» y apuntó contra Kicillof: «Debería festejar los controles»,,»No vamos a pedir perdón». La ciudad blindó sus accesos con la provincia de Buenos Aires sobre la General Paz,,Una familia de poder. Macri nombró a un hermano del ministro Mahiques como rector del Instituto Universitario de Seguridad
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