POLITICA
Escándalo en Río Negro: juntaron más de 3.000 firmas para pedir la renuncia del intendente de la ciudad de Allen
La localidad rionegrina de Allen está convulsionada por la presentación de firmas vecinales para pedir la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, quien en paralelo afronta una causa judicial por presunta malversación de fondos públicos y peculado.
Una mujer jubilada de la localidad y una ex empleada municipal, despedida durante la gestión del jefe comunal, tomaron la iniciativa de reunir las firmas para elevar el petitorio al Concejo Municipal.
Argumentan una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales de la comuna, como eje principal de la presentación.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
Román aún se muestra como el único intendente libertario de la provincia, aunque sin respaldo político expreso: desde esa estructura política aseguran que “está solo, los armadores libertarios le soltaron la mano”.
A partir de la causa judicial que lo involucra, la gestión de Román al frente del ejecutivo de Allen ingresó en zona de turbulencias, aunque la reciente presentación de firmas para desplazarlo del cargo agudizó la crisis institucional en la ciudad frutícola.
Silvina Cantero es una docente jubilada, ex afiliada al gremio docente de la provincia, quien asumió la iniciativa de colectar firmas para desplazar al intendente. Desde fines de 2025 hasta la actualidad acumuló más de 3.000 rúbricas, que fueron elevadas al legislativo local para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, tal como lo establece la Carta Orgánica local.
Tras la presentación, aseguró que no hubo representaciones políticas detrás de la campaña contra Román y que la misma responde a “una convicción propia”.
En la nota que acompañó las firmas, la mujer detalló que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.
El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidiano. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público.
Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actuó a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.
Causa judicial
Román está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque la causa judicial es independiente de la campaña de firmas.
El mandatario fue procesado por la Justicia y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.
POLITICA
El Gobierno intimó al Reino Unido para que frene la actividad de las petroleras en Malvinas en un plazo de dos semanas
El Gobierno intimó formalmente al Reino Unido este lunes para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
En ese sentido, Javier Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
Para defender esa posición, el Ejecutivo volvió a mencionar una vez más la Resolución 2065 (XX) de la ONU que reconoció la disputa entre ambos países por el archipiélago e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones. En paralelo, también citó la Resolución 31/49 del organismo que llamó expresamente a los dos protagonistas del conflcito a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe el reclamo, una norma que se ve afectada por el proyecto Sea Lion.
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, enfatizaron las autoridades nacionales.
Sanciones por sobrevuelos entre Punta Arenas y Malvinas
A su vez, el Gobierno también informó la detección de operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
Por eso, el Presidente ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
POLITICA
Por qué una empresa británica voló de Malvinas a Punta Arenas y cómo es la nueva ruta que el Reino Unido busca abrir con Chile
El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes una denuncia a través de un comunicado en el que apuntó contra la empresa del Reino Unido, Thales UK Limited, por realizar un vuelo sin autorización entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas. Todo tuvo que ver con un foro empresarial que se desarrolla en la localidad patagónica, con el objetivo de abrir una nueva ruta comercial entre Chile y el archipiélago.
Este lunes 28 y martes 29 de septiembre, se llevará a cabo el Punta Arenas Business Showroom, un foro que reúne a empresarios chilenos con la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC, por sus siglas en inglés). El objetivo era juntar cerca de 80 representantes de firmas oriundas del país trasandino y británicas para explorar nuevas oportunidades comerciales.
De acuerdo a lo que informaron desde la FIDC, el objetivo es consolidar una conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Según informó Infobae, se firmó un contrato con la naviera chilena Easter Island Naviera con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima y así poder disputarle el abastecimiento de las islas a Uruguay, que está a 2.000 kilómetros de distancia.
La ruta entre ambas ciudades ya funcionó durante varias décadas, pero se volvió financieramente inviable a principios de los 2000. En 2025, la FIDC detectó potencial suficiente para reactivarla e inició consultas con el sector privado de las islas, navieras trasandinas y el municipio de Punta Arenas, para luego elaborar un informe de antecedentes dirigido a las partes involucradas. La corporación opera como un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno de las islas, con un presupuesto anual de aproximadamente £1.000.000.
Alrededor de 40 representantes del sector privado de las islas participan del evento junto a entre 30 y 40 firmas chilenas. El encuentro de dos días apunta a concretar acuerdos con proveedores y firmar contratos. Según la FIDC, se trataría de la delegación comercial más grande que las islas hayan enviado al exterior. Entre los productos que se contempla transportar desde Punta Arenas figuran frutas y verduras frescas, productos lácteos, madera, materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos, vinos y cervezas.
Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC, explicó el origen del proyecto en declaraciones recogidas por el organismo: “La reapertura de la ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino fue vista como una oportunidad comercial y un área lógica para la expansión empresarial por Easter Island Naviera, que cuenta con una exitosa trayectoria al servicio de una comunidad remota. Por ello, han colaborado con empresas de las Islas Malvinas y Punta Arenas para lanzar su nuevo proyecto. La FIDC ha facilitado la colaboración con el sector privado de las islas y ha proporcionado acceso a información regulatoria y otra información pertinente para respaldar el desarrollo de su plan de negocios”.
Easter Island Naviera es una compañía especializada en logística y transporte marítimo que opera principalmente en la ruta Valparaíso-Isla de Pascua. Según la propia empresa, esa especialización en territorios remotos le permitió desarrollar las capacidades necesarias para operar en zonas de alta complejidad, incluyendo la Antártica.
Sin embargo, el vuelo de una aeronave con matrícula del Reino Unido, vinculada a Thales UK Limited, que trasladó integrantes de la delegación isleña a Punta Arenas sin autorización de las autoridades argentinas, derivó en una escalada diplomática inmediata. El presidente Javier Milei ordenó dar inicio a procedimientos sancionatorios contra esa empresa, e instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas del caso, según el comunicado de la Oficina del Presidente difundido este lunes.
La denuncia se produce en el marco de una tensión creciente entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. En paralelo al foro en Punta Arenas, el gobierno de Milei intimó a Londres para que frene en un plazo de dos semanas las operaciones de exploración de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las islas. De no cumplirse ese requerimiento, Argentina solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). El canciller Pablo Quirno advirtió además que las compañías que operen en las islas quedarán excluidas de proyectos estratégicos en territorio argentino, como Vaca Muerta.
Desde Chile, la postura viene siendo bastante ambigua. El ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, afirmó en declaraciones a Radio Polar Magallanes que su país apoya el reclamo de soberanía argentino, aunque aclaró que eso no implica restricciones al comercio. “Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, sostuvo el funcionario, que responde al presidente José Antonio Kast. Al referirse al Reino Unido, Barros Tocornal lo calificó como “un país amigo” que “ejerce soberanía” desde hace 200 años, lo que generó rispideces con Buenos Aires.
La cuestión tiene, además, un componente legal complejo. El decreto 256 del gobierno argentino, dictado en febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental y las islas. No obstante, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reconoce el derecho de tránsito de cualquier embarcación sin carga militar por la Zona Económica Exclusiva. Esa contradicción normativa fue señalada por el excomandante en jefe de la Armada de Chile, Julio Leiva, quien alertó sobre los potenciales conflictos que podría traer la nueva ruta.
Mientras tanto, en el plano legislativo, el Congreso de la Nación se prepara para tratar el proyecto de ley de Soberanía Nacional que busca ampliar las sanciones a empresas vinculadas con las islas, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer medidas de respuesta ante amenazas “graves e inminentes”.
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POLITICA
Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo, por lo que la presidencia quedará en manos de Bartolomé Abdala
Durante poco más de tres días, el Poder Ejecutivo quedará en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis), debido a que tanto Javier Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, viajarán al exterior casi de manera simultánea.
Milei viajará este martes rumbo a Francia, mientras que Villarruel partió este lunes al mediodía rumbo a España al frente de una comitiva integrada por cuatro senadores que participará, entre otras actividades, del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.
La presidencia de Abdala se prolongará hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto que regrese el jefe del Estado desde el exterior. No será esta la primera vez que el legislador puntano ocupe ese lugar. Ya lo hizo entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025 cuando Milei viajó a Noruega y Villarruel se trasladó también a España.
La suplencia de Abdala está prevista en la Ley 20.972 de Acefalía, que ordena la línea de reemplazo cuando el Presidente y la Vicepresidenta no pueden ejercer la jefatura del Estado. Ante la ausencia simultánea de ambos del territorio nacional, la responsabilidad recae, en primer término, en el presidente provisional del Senado.
Completan la línea sucesoria el presidente de la Cámara de Diputados y el titular de la Corte Suprema de Justicia, en ese orden.
La presidencia de Abdala, que ahora se encuentra a cargo del Senado por la ausencia de Villarruel, comenzará el martes a las 22 cuando el Presidente viaje hacia París para encabezar la segunda edición de la Argentina Week, programada entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.
Por su parte, Villarruel viajó a Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará entre el jueves y viernes próximos. La cita reunirá a autoridades y representantes legislativos de los países de la comunidad iberoamericana y funcionará como instancia preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
La vicepresidenta ya había intervenido en la edición anterior del encuentro y en esta ocasión viajó acompañada por una comitiva multipartidaria integrada por el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), la provincial santacruceña Natalia Gadano y la peronista tucumana Sandra Mendoza.
La apertura del foro está prevista en el Congreso de los Diputados y contará con la presencia del rey Felipe VI, junto con autoridades parlamentarias y funcionarios españoles. Las deliberaciones estarán orientadas a la cooperación entre los poderes legislativos, el fortalecimiento institucional y los temas que integrarán la agenda regional.
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