POLITICA
Qué plantean los proyectos del Gobierno sobre super-RIGI, lobby, etiquetado frontal y apuestas online

En la búsqueda de sostener la iniciativa política, el Gobierno oficializó el envío de cuatro nuevos proyectos legislativos al Congreso.
La lista incluye el super-RIGI; un proyecto para regular el lobby; otro que busca prevenir la ludopatía; y una iniciativa para derogar la Ley de etiquetado frontal.
Super-RIGI: el incentivo a “las industrias del futuro”
El Super-RIGI busca crear un esquema que ofrezca mayores beneficios que el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones vigente para las “industrias del futuro” que todavía no operan en el país.
Según aclara el texto oficial, se entenderá por “nuevas actividades económicas” a todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional.
Para ser alcanzada por el beneficio, dicha actividad no debe desarrollarse en el país antes de la entrada en vigencia de la ley. Además, entre sus principales condiciones establece la inversión mínima debe superar los US$1000 millones en activos computables. De ese monto, al menos un 20% debe comprometerse dentro de los primeros 2 años desde la fecha de adhesión.
A cambio, el régimen ofrece una importante cantidad de beneficios tributarios y aduaneros. Entre ellos, una tasa de impuesto a las ganancias del 15% -10 puntos menos que el RIGI actual-; la exención de derechos de importación y exportación de bienes vinculados con el proyecto; y un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones, entre otros varios puntos.
Ley de Lobby: regular la gestión de intereses ante el Estado
El proyecto oficialista propone regular por primera vez de manera integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional.
Para ello, el texto establece un régimen de inscripción obligatoria, una registración pública de contactos y una serie de sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir con los requisitos de transparencia establecidos.
Entre sus principales medidas, la ley crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, donde deberán inscribirse de forma previa todas las personas, humanas o jurídicas, que pretendan influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones.
Así, el proyecto impone que ningún funcionario podrá reunirse con un gestor que no acredite inscripción vigente, y agrega que cada contacto deberá quedar registrado dentro de los cinco días hábiles de producido. La medida alcanzaría desde el Presidente y el Vicepresidente hasta los ministros, secretarios, subsecretarios y directores nacionales. También incluye a senadores, diputados y asesores que actúen en su nombre.
Ludopatía: sanciones al juego ilegal y campañas de prevención
En este caso, el proyecto del Gobierno propone entre sus objetivos centrales la erradicación de la explotación de juegos de azar en línea no autorizados, prohibir el acceso de menores y consolidar la prevención del juego patológico como política de salud pública en todo el territorio nacional.
Para ello, la iniciativa busca endurecer el régimen penal y establece penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten apuestas sin autorización. También agrega sanciones de dos a cuatro años de cárcel para quienes faciliten estas operaciones a través de servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.

En paralelo, el texto plantea una prohibición total para la promoción de plataformas ilegales en cualquier formato, incluyendo redes sociales, medios de comunicación y vía pública. Además, responsabiliza a agencias, productoras, influencers y medios que participen en su difusión.
En cuanto a las plataformas autorizadas, la ley fija límites como evitar que las campañas estén dirigidas a menores o vincular el juego con éxito social, soluciones económicas o al consumo de alcohol o tabaco.
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La medida también busca asignar responsabilidades de control a distintos organismos del Estado, entre ellos el Enacom y el Banco Cnetral, y dispone que las entidades financieras y los proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.
Etiquetado frontal: los argumentos del Gobierno para derogar la norma
La norma enviada por el Gobierno al Congreso plantea la derogación completa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 27.642, popularmente llamada Ley de etiquetado frontal.
La norma, sancionada en 2021 con amplio apoyo del Congreso, impone los ahora conocidos octógonos negros para advertir sobre el contenido nutricional y regula la publicidad para productos dirigidos a menores.
En ese sentido, el texto del Gobierno fundamenta la derogación en que alimentos “tradicionalmente incorporados dentro de patrones aceptados” resultan alcanzados por las mismas advertencias que rigen para otros productos de peor composición nutricional.
Para el Gobierno, esto “dificulta una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”. Según el texto oficialista, esto “reduce los incentivos para introducir modificaciones graduales que permitan diferenciar productos con perfiles nutricionales relativamente mejores dentro de una misma categoría”.
Además, el Ejecutivo apuntó contra las restricciones publicitarias, tras considerar que “implican limitaciones relevantes sobre actividades económicas lícitas y estrategias comerciales de la industria alimentaria”.
Congreso, Javier Milei, inversiones, ludopatia
POLITICA
El juez Martín Irurzun tuvo otro fallo adverso en su intento de continuar como camarista federal

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a la medida cautelar solicitada por el juez Martín Irurzun, con la que buscaba permanecer en su cargo en la estratégica Cámara Federal, más allá de los 75 años.
Al magistrado, que cumple la edad límite el 18 de julio próximo, solo le queda reclamar ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la jubilación.
El Gobierno decidió no enviar al Senado el pliego de Irurzun para darle una reválida a su acuerdo por cinco años más, y quiere la vacante en la Cámara Federal para colocar a otro magistrado.
Esta sería la tercera vacante a disposición del Gobierno en el tribunal, que es clave para los casos de corrupción. Los otros dos camaristas a reemplazar son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.
Irurzun reclamó suspender los efectos del artículo de la Constitución Nacional, que impone el límite de 75 años para el ejercicio de la magistratura.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó la decisión del juez de primera instancia, quien había desestimado la acción preventiva por considerar que no existía “verosimilitud en el derecho” en el reclamo del magistrado.
Los camaristas María Claudia Caputi y Luis María Márquez se apoyaron en la doctrina sentada por la Corte en el fallo Schiffrin del año 2017, que respaldó el cambio realizado en la reforma constitucional de 1994 que exige un nuevo nombramiento del Senado para los jueces al alcanzar el tope de 75 años.
Irurzun argumentó que, como cambió la composición de la Corte, hoy no contaría con la misma mayoría que en 2017 y el máximo tribunal podría cambiar de criterio.
“La mayoría alcanzada en el precedente Schiffrin ha desaparecido con el cese en funciones del doctor Juan Carlos Maqueda”, dijo Iruruzun, y por eso planteó que “se ha extinguido” ese estándar.
Sin embargo, los camaristas en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvieron que no se puede suponer que la Corte hubiera cambiado de postura solo por el cambio en su composición.
Los camaristas subrayaron que “basarse en conjeturas hipotéticas sobre cómo votarían los nuevos integrantes no constituye un factor jurídico suficiente para apartarse de la jurisprudencia que actualmente se encuentra vigente”.
solicitada por el juez Martín Irurzun,Hernán Cappiello,Tribunales de Comodoro Py,Conforme a,Tribunales de Comodoro Py,,»Una cascada de éxitos». La llamativa palabra que usó Villarruel en medio de la investigación sobre Adorni,,Causa seguros. Alberto Fernández: “Los únicos que tenemos que rendir cuentas somos los que pensamos como Perón”,,Presunto enriquecimiento. La escribana de Adorni ya ingresó a Comodoro Py para declarar por las propiedades bajo investigación
POLITICA
Diputados y senadores libertarios viajarán a Tucumán por el 9 de julio para reforzar la foto de unidad del Gobierno

El mundo libertario nacional quiere relanzar su gestión y planea hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas es una presencia fuerte en el próximo acto del 9 de Julio en la Ciudad de Tucumán. La misma a la que hace un año el Presidente de la Nación decidió no ir porque había neblina.
Según confiaron desde el Palacio Legislativo, el próximo miércoles a la noche llegará el Presidente Milei acompañado por gran parte de su Gabinete nacional, que se trasladará especialmente a San Miguel de Tucumán para participar de la celebración. A este grupo se le sumarán las autoridades parlamentarias y los legisladores libertarios del norte del país.
“Va una delegación del bloque de Diputados. Los que van a estar seguro son los diputados de Tucumán -Mariano Campero—, Salta —Eliana Bruno y María Gabriela Flores—; Jujuy —Barbara Andreussi— y Catamarca —Adrián Brizuela—. A este grupo se le sumarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el del bloque en la Cámara Baja, el cordobés Gabriel Bornoroni.
Por el lado del Senado los libertarios también se movilizarán al acto por el 9 de Julio y, además de la titular del bloque Patricia Bullrich y del presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala; los organizadores esperan la presencia de los salteños Gonzalo Guzmán Coraita y María Emilia Orozco. El otro representante del norte de la Argentina en el recinto es el formoseño Francisco Paoltroni.
La organización del evento está en cabeza de las autoridades provinciales, es decir, del gobernador Osvaldo Jaldo y buena parte de la ceremonia se desarrollará durante la noche del 8 de julio de cara a la “vigilia patria en la Casa Histórica» de la capital provincial.
En ese sentido, otra presencia de una autoridad nacional que llegará para la vigilia es la de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Al igual que en el acto del Día de la Bandera, la titular del Senado tampoco fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, por lo que se especula que la funcionaria vuelva a vivir una situación similar: que los libertarios la ignoren y que sea recibida por las autoridades locales.
Villarruel ya confirmó que viajará a Tucumán y lo hará luego de la invitación formal que recibió de parte de la administración de Jaldo.
En ese esquema, se espera que tenga un lugar protocolar y así lo hicieron saber fuentes del despacho de la Vice al señalar que participará de la ceremonia respetando el protocolo que establezcan los organizadores locales y haciendo uso de su cargo como presidenta del Senado.

“La idea es mostrar a todo el gabinete y a los diputados y senadores. No sólo a Santilli -Diego, nuevo Jefe de Gabinete- sino a todo el Gobierno en busca de mostrar esta especie de relanzamiento de la gestión que se terminará de hacer el 14 de julio cuando salga el dato de inflación que suponemos que quedará por debajo del 2%”, explicó a Infobae una fuente que suele frecuentar los despachos más importantes de Balcarce 50.
Un acto nocturno
Una de las particularidades que presentará el acto por los 210 años de la independencia de la Argentina es que se desarrolla entre la noche del 8 julio y la madrugada del 9 de julio. Todavía queda en la memoria la imagen del ex presidente Mauricio Macri a la espera y con frío en el acto del primer año de la gestión de Milei.
En este caso, según publicaron los medios provinciales, las actividades empezarán en la noche del 8 con la presentación de espectáculos artísticos y propuestas culturales abiertas al público en los alrededores de la Casa Histórica de la Independencia.
Pero el momento más importante será a la medianoche, con la llegada del 9 de julio el presidente Milei y el gobernador Jaldo tomarán un lugar del escenario central que se colocará en la puerta de la Casa Histórica de Tucumán y se haga la interpretación del Himno Nacional Argentino, dando comienzo a los 210 años de festejo de la Independencia del país.
POLITICA
El Gobierno pidió que “consultores técnicos” revisen un concurso judicial clave para la política

El representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, Santiago Viola, y la consejera jueza Alejandra Provítola pidieron revisar con “consultores técnicos” la corrección del concurso judicial más importante que tiene en sus manos el Consejo de la Magistratura, el destinado a cubrir tres vacantes en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal.
Se trata de una medida super excepcional vinculada a la conformación del principal tribunal penal del país, que solo tiene por encima la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De los camaristas que lo integran depende la decisión final en las causas de corrupción de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, los actuales y los del pasado.
En el Gobierno, a pesar de que el asunto es impulsado por Viola, que es el número dos del Ministerio de Justicia, le ven poco futuro a la iniciativa, lo mismo que entre los jueces del Consejo de la Magistratura. “Viola se equivocó”, dijo una fuente oficial a .
Los mejor posicionados hasta ahora en ese concurso son los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Leonel Guillermo Gómez Barbella.
López Iñiguez sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán y aplicó condenas a exfuncionarios del kirchnerismo como Amado Boudou (caso Ciccone) y Julio De Vido (tragedia de Once).
Michilini también sobreseyó a Cristina Kirchner en la causa por la firma del Memorándum con Irán y condenó al exsecretario de Obras Públicas José López por enriquecimiento ilícito en la causa de los bolsos con nueve millones de dólares; además, votó por la condena a Boudou por la inscripción irregular de un Honda cupé y rechazó en disidencia el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de dólar futuro. Condenó a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la venta de La Rural.
Gómez Barbella, como fiscal, pidió la indagatoria de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, y de Bartolomé Mitre, que era el director de , en la causa por la venta de Papel Prensa.
Tres concursantes impugnaron sus calificaciones en ese concurso y los consejeros Viola y Provítola pidieron activar una revisión técnica de la corrección de sus exámenes.
Se trata de un recurso previsto en el reglamento, pero que fue usado en muy pocas ocasiones. Una recalificación del concurso podría redibujar el mapa de las ternas.
Los cargos en juego
Se trata del Concurso N° 475, destinado a cubrir las vocalías 8, 9 y 10 de la Cámara Federal de Casación Penal. Los concursantes que pidieron revisar sus exámenes son la camarista federal de Salta Mariana Inés Catalano, con apoyos en la Corte Suprema; Luciano Homero Lauria, juez federal de Santa Fe, con apoyos en un sector del Gobierno; y Mariano Jorge Cartolano, designado por este Gobierno como director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia.
En el orden de mérito provisorio del Concurso 475 quedaron Catalano en el número 22, con 131,25 puntos (45 de examen + 86,25 de antecedentes); Lauría en el número 31, con 119,95 puntos (45 de examen + 74,95 de antecedentes) y Cartolano en el puesto 34, con 110 puntos (54 de examen + 56 de antecedentes).
Catalano y Lauría están debajo del piso de 50 en el examen. El artículo 44 exige ese umbral para integrar ternas -por eso, una recalificación los habilitaría-, mientras que Cartolano ya cumple ambos mínimos (50 de examen y 100 totales), pero su problema es la posición, en el lugar 34 sobre 43.
Viola y Provítola son la subcomisión sorteada para evaluar las impugnaciones del concurso y en ese carácter pidieron la intervención de especialistas externos que analicen las correcciones.
En la próxima reunión de la Comisión de Selección se dará ingreso a la nota con el planteo de revisión, que cuenta con la oposición de los concursantes mejor calificados.
El mecanismo que invocan está previsto en el artículo 39 del Reglamento de Concursos. Dice que cuando las observaciones apuntan a las calificaciones de la prueba de oposición, la subcomisión, o cualquier consejero de la Comisión de Selección, puede proponer la designación de cuatro consultores técnicos de la especialidad para que dictaminen, con los casos y los exámenes a la vista, si la corrección del jurado se ajustó a las pautas reglamentarias. Los especialistas se eligen por sorteo.
La prueba de oposición del concurso 475 se tomó el 11 de mayo de 2022, con 44 postulantes presentes de los 95 inscriptos.
El orden de mérito provisorio quedó encabezado por María Gabriela López Iñiguez, jueza del Tribunal Oral Federal N° 8, con 166,75 puntos; seguida por José Antonio Michilini, del TOF N° 1, con 165,95; y el fiscal Leonel Guillermo Gómez Barbella, con 154,50.
Completan los primeros diez lugares Fernando Machado Pelloni (153,90), el académico Marcelo Ferrante (152), Fernando Bellido (150,35), el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller (150); el juez en lo penal económico Diego Amarante (149,50), Nicolás Schiavo (146,50) y la jueza de ejecución penal Jimena Monsalve (143,45).
El plan para no nombrar
En paralelo, camaristas de la propia Casación le acercaron al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, un proyecto para reducir el tribunal de 13 a 9 miembros y dejar las vacantes sin cubrir, iniciativa que congelaría el concurso por vía legislativa, pero esta idea no avanzó.
Una recalificación favorable no llevaría a los impugnantes al podio, pero los colocaría en la carrera. Y en el caso de Catalano, por tratarse de un concurso de tres vacantes, rige el cupo de género —cada terna debe incluir al menos a una mujer— y hoy, además de López Iñiguez, las únicas mujeres con examen aprobado en zona de convocatoria son Jimena Monsalve y la defensora oficial Pamela Bisserier.
Aún es prematuro saber si la iniciativa puede prosperar. El representante del Poder Ejecutivo la impulsa, la consejera Jimena de la Torre la apoya, pero no hay consenso entre los jueces y más bien hay desconfianza porque implica abrir una caja de sorpresas. Se avecina una discusión. Los consejeros más cercanos al kirchnerismo rechazan la idea.
La opinión de los consultores técnicos no es vinculante, pues la decisión final sobre las calificaciones corresponde a la Comisión de Selección. Integran esta comisión María Fernanda Vázquez, De la Torre, Diego Barroetaveña, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Provítola, Gonzalo Gabriel Roca, Vanesa Siley, Guillermo Tamarit y Viola.
Sobrevuela el debate el antecedente incómodo del Concurso 140 para jueces federales de Comodoro Py 2002, donde se revisaron calificaciones después de la corrección original ante las sospechas de trampa. El proceso terminó con impugnaciones en el Senado por presuntas irregularidades y una causa penal, que concluyó con una absolución.
Santiago Viola,Hernán Cappiello,Conforme a
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