POLITICA
La Justicia Federal frenó la resolución del Gobierno que ordenaba el cierre de más de 600 servicios del INTI
A poco más de un mes de que el Gobierno nacional dispusiera el cierre de más de 600 servicios ofrecidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín resolvió suspender parcialmente la aplicación plasmada en la Resolución N° 42/2026.
El freno judicial fue producto de que el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto fallara a favor de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar que se ejecutaran las órdenes plasmadas en el Boletín Oficial.
Según consta en el fallo, el magistrado ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, incluyendo la cesación, transferencia o modificación sistematizada de funciones y la prohibición de movimientos de inventario con fines de reubicación, transferencia o disposición del equipamiento técnico.
Uno de los puntos claves de la resolución judicial sostuvo que los empleados del instituto no podrán ser desvinculados de sus puestos. De esta manera, el Gobierno se vio obligado a garantizar la “ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026″.
En línea con esto, el juez subrogante del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín dispuso la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo.
El giro en la causa fue confirmado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien celebró la decisión a través de la red social X. “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”, destacó en un comunicado.
“La Justicia ordenó a las autoridades del INTI a dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”, explicó el dirigente sindical.
En este sentido, el representante de ATE consideró que “la cautelar firmada por el juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”. Y concluyó: “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”.
La Resolución 42/2026, publicada el 16 de abril de este año, ordenaba el cierre de más de 600 servicios brindados por el INTI. Según el argumento ofrecido por las autoridades, la decisión había sido tomada con el objetivo de asegurar la eficiencia estatal y, sobre todo, la asignación de fondos públicos.
Qué implicaba la aplicación de la resolución
El documento publicado por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) establecía un proceso de transición ordenada para la supresión inmediata de ciertos servicios sistematizados, tras determinar que su prestación estatal carece de demanda efectiva o se superpone con ofertas del sector privado en condiciones regulares de mercado.
De esta forma, todos los convenios, órdenes de trabajo y compromisos contractuales vigentes serán respetados y finalizados conforme a lo estipulado previamente. Así, se garantizaba la continuidad para los usuarios actuales y la protección de sus derechos.
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Fue así que se designó a la Dirección Operativa para diseñar un plan de transición integral, que pretendía incluir la finalización organizada de los servicios discontinuados, el resguardo y organización de la documentación y registros técnicos, la notificación formal a usuarios y organismos vinculados, y la preservación de capacidades consideradas críticas.
Según los fundamentos expuestos por el Consejo Directivo del INTI en la resolución oficial, la medida no implica una reducción del rol institucional de la entidad, sino una redistribución hacia áreas en las que la intervención estatal resulta indispensable.
En línea con esto, remarcaron que la decisión formaba parte de una política de simplificación y mejora regulatoria que acompaña los lineamientos nacionales en materia de transparencia, competencia leal y estímulo al crecimiento económico y la inversión en el sector productivo local.
En el proceso participaron áreas técnicas como la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que validaron la medida al no encontrar objeciones jurídicas ni operativas a la adecuación propuesta. Asimismo, aclararon que estos actos no representaban ninguna erogación presupuestaria adicional derivada de la reorganización, reflejando una orientación de austeridad y responsabilidad fiscal.
Por último, habían dispuesto que la cesación de los servicios alcanzados fuera inmediata tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina. Mientras que el equipo directivo responsable del proceso está conformado por Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, la Dirección de Planeamiento y Comercialización había sido facultada para adaptar la oferta tecnológica del INTI bajo los nuevos criterios.
La diputada Lilia Lemoine salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al funcionario. La libertaria afirmó que las acusaciones en contra del también vocero presidencial fueron falsas y que todo se trató de un “malentendido” impulsado por periodistas y medios de comunicación, a quienes tildó de extorsionadores.
“El apriete del periodismo hacia Adorni es espantoso. Están extorsionándolo: o renunciás o vamos a perseguirte a vos y a tu familia. Es un espanto que sean tan mierda”, escribió este lunes en su cuenta de la red social X. Y añadió: “No se jode con la familia… Cuando escuché que hablaban de la madre… ¡El asco que me dan!“.
En la misma línea, pocos días antes la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) ya había defendido la inocencia del jefe de Gabinete mientras crece la polémica por la situación patrimonial de Adorni y su familia y lo comparó con lo sucedido en el exdiputado José Luis Espert, investigado en una causa por lavado de dinero que lo obligó a bajar su candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por LLA.
“Ocurrió también con el caso de Espert, ¿qué pasó con Espert al final? ¿Era narco? No era narco… Son cosas que se arman en un momento determinado para generar un daño a la reputación del Gobierno. ¿Qué pasa si le toman el gusto a hacer denuncias, a inventar falsedades, a venderlas para que vos eches a tus funcionarios o a tus candidatos cuando son inocentes? Le toman el gusto. ¿Cuál es el límite? Porque van escalando cada vez más», apuntó el sábado en diálogo con LN+.
Lemoine consideró que Adorni “es inocente” y ratificó: “¿Se puede haber equivocado en algunas cuestiones? Sí… Totalmente cuestionables, son errores humanos. No es lo mismo cometer un error que tener real malicia para cometer un delito. Aquí no hubo delito».
“Puede no haber sido claro y no ha podido dar detalles en algún momento, es que a veces cuando uno es víctima del apremio o de la acusación directa se pone nervioso y puede no explicar algo demasiado bien. Pero es evidente y no se puede negar que él no se puede haber enriquecido ilícitamente porque el dinero lo tiene desde antes de ingresar a la función publica», expresó.
Sus declaraciones fueron en la misma línea que las del presidente Javier Milei, quien luego de la entrevista en LN+ con José Del Rio en la que Adorni admitió haber omitido declarar ahorros por unos US$500.000 mostró su apoyo al jefe de Gabinete y afirmó que “quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”.
La diputada continuó con la defensa y aseguró que tampoco hubo un delito fiscal ya que la Ley 27.743 impulsada por el Gobierno en 2024 habilitó el Régimen de Regularización de Activos no declarados en el país y en el exterior. “Acorde a la ley, está en orden. A lo sumo podría llegar a corresponderle alguna multa de $220.000 por año fiscal con presentación tardía, pero quizás…”, deslizó.
“No está violando la ley y no se puede haber enriquecido ilícitamente porque todo el dinero que obtuvo es previo y eso es lo que él estuvo buscando para poder demostrar. No es que tenía 200 mil dólares y los metió en Bitcoin, eso es falso; se expresó mal“, dijo Lemoine y detalló: ”Invirtió US$200.000 y sacó una buena cantidad después: incrementó su capital, que es lo que hacen todos los inversores».
Para cerrar, insistió con que Adorni “no cometió ningún delito” y volvió a apoyar su inocencia. “Están diciendo que cometió un delito de evasión y no lo cometió; que cometió un delito de enriquecimiento ilícito y no lo cometió porque fue previo a la función pública; que presentó una declaración jurada copiada… Bueno, lo rectificó y lo hizo a tiempo».
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POLITICA
“Que se la cruce de frente”: tensión en la previa del acto por el Día de la Bandera ante un posible reencuentro entre Milei y Villarruel
El presidente Javier Milei viajará el próximo sábado a Rosario para participar de la ceremonia por el Día de la Bandera. Será la segunda vez que asista a este acto desde 2024, ya que el año pasado decidió no viajar hasta la ciudad santafesina y encabezar su propio festejo en el Campo Argentino de Polo. Quien sí fue era la vicepresidenta Victoria Villarruel, que aprovechó la ocasión para espetar una crítica a su compañero de fórmula por su ausencia al tradicional acto. “No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá”, dijo.
Hasta el momento, Milei y Villarruel coincidieron en ese evento solo en el realizado en 2024. Y podría seguir siendo el único antecedente. Y es que la Casa Rosada podría evaluar no invitarla a la ceremonia al igual que lo hicieron en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.
Si bien la organización del acto del próximo domingo tiene responsabilidad conjunta del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin; en ambos entornos afirman que “las invitaciones de Nación, las maneja Nación” y que no se meterán en asuntos que no les competan.
Voceros oficiales del Gobierno no confirmaron la posibilidad de no invitar a la vicepresidenta, pero tampoco la descartaron. En tanto, al ser consultados sobre esta situación, desde el lado de Villarruel marcaron que “ella siempre va a los actos patrios”. “Si ella quiere ir a Rosario, va a ir. Y le importa muy poco lo que piensen los defensores de corruptos. Que se la cruce de frente”, advierten.
La chicana es en referencia a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Si Milei decide que vaya la cúpula de su Gobierno, sería la primera aparición pública del funcionario luego de dar la entrevista televisiva en la que dio sus explicaciones acerca de su crecimiento patrimonial y sus inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas en años anteriores. En caso de ir, esa gestualidad también sería leída en clave interna, porque no hay funcionarios de gran porte que hayan brindado un apoyo público a Adorni en la última semana y la presión para que dé un paso al costado es cada vez más fuerte. Aun así, el Presidente es la persona que más lo sostiene.
Infobae pudo saber que las invitaciones formales ya fueron cursadas para la gran mayoría del público previsto, como es el caso de las convocatorias políticas, los diputados nacionales y senadores electos por la provincia de Santa Fe. “El Gobernador de la Provincia Invencible de Santa Fe Lic. Maximiliano Pullaro y el Intendente Municipal de Rosario, Dr. Pablo Javkin, tienen el agrado de invitar a Ud/s a participar del acto en conmemoración del Día de la Bandera”, reza la citación.
El evento comenzará a las 10 de la mañana en el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera y los ingresos se harán por Rioja y 1° de Mayo. En caso de lluvia, el acto se desarrollará en la Galería de Honor de las Banderas de América, que se encuentra adentro del monumento.
Las autoridades municipales y provinciales son las que organizan ciertos aspectos de la ceremonia, pero cuando el Presidente confirma su asistencia a un evento de estas características, Nación termina tomando la batuta de las cuestiones organizacionales más importantes, como es la seguridad y la disposición de los invitados.
En esas tareas intervienen áreas como la Casa Militar –el organismo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que resguarda la integridad del Presidente– y la dirección de Ceremonial y Protocolo dependiente de la Presidencia de la Nación. Estas partes ya tuvieron una primera videollamada con las autoridades de Rosario y de la provincia de Santa Fe y se espera que en los próximos días terminen de digitar las cuestiones finas del acto.
“Nosotros vamos a colaborar con todo lo que nos pida Casa Rosada porque son ellos los que toman responsabilidad del acto una vez que Milei confirmó su asistencia. No nos vamos a meter en quilombos internos que no son de nuestra responsabilidad”, afirmó una fuente inobjetable de la ciudad de Rosario al respecto de qué podría ocurrir con una posible desinvitación a la titular del Senado.
La Casa Rosada no invitó a Villarruel a un acto tradicional en la pasada celebración por la Revolución de Mayo realizada el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. En ese entonces, cerca del Presidente marcaron que la Iglesia podía invitarla si es que quería, pero voceros de la entidad religiosa marcaron que las invitaciones corrían por cuenta de Nación.
Como última novedad, Villarruel decidió enviar una carta formal a Manuel Adorni para exigirle que cumpla con su obligación constitucional y se presente en el Senado durante junio, en vez de postergar su informe de gestión para julio. Actuó ante la presión de bloques dialoguistas y del peronismo, que reclamaron que Adorni no acudió en mayo, como establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Además, convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para definir la fecha de la presentación de Adorni ante la Cámara alta en los próximos días, dejando en claro la exigencia de que el jefe de Gabinete rinda cuentas este mes en medio de la creciente intención de sectores intransigentes y dialoguistas para que el funcionario deje su cargo.
Tras las explicaciones del jefe de gabinete sobre su patrimonio, legisladores de la oposición buscan avanzar con una moción de censura contra Manuel Adorni. Senadores kirchneristas y diputados de distintos espacios opositores activaron, en paralelo, el proceso que podría terminar con la remoción del ministro coordinador de su cargo.
La moción de censura es una herramienta institucional al alcance del Congreso que aplica únicamente al jefe de gabinete. Es un mecanismo de remoción, previo requerimiento de rendición de cuentas. Está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ni el presidente ni los demás funcionarios nacionales están alcanzados por este instrumento.
La moción apunta a remover al ministro coordinador de su cargo, cuyo reemplazo deberá ser definido luego por el Presidente. Es decir, a diferencia del jefe de Estado, el Congreso no tiene poder de designación.
La moción de censura consta de dos etapas. La primera es el pedido de interpelación: el jefe de gabinete debe comparecer en una sesión especial ante la cámara que haya suscrito el proyecto con su citación y someterse a las preguntas de sus miembros. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado están habilitados a pedir una interpelación y basta con que una de las cámaras apruebe la convocatoria para que se active el proceso.
A diferencia de lo que sucede durante los informes de gestión, en caso de interpelación, el funcionario no recibe de antemano las preguntas de los legisladores. Según explicaron fuentes parlamentarias a , la convocatoria abre una instancia de preguntas “libres” que, de todos modos, deben atenerse al temario o a los motivos del llamado detallados en la solicitud.
Tras la rendición de cuentas del jefe de Gabinete, la cámara que activó la citación debe votar su remoción del cargo. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros totales de la Cámara).
En caso de que la remoción saliera favorable, la moción de censura deberá ser ratificada en la otra cámara para que se ponga en práctica. Es decir, aunque una cámara en soledad puede activar el proceso, la remoción final exige un acuerdo tanto de diputados como de senadores.
Aunque similar, una moción de censura no es equiparable a un juicio político. Sucede que, ante este último escenario, se requiere que esté demostrada la comisión de un delito o un mal desempeño de sus funciones. En el caso de la moción de censura, esta condición no es necesaria.
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