La Casa Rosada, inmersa en un dilema grave con Manuel Adorni, debió activar a sus espadas políticas para negociar con sus aliados históricos que no abandonen a esta gestión y eviten acompañar el pedido de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, propuesto por las bancadas opositoras en el Congreso.

confirmó a través de distintas fuentes de Balcarce 50 y legislativas que por estas horas trabajan a destajo para contener la escalada en el Senado la jefa de bloque, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En Diputados se mueve Martín Menem, pese a que estuvo los últimos días de visita en Israel. Los primos riojanos son los máximos discípulos de la secretaria general, Karina Milei. Bullrich es la principal detractora interna de Adorni, pero no es su intención prestarse a la estrategia opositora.

El primer objetivo de la Casa Rosada es que se caiga la sesión que se espera para este jueves en la Cámara alta y que debería terminar de ultimarse mañana por la tarde en la reunión de labor parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, una ferviente crítica de Adorni. En el Senado, la interpelación y la moción de censura están movilizadas por el kirchnerismo.

Según pudo saber , los articuladores del gobierno libertario apelaron a una estrategia de presión política sobre sus socios, con el argumento de que no pueden avalar una movida como esta, que no ocurrió nunca en la historia del país. En la Argentina, esta herramienta fue incorporada a la Constitución en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem.

La línea oficial

“Nunca, en 32 años desde la reforma del 94, un jefe de Gabinete fue removido por el Congreso. Y sería para los aliados muy fuerte apoyar algo así”: esa es la línea que se plantea desde Balcarce 50. Les dicen que no pueden dejar este “precedente” y que acá se pone en juego la «institucionalidad».

En la entrevista en LN+ con José del Rio la semana pasada, el jefe de Gabinete admitió haber cometido un delito que podría configurarse como omisión maliciosa, cuando dijo que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000, según él provenientes de una inversión en bitcoins. Esto también cuando frente a la Cámara de Diputados había afirmado, en abril, que “nunca existió ocultación alguna” en los documentos que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

En el Gobierno aseguran que la discusión con los aliados está estrictamente vinculada al tema Adorni y que, en este caso, no hay sobre la mesa obras u otros pedidos de parte de los jefes provinciales para el toma y daca. “Esto es político, no va por ahí”, resumió una de las fuentes libertarias.

Juega a favor de la Casa Rosada que finalmente Adorni va a ir a presentar su informe de gestión a la Cámara alta el próximo 2 de julio. Por protocolo, el jefe de Gabinete responde preguntas por escrito que le envían -en este caso los senadores- y también se expone al cuerpo con cuestionamientos cara a cara durante una sesión especial. Con este argumento también trabajan desde Balcarce 50 para desalentar el intento opositor de interpelarlo por sus problemas judiciales.

En el Senado, la arremetida contra Adorni está impulsada por el kirchnerismo. En la principal bancada de la oposición quieren ir a sesión para insistir y presionar no solo con la interpelación, sino también con la moción de censura. “A ver cuántos se animan a levantar la mano para ratificarlo en el cargo, más allá de los 21 libertarios”, se jactaban este martes en la bancada K.

Para Balcarce 50 el foco está puesto en Pro y en los legisladores que responden a gobernadores, sobre todo radicales, que suelen acoplarse a proyectos de la Casa Rosada, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Desde que arrancó la semana, los bloques aliados al Gobierno convocaron en el Senado a una concatenación de reuniones para intentar fijar postura.

Socios del Gobierno como Pro y el radicalismo están en una encrucijada porque no se muestran dispuestos a subirse al pedido del kirchnerismo, ya que consideran una “hipocresía” de esa bancada señalar a un funcionario por corrupción cuando -alegan- Cristina Kirchner está presa por ese delito; a la vez que tampoco pretenden quedar ante la opinión pública como defensores de Adorni. Más que nada con los bajísimos niveles de imagen que tiene el jefe de Gabinete tras meses de escándalo sin resolver y mientras el Presidente lo mantiene en el cargo.

En esos espacios florece la creatividad para ver de qué manera se despegan de Adorni sin plegarse a la movida K. De mínima, la posición más cómoda sería directamente evitar ir a una sesión el jueves. Podrían intentar algo más.

Si el Gobierno logra sortear el Senado, deberá enfrentar -ya con una a favor- la interpelación y la moción de censura pero de Diputados. En ese caso, el pedido no solo fue hecho por el kirchnerismo, sino también por un variopinto universo de bancadas opositoras, que solicitaron una sesión para el próximo 23 de junio con el fin de girar ambas cuestiones a comisión, aprobarlas, y así después llevarlas a recinto y solo precisar mayoría simple.

El gobierno de Javier Milei limitó la participación pública en la elección de jueces mediante un decreto que modificó el mecanismo para las impugnaciones ciudadanas y borró las recomendaciones de diversidad de género, origen regional y especialidad a la hora de elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del Gobierno, materializada en el decreto 467/2026, publicado este martes y adelantado el domingo por , fue calificado como un retroceso por el Colegio Público de la Abogacía, Poder Ciudadano y el constitucionalista Federico Ambroggio.

El también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue un paso más allá: pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional y que suspenda su aplicación.

El decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó los decretos 222 y 588 de 2003.

La norma elimina la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato.

El argumento es que esa actividad es redundante con la que se da en el Senado. Los antecedentes de los candidatos ya no deberán publicarse en diarios de circulación nacional, sino únicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial.

El nuevo decreto deja sin efecto la recomendación para que el presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.

La reacción del mundo jurídico fue el rechazo. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que se eliminan mecanismos de participación ciudadana, como la publicación durante 15 días de los nombres de los candidatos a jueces, para que ciudadanos, ONG, entidades académicas y organizaciones presenten observaciones fundadas.

“La lógica era simple: la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo” y las observaciones debían ser recibidas y consideradas antes de la decisión final, señaló Secchi.

Ahora se elimina esta instancia y también la posibilidad de requerir opiniones a organizaciones especializadas durante el proceso de selección. “Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”, insistió Secchi.

El constitucionalista Ambroggio afirmó en X que el decreto de Milei “es un retroceso innecesario”. Cuestionó tanto la eliminación de la participación ciudadana directa en la etapa ejecutiva como la supresión de diversidad que el decreto 222 imponía al Presidente al momento de seleccionar candidatos para la Corte.

En coincidencia con Secchi, dijo que cuando el Senado ya recibe un nombre para debatir, la decisión del Poder Ejecutivo está tomada. La instancia ante el Ministerio de Justicia era la única herramienta formal para influir antes de que eso ocurriera y ahora si se la suprime, se reduce el control, interpretó.

Gil Domínguez afirmó que el decreto “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente. También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y, por último, impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino.”

El constitucionalista aclaró que el debate no pasa por si el presidente tiene facultades para derogar decretos de autolimitación −nadie lo niega, dijo− sino por la regresividad injustificada de la medida.

“El problema constitucional y convencional es la regresividad injustificada en una cuestión tan sensible como lo es la designación de jueces y juezas de todas las instancias cuya permanencia en el cargo dura hasta los 75 años”, dijo el letrado.

El punto sobre los 75 años no es menor: un juez de la Corte designado hoy puede estar en funciones durante tres décadas. La ciudadanía tiene, según Gil Domínguez, un interés constitucional legítimo en participar del proceso antes de que esa decisión esté tomada, no solo después. Gil Domínguez ya anticipó que presentará un amparo contra el decreto.

El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal en un comunicado expresó su “preocupación” por el decreto porque señala que es “un retroceso innecesario” y sostiene que la modificación afecta procedimientos que habían consolidado estándares de transparencia y control durante más de veinte años.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió la reforma sosteniendo que “el decreto 222 era una anomalía institucional” y que “el método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana: son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”.

Los constitucionalistas críticos rebaten ese argumento al afirmar que la audiencia en el Senado ocurre cuando el candidato ya fue elegido por el Poder Ejecutivo y que se trata de dos momentos distintos del proceso.

Con el decreto 467/2026, la próxima vez que el Gobierno proponga un candidato para la Corte, organizaciones, universidades y ciudadanos no tendrán ante el Ministerio de Justicia ningún canal formal para objetarlo antes de que llegue al Senado. De este modo el Gobierno se ahorraría la lluvia de cuestionamientos que tuvo como cuando propuso al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Milei los desoyó y luego no encontró los votos necesarios en el Senado.