POLITICA
Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en la Argentina: los detalles y cómo se implementaría

El diputado nacional socialista Esteban Paulón —que integra Provincias Unidas— presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”.
La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria” en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que provoquen sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.
El texto establece dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.
Según el proyecto, el procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.
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Qué requisitos establece el proyecto
La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado médicamente.
Además, la persona deberá manifestar su voluntad de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin presiones externas. El proyecto exige dos solicitudes separadas por al menos 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.
El procedimiento incluiría la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. También deberá intervenir una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.

El texto aclara que la asistencia médica para morir “se integra como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida” y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.
Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal
Uno de los puntos centrales del proyecto es que reconoce la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.
La iniciativa también modifica el Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley.
Además, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para incluir la posibilidad de dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. “La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”, argumenta el texto.
El diputado también cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.
Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.
Las posibilidades de avanzar en el Congreso
En diálogo con TN, Paulón indicó que cree que es posible que el proyecto alcance los consensos necesarios porque “hay votos en todos los bloques”. No obstante, reconoció que la Iglesia jugará un rol fuerte opositor a la iniciativa.
En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Las iniciativas fueron presentadas tanto en Diputados como en el Senado y llevan nombres como “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” y “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.
Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos y reflejan un debate transversal dentro del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no hubo acuerdo entre las distintas propuestas para avanzar con un texto unificado que pueda llegar al recinto.
Hay proyectos presentados al respecto en varios bloques, incluso entre los aliados al gobierno de Javier Milei. En Provincias Unidas, Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO) también tienen un voto a favor de la reglamentación de la eutanasia.
El propio Alfredo Cornejo -hoy gobernador de Mendoza- presentó uno en 2021 junto a Mariana Juri. En junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto
Lo mismo ocurre en el bloque de Unión por la Patria, donde hay una iniciativa la impulsada por la diputada Gabriela Estévez y otro texto conjunto firmado por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.
Eutanasia, Congreso, salud
POLITICA
La Casa Rosada negocia con los gobernadores las fechas electorales de 2027 para apuntalar la reelección de Milei

El Gobierno tiene asumido que son muchas las provincias que el próximo año desdoblarán sus elecciones de las nacionales de octubre. En ese escenario, la Casa Rosada se proponen coordinar con los gobernadores dialoguistas en qué fecha celebrar sus respectivos comicios para forjar una estrategia que allane el camino a la reelección de Javier Milei.
“La Casa Rosada no puede hacer nada para evitar el desdoblamiento. Los gobernadores van a querer plebiscitar su gestión, ninguno va a querer anclar su gestión a la discusión nacional, es absurdo”, sintetizaron a este medio cerca de un mandatario de buen diálogo con el oficialismo.
El antecedente inmediato le da la razón: en 2023 adelantaron sus comicios todas las provincias salvo CABA, Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos. De cara al año próximo, en Balcarce 50 imaginan un escenario similar.
El primero en dar el paso en esa dirección fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que esta semana fijó la fecha de la elección provincial para el 9 de mayo de 2027. No es el único.
Según pudo corroborar TN, a esa lista se sumaría Santa Fe, que hasta ahora prevé llamar a los comicios para junio; Río Negro, que apunta a abril o mayo a más tardar; San Juan y Entre Ríos, con fecha todavía por definir. También acudirán antes a las urnas Mendoza, que por ley celebra sus PASO en julio; y Tierra del Fuego, que por su Constitución vota 90 días antes de las nacionales; entre otros distritos.
En ese sentido, en el Gobierno aseguran haber sido avisados de antemano de la maniobra y descartan que pueda empañar la relación con los gobernadores dialoguistas.
“Nadie quiere discutir la nacional cuando se discute lo local y el Gobierno no puede hacer nada con eso. Lo que puede hacer es ordenar una estrategia política y llevarla adelante con el escenario del desdoblamiento”, enfatizó una fuente al tanto de las conversaciones.
En relación con esto último, los negociadores de la Casa Rosada se encuentran en conversaciones con cada una de las provincias con las que hay diálogo para definir cómo será la disputa electoral. Los términos incluyen posibles acuerdos sobre las fechas de las elecciones adelantadas, con el objetivo de evaluar distintas estrategias en función de cómo queda el calendario.
“Por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires fija una fecha, poner varias provincias ese domingo, hay un montón de herramientas para jugar”, explicaron como una posibilidad a este medio. Sin embargo, las conversaciones todavía son muy incipientes.
En paralelo, el Gobierno negocia distrito por distrito dónde competirá con candidatos propios y dónde podría entablar alianzas con otros partidos -sea el Ejecutivo local u otras fuerzas opositoras que disputen la gobernación-.
Según anticipó TN, La Libertad Avanza planea ir sin alianzas con los gobernadores en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa y Misiones. En esos distritos, la idea es presentar candidatos propios y preservar el sello libertario como herramienta de construcción territorial.
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En cambio, en Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, San Juan y San Luis se prevé llegar a acuerdos electorales con los mandatarios provinciales, mientras que en la provincia de Buenos Aires se buscará repetir una alianza con sectores del PRO, la UCR y fuerzas no peronistas para disputar el distrito gobernado por Axel Kicillof.
En la Ciudad de Buenos Aires, la discusión con el PRO continúa abierta y si bien no se descarta llegar a un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, Karina Milei le pidió a sus referentes partidarios llegar a 2027 con un candidato propio.
desdoblamiento, Gobierno
POLITICA
¿Qué chances tiene en la ONU? Claves de la nueva estrategia de Cristina Kirchner

Será decisión de la Corte. No hay antecedentes similares. La Corte sí admitió la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la expresidenta decidió no ir por el camino del sistema interamericano. Según los defensores de Cristina Kirchner, las decisiones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes por los compromisos que asumió la Argentina con la ONU, pero la Corte argentina nunca declaró tal cosa. “Aunque lo que emita se llame dictamen, es una decisión que debe respetar el Estado argentino”, dijo Beraldi. Para el abogado constitucionalista Pablo Manili, eso no está tan claro: “Hay que ver qué dice la Corte. Sí reconoce la obligatoriedad de la Corte Interamericana, pero esto es un comité. No es un órgano jurisdiccional”. Manili recordó que la Corte argentina consideró vinculantes algunos dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no todos.
POLITICA
El Senado convocó a audiencias públicas para avanzar con 30 pliegos judiciales: busca cubrir dos vacantes clave

La Comisión de Acuerdos del Senado fijó para el 12 y 13 de agosto una treintena de audiencias públicas para avanzar con 30 nombramientos judiciales, entre ellos se destacan los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para una sala de la Cámara Federal porteña que revisará causas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA, la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la investigación contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La convocatoria para estas audiencias ya fue publicada en el Boletín Oficial y quedará incorporada a la agenda legislativa tras el receso de invierno.
Para obtener dictamen favorable, cada postulación necesita al menos nueve firmas dentro de una comisión de 17 integrantes. Ese número aparece hoy al alcance de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que juntos reúnen nueve miembros y podrían controlar el trámite si sostienen una posición común.
Entre las postulaciones enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, las de Bertuzzi y Yadarola concentran la mayor atención política. Ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Ese tribunal revisa actuaciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. En ese marco, deberá intervenir en la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.

La misma sala también tendrá a estudio resoluciones en otras causas de alto impacto, entre ellas la investigación por presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde están bajo investigación Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Además, podría revisar el expediente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y las propiedades que se le adjudican.
El pliego de Pablo Bertuzzi arrastra una controversia abierta desde 2018, cuando fue trasladado por decreto del entonces presidente Mauricio Macri desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y derivó en una disputa política y judicial que todavía gravita sobre su candidatura.
El bloque Justicialista que encabeza el formoseño José Mayans prevé volver a objetar su postulación cuando se presente ante la comisión el 12 de agosto. El antecedente más directo se remonta a septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia desde el mismo tribunal oral hacia la cámara porteña.
Ambos magistrados habían intervenido en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos. Después de aquella decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
La Corte luego declaró inconstitucional el traslado de Bertuzzi a la Cámara, aunque resolvió mantenerlo provisoriamente en el cargo. Frente a esa situación, el Gobierno libertario abrió el concurso para cubrir la vacante que ocupa él y también la de Bruglia.
La nueva tanda de nombramientos forma parte de una decisión política más amplia. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Senado aprobó 170 pliegos, entre ellos la prórroga por cinco años del mandato de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, al cumplir 75 años.
luciano ingaramo / comunicacin senado.-
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