POLITICA
Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en la Argentina: los detalles y cómo se implementaría
El diputado nacional socialista Esteban Paulón —que integra Provincias Unidas— presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”.
La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria” en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que provoquen sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.
El texto establece dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.
Según el proyecto, el procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.
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Qué requisitos establece el proyecto
La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado médicamente.
Además, la persona deberá manifestar su voluntad de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin presiones externas. El proyecto exige dos solicitudes separadas por al menos 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.
El procedimiento incluiría la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. También deberá intervenir una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.
El texto aclara que la asistencia médica para morir “se integra como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida” y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.
Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal
Uno de los puntos centrales del proyecto es que reconoce la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.
La iniciativa también modifica el Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley.
Además, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para incluir la posibilidad de dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. “La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”, argumenta el texto.
El diputado también cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.
Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.
Las posibilidades de avanzar en el Congreso
En diálogo con TN, Paulón indicó que cree que es posible que el proyecto alcance los consensos necesarios porque “hay votos en todos los bloques”. No obstante, reconoció que la Iglesia jugará un rol fuerte opositor a la iniciativa.
En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Las iniciativas fueron presentadas tanto en Diputados como en el Senado y llevan nombres como “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” y “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.
Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos y reflejan un debate transversal dentro del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no hubo acuerdo entre las distintas propuestas para avanzar con un texto unificado que pueda llegar al recinto.
Hay proyectos presentados al respecto en varios bloques, incluso entre los aliados al gobierno de Javier Milei. En Provincias Unidas, Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO) también tienen un voto a favor de la reglamentación de la eutanasia.
El propio Alfredo Cornejo -hoy gobernador de Mendoza- presentó uno en 2021 junto a Mariana Juri. En junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto
Lo mismo ocurre en el bloque de Unión por la Patria, donde hay una iniciativa la impulsada por la diputada Gabriela Estévez y otro texto conjunto firmado por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.
Eutanasia, Congreso, salud
Tras semanas de tensión paritaria, con un paro provincial de por medio y una oferta rechazada de plano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró este miércoles un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes y el personal de la Ley 10430: un aumento del 7% escalonado, con un 5% a aplicarse en julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.
La firma se produjo con el respaldo de la mayoría de las asociaciones sindicales convocadas a la mesa de negociación y pone fin, al menos por ahora, al conflicto que tensó la relación entre el Ejecutivo bonaerense y los trabajadores estatales durante las últimas semanas.
El acuerdo llega después de que la negociación tocara un piso el 3 de julio, cuando el gobierno ofreció un incremento del 2,5% y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente —SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA— lo rechazaron sin siquiera someterlo a consulta de las bases. Aquella reunión virtual, convocada de manera extraordinaria, no arrojó ningún acuerdo y quedó en cuarto intermedio sin fecha de reanudación confirmada. La distancia entre lo que el Estado provincial estaba dispuesto a ofrecer y lo que los sindicatos consideraban aceptable era, en ese momento, considerable.
El cierre de esta nueva paritaria no es un hecho aislado: se produce en un clima en el que los docentes bonaerenses habían realizado, días antes de aquella reunión fallida, el primer paro de alcance estrictamente provincial en seis años de gestión de Kicillof. La medida de fuerza, que los propios gremios estimaron con un 95% de acatamiento, marcó un punto de inflexión en la dinámica del conflicto y aceleró los tiempos de la negociación.
El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, valoró el resultado alcanzado: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial».
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, subrayó el alcance de lo acordado más allá de los números: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas.»
El rechazo a la oferta del 2,5% y el paro que aceleró la negociación
El 1 de julio, los gremios del Frente de Unidad Docente llevaron adelante una huelga en las escuelas públicas bonaerenses que, según sus propias estimaciones, alcanzó un 95% de acatamiento. Fue la primera medida de fuerza de alcance exclusivamente provincial desde que Kicillof asumió la gobernación. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, la describió como “contundente en toda la provincia” y señaló que la protesta respondía tanto a la falta de recomposición salarial como a la situación de violencia en las escuelas.
Olivera fue precisa respecto de la posición de los sindicatos frente al aumento: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB era obtener un incremento por encima del IPC, dado que la pérdida de poder adquisitivo afectaba de manera directa la economía de cada trabajador.
Dos días después del paro, el Ejecutivo provincial convocó de urgencia a una reunión virtual en la que ofreció el 2,5% mencionado. Los gremios del Frente de Unidad Docente lo rechazaron sin consulta a las bases y la mesa quedó en suspenso. Desde el gobierno reconocieron las limitaciones del contexto: “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, señalaron fuentes oficiales.
Qué incluye el acuerdo para el sector docente
Más allá del incremento salarial, el acuerdo para los trabajadores de la educación incorpora una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso hacia el personal docente. El texto busca fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de estas situaciones, con especial atención a los casos graves o complejos, que a partir de ahora serán tratados en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. El Estado provincial también reforzará las acciones que le corresponden en este marco.
La problemática de la violencia escolar había sido uno de los ejes del conflicto previo. Olivera había advertido que en las dos semanas anteriores al paro se registraron entre seis y siete casos graves en distintos distritos, y que los docentes eran agredidos tanto por padres como por alumnos. “El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, señaló la dirigente de la FEB.
El acuerdo también contempla la creación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y piezas de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre la escuela y las familias.
Detalles del acuerdo para el personal de la Ley 10430
Para los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, el acuerdo va más allá del ajuste salarial. El texto contempla el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, una medida de estabilidad laboral que afecta a una franja de empleados estatales incorporados durante los últimos dos años.
A eso se suma la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos, con el objetivo de actualizar y transparentar los mecanismos de acceso a posiciones de conducción dentro del Estado provincial.
El acuerdo prevé además la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa y otros temas pendientes de resolución en el ámbito de la negociación colectiva con este sector del empleo público bonaerense.
POLITICA
Signos de alivio y sugestivo silencio oficial en la Armada tras la sentencia judicial por el ARA San Juan
Con sorpresa y alivio se recibió en la Armada el fallo judicial que absolvió a tres oficiales superiores y condenó –con una pena de ejecución condicional- al capitán de navío Claudio Javier Villamide en el juicio por la tragedia del ARA San Juan.
Pero la satisfacción no es plena, dado que la sentencia generó posiciones encontradas en la Armada, admitieron a fuentes navales. Frente al silencio de la conducción de la fuerza, sectores que transmiten la posición de almirantes retirados lamentan la condena a un oficial superior.
Son varios en la Armada los que esperaban una absolución completa de los cuatro oficiales llevados a juicio, para evitar antecedentes que en el futuro les jueguen en contra a los oficiales que asuman la conducción de personal y medios de la fuerza.
En ese sentido, la preocupación expresada días atrás por sectores cercanos al Foro de Almirantes Retirados no fue acompañada con la misma energía por la conducción de la Armada, que encabeza el almirante Juan Carlos Romay.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal, que había pedido penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro marinos acusados, evalúa recurrir la sentencia a Casación cuando se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto.
Un detalle significativo que en la Armada no pasan por alto es que mientras las absoluciones tuvieron el voto unánime de los jueces, no ocurrió lo mismo con la condena a Villamide, que fue dispuesta por mayoría. “Iba a ser muy difícil que el tribunal absolviera a los cuatro oficiales”, confiaron a fuentes de la Armada.
Con el antecedente de la condena a quien tuvo en sus manos la dirección de la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia, si bien la pena es de ejecución condicional, se cortó en un tercer nivel de la cadena de mandos la responsabilidad por el naufragio del submarino. Quedaron exceptuados el entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, así como el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes cumplían funciones en la Fuerza de Submarinos. Villamide compartió con todos ellos el desgastante proceso judicial. En cambio, no fue llavado a juicio el entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur.
La Justicia tampoco posó su mirada sobre las autoridades políticas, de cuyas decisiones se desprenden los recursos que se asignan a las Fuerzas Armadas para que los medios militares puedan estar en buenas condiciones y dar seguridad.
Sectores navales interpretan que el fallo quiebra un paradigma no escrito, según el cual el comandante de un buque es el responsable directo de lo que suceda con su unidad. La sentencia corrige ese criterio y desplaza esa carga al superior del comando o división naval, que para evitar riesgos o potenciales demandas administrará los recursos con criterios restrictivos.
“Perseguir a la estructura superior en tierra invierte un principio elemental de la profesión naval y solo prospera ante una opinión pública que desconoce cómo funciona el comando en el mar”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, al ser consultado por .
El Consejo de Guerra
Con su fallo, el tribunal concentró la exclusiva responsabilidad por el desenlace del submarino ARA San Juan en el oficial de la Armada que fue destituido por el Consejo General de Guerra, un tribunal disciplinario que se constituyó durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Villamide fue el único marino sancionado por ese organismo, que argumentó “faltas gravísimas”, al imputarle “negligencia por falta de cuidado o descuido de la tropa y del equipamiento a su cargo”. Ese castigo lo privó del grado militar, de sus haberes –su esposa recibe una pensión equivalente al 75% de sus ingresos- y le impide vestir el uniforme militar, que no pudo lucir en el casamiento de su hija. Ese mismo Consejo de Guerra le aplicó al almirante Srur –el jefe máximo de la Armada durante la tragedia del submarino- un arresto de 45 días.
En tanto, en la Armada cuestionan la sanción disciplinaria del Consejo de Guerra, que no tuvo ningún marino entre sus integrantes.
Demandas civiles
Una de las perspectivas que asoman tras el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, si bien todavía no se encuentra firme, son las posibles demandas por resarcimientos civiles que seguirán a la instancia penal.
En el juicio hubo reclamos de una reparación integral, aunque en lo inmediato se espera que la Fiscalía y las querellas se concentren en los recursos de apelaciones y planteos de nulidad para impugnar lo actuado por el tribunal.
Las familias de las víctimas no cobraron aún una indemnización por la tragedia del submarino, ocurrida hace ocho años y ocho meses. Hubo una ayuda económica que otorgó por ley el gobierno de Alberto Fernández, que exigía como condición la renuncia “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Submarino ARA San Juan,Conforme a,Fuerzas Armadas,,La tragedia del submarino. La Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio por el ARA San Juan,,Caso ARA San Juan. Preocupa en la Armada la inminente sentencia judicial contra cuatro oficiales marinos,,»Vuelos bautismo». Pilotos argentinos volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca
POLITICA
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner continúe cobrando su pensión de más de $15 millones mensuales por viudez
Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.
Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.
La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.
En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.
Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.
Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
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Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
cristina kirchner, ANSES, pension
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