Por orden expresa del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, avanza con el achicamiento de la estructura estatal, con especial foco en los organismos descentralizados, a través de un esquema de retiros voluntarios que evalúan extender también a la administración central, según confirmaron dos fuentes a Infobae.

Desde el inicio de la gestión, la “motosierra” se transformó en uno de los símbolos distintivos del oficialismo que se esfuerza por potenciar día a día. En ese marco, la cartera que lidera Sturzenegger trabaja en la reducción del Estado apoyada, entre otras herramientas, en acuerdos de desvinculación voluntaria que fueron implementados en distintos organismos y que podrían ampliar su alcance en las próximas semanas.

Como contó este medio, en marzo de este año el Poder Ejecutivo calculaba una reducción de al menos 5000 puestos de trabajo para el primer trimestre de este 2026. Según confirmó un funcionario involucrado en el proceso, hasta ahora más de 2.300 personas adhirieron a los retiros voluntarios, aunque en el Gobierno aseguran que el impacto de las nuevas etapas incrementará significativamente esa cifra en los próximos meses.

“En cada retiro se proyecta un numero por un tema presupuestario, pero no hablamos de un objetivo general. Además hay retiros que surgen de los mismos organismos que los solicitan. Es algo completamente dinámico”, explicaron desde Casa Rosada.

Hasta entonces, los retiros voluntarios ya finalizaron en la Dirección Nacional de Vialidad, donde estiman que dejaron el organismo cerca de 1.000 empleados, y también en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con alrededor de 1.170 desvinculaciones. En el oficialismo destacan ambos procesos como “los más exitosos”, ya que representan aproximadamente el 10% de la dotación de cada organismo.

La política se implementó en la empresa Radio y Televisión Argentina (RTA), que combinado con los acuerdos voluntarios que se instrumentaron bajo la intervención de Carlos Curci, redujo la dotación en más de 252 empleados; en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Casa de la Moneda y en la empresa ferroviaria Belgrano Cargas y Logística (BCyL).

“Quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años”, remarcan en la administración libertaria, que además se prepara para avanzar con un nuevo proceso en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En paralelo, el oficialismo prevé abrir nuevos retiros en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que cuenta con una planta cercana a los 11.000 empleados, además de otros cuatro organismos que mantienen bajo análisis, aunque evitan precisar cuáles son al considerar que se trata de un proceso “dinámico”.

El Gobierno defienden los acuerdos de desvinculación mutua, que contemplan el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado, y sostienen que evita la escalada de conflictividad. “Es de mutuo acuerdo. Son voluntarios por lo cual tienen menor nivel de conflicto. A su vez, le permiten un ahorro al Estado: depende del retiro y la antigüedad de la persona, pero en muchos casos, en menos de un año, ya se generan ahorros”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

En la cartera que conduce Sturzenegger consideran además que el retiro voluntario resulta “más económico que una indemnización”, y aseguran que en varios organismos son los propios trabajadores quienes solicitan acceder al esquema. Además, el Ejecutivo estudia extender el mecanismo a áreas de la administración central. “Es una posibilidad a analizar”, afirmaron.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, la administración pública nacional y las empresas estatales suman 276.104 empleados, lo que representa una reducción interanual del 6,3% respecto de marzo de 2025. En Casa Rosada aseguran que, entre retiros voluntarios y contratos no renovados, desde el inicio de la gestión ya se redujeron más de 65.000 puestos en la estructura estatal.

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La localidad rionegrina de Allen está convulsionada por la presentación de firmas vecinales para pedir la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, quien en paralelo afronta una causa judicial por presunta malversación de fondos públicos y peculado.

Una mujer jubilada de la localidad y una ex empleada municipal, despedida durante la gestión del jefe comunal, tomaron la iniciativa de reunir las firmas para elevar el petitorio al Concejo Municipal.

Argumentan una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales de la comuna, como eje principal de la presentación.

Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.

Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.

Román aún se muestra como el único intendente libertario de la provincia, aunque sin respaldo político expreso: desde esa estructura política aseguran que “está solo, los armadores libertarios le soltaron la mano”.

A partir de la causa judicial que lo involucra, la gestión de Román al frente del ejecutivo de Allen ingresó en zona de turbulencias, aunque la reciente presentación de firmas para desplazarlo del cargo agudizó la crisis institucional en la ciudad frutícola.

Silvina Cantero es una docente jubilada, ex afiliada al gremio docente de la provincia, quien asumió la iniciativa de colectar firmas para desplazar al intendente. Desde fines de 2025 hasta la actualidad acumuló más de 3.000 rúbricas, que fueron elevadas al legislativo local para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, tal como lo establece la Carta Orgánica local.

Tras la presentación, aseguró que no hubo representaciones políticas detrás de la campaña contra Román y que la misma responde a “una convicción propia”.

En la nota que acompañó las firmas, la mujer detalló que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.

El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidiano. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público.

Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actuó a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.

Causa judicial

Román está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque la causa judicial es independiente de la campaña de firmas.

El mandatario fue procesado por la Justicia y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.

Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.