POLITICA
Presentaron un proyecto para legalizar la eutanasia en la Argentina: los detalles y cómo se implementaría
El diputado nacional socialista Esteban Paulón —que integra Provincias Unidas— presentó en el Congreso un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina bajo el nombre de “Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida”.
La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a “solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria” en casos de enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos imposibilitantes que provoquen sufrimiento físico o psíquico “constante e intolerable”.
El texto establece dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por un médico.
Según el proyecto, el procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin copagos.
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Qué requisitos establece el proyecto
La iniciativa fija una serie de condiciones para acceder a la práctica. Entre ellas, ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante certificado médicamente.
Además, la persona deberá manifestar su voluntad de manera “libre, voluntaria, consciente e informada”, sin presiones externas. El proyecto exige dos solicitudes separadas por al menos 15 días y contempla la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento.
El procedimiento incluiría la intervención de un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. También deberá intervenir una Comisión de Evaluación y Garantías antes de autorizar la práctica.
El texto aclara que la asistencia médica para morir “se integra como opción excepcional dentro del proceso de cuidados al final de la vida” y obliga al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.
Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal
Uno de los puntos centrales del proyecto es que reconoce la objeción de conciencia individual para médicos y profesionales de la salud, aunque prohíbe que las instituciones puedan negarse a realizar el procedimiento por motivos ideológicos o religiosos.
La iniciativa también modifica el Código Penal para establecer que no será punible el profesional de la salud que realice una eutanasia o muerte asistida cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley.
Además, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial para incluir la posibilidad de dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.
Los fundamentos del proyecto
En los fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es garantizar la autonomía de las personas sobre el final de su vida y evitar sufrimientos considerados incompatibles con la dignidad humana. “La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive”, argumenta el texto.
El diputado también cita antecedentes internacionales y menciona legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.
Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos y al acceso a cuidados paliativos, pero la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados dentro de los delitos contemplados por el Código Penal.
Las posibilidades de avanzar en el Congreso
En diálogo con TN, Paulón indicó que cree que es posible que el proyecto alcance los consensos necesarios porque “hay votos en todos los bloques”. No obstante, reconoció que la Iglesia jugará un rol fuerte opositor a la iniciativa.
En los últimos años ingresaron al Congreso al menos cinco proyectos vinculados a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Las iniciativas fueron presentadas tanto en Diputados como en el Senado y llevan nombres como “Ley de Buena Muerte”, “Buena muerte médicamente asistida” y “Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida”.
Los proyectos fueron impulsados por legisladores de distintos espacios políticos y reflejan un debate transversal dentro del Congreso. Sin embargo, hasta el momento no hubo acuerdo entre las distintas propuestas para avanzar con un texto unificado que pueda llegar al recinto.
Hay proyectos presentados al respecto en varios bloques, incluso entre los aliados al gobierno de Javier Milei. En Provincias Unidas, Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO) también tienen un voto a favor de la reglamentación de la eutanasia.
El propio Alfredo Cornejo -hoy gobernador de Mendoza- presentó uno en 2021 junto a Mariana Juri. En junio de 2024 hizo lo propio el diputado peronista Miguel Ángel Pichetto
Lo mismo ocurre en el bloque de Unión por la Patria, donde hay una iniciativa la impulsada por la diputada Gabriela Estévez y otro texto conjunto firmado por legisladores como Carolina Gaillard y Blanca Osuna.
Eutanasia, Congreso, salud
POLITICA
El vicepresidente de Estados Unidos visitará la Argentina en noviembre para reunirse con Milei
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron a TN fuentes oficiales. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional. “En principio van a ser entre dos y tres días de actividades”, expresan en Nación.
“Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, aseguran. Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que realizará Vance durante su estadía.
La visita será uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina. La última vez que un vicepresidente estadounidense estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Donald Trump.
Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente.
La llegada prevista para noviembre se produce en un momento de intensa agenda bilateral. El Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses los contactos con Washington en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.
Uno de esos capítulos es el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuya implementación todavía tiene componentes pendientes. La Casa Rosada viene trabajando para avanzar por vías administrativas en aquellos puntos que no requieren aprobación legislativa y, en paralelo, mantiene conversaciones sobre los aspectos que necesitan decisiones del Congreso estadounidense.
También existe una agenda vinculada con inversiones e infraestructura. Funcionarios de ambos países vienen manteniendo contactos por proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología, en los que Washington analiza herramientas de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación ante la nueva ola de insultos y descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado publicado este viernes, la entidad que nuclea a más de 100.000 matriculados señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”. Defendió el rol de la prensa y destacó que la profesión “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”.
El texto alude a “la reiteración de expresiones agraviantes” por parte de Milei en redes sociales. Esta semana, el Presidente dedicó insultos y descalificaciones a las periodistas Maru Duffard y Jesica Bossi. En las últimas horas calificó a Fernán Saguier, director de , como el “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”, en respuesta a un editorial sobre las jubilaciones de privilegio.
“Una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, añade el comunicado del Colegio, que preside la doctora Alejandra García.
Al cerrar su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los agraviados y manifestó el apoyo a la libertad de expresión “como herramienta esencial de una sociedad democrática”.
El ataque a
Milei estuvo particularmente activo en sus descalificaciones al periodismo durante esta semana. El jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas.
La agresión estuvo dirigida contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
En los días previos, tomó como blanco a la periodista María Eugenia Duffard, conductora de Infobae TV, por una entrevista que le hizo a Máximo Kirchner. La llamó “basura”, “corrupta”, “zurda inmunda” y “chorra”. Siguió día tras día reproduciendo mensajes contra ella. También atacó a Jesica Bossi por comentarios que hizo para TN en su cobertura del Coloquio de IDEA. La trató de “tremenda ignorante” y la calificó de “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.
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POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: “Comprender es un derecho”
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.
El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.
El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.
El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.
Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.
Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.
En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.
La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.
“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.
En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.
La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.
Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.
“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.
El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.
Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.
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