ECONOMIA
Empresas del biodiesel proponen cambios al proyecto del Gobierno para «resguardar 10.000 empleos»

La Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) presentó este viernes una propuesta alternativa al proyecto de ley presentado en el Congreso por el Gobierno nacional pero que entienden concentra la producción en las compañías no integradas y en las grandes aceiteras, y pone en riesgo 25 plantas del interior del país.
«Para el sector pyme, el proyecto oficial de biocombustibles no es una reforma, sino la sentencia de cierre de 25 plantas del interior y de los 10.000 empleos, directos e indirectos, que dependen de ellas», afirmó la entidad al dar a conocer «una propuesta alternativa, con el objetivo de garantizar que el aumento del corte obligatorio (del gasoil) se traduzca en más producción federal y no en una redistribución del mercado hacia los actores de mayor escala».
La propuesta de las pymes es sostener el reparto que hoy permite que esas plantas existan, llevando el corte obligatorio al 12,5% -más alto que el 10% que plantea el proyecto oficial de la senadora Patricia Bullrich- distribuido en 5% para las 17 plantas pyme regionales, 2,5% para las 8 compañías no integradas y 5% para las aceiteras.
«La discusión no es contra nadie. Es a favor de que la ley respete la inversión de las 25 pymes del interior del país que están en riesgo. El resultado de una buena ley lo define la escala, y ahí las plantas regionales pyme no tienen forma de competir con las plantas no integradas y con las aceiteras, que son las productoras de la materia prima que es el aceite», señalaron desde Cepreb.
El proyecto de biocombustibles y la advertencia de las empresas
El sector remarca que no se opone a que se sancione una nueva ley, a que suba el corte obligatorio, ni a que ingresen nuevos actores como las aceiteras. De hecho, su propuesta plantea un corte más alto que el oficial -12,5% en lugar de 10%- para dar lugar a todos los eslabones sin sacrificar a ninguno.
Hoy en día, las plantas regionales compran su materia prima -aceite de soja- a las mismas empresas con las que después va a competir por el mercado del biodiesel.
Detrás de esas 25 plantas hay una cadena de valor que empieza en la producción agrícola. Las pymes de biodiesel se abastecen de aproximadamente 400 extrusoras que les proveen aceite, agregando valor en cada eslabón antes de llegar al producto final. «Es una cadena que generó arraigo, empleo calificado y desarrollo en el interior del país durante años», asegura la entidad.
El criterio que el sector reclama ya está contemplado en el propio proyecto oficial, dado que la ley establece porcentajes de corte diferenciados para proteger al bioetanol de caña de azúcar del norte argentino frente al bioetanol de maíz, en reconocimiento de su impacto socioeconómico y territorial.
«Si el criterio federal sirve para los ingenios, sirve también para las plantas regionales de biodiesel. Es el mismo problema y la misma solución», plantearon desde el sector.
Lo que está en juego para las pymes
Las plantas radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, hoy producen 900.000 toneladas anuales para cubrir el corte del 7,5% del gasoil. Se distribuye en las plantea de Santa Fe, 360.000 toneladas; Buenos Aires, 355.000; La Pampa, 85.000; Entre Ríos, 55.000; y San Luis, 45.000.
Son unidades productivas diseñadas para hasta 50 mil toneladas por año, con empleo calificado, proveedores locales y arraigo territorial en ciudades del interior donde suelen ser uno de los principales empleadores industriales.
«Elevar el corte al 12,5% sumaría 600.000 toneladas nuevas de demanda, y Santa Fe -donde ya están radicadas las principales plantas no integradas- sería la provincia que más se beneficie de ese crecimiento», aseguran en la cámara.
Esto no representa un problema en sí mismo, debido a que ese beneficio surge del aumento del corte, no de quitarle producción a las pymes de otras provincias. El punto que el sector remarca es que ese crecimiento debe darse sin tocar lo que ya producen las 25 plantas regionales y no integradas, para que el nuevo mercado se sume sin desplazar al que ya existe.
El proyecto oficial, sin embargo, no garantiza esa frontera entre lo nuevo y lo existente. Al habilitar el co-procesamiento y no fijar un reparto explícito, no hay nada que impida que las compañías no integradas y las aceiteras -concentradas en Santa Fe- absorban también parte de la producción que hoy sostienen las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, además de quedarse con el crecimiento nuevo.
Que Santa Fe crezca por el aumento del corte es una cosa; que crezca corriendo a las pymes de las demás provincias es otra, y es exactamente lo que el reparto explícito busca evitar, explicaron los voceros del sector. Esa pérdida, de ocurrir, no sería solo económica: implicaría riesgo de despidos y, en las localidades donde estas plantas son uno de los principales empleadores, riesgo de desarraigo de la población.
La asignación del porcentaje de corte a los combustibles
El sector remarca que los porcentajes de corte no son una concesión discrecional, sino el resultado de un mecanismo reglado que otorga a quien acredita el cumplimiento de los requisitos de inversión previstos por la normativa, con independencia de la escala o la estructura societaria de cada empresa.
Ese fue el criterio con el que se construyó el mapa productivo actual del biodiesel, y es el mismo criterio que el sector pide que se sostenga hacia adelante: reglas claras, conocidas de antemano, aplicadas por igual a quien decida invertir.
El sector insiste en que no busca bloquear una nueva ley, sino que ésta se construya con previsibilidad. La Ley 27.640 estableció ese marco, y a quien invirtiera bajo sus condiciones se le garantizaba un porcentaje de corte y un período de recupero. «Modificar esa lógica no es un buen mensaje para quien evalúa invertir en el país, y pone en riesgo los empleos que se generaron», advierten.
«Por eso el sector busca intervenir en el debate parlamentario, pero no para frenar la ley, sino para que sea una ley equitativa, con reglas previsibles, que permita seguir invirtiendo y creciendo sin sacrificar a ninguna región del país» finalizan en su análisis.
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ECONOMIA
Cuánto cobrarán en diciembre los jubilados que perciben la mínima con el aguinaldo y el bono

- Jubilación mínima: $453.797
- Jubilación mínima con bono: $523.797
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.038
- PUAM con bono: $433.038
- Pensiones no contributivas: $317.658
- Pensiones no contributivas con bono: $387.658
- Pensión Madre de 7 Hijos: $453.797
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $523.797
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $163.075
- AUH con Discapacidad: $530.982

- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
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ECONOMIA
Milei está a un paso de reformar el BCRA: la ley ya tiene fecha de votación en Diputados

Tras varios meses de demora, el oficialismo apunta a convertir el proyecto en ley la semana próxima. Qué cambia y por qué es clave para Milei
Puntos importantes
Milei impulsa la reforma del BCRA para prohibir su emisión al Tesoro.
Diputados aprobará la ley pronto, aceptando la modificación del Senado.
El objetivo es preservar la moneda y dar señal a mercados.
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ECONOMIA
El Gobierno habilitó nuevas licitaciones para concesionar más de 25 tramos de rutas nacionales

El Gobierno nacional dispuso la ampliación de la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que busca transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de nuevos tramos de rutas nacionales mediante contratos de peaje.
Por medio de la publicación del Decreto N° 1358/2026 en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se habilitó la incorporación de caminos que hoy están bajo administración estatal al régimen de concesión previsto en la Ley N° 17.520. Así, un total de 27 tramos podrían ser susceptibles de ser licitados.
En la provincia de Buenos Aires quedaron alcanzadas las rutas nacionales 3 —en el tramo que comparte con Chubut y Santa Cruz—, 22 —junto con La Pampa—, 33, 35 —que también atraviesa La Pampa y Córdoba—, 228 y el acceso A0017. La ruta 9, por su parte, integró el listado en su recorrido por Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
También se incorporaron las rutas nacionales 11, que atraviesa Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, en Entre Ríos; la 14, que une Corrientes y Misiones; y la 16, en los sectores de Santiago del Estero, Chaco y Salta.

En la Patagonia, se incluyó a las rutas nacionales 25 y 26, ambas en Chubut, además de la 237 en Neuquén. En el centro y norte del país aparecen las rutas 34, entre Jujuy y Salta; 38, en Córdoba y La Rioja; 50, en Salta; 60 y 158, en Córdoba; y la 89, entre Chaco y Santiago del Estero.
Por último, también se sumaron las rutas 81 y 86, en Formosa; las 120, 121 y 122, en Corrientes; y las 151 y 152, en La Pampa. Cada una podrá integrar total o parcialmente futuros corredores de peaje, siempre que esos sectores no formen parte de concesiones ya vigentes.
Esta aclaración aplicaría para las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35, que ya figuran en etapas previas y que volvieron a ser incluidas en la nueva ampliación.
Por otro lado, se estableció que el Ministerio de Economía, por medio de la Secretaría de Transporte, podrá conformar los nuevos tramos con la totalidad o parte de las rutas incluidas en un anexo del decreto. Para hacerlo, deberá contar previamente con un informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
De esta manera, la cartera económica tendrá a su cargo la elaboración y aprobación de los pliegos, la convocatoria a licitaciones públicas nacionales e internacionales, la evaluación de las ofertas, la adjudicación y la firma de los contratos. El decreto fijó un plazo de 12 meses desde su entrada en vigencia para realizar los llamados a concurso.
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Los futuros concesionarios podrán encargarse de la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También estarán habilitados para desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales, además del cobro de peajes.
Aunque Economía llevará adelante las licitaciones y otorgará las concesiones, la DNV será la autoridad de aplicación de los nuevos contratos. En este sentido, el organismo deberá supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones que asuman las empresas adjudicatarias.
El Gobierno justificó la medida con el argumento de que la participación privada permitirá financiar obras y tareas de mantenimiento en la red vial, mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad y reducir costos logísticos. En línea con esto, remarcaron que objetivo oficial de limitar el uso de recursos del Estado y sostener el equilibrio de las cuentas públicas.
La decisión se integró al programa Red Federal de Concesiones, lanzado para reemplazar la gestión estatal de distintos corredores por contratos de obra pública por peaje. El plan se apoya en los cambios introducidos por la Ley Bases, que amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró a Corredores Viales S.A. sujeta a privatización.
Según los antecedentes citados en el decreto, las etapas I, II, II-B y III del programa ya fueron licitadas y adjudicadas. Esas instancias abarcaron corredores como Oriental, Conexión, Sur, Atlántico, Acceso Sur, Pampa, Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur, Portuario Norte, Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.
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