El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias para transformar el esquema impositivo argentino y así mejorar los ingresos públicos. Esta propuesta surgió en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo publicó tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Los lineamientos del FMI se enfocaron en ampliar la base de recaudación, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, que implique tanto la modificación de impuestos existentes como la eliminación progresiva de tributos considerados distorsivos.

La publicación del FMI incluyó un análisis detallado del sistema tributario nacional. El documento enfatizó la necesidad de que el gobierno argentino avance con una reforma fiscal más amplia, comprometiéndose a presentar una propuesta concreta antes de fin de año. Según los cálculos del propio organismo, la reestructuración federal podría permitir un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con la mitad de ese monto dirigido directamente a las provincias.

El FMI identificó cinco ejes principales para la transformación tributaria. El primero se centró en la reducción del gasto tributario, que en Argentina alcanza aproximadamente el 3,5% del PBI. Los principales factores detrás de este porcentaje son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Monotributo y diversos regímenes especiales. El organismo sugirió la unificación de alícuotas del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables, con el objetivo de generar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI. También propuso la reducción de los regímenes preferenciales que benefician a ciertos sectores y actividades, y recomendó eliminar exenciones que no cumplan un fin social claro.

El segundo eje de la propuesta del FMI apuntó directamente a la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. Según el organismo, la recaudación de este tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023. El FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.

El tercer eje se vinculó con la reforma del régimen del Monotributo. El FMI reconoció que este esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones. Sin embargo, advirtió que la carga fiscal del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.

El cuarto punto de la propuesta del FMI giró en torno a la simplificación del Impuesto sobre Sociedades (IS). El informe indicó que la alícuota máxima del 35% se ubicó muy por encima del promedio mundial del 25%. Además, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas incentivó maniobras de evasión. El organismo planteó la posibilidad de establecer un impuesto mínimo basado en la facturación, complementado con una tasa fija del 30% sobre el IS. También sugirió equilibrar el tratamiento de los ingresos provenientes de inversiones personales, como dividendos, intereses y ganancias de capital, con el objetivo de modificar los incentivos vinculados con el financiamiento y la distribución de utilidades dentro de las empresas.

El quinto eje abordó el fortalecimiento de los impuestos especiales. El FMI propuso la adopción de un sistema mixto que combine impuestos específicos con gravámenes basados en el valor de productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, priorizando las tasas específicas y una estructura simplificada por valor. De acuerdo con las estimaciones del organismo internacional, la actualización por inflación de los impuestos a combustibles y tabaco podría generar ingresos equivalentes al 0,5% del PBI.

Tras detallar estos cinco puntos, el FMI sugirió que el Estado argentino debería aprovechar el espacio fiscal que se genere para eliminar gradualmente los impuestos identificados como distorsivos. En ese grupo, el organismo destacó las retenciones a las exportaciones, especialmente de productos agrícolas clave para el país, como la soja, el maíz y el trigo, y también los tributos sobre las transacciones financieras. El informe argumentó que la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre la soja y sus derivados podría impulsar la producción, las ventas externas y la superficie sembrada del cultivo, lo que se traduciría en mayores ingresos en divisas y un aumento del PBI.

El FMI calculó que una disminución de un punto porcentual en los impuestos a la exportación de soja y sus derivados permitiría incrementar tanto la producción como las exportaciones en torno a un 0,5%. Además, la eliminación total de estas retenciones generaría una suba del 10% en las exportaciones de oleaginosas y cereales, tanto en estado crudo como procesados, resultando en un ingreso adicional anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares y un impacto positivo en el PBI de cerca de 0,4 puntos porcentuales.

El informe también analizó el impacto de la estructura tributaria en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. De acuerdo con el organismo internacional, la mitad del aumento de recaudación que podría surgir de la reforma integral beneficiaría directamente a los gobiernos provinciales. Para el FMI, la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta determinante para el éxito de los cambios propuestos.

En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el FMI subrayó la importancia de completar las modificaciones recientes en el sistema impositivo con una reforma más amplia. El documento señaló que el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se comprometió a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año, en línea con las recomendaciones del organismo. En el informe, la entidad resaltó que una transformación integral permitiría mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, y que debería orientarse por la neutralidad en los ingresos, reduciendo de manera gradual los tributos que distorsionan la actividad económica.

En cuanto al gasto tributario, el FMI estimó que el 1,2% del PBI corresponde a beneficios, exenciones y regímenes especiales en el IVA, el 1% al Monotributo y el 0,5% a regímenes especiales. La propuesta incluyó la unificación de las alícuotas del IVA y la reducción de los regímenes preferenciales, acompañadas de medidas compensatorias para proteger a los hogares más vulnerables.

Respecto a Ganancias, el informe planteó que el umbral de exención vigente tras la reforma de 2023 dejó fuera a la mayoría de los trabajadores formales. El FMI sugirió volver a niveles similares a los de 2019 y armonizar las deducciones entre las distintas categorías laborales. Según el organismo, ese ajuste permitiría aumentar la proporción de trabajadores alcanzados y fortalecer la recaudación.

En el caso del Monotributo, el documento remarcó la necesidad de reducir los efectos negativos de los saltos entre categorías y de equiparar progresivamente las cargas fiscales y las contribuciones sociales con las del régimen general. El FMI incluyó la recomendación de aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario, contribuyendo tanto a la formalización como a la recaudación.

Sobre el Impuesto sobre Sociedades, el informe propuso considerar el establecimiento de un impuesto mínimo basado en la facturación, con una tasa fija del 30%. Además, sugirió revisar el tratamiento impositivo de los ingresos por inversiones personales, con el objetivo de equilibrar los incentivos y evitar un sesgo a favor del financiamiento vía deuda sobre el capital propio.

Para los impuestos especiales, la propuesta del FMI incluyó la combinación de gravámenes específicos y ad valorem en productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, junto con la actualización de los tributos sobre combustibles y tabaco según la inflación. El organismo calculó que estas modificaciones podrían aportar el 0,5% del PBI a la recaudación anual.

El informe concluyó que, tras la implementación de estas reformas, el gobierno argentino tendría margen fiscal para eliminar impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y los tributos sobre transacciones financieras. El FMI vinculó la reducción de estos impuestos con un aumento en la producción y las exportaciones del sector agroindustrial, así como con una mayor entrada de divisas al país.

El documento recomendó priorizar la coordinación entre Nación y provincias, y sugirió que una parte significativa de los recursos adicionales generados por la reforma debería destinarse a los gobiernos subnacionales. El FMI remarcó que la implementación de la reforma tributaria integral dependerá del compromiso político y de la capacidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado argentino.

El organismo internacional incluyó en su publicación un cuadro de compromisos estructurales, donde se detalla el desarrollo y la presentación de una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario argentino, haciendo foco en la racionalización del gasto fiscal y en la eliminación progresiva de los impuestos distorsivos.

La agenda de reforma tributaria propuesta por el FMI se enmarca en el proceso de negociación y supervisión que el organismo mantiene con la Argentina. En ese contexto, el gobierno nacional avanzó en el diseño de una propuesta neutral en ingresos, con el objetivo de optimizar la recaudación y reducir los incentivos a la evasión, manteniendo el equilibrio fiscal y la equidad en la distribución de los recursos.

«Apagón nocturno»: Aseguran que hay una «ventana» entre 9 y 12 horas sin controles. Indican que el ajuste también afecta a las actividades en el campo

27/05/2026 – 10:45hs

El ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzó a generar inconvenientes en sus prestaciones tanto a la actividad privada como al transporte. Las alarmas se encendieron a partir de la decisión oficial de eliminar las observaciones nocturnas en la mitad de sus estaciones por los despidos dispuestos a mediados de este mes. Según se informó, se trata de unas 140 cesantías, «de los cuales 83 son observadores meteorológicos», indicaron.

Tanto delegados como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que en el Servicio Meteorológico quedan poco menos de 850 empleados, cuando un relevamiento del 2017 destacó que la planta óptima para trabajar debía ser de 1.200. «Evidentemente, esta situación afecta el normal funcionamiento en nuestras actividades», indicaron las fuentes consultadas por iProfesional.

Apagón nocturno: qué pasa con los vuelos y el transporte marítimo

Explicaron que los recientes despidos derivan en «una ventana de entre 9 y 12 horas que más de 60 estaciones meteorológicas no realizan observación, por lo que estamos ante un apagón nocturno del Servicio Meteorológico«, agregando que «durante la noche en más de 60 estaciones meteorológicas no están funcionando».

Ana Saralegui, delegada de ATE en el SMN, explicó que «se debilitaron los pronósticos, el sistema de alerta temprana, que es tan importante para cuidar y proteger la vida de las personas, y a partir de ahí, todos los informes que se realizan en el Servicio para el campo, la industria, las empresas de energía, otros particulares, también para atender oficios judiciales o de prefectura» y señaló que «hay una falta de datos en apagón meteorológico que lo puso en marcha este gobierno».

Avisó que el servicio es clave para la actividad marítima, para el tráfico aéreo y terrestre, y para la actividad productiva del agro. «El organismo es el responsable del pronóstico para todo el mar argentino. Hay pronosticadores aeronáuticos especiales para las rutas de vuelo de los aviones, por lo que tanto el tráfico aéreo, marítimo y terrestre hoy no está controlado ni advertido».

El campo en alerta: sin datos para seguros ni declaración de sequía

Indicó que «la falta de datos que no se suben al banco mundial de datos hacen que nuestro pronóstico empiece a ser más débil y eso nos preocupa porque hace más débil nuestro sistema de alertas tempranas».

Saralegui se refirió además a la situación del campo: «Estamos con los meses de sequía, donde se declara sequía o no según la información que da el Servicio, que eso después a muchas empresas o territorios, el tema de cobrar seguros o subsidios, es muy importante».

Remarcó que «somos los que informamos, somos la voz oficial, el único organismo que puede transmitir el sistema de alertas tempranas, que es para cuidar la vida y los bienes de las personas. Damos alertas por olas de calor u olas de frío, que son muy importantes para la salud también o para el campo».

El impacto de la «motosierra» en el Servicio Meteorológico ya registró casos concretos: hace dos semanas, al menos dos aeropuertos de distintas provincias informaron reducciones en sus planes de labor a partir de la disminución en las observaciones y por lo tanto en la disponibilidad de información meteorológica.

Un comunicado de ATE apuntó: «El desfinanciamiento y la reducción de áreas estratégicas afectan el funcionamiento de organismos que brindan servicios esenciales. Es necesario garantizar su continuidad y sostener las capacidades técnicas y operativas que tienen impacto directo en la población».

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el jueves pasado la segunda revisión del Programa Extended Fund Facility o Acuerdo de Facilidades Extendida (EFF) firmado el 11 de abril del 2.025 y anunció que enviará 1000 millones de dólares en los próximos días, destacando el trabajo del equipo económico en varios ejes centrales, pero sorpresivamente realizó varias sugerencias.

En esta aprobación de la segunda revisión del acuerdo, el staff técnico de la entidad dejó algunas sugerencias implícitas que el equipo económico a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, debería considerar a la hora de definir el futuro del rumbo de su gestión económica.

En ese informe, el staff del FMI hace varias sugerencias y en particular menciona la necesidad del Gobierno de volver a los mercados internacionales al destacar que: «dadas las vulnerabilidades remanentes, se alienta al Gobierno a implementar decisivamente un paquete de políticas equilibrado que apoye la desinflación mientras fortalece la estabilidad externa y sostiene el crecimiento, incluso para asegurar un acceso oportuno y duradero al mercado internacional de capitales«.

Pero de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional de una fuente cercana al Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene por ahora en carpeta salir a colocar deuda en el mercado internacional de capitales, por lo menos en lo que resta del año.

La fuente explicó que por ese motivo Caputo anunciaría a fines de junio un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo sindicado de unos u$s4.000 millones como parte de una estrategia para garantizar los pagos de deuda hasta las elecciones de 2027.

El crédito tendría un plazo de seis años, se extendería hasta el 2032, tres sin pago de intereses y estaría garantizado en hasta 95% del monto por el Banco Mundial, el BID y la CAF.

Cómo piensa Caputo cubrir los vencimientos sin salir a los mercados

Además de este nuevo préstamo, el plan oficial contempla emisiones de deuda, créditos Repo y privatizaciones para cubrir vencimientos hasta 2027, y aseguran en el Gobierno que este esquema permitiría cubrir todos los vencimientos de capital de bonos en moneda extranjera hasta las elecciones presidenciales, incluidos los pagos de julio de este año y de enero y julio de 2027.

Según el FMI, la estrategia apunta a fortalecer el acceso de Argentina a los mercados internacionales. El FMI estimó además que la Argentina podría conseguir unos 11.000 millones de dólares por año entre 2027 y 2031 para refinanciar deuda. Para eso, la fuente estima que el riesgo país debería caer hasta unos 350 puntos.

Por otro lado, con respecto a los vencimientos de la deuda en pesos, el Gobierno buscará hoy, con seis bonos, captar en la plaza local unos $11 billones que necesita para refinanciar la deuda en pesos que vence a fin de mes y, al mismo tiempo, comenzar a buscar otros 555 millones de dólares para su caja en dólares con vistas al pago que el 9 de julio deberá realizar un vencimiento a bonistas por unos 4.200 millones de dólares, de los cuales unos 1.200 millones están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La mayoría de los analistas financieros consultados por iProfesional consideran que las condiciones del mercado son propicias para que consiga ambos objetivos.

Con un dólar calmo, un BCRA comprando reservas internacionales de manera sostenida —lleva comprados en el año unos 9.000 millones de dólares— y con los depósitos en esa moneda estabilizados, la mayoría cree que el panorama es favorable para que el Tesoro logre colocar el excedente de unos remanente de 305 millones de dólares que le queda del Bonar 2027 (AO27), el título más demandado ya que vence antes del final del mandato de Milei.

Incluso algunos operadores consideran que podría colocar también el total de 250 millones de dólares del Bonar 2028 (AO28) entre la primera vuelta (unos 150 millones) y la segunda (hasta 100 millones más).

Los títulos más demandados y el diferencial de costo entre uno y otro

En este punto hay que destacar que ambos títulos cuentan con un tope de emisión de 2000 millones de dólares por especie, donde del AO27 ya se colocaron 1695 millones de dólares, mientras que del AO28 —que comenzó a emitirse un mes después y tuvo menor demanda, razón que explica el diferencial de costo de más de 3,2 puntos entre uno y otro— hay en el mercado 1084 millones de dólares.

De lograr ese ingreso total, el Gobierno ya podría tener asegurados unos 2800 millones de dólares con vistas al pago a bonistas más importante de lo que resta del año, cifra muy similar a la porción correspondiente a la amortización de capital del compromiso total, estipulado en alrededor de 4400 millones de dólares.

El último informe de la consultora financiera PPI destaca que: «la liquidez del sistema bancario sigue siendo holgada, con el stock de repos a un día en torno a $4,9 billones, y el Tesoro, además, llega con una posición de caja cómoda. Los depósitos en pesos del Tesoro alcanzan los $5,5 billones, incluso antes de computar la transferencia de utilidades del BCRA por otros $6 billones, aun cuando apenas el 17% del total por vencer estaría en manos de entes públicos».

En tanto, desde Consultora Outlier esperan que el Tesoro igualmente alcance un rollover en torno al 100%, en un contexto de estabilidad cambiaria, estabilidad de tasas reales en niveles bajos y confortables niveles de liquidez, coincidieron también desde Facimex Valores. «Se aguarda buena demanda por los títulos en pesos y el posible agotamiento del cupo de US$2000 millones del AO27», señalaron, a su vez.

El mayor monto de los $11 billones que vencen corresponde a una Letra de Capitalización (Lecap, por $6,9 billones) y a una Letra ajustable por CER (Lecer, por $3,9 billones).

La hoja de ruta de Caputo para llegar a 2027 sin crisis cambiaria

La fuente explicó a iProfesional que en el Palacio de Hacienda consideran que el oficialismo llegará a la próxima contienda presidencial con buenas chances de reelección y que eso reducirá las probabilidades de una crisis financiera como la del año pasado. Igual trabajan para llegar a los comicios con mayores «colchones» de reservas y financiamiento.

La idea de Caputo, que pidió a su equipo preparar un documento con la hoja de ruta de vencimientos, es mostrar cómo piensa cubrir los vencimientos para despejar una de las principales dudas que aparecen entre inversores, bancos internacionales y el propio FMI: cómo hará la Argentina para cumplir con sus compromisos en un año electoral sin generar una crisis cambiaria.

En un informe reciente, el banco JP Morgan sostuvo que: «el gran desafío será construir antifragilidad antes de 2027, es decir, llegar al próximo turno presidencial con más reservas, vencimientos cubiertos y distintas fuentes de financiamiento«.

Para el banco, el desafío central es asegurar fuentes de financiamiento antes de la elección presidencial y además estimó que, aun con un rollover del 100% de la deuda en pesos, la Argentina enfrenta una brecha de financiamiento cercana a 10.000 millones de dólares en 2027. Esa cifra podría reducirse a la mitad si el BCRA logra refinanciar los vencimientos.

Por su parte, el análisis que hacen desde el equipo económico es que las colocaciones de Bonares con vencimiento en 2027 y 2028 sumarían unos 4000 millones de dólares, a lo que se agregarían al menos otros 4000 millones de dólares de préstamos de bancos privados internacionales garantizados por organismos multilaterales.

Aunque en el equipo económico creen que esa cifra podría ser mayor y llegar a unos 2500 millones de dólares entre privatizaciones y ventas de activos. La estrategia oficial apunta a reunir unos 10.500 millones de dólares con una cuenta oficial que contempla vencimientos de capital del Tesoro con bonistas privados por unos 8100 millones de dólares hasta el final del mandato de Milei, a los que hay que sumar alrededor de 4400 millones de dólares más correspondientes a pagos de capital con el FMI, y destacan que la cuenta está centrada en los vencimientos de capital, mientras que los intereses serían afrontados con recursos corrientes del Tesoro y nuevas fuentes de financiamiento.

Por otro lado, el BCRA trabaja con bancos internacionales en la refinanciación de los unos 6000 millones de dólares correspondientes a las tres operaciones repo actualmente vigentes y también se evalúan alternativas para que unos 2000 millones de dólares de pagos asociados a los Bopreal, los títulos emitidos para ordenar la deuda comercial heredada, puedan ser refinanciados.