Mientras que los principales indicadores de Wall Street negocian dispares, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 3,6%, en los 3.020.000 puntos a las 12:30 horas.

El panel de acciones líderes de la Bolsa porteña supera los 3 millones de puntos nuevamente, por primera vez desde el 8 de abril.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street lidera Banco Macro, con un 9,5%, escoltado por Banco Francés (+9,3%)y Telecom (+7,1%).

Pese a una caída en torno al 3% en la cotización internacional del petróleo, con el barril del Brent del Mar del Norte a USD 96,66 el barril para entregar en julio, el ADR de YPF asciende un 2,7% y se acerca a USD 50 por primera vez desde 2011.

Tras un giro de USD 1.000 millones que reforzaron las reservas del BCRA, en el marco del acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Gobierno argentino procura ya garantizarse las divisas para honrar los vencimientos de deuda soberana por más de USD 4.000 millones previsto para el 9 de julio.

En este sentido, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- son operados con un alza promedio de 0,3%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU respecto de sus pares emergentes, cede diez enteros para la Argentina, en los 500 puntos básicos.

“Al 21 de mayo, último dato disponible, los depósitos del Tesoro en el BCRA se ubicaban en USD 2.000 millones y $29,9 billones, luego de recibir $24,4 billones en utilidades del BCRA. Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial la recompra de letras intransferibles del Tesoro por $18,4 bilones, lo que debería reflejarse en las estadísticas oficiales en los próximos días. De este modo, los depósitos en pesos del Tesoro se ubicarían en torno a $11,5 billones”, precisaron los analistas de Max Capital.

Asimismo, el Tesoro argentino se aprestaba este miércoles a realizar su última licitación mensual de bonos de corto plazo en moneda local para cubrir próximos vencimientos de deuda y alargar amortizaciones, bajo el aliciente de un mercado con alto nivel de liquidez.

Las necesidades a cubrir del Gobierno rondan los 11 billones de pesos (equivalentes a unos USD 7.800 millones), en momentos en que los componentes de la plaza financiera prestan atención a la aversión al riesgo por cuestiones geopolíticas globales.

La oferta oficial para la licitación incluye una nueva Letra Lecap a septiembre próximo, dos bonos Boncer (TZXM7 y TZXS7), otro título TAMAR (TMG28) a agosto del 2028 y dos nuevos dollar linked a julio y marzo venideros.

También se incluyen, como es habitual en las recientes licitaciones, dos Bonares en dólares (AO27 y A028) con ley argentina, por hasta USD 200 millones y USD 150 millones valor nominal.

“La mayoría de los bonos a vencer están en manos de tenedores privados, aunque a juzgar por las condiciones de liquidez, la licitación no debiera ser desafiante para el Tesoro”, dijo Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“Al no ofrecer en esta ocasión títulos duales CER/TAMAR, que fueron la novedad en las dos licitaciones previas, la mirada estará sobre cómo se distribuye la demanda a lo largo de los distintos asset class, qué tanta duration estira el Tesoro, y si el TMG28 puede o no captar demanda”, acotó Franco.

El mercado financiero sigue muy atento a la evolución de las reservas internacionales, que ya rozan los USD 48.000 millones, en su nivel más elevado desde 2019, frente a un Banco Central que acumula en el transcurso del año compras por 9.100 millones de dólares.

La agencia de calificaciones global Fitch subió el martes la nota de riesgo crediticio a largo plazo de la petrolera estatal YPF en moneda extranjera y local a “B-”, desde “CCC+”, con una perspectiva estable.

La economía de los hogares argentinos enfrenta uno de sus escenarios más complejos en más de dos décadas. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el porcentaje de préstamos irregulares otorgados a personas físicas pasó del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026.

El deterioro más marcado se observa en los préstamos personales. Según el informe oficial, la morosidad en este segmento alcanzó el 13,8%, su nivel más elevado en los últimos quince años. A su vez, el incumplimiento en tarjetas de crédito también mostró un fuerte incremento, llegando al 11,6%.

Este contexto se vincula con una presión creciente sobre las finanzas familiares. Un relevamiento del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), señala que los servicios ya absorben el 42% de los ingresos de los hogares. Esta situación obliga a redefinir gastos, priorizar consumos e incluso financiar necesidades básicas. En paralelo, ganan terreno las billeteras virtuales y los proveedores no financieros, cuya tasa de fidelidad creció del 40,4% al 71,3% en apenas un año.

Morosidad: aumentar las chances de cobranza cambiando de estrategia

Las dificultades económicas que atraviesan los hogares modificaron también la manera en que las organizaciones y empresas deben pensar su cobranza. En este escenario, además del propio contexto económico, la capacidad de cobro depende cada vez más de ofrecer experiencias simples, flexibles y con más opciones de financiamiento, que pueden aumentar drásticamente las chances de lograr un pago exitoso.

Más opciones de pago, más oportunidades de cobro

En primer lugar, se debe tener en cuenta la importancia de la multiplicidad de medios de pago. Entre cuentas bancarias, billeteras virtuales, tarjetas y transferencias, los usuarios esperan poder elegir cómo pagar como base. Cuando las alternativas son limitadas o los procesos resultan complejos, la cobranza encuentra una barrera adicional.

Plataformas como Pago TIC permiten centralizar y conciliar automáticamente todos los medios de pago en un único lugar: tarjetas de débito y crédito, QR interoperable, transferencias y DEBIN. Además de simplificar la operatoria diaria de empresas e instituciones, esta solución genera mayores niveles de cobro al adaptarse a las preferencias y posibilidades de cada pagador. 

Un rechazo no debería frenar la cobranza 

Uno de los principales problemas aparece cuando un pago automático es rechazado. Muchas veces, si el débito falla por falta de fondos, cuentas múltiples o límites insuficientes, la gestión se interrumpe y la deuda queda pendiente hasta una nueva intervención. 

Para responder a esta situación, Pago TIC ofrece débito automático con múltiples medios de pago: si un método es rechazado, el sistema puede intentar automáticamente con otra alternativa disponible. Este mecanismo reduce fricciones en los cobros, mejora la experiencia del usuario y contribuye a aumentar la tasa de pagos exitosos, generando además mayor previsibilidad financiera para las entidades.

Cabe destacar que, en este escenario, la fecha de vencimiento dejó de ser una garantía de disponibilidad de fondos. En muchos casos, las familias reorganizan sus pagos a lo largo del mes y la liquidez puede variar semana a semana.

Con los reintentos inteligentes de débito automático, el sistema vuelve a intentar el cobro varias veces durante el mes cuando inicialmente no hay fondos disponibles. De esta manera, es posible incrementar significativamente los pagos exitosos sin recurrir a llamados o seguimientos manuales, alcanzando un aumento de pagos exitosos hasta en un 95%.

La financiación como aliada de la cobranza

En un contexto donde el presupuesto familiar está cada vez más ajustado, brindar alternativas de financiación se vuelve una importante herramienta para sostener los ingresos.

Con esa mirada, Pago TIC ofrece «Cuota a Cuota», una solución que permite financiar pagos en hasta 12 cuotas sin interés para el pagador mediante tarjetas Visa, Mastercard y Cordobesa, con acreditaciones mensuales para las entidades por cada cuota cobrada, generando un flujo de ingresos constante y más previsible.

El aumento de la morosidad refleja una transformación profunda en la economía y en los hábitos financieros. Frente a este escenario, las empresas e instituciones que logren incorporar soluciones inteligentes para sostener y aumentar su recaudación serán aquellas que puedan adaptarse a este contexto con más eficiencia y previsibilidad.

Si te interesa conocer más sobre estas soluciones de pago o incorporarlas a tu empresa o institución, ingresá a

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias para transformar el esquema impositivo argentino y así mejorar los ingresos públicos. Esta propuesta surgió en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo publicó tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Los lineamientos del FMI se enfocaron en ampliar la base de recaudación, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, que implique tanto la modificación de impuestos existentes como la eliminación progresiva de tributos considerados distorsivos.

La publicación del FMI incluyó un análisis detallado del sistema tributario nacional. El documento enfatizó la necesidad de que el gobierno argentino avance con una reforma fiscal más amplia, comprometiéndose a presentar una propuesta concreta antes de fin de año. Según los cálculos del propio organismo, la reestructuración federal podría permitir un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con la mitad de ese monto dirigido directamente a las provincias.

El FMI identificó cinco ejes principales para la transformación tributaria. El primero se centró en la reducción del gasto tributario, que en Argentina alcanza aproximadamente el 3,5% del PBI. Los principales factores detrás de este porcentaje son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Monotributo y diversos regímenes especiales. El organismo sugirió la unificación de alícuotas del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables, con el objetivo de generar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI. También propuso la reducción de los regímenes preferenciales que benefician a ciertos sectores y actividades, y recomendó eliminar exenciones que no cumplan un fin social claro.

El segundo eje de la propuesta del FMI apuntó directamente a la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. Según el organismo, la recaudación de este tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023. El FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.

El tercer eje se vinculó con la reforma del régimen del Monotributo. El FMI reconoció que este esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones. Sin embargo, advirtió que la carga fiscal del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.

El cuarto punto de la propuesta del FMI giró en torno a la simplificación del Impuesto sobre Sociedades (IS). El informe indicó que la alícuota máxima del 35% se ubicó muy por encima del promedio mundial del 25%. Además, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas incentivó maniobras de evasión. El organismo planteó la posibilidad de establecer un impuesto mínimo basado en la facturación, complementado con una tasa fija del 30% sobre el IS. También sugirió equilibrar el tratamiento de los ingresos provenientes de inversiones personales, como dividendos, intereses y ganancias de capital, con el objetivo de modificar los incentivos vinculados con el financiamiento y la distribución de utilidades dentro de las empresas.

El quinto eje abordó el fortalecimiento de los impuestos especiales. El FMI propuso la adopción de un sistema mixto que combine impuestos específicos con gravámenes basados en el valor de productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, priorizando las tasas específicas y una estructura simplificada por valor. De acuerdo con las estimaciones del organismo internacional, la actualización por inflación de los impuestos a combustibles y tabaco podría generar ingresos equivalentes al 0,5% del PBI.

Tras detallar estos cinco puntos, el FMI sugirió que el Estado argentino debería aprovechar el espacio fiscal que se genere para eliminar gradualmente los impuestos identificados como distorsivos. En ese grupo, el organismo destacó las retenciones a las exportaciones, especialmente de productos agrícolas clave para el país, como la soja, el maíz y el trigo, y también los tributos sobre las transacciones financieras. El informe argumentó que la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre la soja y sus derivados podría impulsar la producción, las ventas externas y la superficie sembrada del cultivo, lo que se traduciría en mayores ingresos en divisas y un aumento del PBI.

El FMI calculó que una disminución de un punto porcentual en los impuestos a la exportación de soja y sus derivados permitiría incrementar tanto la producción como las exportaciones en torno a un 0,5%. Además, la eliminación total de estas retenciones generaría una suba del 10% en las exportaciones de oleaginosas y cereales, tanto en estado crudo como procesados, resultando en un ingreso adicional anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares y un impacto positivo en el PBI de cerca de 0,4 puntos porcentuales.

El informe también analizó el impacto de la estructura tributaria en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. De acuerdo con el organismo internacional, la mitad del aumento de recaudación que podría surgir de la reforma integral beneficiaría directamente a los gobiernos provinciales. Para el FMI, la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta determinante para el éxito de los cambios propuestos.

En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el FMI subrayó la importancia de completar las modificaciones recientes en el sistema impositivo con una reforma más amplia. El documento señaló que el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se comprometió a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año, en línea con las recomendaciones del organismo. En el informe, la entidad resaltó que una transformación integral permitiría mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, y que debería orientarse por la neutralidad en los ingresos, reduciendo de manera gradual los tributos que distorsionan la actividad económica.

En cuanto al gasto tributario, el FMI estimó que el 1,2% del PBI corresponde a beneficios, exenciones y regímenes especiales en el IVA, el 1% al Monotributo y el 0,5% a regímenes especiales. La propuesta incluyó la unificación de las alícuotas del IVA y la reducción de los regímenes preferenciales, acompañadas de medidas compensatorias para proteger a los hogares más vulnerables.

Respecto a Ganancias, el informe planteó que el umbral de exención vigente tras la reforma de 2023 dejó fuera a la mayoría de los trabajadores formales. El FMI sugirió volver a niveles similares a los de 2019 y armonizar las deducciones entre las distintas categorías laborales. Según el organismo, ese ajuste permitiría aumentar la proporción de trabajadores alcanzados y fortalecer la recaudación.

En el caso del Monotributo, el documento remarcó la necesidad de reducir los efectos negativos de los saltos entre categorías y de equiparar progresivamente las cargas fiscales y las contribuciones sociales con las del régimen general. El FMI incluyó la recomendación de aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario, contribuyendo tanto a la formalización como a la recaudación.

Sobre el Impuesto sobre Sociedades, el informe propuso considerar el establecimiento de un impuesto mínimo basado en la facturación, con una tasa fija del 30%. Además, sugirió revisar el tratamiento impositivo de los ingresos por inversiones personales, con el objetivo de equilibrar los incentivos y evitar un sesgo a favor del financiamiento vía deuda sobre el capital propio.

Para los impuestos especiales, la propuesta del FMI incluyó la combinación de gravámenes específicos y ad valorem en productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, junto con la actualización de los tributos sobre combustibles y tabaco según la inflación. El organismo calculó que estas modificaciones podrían aportar el 0,5% del PBI a la recaudación anual.

El informe concluyó que, tras la implementación de estas reformas, el gobierno argentino tendría margen fiscal para eliminar impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y los tributos sobre transacciones financieras. El FMI vinculó la reducción de estos impuestos con un aumento en la producción y las exportaciones del sector agroindustrial, así como con una mayor entrada de divisas al país.

El documento recomendó priorizar la coordinación entre Nación y provincias, y sugirió que una parte significativa de los recursos adicionales generados por la reforma debería destinarse a los gobiernos subnacionales. El FMI remarcó que la implementación de la reforma tributaria integral dependerá del compromiso político y de la capacidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado argentino.

El organismo internacional incluyó en su publicación un cuadro de compromisos estructurales, donde se detalla el desarrollo y la presentación de una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario argentino, haciendo foco en la racionalización del gasto fiscal y en la eliminación progresiva de los impuestos distorsivos.

La agenda de reforma tributaria propuesta por el FMI se enmarca en el proceso de negociación y supervisión que el organismo mantiene con la Argentina. En ese contexto, el gobierno nacional avanzó en el diseño de una propuesta neutral en ingresos, con el objetivo de optimizar la recaudación y reducir los incentivos a la evasión, manteniendo el equilibrio fiscal y la equidad en la distribución de los recursos.