ECONOMIA
Ganancias, IVA y Monotributo: los cambios que sugirió el FMI para los impuestos que pagan los argentinos
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó una serie de sugerencias para transformar el esquema impositivo argentino y así mejorar los ingresos públicos. Esta propuesta surgió en el marco de la revisión del “Artículo IV”, un informe de vigilancia económica que el organismo publicó tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina. Los lineamientos del FMI se enfocaron en ampliar la base de recaudación, simplificar el sistema tributario y avanzar hacia una reforma fiscal integral de mediano plazo, que implique tanto la modificación de impuestos existentes como la eliminación progresiva de tributos considerados distorsivos.
La publicación del FMI incluyó un análisis detallado del sistema tributario nacional. El documento enfatizó la necesidad de que el gobierno argentino avance con una reforma fiscal más amplia, comprometiéndose a presentar una propuesta concreta antes de fin de año. Según los cálculos del propio organismo, la reestructuración federal podría permitir un incremento de ingresos equivalente al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con la mitad de ese monto dirigido directamente a las provincias.
El FMI identificó cinco ejes principales para la transformación tributaria. El primero se centró en la reducción del gasto tributario, que en Argentina alcanza aproximadamente el 3,5% del PBI. Los principales factores detrás de este porcentaje son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Monotributo y diversos regímenes especiales. El organismo sugirió la unificación de alícuotas del IVA con compensaciones específicas para los hogares vulnerables, con el objetivo de generar una ganancia fiscal neta del 0,4% del PBI. También propuso la reducción de los regímenes preferenciales que benefician a ciertos sectores y actividades, y recomendó eliminar exenciones que no cumplan un fin social claro.
El segundo eje de la propuesta del FMI apuntó directamente a la ampliación de la base del impuesto a las Ganancias. Según el organismo, la recaudación de este tributo representa el 1,8% del PBI, un valor inferior al promedio regional y al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe destacó que la reforma de 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por Ganancias, dejando a menos del 1% de los empleados formales bajo este tributo. Si bien en 2024 se revirtió parcialmente esa situación, el umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023. El FMI recomendó reducir el umbral de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto, con una armonización de deducciones y una simplificación de la estructura de alícuotas. De acuerdo con las proyecciones de la entidad, esta medida permitiría recaudar un 0,4% adicional del PBI.
El tercer eje se vinculó con la reforma del régimen del Monotributo. El FMI reconoció que este esquema contribuyó a la formalización de pequeños contribuyentes y amplió el acceso a servicios de salud y pensiones. Sin embargo, advirtió que la carga fiscal del Monotributo es considerablemente menor que la del régimen general, lo que genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria al pasar de una categoría a otra. El organismo sugirió alinear el Monotributo con el sistema general, reducir los efectos de los umbrales, homogeneizar alícuotas y contribuciones sociales, y aprovechar herramientas tecnológicas para simplificar la administración del impuesto. Esta reforma podría aportar entre 0,4% y 1% del PBI adicional.
El cuarto punto de la propuesta del FMI giró en torno a la simplificación del Impuesto sobre Sociedades (IS). El informe indicó que la alícuota máxima del 35% se ubicó muy por encima del promedio mundial del 25%. Además, el sistema progresivo basado en el tamaño y los ingresos de las empresas incentivó maniobras de evasión. El organismo planteó la posibilidad de establecer un impuesto mínimo basado en la facturación, complementado con una tasa fija del 30% sobre el IS. También sugirió equilibrar el tratamiento de los ingresos provenientes de inversiones personales, como dividendos, intereses y ganancias de capital, con el objetivo de modificar los incentivos vinculados con el financiamiento y la distribución de utilidades dentro de las empresas.
El quinto eje abordó el fortalecimiento de los impuestos especiales. El FMI propuso la adopción de un sistema mixto que combine impuestos específicos con gravámenes basados en el valor de productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, priorizando las tasas específicas y una estructura simplificada por valor. De acuerdo con las estimaciones del organismo internacional, la actualización por inflación de los impuestos a combustibles y tabaco podría generar ingresos equivalentes al 0,5% del PBI.
Tras detallar estos cinco puntos, el FMI sugirió que el Estado argentino debería aprovechar el espacio fiscal que se genere para eliminar gradualmente los impuestos identificados como distorsivos. En ese grupo, el organismo destacó las retenciones a las exportaciones, especialmente de productos agrícolas clave para el país, como la soja, el maíz y el trigo, y también los tributos sobre las transacciones financieras. El informe argumentó que la reducción progresiva de los impuestos a la exportación sobre la soja y sus derivados podría impulsar la producción, las ventas externas y la superficie sembrada del cultivo, lo que se traduciría en mayores ingresos en divisas y un aumento del PBI.
El FMI calculó que una disminución de un punto porcentual en los impuestos a la exportación de soja y sus derivados permitiría incrementar tanto la producción como las exportaciones en torno a un 0,5%. Además, la eliminación total de estas retenciones generaría una suba del 10% en las exportaciones de oleaginosas y cereales, tanto en estado crudo como procesados, resultando en un ingreso adicional anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares y un impacto positivo en el PBI de cerca de 0,4 puntos porcentuales.
El informe también analizó el impacto de la estructura tributaria en la distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. De acuerdo con el organismo internacional, la mitad del aumento de recaudación que podría surgir de la reforma integral beneficiaría directamente a los gobiernos provinciales. Para el FMI, la coordinación entre los distintos niveles del Estado resulta determinante para el éxito de los cambios propuestos.
En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el FMI subrayó la importancia de completar las modificaciones recientes en el sistema impositivo con una reforma más amplia. El documento señaló que el gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se comprometió a presentar una propuesta de reforma tributaria antes de fin de año, en línea con las recomendaciones del organismo. En el informe, la entidad resaltó que una transformación integral permitiría mejorar la eficiencia y la equidad del sistema, y que debería orientarse por la neutralidad en los ingresos, reduciendo de manera gradual los tributos que distorsionan la actividad económica.
En cuanto al gasto tributario, el FMI estimó que el 1,2% del PBI corresponde a beneficios, exenciones y regímenes especiales en el IVA, el 1% al Monotributo y el 0,5% a regímenes especiales. La propuesta incluyó la unificación de las alícuotas del IVA y la reducción de los regímenes preferenciales, acompañadas de medidas compensatorias para proteger a los hogares más vulnerables.
Respecto a Ganancias, el informe planteó que el umbral de exención vigente tras la reforma de 2023 dejó fuera a la mayoría de los trabajadores formales. El FMI sugirió volver a niveles similares a los de 2019 y armonizar las deducciones entre las distintas categorías laborales. Según el organismo, ese ajuste permitiría aumentar la proporción de trabajadores alcanzados y fortalecer la recaudación.
En el caso del Monotributo, el documento remarcó la necesidad de reducir los efectos negativos de los saltos entre categorías y de equiparar progresivamente las cargas fiscales y las contribuciones sociales con las del régimen general. El FMI incluyó la recomendación de aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario, contribuyendo tanto a la formalización como a la recaudación.
Sobre el Impuesto sobre Sociedades, el informe propuso considerar el establecimiento de un impuesto mínimo basado en la facturación, con una tasa fija del 30%. Además, sugirió revisar el tratamiento impositivo de los ingresos por inversiones personales, con el objetivo de equilibrar los incentivos y evitar un sesgo a favor del financiamiento vía deuda sobre el capital propio.
Para los impuestos especiales, la propuesta del FMI incluyó la combinación de gravámenes específicos y ad valorem en productos como tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, junto con la actualización de los tributos sobre combustibles y tabaco según la inflación. El organismo calculó que estas modificaciones podrían aportar el 0,5% del PBI a la recaudación anual.
El informe concluyó que, tras la implementación de estas reformas, el gobierno argentino tendría margen fiscal para eliminar impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y los tributos sobre transacciones financieras. El FMI vinculó la reducción de estos impuestos con un aumento en la producción y las exportaciones del sector agroindustrial, así como con una mayor entrada de divisas al país.
El documento recomendó priorizar la coordinación entre Nación y provincias, y sugirió que una parte significativa de los recursos adicionales generados por la reforma debería destinarse a los gobiernos subnacionales. El FMI remarcó que la implementación de la reforma tributaria integral dependerá del compromiso político y de la capacidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado argentino.
El organismo internacional incluyó en su publicación un cuadro de compromisos estructurales, donde se detalla el desarrollo y la presentación de una propuesta para mejorar la eficiencia y la simplicidad del sistema tributario argentino, haciendo foco en la racionalización del gasto fiscal y en la eliminación progresiva de los impuestos distorsivos.
La agenda de reforma tributaria propuesta por el FMI se enmarca en el proceso de negociación y supervisión que el organismo mantiene con la Argentina. En ese contexto, el gobierno nacional avanzó en el diseño de una propuesta neutral en ingresos, con el objetivo de optimizar la recaudación y reducir los incentivos a la evasión, manteniendo el equilibrio fiscal y la equidad en la distribución de los recursos.
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ECONOMIA
Milei presenta hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en cadena nacional: los puntos clave del proyecto
El presidente Javier Milei se dirigirá al país este jueves a las 20, en su segunda aparición por cadena nacional en lo que va del año. En esta ocasión, el mensaje estará centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, bajo la mirada presidencial, busca poner fin a “91 años de estafa”.
El mandatario redactó el discurso tras regresar de su viaje a Perú por la asunción de Keiko Fujimori, según él mismo relató. Aunque varios puntos del proyecto ya trascendieron en intervenciones públicas y documentos que circularon en despachos oficiales, la transmisión de esta noche estará dedicada a explicar por qué es importante para el Gobierno modificar el estatuto del BCRA y el impacto que esta medida tendría en la vida cotidiana de los argentinos.
El proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso tiene como foco restringir la posibilidad del Banco Central de financiar a los gobiernos, fortalecer su autonomía y restablecer la misión exclusiva de “preservar el valor de la moneda”.
Dentro de los cambios previstos, el Gobierno busca eliminar por completo el financiamiento monetario al Tesoro. Para lograrlo, plantea suprimir el artículo 21, que autoriza los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro, un recurso utilizado durante años para cubrir el déficit fiscal a través de la emisión de dinero.
La iniciativa también prevé derogar la transferencia de utilidades contables desde el BCRA al Tesoro, mecanismo que este año ya fue aplicado por la actual administración. Este procedimiento permite que las ganancias derivadas de la devaluación se transfieran al Tesoro como dividendos en pesos provenientes de activos en dólares.
Con esto se pretende dar marcha atrás a los cambios que se introdujeron en 2012, bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en donde se fijó que la entidad tiene por finalidad “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Durante una disertación en Perú, el jefe de Estado argentino mencionó un artículo que publicó, titulado “12 trillones”, donde expuso que, desde 1935, la inflación acumulada en la Argentina ronda los 13 trillones. Milei destacó que, tras el abandono de la Convertibilidad y la adopción de criterios de prudencia y eficiencia en la gestión del BCRA, el país acumuló un 168.000% de inflación. El Ejecutivo atribuyó esa dinámica al uso de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y la consideró una práctica responsable de la inestabilidad económica.
A su vez, de aprobarse el proyecto, el blindaje institucional se elevará, ya que para remover al presidente y el directorio del BCRA se requerirán dos tercios de los votos en Diputados y en el Senado. “Va a estar armado con el poder suficiente como para resistir cualquier embate político”, anticipó el mandatario libertario. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la restricción del giro de dividendos del Central al Tesoro, entre otras modificaciones.
Este tema abre un interrogante: aún no está definido si, junto con el envío del proyecto, el Gobierno insistirá en que el Senado apruebe la designación de Santiago Bausili como presidente del BCRA. Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al proyecto, existe la posibilidad de que el oficialismo avance con ese nombramiento, aunque todavía no se tomó una decisión final.
¿Por qué es tan importante que el Senado apruebe la designación de Bausili, o de otro presidente del BCRA, durante este gobierno? Porque, según la carta orgánica del BCRA, el mandato del titular del Central dura 6 años. En este caso, Bausili tendría mandato hasta 2028. Es decir, independientemente de que suceda en las elecciones presidenciales de 2027, si Milei es reelecto o no, se garantizaría la continuidad del actual jefe de la autoridad monetaria.
La reforma de la carta orgánica del BCRA forma parte de un conjunto más amplio de modificaciones económicas y normativas que impulsa el Gobierno. El plan oficial contempla reglas fiscales basadas en los principios de “déficit cero” y “shutdown”, una nueva ley para el Mercado de Capitales y la desregulación del sector asegurador. Según el presidente, estas medidas apuntan a “poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia”.
Desde la óptica presidencial, el financiamiento al fisco por parte del BCRA es una “estafa”. Por eso mismo adelantó que en el proyecto, se considerará como una asociación ilícita. “Van a ir presos el presidente del Banco Central y el directorio, el Poder Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos que impliquen déficit fiscal financiado con emisión monetaria”, afirmó en Perú, con el detalle de que será delito no excarcelable.
La cadena nacional de esta noche contará con la presencia de los máximos funcionarios de la política económica. Según indicaron fuentes oficiales a este medio, el ministro de Economía, Luis Caputo, y Santiago Bausili, acompañarán a Javier Milei en el anuncio y en la explicación pública del proyecto.
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Este tipo de plataformas se han convertido en una fuente de trabajo cada vez más grande, ante la dificultad de conseguir empleo registrado
29/07/2026 – 17:14hs
Las plataformas de delivery y transporte de pasajeros se consolidaron como una de las principales alternativas laborales en Argentina frente a la caída del empleo formal. Sin embargo, los ingresos dependen exclusivamente de la cantidad de viajes o entregas realizadas y, en la mayoría de los casos, los trabajadores no cuentan con los derechos ni las protecciones propias de un empleo registrado.
En ese contexto, un informe de la Fundación Encuentro calculó cuántos pedidos debe realizar un repartidor de aplicaciones para alcanzar distintos niveles de ingresos, desde el salario mínimo hasta el costo de la Canasta Básica Total (CBT).
Cuántos pedidos necesita hacer un repartidor para ganar un sueldo mínimo
De acuerdo con el estudio, tomando un ingreso promedio de $3.165 por pedido durante el primer trimestre de 2026, un repartidor necesita completar aproximadamente 111 entregas para alcanzar el salario mínimo, que en junio se ubicó en $367.800.
En tanto, para cubrir el costo de una Canasta Básica Total, que según el Indec alcanzó en junio los $1.531.473 para un hogar tipo, la cantidad de envíos requerida asciende a 453 pedidos.
El informe también establece otros parámetros de referencia sobre la cantidad de entregas necesarias para afrontar distintos gastos:
- 453 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar tipo.
- 320 pedidos para alcanzar un ingreso promedio.
- 250 pedidos para pagar un alquiler promedio.
- 175 pedidos para afrontar el costo de crianza de un niño.
- 111 pedidos para llegar al salario mínimo.
- 13 pedidos para pagar el monotributo.
- 2 pedidos para llenar el tanque de combustible de una moto.
El empleo en plataformas creció 900% en seis años
Según el relevamiento, actualmente más de un millón de personas trabajan en aplicaciones de transporte de pasajeros o reparto de comida en Argentina.
La cifra representa un fuerte crecimiento respecto de 2020, cuando había poco más de 100.000 trabajadores en este tipo de plataformas, lo que implica un incremento cercano al 900% en apenas seis años.
El estudio vincula esta expansión con el deterioro del mercado laboral. De acuerdo con el informe, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se habrían perdido 340.000 puestos de trabajo registrados y más de 28.000 empresas, situación que llevó a muchas personas a encontrar en las aplicaciones una fuente inmediata de ingresos.
Qué mide el coeficiente APP
La medición se basa en el denominado coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), un indicador elaborado trimestralmente por la Fundación Encuentro que relaciona el valor promedio de cada entrega con distintos indicadores de ingresos y consumo.
El cálculo considera únicamente el ingreso bruto por pedido, por lo que no contempla propinas ni tampoco los costos que deben afrontar los repartidores, como combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía móvil, seguros o amortización de la moto o bicicleta.
La diferencia entre Rappi y PedidosYa
El informe también detectó una creciente brecha entre las principales plataformas de delivery.
Mientras Rappi mantuvo sin cambios el valor promedio por pedido registrado desde octubre de 2025, PedidosYa actualizó esa remuneración en marzo de este año, elevándola de $3.659 a $3.924 por entrega.
Como resultado, el pedido promedio agregado pasó de $3.033 a $3.165, lo que permitió compensar parcialmente el avance de la inflación.
La diferencia también se refleja en la cantidad de envíos necesarios para cubrir la Canasta Básica Total. Según el relevamiento, un repartidor que trabaja con Rappi necesita realizar 596 pedidos, mientras que uno que opera en PedidosYa requiere 366 entregas, una brecha que evidencia las diferencias de ingresos entre ambas aplicaciones.
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ECONOMIA
El riesgo país vuelve a rozar los 450 puntos: hay causas externas que lo impulsan, pero también factores locales
La expectativa de un riesgo país perforando los 400 puntos básicos, que parecía algo casi seguro hace solo un par de meses, repentinamente se evaporó. Ahora este indicador rebotó a niveles de 445 unidades, reflejando dos situaciones: un deterioro de los bonos argentinos en dólares y también la solidez de la tasa larga de los bonos norteamericanos.
A la hora de buscar las razones, en buena medida éstas provienen del mercado internacional. Con caídas bastante bruscas sobre todo en el mercado tecnológico de Estados Unidos (especialmente en las empresas muy relacionadas al sector de inteligencia artificial), la consecuencia fue un castigo a los activos considerados más riesgosos.
Los bonos argentinos están dentro de ese grupo y sufrieron caídas cercanas al 1 por ciento. Nada muy fuera de los normal para este contexto de Wall Street, pero que se suma a varios días ya más flojos, especialmente para los títulos de mayor duración. Ayer el Tesoro licitó un nuevo tramo del Bonar 29 y consiguió 309 millones de dólares. Una colocación discreta, que muestra que el apetito por deuda local se mantiene relativamente acotado.
La decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios no fue del todo bien recibida por el mercado. En realidad, los inversores se inquietaron en la conferencia de prensa posterior y que el voto directorio fue dividido: nueve votaron a favor de dejar todo igual y tres consideraron que era el momento para subir 0,25 puntos básicos, pero se impuso la mayoría.
Hubo caídas de más de 2,2% del índice Dow Jones (que agrupa a los papeles líderes del mercado) y del 1,7% del Nasdaq, que agrupa a las principales tecnológicas. En este escenario era casi imposible que los activos argentinos pudieran mantenerse a flote. Hubo caídas en bonos y también en acciones argentinas que cotizan en Wall Street, aunque con pérdidas marginales.
Pero no toda la presión sobre los bonos y el riesgo país proviene de afuera. El contexto local también empezó a generar mayor preocupación entre los inversores.
Los últimos indicadores de aceptación del Gobierno vinieron con fuertes bajas, algo que inquieta al mercado y, en particular, a los tenedores de bonos. Tanto el Índice de Confianza en el Gobierno (que elabora la Universidad Di Tella) como el de confianza ciudadana arrojaron en julio caídas muy significativas.
Se trata de dos indicadores claves, que muestran un deterioro tanto de la visión del “círculo rojo” como del público. En otras palabras, ni la baja de la inflación, la estabilidad cambiaria y el récord de exportaciones terminan de trasladarse al bolsillo ni al consumo.
En la medida que no haya una mejora del consumo interno será difícil que el Gobierno logre una mayor aceptación y despeje el escenario electoral.
Si la proyección para las elecciones del año que viene no le da una diferencia significativa al Gobierno, el trayecto hacia las elecciones generará no solo volatilidad cambiaria sino en los activos nominados en dólares. El impacto podría sentirse especialmente en los bonos dolarizados.
¿Es razonable esperar un riesgo país en torno a 400 puntos o incluso menos si las elecciones vienen ajustadas o hay elevadas posibilidades de ir a un balotaje? Todo indica que en ese escenario los bonos sufrirían significativamente. El año pasado además del salto cambiario el riesgo país trepó a más de 1.100 unidades. Todo eso fue antes que La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas.
La mejora de la calificación por parte de las tres calificadoras más importantes le dio un envión a la deuda argentina y más inversores se animaron a comprar. Pero ahora ese impulso parece haberse agotado. Ahora la evolución de los bonos dependerá de una mejora en el clima internacional, pero también serán necesarias algunas señales que muestren una mayor consolidación del gobierno a nivel local.
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Un anuncio ortodoxo y un plan de alianzas: Milei quiere ahuyentar el fantasma del péndulo
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