El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán acusó a los jueces laboralistas que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.

Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Furlán señaló que detrás del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al movimiento sindical.

“Acá hay empresarios y está el Gobierno por una sencilla razón: lo que está en disputa es el salario. Este gobierno pulverizó el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores metalúrgicos, sino de todos los trabajadores de la industria”, señaló Furlan, que continuó: “Acá hay incentivos políticos y económicos. Son el mismo tribunal que echó por tierra con la cautelar de la CGT (contra la reforma laboral), poniendo en vigencia nuevamente una ley totalmente regresiva”.

“Nunca pensamos que en la UOM iba a suceder una intervención en democracia con los mismos contenidos que en dictadura. Para nosotros, esto es parte del proceso de desindustrialización”, afirmó Furlán. Y remarcó: “No tenemos duda que hay una clara persecución, porque quieren dejar en claro una medida ejemplificadora para que nadie más se atreva a disputar estas cuestiones”.

El viernes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la UOM y dispuso la intervención del gremio por 180 días. Así lo definieron los jueces Víctor Pesino y María Dora González, al apartar de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto, y ordenaron que se realicen nuevos comicios.

El fallo también declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, origen de la disputa iniciada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026. Según la resolución, los comicios de la seccional y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la de la segunda.

En un repaso sobre el conflicto, Furlán responsabilizó a la lista opositora, que caracterizó como afín al Grupo Techint, de obstaculizar el proceso electoral en el día de la elección. “La lista opositora robó y rompió urnas dentro de Tenaris Siderca. La Junta Electoral (de la seccional Campana) suspendió el proceso, y trasladó la votación a la sede sindical para garantizar su transparencia”.

Fue a partir de esa mudanza de las urnas sobre la cuál la oposición gremial judicializó e impugnó la elección. Según el dirigente, la lista oficialista de la seccional Campana se impuso por “2 mil votos contra 250 votos de la Lista Naranja”.

Una vez realizada las elecciones en todas las seccionales, el sindicato realizó el Congreso de autoridades para definir la nueva conducción. Fue en ese marco que la Justicia laboral “sacó una cautelar suspendiendo” el acto comicial. “Nosotros no fuimos notificados en tiempo y forma y, al no estar notificados, realizamos el congreso electoral igualmente. Fui elegido de manera unánime, con más del 80% de los votos”, describió.

Tras esa medida, Furlán cuestionó el fallo porque omitió una resolución por vía interna, a nivel del sindicato. “Hay un fallo de la Corte muy claro, donde se dice que si las organizaciones sindicales tienen instrumento para resolver los diferendos internos, debe privilegiarse que se resuelva por la vía asociacional, y no por la vía de intromisión del Estado”, describió.

“El precedente que dejan con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es gravísimo. No pueden interferir una organización que tiene 53 seccionales por la denuncia de una irregularidad en una sola. Cuando la organización tiene instrumentos para resolverlo en el marco estatutario”.

Sin embargo, aclaró que “el fallo no está firme”. “Ayer se ha reunido el Consejo Directivo de la UOM, al que no le afecta la resolución, que rechazó la resolución u nombró a Daniel Da Porta como delegado normalizador para resolver la cuestión de acefalía que produce la Cámara (laboral)”, explicó. “De verdad, el problema lo tengo en mi seccional y estoy dispuesto a ir a nuevamente a una elección”, aclaró.

El impacto político de la intervención

Ayer, la sede del gremio fue epicentro de un abrazo simbólico convocado por la UOM y respaldado por otros sindicatos. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.

Según el dirigente sindical, su gremio es uno de los que más confrontan contra el impacto de las políticas del Gobierno sobre el empleo. De hecho, integra el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que abarca a las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.

“Desde que Milei asumió el gobierno, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo. Es el resultado de la política de desindustrialización y ajuste sobre el salario”, señaló.

Para Furlán, la decisión judicial también responde a intereses empresariales concretos: “En Campana, la lista opositora fue propuesta por la patronal, Tenaris Siderca, que es el grupo Techint. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque pretenden que firmemos a la baja por debajo de lo que anuncia el INDEC. Hoy, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, hombre del Grupo Techint”.

Las diferencias internas en la CGT

El referente metalúrgico también se refirió a la falta de reacción de la CGT frente a la situación política, y señaló que si bien en la central “conviven distintos puntos de vista y tenemos diferencias”, la organización “no puede seguir inactiva” y tiene que plantear un plan de lucha.

“Uno siempre trata de privilegiar la unidad en cuando hay este tipo de políticas que tienden a someter a propios y extraños. Este no es un avance solo frente a la UOM. El otro día participé de un hecho solidario con los compañeros del Subte por la denuncia penal que les hicieron por un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, del compañero (Omar) Maturano, le acaban de sancionar con una multa de 21.000 millones por haber adherido al paro de la CGT”, enumeró.

“Hay claramente -continuó- una intencionalidad de perseguir a quienes levantamos la voz en contra de este modelo de ajuste y de sometimiento. Entonces, esa situación hace de que tengamos diferencias sin dudas”. Y se preguntó: “¿Qué más tiene que suceder en la Argentina para que los trabajadores nos demos cuenta que somos los convidados de piedra de este proceso político?”.

“Este presidente llegó a decir que quienes defienden la industria nacional son chorros. Nosotros representamos uno de los gremios más representativos del mundo industrial, no podemos estar ausentes en la discusión política sobre el modelo de desarrollo para nuestro país”, concluyó.

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