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Abel Furlán apuntó contra el Gobierno y los empresarios por la intervención de la UOM: “Hay una clara persecución”

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El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán acusó a los jueces laboralistas que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.

Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Furlán señaló que detrás del fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al movimiento sindical.

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Acá hay empresarios y está el Gobierno por una sencilla razón: lo que está en disputa es el salario. Este gobierno pulverizó el poder adquisitivo, no solo de los trabajadores metalúrgicos, sino de todos los trabajadores de la industria”, señaló Furlan, que continuó: “Acá hay incentivos políticos y económicos. Son el mismo tribunal que echó por tierra con la cautelar de la CGT (contra la reforma laboral), poniendo en vigencia nuevamente una ley totalmente regresiva”.

“Nunca pensamos que en la UOM iba a suceder una intervención en democracia con los mismos contenidos que en dictadura. Para nosotros, esto es parte del proceso de desindustrialización”, afirmó Furlán. Y remarcó: “No tenemos duda que hay una clara persecución, porque quieren dejar en claro una medida ejemplificadora para que nadie más se atreva a disputar estas cuestiones”.

El viernes pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la UOM y dispuso la intervención del gremio por 180 días. Así lo definieron los jueces Víctor Pesino y María Dora González, al apartar de su cargo a Abel Furlán, quien había sido reelecto, y ordenaron que se realicen nuevos comicios.

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El fallo también declaró nulas las elecciones en la seccional Campana, origen de la disputa iniciada por la opositora Lista Naranja, que denunció irregularidades en el proceso electoral del 2 al 4 de marzo de 2026. Según la resolución, los comicios de la seccional y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la de la segunda.

En un repaso sobre el conflicto, Furlán responsabilizó a la lista opositora, que caracterizó como afín al Grupo Techint, de obstaculizar el proceso electoral en el día de la elección. “La lista opositora robó y rompió urnas dentro de Tenaris Siderca. La Junta Electoral (de la seccional Campana) suspendió el proceso, y trasladó la votación a la sede sindical para garantizar su transparencia”.

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Fue a partir de esa mudanza de las urnas sobre la cuál la oposición gremial judicializó e impugnó la elección. Según el dirigente, la lista oficialista de la seccional Campana se impuso por “2 mil votos contra 250 votos de la Lista Naranja”.

Una vez realizada las elecciones en todas las seccionales, el sindicato realizó el Congreso de autoridades para definir la nueva conducción. Fue en ese marco que la Justicia laboral “sacó una cautelar suspendiendo” el acto comicial. “Nosotros no fuimos notificados en tiempo y forma y, al no estar notificados, realizamos el congreso electoral igualmente. Fui elegido de manera unánime, con más del 80% de los votos”, describió.

Tras esa medida, Furlán cuestionó el fallo porque omitió una resolución por vía interna, a nivel del sindicato. “Hay un fallo de la Corte muy claro, donde se dice que si las organizaciones sindicales tienen instrumento para resolver los diferendos internos, debe privilegiarse que se resuelva por la vía asociacional, y no por la vía de intromisión del Estado”, describió.

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El precedente que dejan con la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica es gravísimo. No pueden interferir una organización que tiene 53 seccionales por la denuncia de una irregularidad en una sola. Cuando la organización tiene instrumentos para resolverlo en el marco estatutario”.

Sin embargo, aclaró que “el fallo no está firme”. “Ayer se ha reunido el Consejo Directivo de la UOM, al que no le afecta la resolución, que rechazó la resolución u nombró a Daniel Da Porta como delegado normalizador para resolver la cuestión de acefalía que produce la Cámara (laboral)”, explicó. “De verdad, el problema lo tengo en mi seccional y estoy dispuesto a ir a nuevamente a una elección”, aclaró.

El impacto político de la intervención

El abrazo simbólico en la sede de la UOM reunió a referentes sindicales y trabajadores que exigieron el cese inmediato de la intervención judicial y la restitución de las autoridades electas

Ayer, la sede del gremio fue epicentro de un abrazo simbólico convocado por la UOM y respaldado por otros sindicatos. Los manifestantes exigieron el cese inmediato de la intervención y la restitución de las autoridades electas.

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Según el dirigente sindical, su gremio es uno de los que más confrontan contra el impacto de las políticas del Gobierno sobre el empleo. De hecho, integra el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que abarca a las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros.

“Desde que Milei asumió el gobierno, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo. Es el resultado de la política de desindustrialización y ajuste sobre el salario”, señaló.

Para Furlán, la decisión judicial también responde a intereses empresariales concretos: “En Campana, la lista opositora fue propuesta por la patronal, Tenaris Siderca, que es el grupo Techint. Hace dos años que no podemos acordar paritaria porque pretenden que firmemos a la baja por debajo de lo que anuncia el INDEC. Hoy, el secretario de Trabajo es Julio Cordero, hombre del Grupo Techint”.

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Abel Furlán, con Claudio Marín (FOETRA), Agustín Lecchi (Sipreba) y Rodolfo Aguiar (ATE), entre otros dirigentes, en el abrazo a la UOM

Las diferencias internas en la CGT

El referente metalúrgico también se refirió a la falta de reacción de la CGT frente a la situación política, y señaló que si bien en la central “conviven distintos puntos de vista y tenemos diferencias”, la organización “no puede seguir inactiva” y tiene que plantear un plan de lucha.

“Uno siempre trata de privilegiar la unidad en cuando hay este tipo de políticas que tienden a someter a propios y extraños. Este no es un avance solo frente a la UOM. El otro día participé de un hecho solidario con los compañeros del Subte por la denuncia penal que les hicieron por un plan de lucha. A la Unión Ferroviaria, del compañero (Omar) Maturano, le acaban de sancionar con una multa de 21.000 millones por haber adherido al paro de la CGT”, enumeró.

Hay claramente -continuó- una intencionalidad de perseguir a quienes levantamos la voz en contra de este modelo de ajuste y de sometimiento. Entonces, esa situación hace de que tengamos diferencias sin dudas”. Y se preguntó: “¿Qué más tiene que suceder en la Argentina para que los trabajadores nos demos cuenta que somos los convidados de piedra de este proceso político?”.

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“Desde que Milei asumió, la UOM perdió veinticinco mil puestos de trabajo”, afirmó el dirigente metalúrgico y apuntó a la política de ajuste y desindustrialización

“Este presidente llegó a decir que quienes defienden la industria nacional son chorros. Nosotros representamos uno de los gremios más representativos del mundo industrial, no podemos estar ausentes en la discusión política sobre el modelo de desarrollo para nuestro país”, concluyó.

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Quién es la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa

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Mientras la Justicia busca a Luna Ortigoza, la funcionaria del Municipio de Morón a quien le encontraron medio kilo de cocaína en su casa, se conocieron detalles de su labor en la municipalidad.

Ortigoza había comenzado a trabajar en el Municipio en febrero de 2020, pocos días antes del inicio de la pandemia.

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Cinco años después, el 19 de junio de 2025, fue designada por el intendente como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, un puesto que contemplaba una carga horaria de 48 horas semanales.

Dentro de la estructura municipal, Ortigoza respondía de manera directa a Laura De Peri, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

Sin embargo, ahora quedó en el centro de una investigación judicial en la que está acusada por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

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La Justicia busca dar con la funcionaria acusada por el delito de narcotráfico. (Foto: Instagram hernan.sabattella)

Aunque otros integrantes de su familia también ocupan cargos vinculados a la política y la gestión pública, por el momento la Justicia solo mantiene a Luna Ortigoza bajo investigación penal.

Su madre se desempeña como titular de una Unidad de Gestión Comunal (UGC) del Municipio, mientras que una de sus hermanas trabaja junto a la senadora provincial Mónica Macha.

La causa también tiene otro prófugo identificado. Se trata de Ángel Paz, sobre quien pesa una orden de captura emitida por la Fiscalía N°9 de Morón y el Juzgado de Garantías N°1 de ese departamento judicial.

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Según trascendió, Paz mantenía una relación paralela con Ortigoza, además del matrimonio que ella sostenía oficialmente, situación que la funcionaria habría comentado en conversaciones con personas de su entorno.

En paralelo, el marido de Ortigoza fue allanado el jueves pasado por efectivos de la Policía Federal. Durante el procedimiento no encontraron elementos de interés para la causa. Por ese motivo, hasta el momento el hombre quedó al margen de la investigación judicial.

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La causa por narcotráfico

El caso se conoció luego de un allanamiento en la casa de Ortigoza donde encontraron medio kilo de cocaína. Desde entonces, la funcionaria tiene una causa abierta por venta de drogas.

Sin embargo, cuando la fueron a buscar a la casa no la encontraron y desde ese momento pesa sobre ella un pedido de captura.

Una vez que se conoció el resultado del allanamiento, el intendente Lucas Ghi desplazó a Ortigoza inmediatamente de su cargo. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la justicia”, aseguró el jefe comunal en diálogo con TN.

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“Soy el principal interesado en que se esclaerzca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”, resaltó Ghi, aunque aclaró que la funcionaria “entró durante la gestión anterior”.

“Recibimos denuncias anónimas y las volcamos a la UFI. Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia”, expresó el intendente. “Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, insistió.

Ortigoza estaría de vacaciones en la casa de su madre y según trascendió, habría dicho que se entregaría “cuando la situación se aclare”. Su jusificación es que una presunta pareja suya dejó “cosas en su casa” entre las que estarían las drogas encontradas en el allanamiento.

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Ghi manifestó que Ortigoza estaba “formada y capacitada” en el área de género y que su cargo no fue producto de su militancia. “Nunca dejamos de estar en alerta, pero lo que pasa es que evaluamos en un campo de acción. Lo que pasa en el ámbito privado no tenemos manera de enterarnos, a menos que nos llegue una denuncia”, explicó.

“No nos va a temblar el pulso para tomar ninguna decisión, si comprobamos algún caso similar”, finalizó.

Morón, narco, Drogas

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El Gobierno bloqueó el ingreso de tres cargueros que llegaban desde Congo a la Argentina por el brote de ébola

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La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó este miércoles que el Gobierno frenó el ingreso de tres buques cargueros procedentes de la República Democrática del Congo, país afectado por un brote del virus del ébola, que tenían previsto arribar a la Argentina.

Según indicaron fuentes oficiales, la medida fue adoptada de manera preventiva en el marco de los protocolos sanitarios y de control fronterizo ante la expansión de la enfermedad en el país africano. Fue en un trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud. Las embarcaciones operaban bajo bandera de Grecia y Liberia.

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“Se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina. La identificación de estos movimientos, a partir de información recabada por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, detallaron desde la SIDE en un comunicado.

El comunicado de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)

Sumaron que se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes, lo que permitió anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública.

Entre las medidas preventivas adoptadas, se realizaron acciones coordinadas entre Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud y la Prefectura Naval Argentina, como controles sanitarios a bordo de los buques detectados, exigencia de declaraciones juradas y la implementación de medidas sanitarias específicas para evitar el desembarco de las tripulaciones.

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Noticia en desarrollo




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El Ejército evalúa incorporar aeronaves militares para reemplazar una flota con más de 50 años

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La Aviación de Ejército argentino evalúa incorporar helicópteros UH-60 Black Hawk, en un primer lote de dos a cuatro unidades usadas, con posibilidad de transferencia a bajo costo o gratuita desde Estados Unidos. El plan apunta a reemplazar de forma gradual a los UH-1H y Huey II, en servicio desde hace más de cinco décadas, y a recuperar capacidades de transporte y despliegue.

La propuesta forma parte de conversaciones bilaterales en materia de defensa con Estados Unidos y volvió a tomar impulso tras reuniones oficiales realizadas en marzo, cuando el ministro Luis Petri viajó a ese país. La decisión integra una agenda que también incluye otros sistemas, como los vehículos 8×8 Stryker.

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La incorporación se discute como una alternativa a una compra de helicópteros nuevos, en montos de “cientos de millones de dólares”, según detalló en Infobae en Vivo Al Mediodía, Andrei Serbin Pont. El enfoque actual prevé iniciar la integración con un lote reducido y ampliar la flota con el tiempo, a medida que se den de baja unidades más antiguas.

Qué helicópteros busca reemplazar el Ejército y cuántos tiene en servicio

El núcleo de la flota de ala rotatoria del Ejército se sostiene en los UH-1 en distintas versiones. Serbin Pont afirmó que los UH-1H y Huey II son “la columna vertebral de la aviación del ejército” y que suman unas 40 unidades en servicio, con más de cinco décadas de uso.

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El analista indicó que existió un programa de modernización para “ponerlos al día”, aunque advirtió que los modelos “bordean la obsolescencia” y que la fuerza mantiene desde hace años la intención de incorporar UH-60 en alguna de sus variantes.

Serbin Pont sostuvo que la necesidad se volvió más apremiante por el rol que cumplen los helicópteros en tareas de apoyo humanitario y despliegue. “Son los primeros en llegar, son los primeros que pueden rescatar evacuados”, dijo, y agregó que su alcance depende de variables como meteorología, altura y carga.

La opción de UH-60 Black Hawk usados y el debate por los costos

La alternativa que se analiza se centra en un lote de UH-60L dados de baja. El analista explicó que se trata de una versión analógica que entró en servicio en los años ‘90 y que no corresponde a las variantes más nuevas, aunque “sería ya de por sí un avance y probablemente a un costo muy inferior”.

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El plan histórico, según describió, consistía en adquirir 20 UH-60 nuevos, con una flota totalmente nueva. Esa idea quedó condicionada por el costo total de la operación. “Eso es caro, sale un montón de plata”, afirmó Serbin Pont, y ubicó la compra en “cientos de millones de dólares”.

En ese marco, el analista detalló que la discusión actual contempla una transferencia inicial de dos a cuatro unidades, “a muy bajo costo o de forma gratuita”, para comenzar la integración del sistema. Señaló que en otro momento se habló de un lote de 12, pero que hoy se trabaja sobre una incorporación más acotada y gradual.

El reemplazo de helicópteros antiguos busca fortalecer las capacidades de transporte y despliegue militar del Ejército argentino (Wikimedia Commons)

CH-47 Chinook: la discusión por volver a operar helicópteros pesados

Las conversaciones también incluyen a los helicópteros pesados CH-47 Chinook, que Argentina operó en el pasado. Serbin Pont afirmó que dos unidades participaron en la guerra de Malvinas y que una fue destruida, mientras que la otra quedó inmovilizada y se perdió durante el conflicto.

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Según Serbin Pont, los Chinook cubren un rol central por su capacidad de transportar más personal y cargas internas y externas de mayor volumen. Afirmó que el interés no se limita al Ejército: “Los quiere el Ejército y la Fuerza Aérea”, dijo, y mencionó la posibilidad de una compra conjunta.

El analista explicó que acceder a CH-47 nuevos implica demoras por la “fila” de producción y entrega. Por ese motivo, planteó que se evalúan alternativas con helicópteros que otros países den de baja, con la opción de modernizarlos e integrarlos luego.

En ese marco, Serbin Pont indicó que se discute una hipótesis de incorporación de cuatro unidades, con dos para el Ejército y dos para la Fuerza Aérea, para cubrir un vacío que describió como histórico desde Malvinas. Señaló que, en combinación con UH-60 y los UH-1 remanentes, permitiría sostener una capacidad más amplia de despliegue aerotransportado.

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