Un chofer del Consejo de la Magistratura y su hermano, que hacía tareas de vigilancia en el organismo, fueron suspendidos en sus funciones porque están presos acusados de integrar una banda que se dedicaba a secuestrar a narcotraficantes y delincuentes a los que les cobraban como rescate el botín que obtenían en sus actividades ilegales.

El padre de ambos, que era un expolicía jefe del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, fue removido de su cargo y trasladado mientras es investigado. Se sospecha que uno de los secuestros de un menor de edad, hijo de un delincuente preso en la cárcel de Villa Devoto, se realizó con una camioneta blanca Volkswagen Amarok que pertenece a la flota oficial del Consejo de la Magistratura, dijo a una fuente del caso.

Los dos empleados del Consejo de la Magistratura suspendidos tras un estudio del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial son Matías Nahuel Más y Juan Jesús Más, según la resolución 28 de 2023 firmada por la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Diaz Cordero. En esa misma decisión se cita que ambos detenidos fueron acusados por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso de integrar una asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y la participación de tres o más personas; robo agravado por haberse cometido en banda y con armas, y secuestro agravado de un menor de edad.

Uno de los hermanos era chofer del Consejo, el otro monitoreaba cámaras de seguridad. Ambos están presos y fueron ahora suspendidos. El padre de ambos, Sebastián Más, entre diversas funciones vinculadas a la seguridad de los edificios judiciales, era el responsable del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, como titular de la Oficina de Enlace. Ahora fue trasladado al área de Recursos Humanos.

El juez federal de Morón Jorge Rodríguez debe decidir sobre la situación de los hermanos, involucrados en una organización integrada por la menos 10 personas.

“Nos encontramos ante imputaciones penales de delitos graves, pluriofensivos en los que respecta a los bienes jurídicos lesionados y que, a más del carácter de funcionarios públicos de las dos personas detenidas, exhiben una línea de investigación jurisdiccional enderezada a determinar el probable empleo en al menos uno de los hechos de un vehículo oficial de este Consejo de la Magistratura”, dice el informe de Díaz Cordero.

Los investigadores del caso relataron el origen insólito de esta investigación, que puso al descubierto a una organización de secuestradores que robaba a ladrones y a narcos en el entendimiento de que entre miembros del hampa no iban a ser denunciados.

La causa se inició en enero cuando se produjo un robo mediante una “entradera” en una casa en la ciudad de Buenos Aires. La policía comenzó a investigar e identificó a los tres delincuentes, y logró dar con uno de ellos. Pero uno de los dos prófugos, en su huida, fue secuestrado por una banda que buscaba sacarle dinero. Así, pagó un rescate de 45.000 dólares y fue liberado. Una vez que recuperó la libertad, la policía lo detuvo por la entradera en la casa porteña.

La banda de secuestradores tenía información privilegiada sobre el botín que había en la casa, por lo que esta vez secuestraron al hijo menor de edad de uno de los ladrones que estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Ningún miembro de la banda hizo la denuncia, pero sí los vecinos que vieron el secuestro.

La policía empezó a investigar, hizo seguimientos, controló imágenes de cámaras de seguridad y logró la autorización judicial para intervenir teléfonos, entre ellos los de los empleados del Consejo de la Magistratura ahora detenidos. Con toda esa información cayó sobre los secuestradores, luego del pago del rescate, que fueron otros 45.000 dólares. Eso permitió además liberar al hijo del delincuente.

Ahora, la fiscalía de Basso sigue investigando a la organización, ante la sospecha de que hay personas implicadas en esta banda. Entienden que para robar a otros delincuentes no solo hay que tener potencia de fuego y ser “pesados”, sino contar además con información privilegiada sobre los negocios ilegales de los secuestrados. Información que tienen los delincuentes o los policías, y hacia allí se encamina la pesquisa.

La diputada nacional Marcela Pagano se transformó en algo más que una pieza suelta en el Congreso para el oficialismo: desde hace por lo menos dos meses, la periodista que en 2023 acompañó a Bertie Benegas Lynch al tope de la lista de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) bombardea sin descanso a la cúpula del Gobierno desde Comodoro Py con denuncias de todo tipo.

Su nuevo rol de “denunciadora serial” quedó reflejado en los números que cosechó en todo ese último tiempo: entre denuncias y ampliaciones, la diputada contabiliza presentados en la Justicia un total de 31 escritos.

En muchos casos, sus señalamientos se hacen eco de noticias periodísticas; en otros, se fundan en datos propios. En ocasiones, es patrocinada por su pareja, el abogado penalista Franco Bindi.

La nueva rutina de la diputada en los tribunales comenzó el 11 de marzo con la denuncia del viaje que llevó a Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, a Nueva York como parte de la comitiva oficial.

Pasó sin hacer mella: el juez Daniel Rafecas la cerró a instancias de la fiscal Alejandra Mángano, que consideró que no había delito. Pero otras que la siguieron se encuentran activas y al menos dos se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para el Gobierno.

Una es la que investiga al jefe de Gabinete por su vuelo en avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval. El juez Ariel Lijo se encamina a indagar al funcionario por aquel viaje junto a su familia y su amigo, el periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado los pasajes según los registros en manos de la Justicia.

Fue en el marco de ese expediente que la diputada dejó en claro que Comodoro Py sería su nuevo hábitat. El 29 de abril, cuando Adorni presentaba su informe de gestión en la Cámara de Diputados, Pagano eligió darle la espalda al Congreso para visitar una vez más los tribunales de Retiro y ampliar su denuncia original, incorporando a la causa información sobre una sociedad de Grandio en Uruguay, a la cual, dijo, fluirían los fondos de sus contrataciones con el Estado.

La exoficialista también dio inicio a la causa por enriquecimiento ilícito que revisa los números de Adorni y tiene contra las cuerdas al funcionario desde hace dos meses. Pagano ofreció información del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cuá, las dos propiedades que Adorni sumó a su patrimonio como funcionario público.

Pero también fueron blanco de ataque el entorno de Adorni y otros muchos funcionarios y legisladores. Pagano denunció al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, por enriquecimiento ilícito; a su mujer, Bettina, por un presunto uso indebido de su custodia y por los contratos que trabó con empresas ligadas al Estado; al senador Joaquín Benegas Lynch, por enriquecimiento ilícito, y a su antiguo compañero de bancada, el diputado Santiago Santurio, por el crédito al que accedió en el Banco Nación, entre otros.

Casi no hubo polémica del Gobierno que no estuviera acompañada de una presentación de Pagano en la Justicia. Por el uso dispendioso de las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica, también Demian Reidel quedó alcanzado por una de sus presentaciones.

Durante la semana pasada, la legisladora sumó información a una causa que inició contra la hermana del Presidente, Karina Milei, por supuestas irregularidades en la contratación millonaria de un servicio de jardinería en la quinta de Olivos.

Su actividad en los tribunales se extendió hasta última hora del último vierns. En una denuncia que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, la diputada apuntó contra la polémica cuenta en X de @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem y eliminada tras un traspié digital que habría dado cuenta de que esta pertenecía, en efecto, al presidente de la Cámara de Diputados.

Pagano pidió que se adopten medidas “urgentes” para identificar al titular de la cuenta y preservar su contenido. Solicitó, además, ser tenida como querellante en el expediente, argumentando que la cuenta Periodista Rufus le dirigió ataques personales durante el tiempo en que estuvo al frente de la Comisión de Juicio Político.

Se remitió así al episodio que marcó su ruptura con el Gobierno: Menem se opuso desde el primer momento a que Pagano, que contaba en ese entonces con el aval de Oscar Zago, asumiera la titularidad de esa comisión, donde se ordena el trámite de los pedidos de remoción contra funcionarios y jueces.

Pagano reunió los votos para ocupar el cargo, pero Menem nunca reconoció oficialmente la designación. Ambos quedaron enfrentados hasta que, en agosto de 2025, Pagano se abrió de la bancada oficialista con Coherencia, el bloque que hoy habita en soledad.

Hasta marzo de este año −cuando dio inicio a la avalancha de denuncias− Pagano había mantenido sus diferencias con el Gobierno en el terreno político, incluida una disputa abierta con Lilia Lemoine en la Cámara baja.

El tono de su distanciamiento lo marcó en una carta abierta en la que advertía al Presidente que su entorno lo empujaba “hacia un abismo”. “Los leones genuinos fueron expulsados del reino, y lo que queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche”, decía en el escrito.

El enfrentamiento de Pagano con el Gobierno se corrió a la Justicia y recientemente terminó por trepar hasta el Poder Ejecutivo. Fue después de que la diputada, afuera de los tribunales, vinculara el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni con la criptomoneda digital $LIBRA. El 5 de mayo, en un canal de televisión, agitó la versión de que el funcionario movió dinero proveniente del activo y al otro día, salió a su cruce el presidente Milei, cuando sostuvo en LN+ que Adorni tenía todos los papeles listos y presentaría en breve su declaración jurada.

“Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano”, dijo el Presidente, que abandonó el tono cortés en sus siguientes apariciones para referirse a la diputada como el “lechón iraní”.

El contrapunto nacido en los canales de televisión tuvo su correlato en los tribunales. El 15 de mayo, por primera vez, Pagano denunció directamente a Milei. En su escrito sostuvo que el Presidente omitió denunciar un “intento de golpe de Estado” −episodio al que había referido en una entrevista con Neura− y un intento de corrupción por parte de un empresario, que le habría ofrecido dinero.

“Lo que estoy haciendo no es más ni menos que mantener las promesas que hicimos en campaña −le explica Pagano a − cuando militábamos que la transparencia era uno de los pilares fundamentales de nuestro contrato social”.

“El propio Presidente decía que si encontraba la más mínima irregularidad en el accionar de un funcionario iba a invertir la carga de la prueba y lo iba a apartar preventivamente, hasta tanto pudiera demostrar su inocencia, y que se tenía que defender ante la Justicia”, recuerda.

Este lunes, Milei volvió a recrudecer el conflicto al darle difusión a un mensaje en redes en el que la diputada Leila Lemoine acusaba a Pagano de haber grabado gente dentro del Congreso y dedicarse al “chantaje y la extorsión”.

“Ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos”, dijo su excompañera de bancada, que habló también de un “intento” de Pagano y Bindi de “tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente”.

Entre la ruptura política con el oficialismo y el inicio de la embestida judicial de Pagano, hubo otro episodio en los tribunales. En septiembre, cuando en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y en ella incluyó a la pareja de Pagano, Bindi. Lo señaló como ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y como posible autor intelectual de “algunos tramos” de la difusión de aquellos audios.

En aquella causa promovida por el Gobierno se apoyaron finalmente el fiscal Franco Picardi y el entonces juez del caso Andis, Sebastián Casanello, para avanzar en la investigación sin peritar los audios, cuyo origen ya era objeto de análisis en ese otro expediente.