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Suspendieron a los hermanos que trabajaban en el Consejo de la Magistratura y se dedicaban a secuestrar delincuentes

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Un chofer del Consejo de la Magistratura y su hermano, que hacía tareas de vigilancia en el organismo, fueron suspendidos en sus funciones porque están presos acusados de integrar una banda que se dedicaba a secuestrar a narcotraficantes y delincuentes a los que les cobraban como rescate el botín que obtenían en sus actividades ilegales.

El padre de ambos, que era un expolicía jefe del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, fue removido de su cargo y trasladado mientras es investigado. Se sospecha que uno de los secuestros de un menor de edad, hijo de un delincuente preso en la cárcel de Villa Devoto, se realizó con una camioneta blanca Volkswagen Amarok que pertenece a la flota oficial del Consejo de la Magistratura, dijo a una fuente del caso.

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Los dos empleados del Consejo de la Magistratura suspendidos tras un estudio del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial son Matías Nahuel Más y Juan Jesús Más, según la resolución 28 de 2023 firmada por la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura Agustina Diaz Cordero. En esa misma decisión se cita que ambos detenidos fueron acusados por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso de integrar una asociación ilícita, secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y la participación de tres o más personas; robo agravado por haberse cometido en banda y con armas, y secuestro agravado de un menor de edad.

Uno de los hermanos era chofer del Consejo, el otro monitoreaba cámaras de seguridad. Ambos están presos y fueron ahora suspendidos. El padre de ambos, Sebastián Más, entre diversas funciones vinculadas a la seguridad de los edificios judiciales, era el responsable del Área de Choferes del Consejo de la Magistratura, como titular de la Oficina de Enlace. Ahora fue trasladado al área de Recursos Humanos.

El juez federal de Morón Jorge Rodríguez debe decidir sobre la situación de los hermanos, involucrados en una organización integrada por la menos 10 personas.

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Nos encontramos ante imputaciones penales de delitos graves, pluriofensivos en los que respecta a los bienes jurídicos lesionados y que, a más del carácter de funcionarios públicos de las dos personas detenidas, exhiben una línea de investigación jurisdiccional enderezada a determinar el probable empleo en al menos uno de los hechos de un vehículo oficial de este Consejo de la Magistratura”, dice el informe de Díaz Cordero.

Los investigadores del caso relataron el origen insólito de esta investigación, que puso al descubierto a una organización de secuestradores que robaba a ladrones y a narcos en el entendimiento de que entre miembros del hampa no iban a ser denunciados.

La causa se inició en enero cuando se produjo un robo mediante una “entradera” en una casa en la ciudad de Buenos Aires. La policía comenzó a investigar e identificó a los tres delincuentes, y logró dar con uno de ellos. Pero uno de los dos prófugos, en su huida, fue secuestrado por una banda que buscaba sacarle dinero. Así, pagó un rescate de 45.000 dólares y fue liberado. Una vez que recuperó la libertad, la policía lo detuvo por la entradera en la casa porteña.

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La banda de secuestradores tenía información privilegiada sobre el botín que había en la casa, por lo que esta vez secuestraron al hijo menor de edad de uno de los ladrones que estaba preso en la cárcel de Villa Devoto. Ningún miembro de la banda hizo la denuncia, pero sí los vecinos que vieron el secuestro.

La policía empezó a investigar, hizo seguimientos, controló imágenes de cámaras de seguridad y logró la autorización judicial para intervenir teléfonos, entre ellos los de los empleados del Consejo de la Magistratura ahora detenidos. Con toda esa información cayó sobre los secuestradores, luego del pago del rescate, que fueron otros 45.000 dólares. Eso permitió además liberar al hijo del delincuente.

Ahora, la fiscalía de Basso sigue investigando a la organización, ante la sospecha de que hay personas implicadas en esta banda. Entienden que para robar a otros delincuentes no solo hay que tener potencia de fuego y ser “pesados”, sino contar además con información privilegiada sobre los negocios ilegales de los secuestrados. Información que tienen los delincuentes o los policías, y hacia allí se encamina la pesquisa.

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una banda,La justicia electoral retiró tres listas que iban a competir en las PASO de la Ciudad por el Congreso y la Presidencia,Hernán Cappiello,Consejo de la Magistratura,Justicia Federal,secuestro extorsivo,Conforme a,,De bajo perfil. Quiénes son los operadores políticos todoterreno que trabajan con Sergio Massa,,Secretos de campaña. Elecciones 2021: un drenaje de cinco millones de votos que partió al Frente de Todos y selló la suerte de Alberto Fernández,,Los 70. El atentado contra José Alonso, un blanco sindical de los Montoneros,Consejo de la Magistratura,,¡Los dólares o le corto un dedo! Trabajaban en el Consejo de la Magistratura e integraban una banda de secuestradores,,Qué dice el texto. El Consejo de la Magistratura avanza con un nuevo Código de Ética para los jueces,,Clave en los casos de corrupción. El Gobierno logró avanzar en el concurso para reemplazar a dos jueces de la Cámara Federal

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Campaña anti Argentina: Milei habilitó por decreto a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos

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El Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.

La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.

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Prohibiciones y fundamentos de la medida

El decreto incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.

La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.

Contexto de la decisión y alcance

La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.

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Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerza su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subraya que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.

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Domestic Politics,War,South America / Central America,Government / Politics

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El Gobierno prohibirá el ingreso al país a extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra argentinos

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El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá además cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en esas conductas, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.

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En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que aumentaron considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según argumentó, esas manifestaciones representan un riesgo para los ciudadanos y quebrantan “el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.

El texto de la normativa también señala que ese tipo de conductas desnaturaliza el sentido de la política migratoria argentina y afecta las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. También se sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.

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Boletín Oficial,Javier Milei,Migraciones,Conforme a

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Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos

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El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir la entrada al país y disponer la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.

La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina. El decreto 681/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

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El mensaje del Gobierno tras anunciar la medida

En la parte final del documento, la administración de Milei justificó la decisión por lo que definió como recientes expresiones contra el país y sus habitantes.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.

Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos. (Foto: X/@OPRArgentina).

Qué establece el DNU firmado por Javier Milei

El DNU incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece las causas por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.

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Según el decreto, la nueva normativa permitirá prohibir el ingreso o expulsar del territorio argentino a extranjeros que promuevan ataques contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos.

A partir de la modificación, se impedirá la entrada a quienes hayan dirigido “mensajes de odio en forma oral o escrita” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad.

La restricción también alcanzará a quienes hayan realizado, participado o incitado a cometer “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.

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Sin embargo, el texto aclara que no podrán quedar comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.

En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Además, argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.

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En qué casos se podrá cancelar la residencia y ordenar una expulsión

El decreto también incorporó estas conductas como causal para cancelar la residencia de una persona extranjera que ya se encuentre dentro del territorio argentino.

La modificación del artículo 62 establece que podrá perder su residencia quien haya difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participado en actos contra los símbolos patrios.

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En esos casos, la decisión podrá derivar en una intimación para abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del territorio nacional.

Para adoptar esa medida, las autoridades deberán tener en cuenta “las circunstancias fácticas y personales del interesado”, según establece el nuevo texto del artículo 63.

Javier Milei, DNU, Extranjeros, odio

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