POLITICA
Crecen las críticas al proyecto de Zona Fría en el Senado y se frena el debate tras la media sanción en Diputados
El Gobierno deberá esperar si lo que quiere es avanzar rápidamente con la aprobación de la ley de Zona Fría en el Senado de la Nación. En la previa al inicio del debate en las comisiones, cada vez más senadores se van mostrando contrarios al acompañamiento que busca La Libertad Avanza, que es el de la aprobación sin modificaciones.
En la Casa Rosada ya sabían que no contaban con el apoyo del peronismo ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Pero en las últimas horas se fueron conociendo las opiniones de otros legisladores de la Cámara Alta que discuten la ley en su totalidad o en parte de su articulado.
La modificación de la ley de Zona Fría no solo impacta en los distritos que la pierden sino que también cambia la ecuación del subsidio en su totalidad. Las zonas que la mantendrán solo recibirán una reducción del costo del gas en boca de pozo; la distribución, el transporte y los impuestos tendrán un costo del 100%. En la actualidad el subsidio es sobre el precio final.
En una cámara donde el 25% de los votos son patagónicos, el oficialismo cuenta con 21 senadores y sabe que para poder avanzar como quiere, sin cambios, tiene que sumar a todos los provinciales, a todo el PRO y, como mínimo, a 7 de los 10 radicales. Y acá es donde empiezan los problemas.
Al rechazo de la senadora cordobesa ya se le sumó el del radical Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata, ciudad que perdería el subsidio. Quedan nueve del bloque de la UCR para ir a pescar.
En las últimas horas se puso en duda el acompañamiento de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos del radicalismo. El ex gobernador mandó a sus senadores a votar la norma cuando era el titular del Ejecutivo provincial y la senadora suele acompañar el voto de su coterráneo.
En este esquema, el radicalismo quedaría al límite del apoyo que necesita el oficialismo para poder sancionar la ley, por lo que no podría sufrir ninguna baja más. Y esto parece difícil que no suceda, ya que en las últimas horas el pampeano Daniel Kroneberger —provincia que quedaría excluida de la ayuda— señaló que aún no tiene definida su posición.
Pero además aparecen los bloques provinciales que empiezan a poner condiciones. Este es el caso de la senadora de La Neuquinidad, Julia Carrozo, que ya adelantó que tal como llegó la ley no la va a acompañar y solicitó modificar un artículo que deja en poder del Ejecutivo el porcentaje de subsidio a aplicar en la Patagonia.
El artículo que cuestiona Carrozo es el 2°, que establece que los beneficios para las regiones que quedan dentro de la Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.
A la posición de la neuquina se le sumó la de los dos senadores de Santa Cruz, que en algunos casos acompañan y en otros no.
En las últimas horas se conoció que Natalia Gadano y José Carambia se oponen al proyecto y el oficialismo sigue sumando bajas en un debate que todavía no comenzó.
“Nadie está apurando el debate porque no están los votos. En La Libertad Avanza apuestan a la relación con los gobernadores pero el artículo que habla sobre que las provincias se tienen que hacer cargo de la deuda de sus distribuidoras con Cammesa está generando mucho ruido. Nadie tiene un peso”, explicó un senador de la oposición dialoguista que seguramente votará a favor del proyecto de la Casa Rosada.
POLITICA
Reforma del BCRA: Milei prepara una cadena nacional “sanguinaria”, y estará acompañado por su equipo económico y sus “espadas” políticas
“Va a ser sanguinaria”. Con esa frase describieron, muy cerca del presidente Javier Milei, la cadena nacional que dará esta noche para presentar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Se trata de una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.
En el corazón del poder libertario ampliaron explicando que la cadena nacional, que durará alrededor de 20 minutos “será sanguinaria contra los políticos que le robaron a la gente durante 90 años a través del Banco Central”. Desde allí resaltaron que será “contra la casta, sin distinción”, y aseguraron que “va a dar que hablar”.
Desde comienzos de julio, cuando el Gobierno comenzó a hablar del tema se definió al proyecto como uno de los “pilares” de su programa económico. La iniciativa busca prohibir el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria, fortalecer su independencia, modificar el tratamiento de las utilidades y eliminar las letras intransferibles.
La cadena será grabada en la tarde de hoy, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, y se difundirá a las 20. Allí Milei estará acompañado del equipo económico, encabezado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del BCRA, Santiago Bausili.
Además, por parte de la mesa política estará su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem.
Esos dos grupos de presencias tienen una lógica clara en el universo del líder libertario: con los primeros se “pensó” y delineó la reforma; con los segundos, se trabajó la idea de la presentación y se encargarán de la defensa del proyecto en el Congreso de la Nación, donde entrará la semana que viene por Diputados.
La idea de que el anuncio del proyecto, uno de los más importantes para la administración libertaria, sea por cadena nacional, salió de la propia mesa política, que se reúne semanalmente, encabezada por Karina Milei.
En el “kit comunicacional” que se delineó a lo largo de las últimas semanas se contemplaron cuatro pasos: el primero, la reunión que el mandatario mantuvo con sus diputados y senadores en Casa Rosada, para hablar del proyecto; luego una columna de opinión que publicó en el diario Clarín, en el que se refirió al tema; la cadena de este jueves y por último, lo que prevé que será una serie de entrevistas del presidente en medios para hablar del tema.
Además, Santilli, Bullrich y Menem está previsto que sean las “espadas” que defiendan el proyecto no solo en el Parlamento: también en los medios de comunicación. La idea de Balcarce 50 es “copar la parada” con el tema, según apuntan voces oficiales.
En la previa a la grabación, en Balcarce 50, explicaban que el mandatario pulía los últimos detalles de su discurso con su asesor, Santiago Caputo.
Milei se encuentra dedicado al proyecto desde hace semanas. El pasado 9 de julio, luego del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, el mandatario reunió a su Gabinete en pleno para hablarles por primera vez del proyecto. Apenas unos días después fue que lo hizo con los legisladores de su espacio.
Durante su viaje a Perú, a a comienzos de esta semana, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, y allí describió parte del contenido del proyecto. “El BCRA va a volver a tener como misión fundamental preservar el valor de la moneda. Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco”, afirmó.
Luego fue un paso más allá al sostener que quienes violen ese principio deberían afrontar consecuencias penales. “Se va a considerar una estafa y una asociación ilícita. Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal”, sostuvo.
Semanas atrás ya había apuntado que la nueva Carta Orgánica “termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación”.
Al tiempo que ante sus legisladores, el mandatario señaló además que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, en tiempos del kirchnerismo.
la reunión que el mandatario mantuvo con sus diputados y senadores en Casa Rosada,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
El Gobierno utilizará el sistema de alertas migratorias para impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes anti-Argentina
El Gobierno planea aplicar el DNU que habilita a impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos mediante el sistema de alertas que ya utiliza la Dirección Nacional de Migraciones. En el Ejecutivo aseguran que no está previsto crear una oficina específica ni modificar la arquitectura general de los controles fronterizos, sino incorporar la nueva conducta como una causal adicional de inadmisión y cancelación de residencia.
“El sistema es el mismo. Lo que se puede hacer es una alerta por la nueva causal prevista en el DNU”, expresan fuentes oficiales. La información podrá incorporarse a las bases que consulta Migraciones antes de autorizar el ingreso de un extranjero y durante los controles que se realizan en aeropuertos, puertos y pasos terrestres.
La operatoria vigente combina el análisis documental, el escaneo de pasaportes y documentos de viaje y el cruce con distintas bases de información. Las incidencias detectadas pueden derivar en la inadmisión de una persona en la frontera, de acuerdo con las causales establecidas por la Ley de Migraciones.
El cambio central será, por lo tanto, jurídico y no tecnológico. A las alertas que actualmente pueden originarse por antecedentes penales, pedidos de captura, prohibiciones judiciales, documentación irregular u otras restricciones se podrá sumar una advertencia vinculada con mensajes de odio, incitación a la violencia contra argentinos por su nacionalidad o ultrajes a símbolos patrios.
En la Casa Rosada no precisan todavía quién deberá producir la información inicial, cuál será el procedimiento para validarla ni qué elementos tendrán que acompañar una alerta. Tampoco aclaran si alcanzará con publicaciones públicas en redes sociales, informes consulares, denuncias particulares, reportes periodísticos o comunicaciones de organismos de seguridad extranjeros.
La distinción operativa que realiza el Gobierno depende de la ubicación de la persona. Cuando el extranjero se encuentre fuera del país y pretenda ingresar, Migraciones deberá evaluar la causal en el puesto de control. Cuando la conducta se produzca dentro del territorio argentino, el monitoreo y la detección quedarán bajo la competencia de las fuerzas federales.
“Lo que pase en la Argentina relacionado con eso es competencia de las fuerzas federales”, sostienen en Nación. Ese punto es relevante porque el Ejecutivo reformó durante 2025 los marcos de actuación de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con una ampliación de sus capacidades de prevención, análisis criminal y actuación en espacios digitales.
La nueva regulación de Gendarmería, por ejemplo, le asignó funciones específicas en materia de ciberdelito, ciberterrorismo e inteligencia criminal, además de su rol como policía auxiliar migratoria. También le reconoció capacidad para actuar en redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes de acceso abierto con fines preventivos frente a acciones criminales o terroristas.
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La reforma de la PSA fue más explícita respecto de la prevención en espacios públicos digitales sin autorización judicial. El alcance de esas facultades ya generó cuestionamientos por el riesgo de que el seguimiento de redes exceda la detección de delitos y avance sobre expresiones políticas, periodísticas o ciudadanas.
El Gobierno evita definir la futura aplicación como un sistema de vigilancia permanente de extranjeros. La explicación oficial es que las fuerzas federales detectarán conductas dentro de sus tareas habituales y comunicarán los antecedentes a Migraciones, que mantendrá la facultad administrativa de cancelar una residencia, intimar a la persona a abandonar el país o iniciar el procedimiento de expulsión.
El Decreto 681/2026 modificó los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. La norma incluyó entre las causales migratorias los mensajes de odio formulados en forma oral o escrita, la incitación a la violencia contra el pueblo argentino o contra una persona por su nacionalidad y la participación o instigación de actos de ultraje contra los símbolos patrios.
El texto aclara que no deben quedar comprendidas las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución. La reglamentación deberá establecer en la práctica dónde termina una manifestación crítica y dónde comienza una conducta que pueda activar una alerta, una inadmisión o la pérdida de la residencia.
En Balcarce 50 no dan detalles sobre el decreto reglamentario ni sobre los protocolos que deberán aplicar Migraciones y las fuerzas federales. Tampoco descartan que la medida sea judicializada por el instrumento utilizado, la amplitud de las nuevas causales y el margen de interpretación que deja la expresión “mensajes de odio”.
El Ejecutivo ya enfrentó un revés judicial por la reforma migratoria que impulsó mediante el DNU 366/2025. La Cámara Nacional Electoral anuló el capítulo que transfería a Migraciones la facultad de resolver pedidos de ciudadanía al entender que el Gobierno había avanzado mediante un DNU sobre una materia vinculada con derechos políticos y reservada al Congreso.
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El decreto de 2025 había sido más amplio: modificó reglas sobre ingreso, residencia, expulsión, ciudadanía y acceso a servicios públicos. El texto endureció los impedimentos migratorios y mantuvo un procedimiento administrativo con recursos de reconsideración, jerárquico y de alzada, además de la posibilidad de acudir a la Justicia.
El Gobierno había anunciado una transformación de la Dirección Nacional de Migraciones inspirada en el modelo estadounidense. Patricia Bullrich promovió antes de dejar el Ministerio de Seguridad la creación de una estructura con mayor capacidad operativa, mientras que el diseño posterior contempló una Agencia Federal de Migraciones con áreas de Control Migratorio y Política Migratoria.
La reforma nunca terminó de instrumentarse. El esquema se trabó por diferencias sobre la estructura, los recursos, la convivencia con la PSA y las facultades que tendría Diego Valenzuela al frente del organismo. La idea de contar con una policía migratoria propia quedó postergada y, por eso, el nuevo DNU se aplicará inicialmente con Migraciones como autoridad administrativa y las fuerzas federales como brazo de detección y actuación territorial.
La Casa Rosada ubica la medida dentro de una secuencia política que comenzó después de la final del Mundial. En la lectura oficial, las críticas contra la Argentina y sus hinchas derivaron luego en cuestionamientos a símbolos nacionales, entre ellos la bandera argentina con la referencia a las Islas Malvinas, y reactivaron la discusión sobre los beneficios que reciben los extranjeros en universidades y hospitales públicos.
Gobierno, Migraciones, DNU
POLITICA
Lula le respondió a Milei y calificó su presencia en el acto de Bolsonaro como un “disparate”
SAN PABLO (AFP).- En medio de la tensión y los cuestionamientos cruzados, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le contestó el miércoles por la noche a su par argentino, Javier Milei, al calificar su asistencia a la convención de su rival electoral de derecha, Flávio Bolsonaro (hijo del exmandatario), como una “payasada”.
“Ustedes vieron el disparate (pacotada es la palabra que utilizó en portugués) que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”, sentenció el mandatario en una convención en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en la que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.
La tensión
En San Pablo, Milei llamó “ladrón” y “presidiario”, sin nombrarlo, al izquierdista Lula y “basura calva” al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, que le negó al libertario visitar en prisión domiciliaria al expresidente de derecha Jair Bolsonaro, padre de Flávio. El mandatario argentino también advirtió en el acto sobre “el riesgo Lula” y llamó al pueblo a salir del “sometimiento al zurdo”.
Brasil, en ese marco, llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Daniel Raimondi. Tras ello, Milei redobló la apuesta y volvió a referirse el domingo a este socio estratégico de la Argentina. “¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil”, afirmó en diálogo con radio Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales al país durante el Mundial 2026.
Aseguró además que la “campaña” fue “financiada” por otras “cabezas progresistas” de México y el Partido Demócrata estadounidense.
“Y después me vienen a hablar de interferencia”, dijo Milei y sostuvo que “un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.
En respuesta, la Cancillería brasileña convocó al embajador de la Argentina en Brasil para dar explicaciones sobre “ofensas” de Milei contra Lula.
Una fuente diplomática dijo que Milei “ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas”, durante la oficialización el sábado de la candidatura de Bolsonaro.
Lula dijo también el domingo en un acto con sindicalistas que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no se acepta que nadie meta la nariz donde no es llamado”.
En tanto el lunes el mandatario brasileño fue consultado por periodistas sobre cómo recibió los dichos de su par argentino y contestó con otra pregunta. “¿Quién es ese tipo?“, dijo con ironía.
El presidente brasileño sostiene desde 2025 una tensión con el gobierno estadounidense de Donald Trump, aliado de Bolsonaro y Milei, que impuso aranceles y sanciones a la potencia sudamericana leídas por Brasilia como intentos de influir políticamente.
“Referencia irrespetuosa”
Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo el sábado en San Pablo que “la basura calva” le impidió visitar a su “amigo injustamente encarcelado” Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
Milei también cosechó el rechazo del presidente de la corte brasileña, Edson Fachin, quien criticó en una nota su “referencia irrespetuosa” a Moraes y deploró sus “manifestaciones incompatibles con el civismo que debe caracterizar las relaciones entre Estados”.
El presidente del gobernante Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, dijo por su parte que el argentino mostró “no estar a la altura del cargo que ocupa”. Además, el vicepresidente de Lula, Gerardo Alckmin, calificó los dichos como “lamentables” y sostuvo que esa “grosera actitud” es perjudicial para la Argentina.
“Es lamentable que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país“, manifestó ante la prensa brasilera durante un evento en San Pablo.
Lula tiene una fría relación con Milei. Aunque se cruzaron en citas multilaterales, nunca mantuvieron una reunión bilateral. En su último viaje a Argentina en 2025, Lula visitó en cambio a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.
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