POLITICA
Crecen las críticas al proyecto de Zona Fría en el Senado y se frena el debate tras la media sanción en Diputados
El Gobierno deberá esperar si lo que quiere es avanzar rápidamente con la aprobación de la ley de Zona Fría en el Senado de la Nación. En la previa al inicio del debate en las comisiones, cada vez más senadores se van mostrando contrarios al acompañamiento que busca La Libertad Avanza, que es el de la aprobación sin modificaciones.
En la Casa Rosada ya sabían que no contaban con el apoyo del peronismo ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Pero en las últimas horas se fueron conociendo las opiniones de otros legisladores de la Cámara Alta que discuten la ley en su totalidad o en parte de su articulado.
La modificación de la ley de Zona Fría no solo impacta en los distritos que la pierden sino que también cambia la ecuación del subsidio en su totalidad. Las zonas que la mantendrán solo recibirán una reducción del costo del gas en boca de pozo; la distribución, el transporte y los impuestos tendrán un costo del 100%. En la actualidad el subsidio es sobre el precio final.
En una cámara donde el 25% de los votos son patagónicos, el oficialismo cuenta con 21 senadores y sabe que para poder avanzar como quiere, sin cambios, tiene que sumar a todos los provinciales, a todo el PRO y, como mínimo, a 7 de los 10 radicales. Y acá es donde empiezan los problemas.
Al rechazo de la senadora cordobesa ya se le sumó el del radical Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata, ciudad que perdería el subsidio. Quedan nueve del bloque de la UCR para ir a pescar.
En las últimas horas se puso en duda el acompañamiento de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos del radicalismo. El ex gobernador mandó a sus senadores a votar la norma cuando era el titular del Ejecutivo provincial y la senadora suele acompañar el voto de su coterráneo.
En este esquema, el radicalismo quedaría al límite del apoyo que necesita el oficialismo para poder sancionar la ley, por lo que no podría sufrir ninguna baja más. Y esto parece difícil que no suceda, ya que en las últimas horas el pampeano Daniel Kroneberger —provincia que quedaría excluida de la ayuda— señaló que aún no tiene definida su posición.
Pero además aparecen los bloques provinciales que empiezan a poner condiciones. Este es el caso de la senadora de La Neuquinidad, Julia Carrozo, que ya adelantó que tal como llegó la ley no la va a acompañar y solicitó modificar un artículo que deja en poder del Ejecutivo el porcentaje de subsidio a aplicar en la Patagonia.
El artículo que cuestiona Carrozo es el 2°, que establece que los beneficios para las regiones que quedan dentro de la Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.
A la posición de la neuquina se le sumó la de los dos senadores de Santa Cruz, que en algunos casos acompañan y en otros no.
En las últimas horas se conoció que Natalia Gadano y José Carambia se oponen al proyecto y el oficialismo sigue sumando bajas en un debate que todavía no comenzó.
“Nadie está apurando el debate porque no están los votos. En La Libertad Avanza apuestan a la relación con los gobernadores pero el artículo que habla sobre que las provincias se tienen que hacer cargo de la deuda de sus distribuidoras con Cammesa está generando mucho ruido. Nadie tiene un peso”, explicó un senador de la oposición dialoguista que seguramente votará a favor del proyecto de la Casa Rosada.
POLITICA
Tras el hallazgo de cocaína en la casa de una funcionaria, interpelarán al intendente de Morón
El Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación al intendente Lucas Ghi tras el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la vivienda de Luna Suyai Ortigoza, ex directora de Políticas de Género y Diversidad del municipio, quien permanece prófuga de la justicia. La decisión fue impulsada por la oposición, que reunió 16 votos y logró el aval necesario para citar al jefe comunal a dar explicaciones públicas sobre la contratación y los controles internos en el municipio.
La oposición a Ghi reunió los dos tercios del Concejo Deliberante, número necesario para la convocatoria del intendente. Lo hizo gracias a la fractura del peronismo en la localidad, ya que los integrantes de Unión por la Patria que responden al ex intendente Martín Sabatella apoyaron el pedido de interpelación. Los concejales del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador Axel Kicillof, se opusieron al llamado pero perdieron la votación.
El caso Ortigoza sacudió el escenario político local y derivó en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante en la que se discutieron responsabilidades institucionales y la reacción del Ejecutivo. La figura de la interpelación habilita a que, en un plazo de cinco días hábiles, el intendente o un funcionario designado se presente en el recinto y detalle los mecanismos de selección de personal, los filtros de antecedentes y las acciones tomadas desde que se conoció la investigación judicial. Durante la sesión, la palabra “destitución” resonó entre los discursos.
La sesión estuvo marcada por negociaciones previas y acusaciones cruzadas entre los bloques, pero finalmente la oposición obtuvo el respaldo necesario para avanzar con la citación. Ahora, la atención se centra en la respuesta que ofrecerá el Ejecutivo municipal ante el reclamo de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad moronense.
El bloque de La Libertad Avanza defendió la necesidad de que el intendente sea quien dé explicaciones directas ante el Concejo. En su intervención, la concejal Alejandra Liquitay sostuvo que “el intendente tiene la responsabilidad de las personas que integran su gabinete” y cuestionó que se considere “una opereta” el pedido de interpelación. Liquitay subrayó que la ciudadanía demanda respuestas concretas sobre el caso y que la gravedad de la situación amerita la presencia del máximo responsable del municipio.
En relación a la repercusión social, Liquitay remarcó que los vecinos reclamaron información a los ediles desde que trascendió el caso. Planteó que la preocupación no es solo política sino social, por el impacto del narcotráfico en los barrios más vulnerables del distrito. “¿Por qué es tan difícil dar explicaciones de lo que somos responsables?”, se preguntó la concejala, criticando la postura del Ejecutivo de no informar de manera directa y priorizar la comunicación a través de medios externos al recinto.
La sesión también expuso diferencias sobre la gestión de los casos y la respuesta institucional. Desde el Movimiento Derecho al Futuro, la concejal Vanina Moro defendió el proceder del oficialismo y rechazó que se trate de un encubrimiento. Explicó que tanto en el caso de Ortigoza como en el de Karen Cufré, quien ingresó como personal temporario en octubre de 2025, la desvinculación fue inmediata tras la imputación judicial y se puso toda la documentación a disposición de la justicia.
Moro señaló que “la justicia juzga personas y nosotros acá gobernamos”, e insistió en que no se puede generalizar la responsabilidad de un hecho individual a la totalidad de la gestión ni a las organizaciones políticas involucradas. Sostuvo además que la política del gobierno local es la lucha contra el narcotráfico y que se colaboró con la fiscalía y la jueza actuante desde el primer momento, sin demoras ni encubrimientos.
La concejal también advirtió sobre el riesgo de “estigmatizar barrios, vecinos y trabajadores” a partir de un hecho puntual. Rechazó lo que calificó como “operación política berreta para ensuciar”, y defendió la transparencia de la gestión ante el uso de imágenes y mensajes en redes sociales que, según argumentó, buscaron asociar a la organización y al municipio con actividades ilícitas. Para Moro, la responsabilidad del Estado es incluir y no profundizar la exclusión a partir de sospechas infundadas.
En la discusión se sumaron voces que reclamaron mayor rigurosidad en los procedimientos de ingreso y controles preventivos. Se exigió revisar los mecanismos de selección de personal y fortalecer las alertas tempranas para evitar situaciones similares en el futuro. La oposición insistió en la necesidad de rendir cuentas ante la sociedad y garantizar que estos casos sean esclarecidos por la justicia, sin que la política partidaria prime sobre el interés público.
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POLITICA
Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por el caso de su funcionaria prófuga por narcotráfico
El Concejo Deliberante de Morón aprobó, este jueves, la interpelación del intendente, Lucas Ghi, por “la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial” que generó el caso de la funcionaria municipal Luna Suyai Ortigoza, prófuga de la Justicia tras un allanamiento en su casa en el que se secuestró casi medio kilo de cocaína.
El pedido de interpelación a Ghi (alineado con Axel Kicillof en la interna de Fuerza Patria) avanzó sobre tablas, para lo que se necesitaban dos tercios de los votos en el Concejo Deliberante moronense. El proyecto de interpelación, impulsado por los bloques de la oposición local, obtuvo 16 votos a favor y tuvo ocho en contra.
Entre los votos positivos que se sumaron para aprobar el pedido de interpelación estuvieron los de cinco concejales alineados con el exintendente de Morón y referente del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien mantiene un duro enfrentamiento con su exaliado Ghi.
Votaron a favor de la interpelación del intendente los concejales de Fuerza Patria que responden a Sabbatella (Diego Spina, Mariano Spina, María Sol Steinberg, Florencia De Luca, Marcelo Notario); los de La Libertad Avanza (Analía Zappulla, María Cecilia Solía, Pablo Tozzi, Cristian Morales, Pablo Miño y María Mobilia); los de Pro (Bernardo Magistocchi y Claudio Faro), y los que se desempeñan en monobloques (Daniela Cáceres, Alejandra Liquitay, y Ariel Aguilera).
En contra de la interpelación de Ghi se expresaron los ediles que aún le responden en el bloque de Fuerza Patria: Agustín Ramponelli, Vanina Moro, Alfonso Martínez, Claudio Román, José María Ghi y Adrián Colonna. Y sumaron sus votos negativos Sibila Beatriz Botti y Lorena Acevedo, ambas del Frente Renovador.
El proyecto de interpelación que se aprobó en el Concejo moronense solicita “al intendente municipal que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, informe con carácter de urgencia, ante este Honorable Cuerpo, de conformidad con el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sobre la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura de la exdirectora Luna Suyai Ortigoza, al frente del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón”.
El artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades citado en el pedido de interpelación permite al intendente “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia” al Concejo. En caso de no hacerlo, se lo considerará “falta grave”.
Ortigoza se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género. Es una militante de Nuevo Encuentro que, al desatarse la interna entre Sabbatella y Ghi, se quedó junto al intendente, mientras que el resto de su familia se mantuvo en las filas del extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El 16 de junio del año pasado, accedió al cargo de directora en un área en la que fueron desplazados funcionarios alineados con Sabbatella, como Cinthia Frías, que era secretaria de Géneros, Mujeres y Diversidad. La funcionaria prófuga es del barrio San Juan, en Castelar Sur.
La Policía Federal intenta encontrar a Ortigoza desde el viernes, cuando un allanamiento en su casa derivó en el hallazgo de medio kilo de cocaína. Ghi la separó del cargo ese día. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación en inmuebles de Morón y Merlo.
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POLITICA
El Gobierno apeló la sentencia que lo obligaba a pagar las deudas con PAMI y otros prestadores de salud
El Gobierno apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenaba regularizar en un máximo de 72 horas los pagos adeudados por el PAMI y el programa Incluir Salud a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Según el fallo, la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que la cautelar mantiene su vigencia hasta que la Cámara Federal se pronuncie.
La resolución judicial surgió de un amparo colectivo y el juez Vaca Narvaja dispuso que el Estado nacional pague las deudas en un plazo máximo de 72 horas y fijó una vigencia de seis meses para la cautelar, o hasta el dictado de una sentencia firme.
El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.
En sus fundamentos, el magistrado señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, así como el “riesgo inminente” para las personas con discapacidad.
La apelación presentada por las autoridades nacionales no suspende los efectos de la cautelar. De esta manera, PAMI e Incluir Salud deben continuar con el proceso de regularización de pagos mientras se tramita el recurso ante la Cámara Federal.
El caso
La medida fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba, junto a otras instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
La denuncia de los demandantes sostiene que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, por lo que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven interrumpidas y los medicamentos dejan de entregarse.
En ese contexto, Vaca Narvaja instó al Pami y al Ministerio de Salud a cumplir con los pagos, “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones, debiendo a tal fin arbitrar todas las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento”.
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Al dictar la sentencia, el juez citó un informe del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación respecto a las demoras en los pagos a prestadores. Allí, la cartera que conduce Mario Lugones argumentó que la falta de pagos responden a «un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo».
En ese sentido, el reporte sostiene que “la transferencia del Programa al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación implicó la incorporación a los estándares de gestión propios de la Administración Pública Nacional centralizada, generando demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos».
PAMI, Gobierno, salud
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