Conseguir un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires ya no depende solamente de cuánto cuesta. Hoy, para muchos, el problema empieza antes de negociar el precio. Miles de personas con ingresos suficientes para afrontar una renta quedan afuera porque trabajan de manera informal, son monotributistas, no tienen garantía propietaria o directamente son rechazadas por tener hijos o mascotas. Frente a ese escenario, Hábitat para la Humanidad Argentina puso en marcha una Inmobiliaria Social que busca unir a esos potenciales inquilinos con propietarios que tienen viviendas vacías y no logran alquilarlas.

La propuesta no busca ofrecer alquileres más baratos ni alquileres subsidiados. La apuesta pasa por actuar como intermediaria entre propietarios e inquilinos para recuperar inmuebles que hoy están fuera del mercado y ampliar la oferta para personas que, aunque tienen capacidad de pago, quedan excluidas por los requisitos habituales.

A partir de datos del Censo Nacional 2022, Hábitat para la Humanidad Argentina estima que en la Ciudad de Buenos Aires hay 228.000 viviendas vacías, equivalentes al 13,8% del parque habitacional. Los datos del Censo también muestran que el 35,3% de los hogares porteños alquila. Según un análisis elaborado por la ONG, esa proporción creció 66% entre 2018 y 2023. A su vez, la ONG señala que el 43,2% de los trabajadores de la Ciudad se desempeña en la economía informal, una condición que dificulta el acceso al mercado formal de alquileres. En paralelo, la Encuesta Inquilina Nacional 2025 revela que el 57% de quienes alquilan destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda y que el 40% de las familias con menores tuvo dificultades para conseguir un alquiler.

Cecilia Mosto, politóloga y directora de la consultora CIO, participó del diseño metodológico de la iniciativa, explica por qué considera necesario innovar en este mercado. «Dentro de los diversos actores claves que conforman el ecosistema de la vivienda, hay un consenso generalizado de la necesidad de innovar para poder reducir el déficit habitacional creciente. Por otro lado, hay también consenso alrededor del alquiler social como una solución posible y adecuada para el actual contexto», dice.

La iniciativa no nació de cero. Desde hace quince años la ONG administra un edificio de nueve departamentos en La Boca destinado al alquiler social. Según los registros de Hábitat, el 89% de las familias que pasaron por ese programa luego logró alquilar dentro del mercado formal o ahorrar para acceder a una vivienda propia. Además, el 33% inició estudios o mejoró otras condiciones de vida gracias a la estabilidad habitacional.

«Cuando una familia tiene resuelta su situación habitacional en un lugar adecuado puede empezar a desarrollar otras dimensiones de su vida. Vimos personas que retomaron estudios, mejoraron su salud o pudieron ahorrar para acceder después a un alquiler formal o incluso construir su vivienda», explicó a iProfesional Bárbara Bonelli, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Argentina.

Inmobiliaria Social: quiénes pueden acceder y cómo funciona

El programa está dirigido a personas que pueden sostener el pago mensual de un alquiler, pero que encuentran barreras para ingresar al mercado formal. Entre ellas aparecen trabajadores independientes, monotributistas, personas con ingresos informales, jubilados que complementan sus haberes con otras actividades y familias que no cuentan con garantía propietaria o recibo de sueldo.

Según el esquema diseñado por Hábitat, el alquiler se firma a valor de mercado. El objetivo no es bajar el precio de la renta sino eliminar las barreras que hoy dejan afuera a miles de personas. El inquilino deberá pagar el alquiler mensual y el depósito de garantía, como ocurre en cualquier contrato. No abonará una comisión a la Inmobiliaria Social ni un cargo adicional por las refacciones del inmueble.

El proyecto también busca resolver un problema del otro lado del mercado. Muchas viviendas permanecen desocupadas porque necesitan arreglos que sus dueños no pueden afrontar o porque atraviesan situaciones legales pendientes, como sucesiones sin resolver. Según un estudio del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el 81% de los propietarios tiene más de 65 años y mantener una vivienda vacía implica afrontar entre $250.000 y $270.000 mensuales en expensas, sin contar ABL, seguros ni mantenimiento.

Frente a esa situación, Hábitat propone financiar las obras necesarias mediante un fondo semilla y alianzas con empresas y otras organizaciones. «Lo que ofrecemos es poner esa vivienda en valor sin que el dueño del inmueble tenga que invertir dinero al principio. El propietario comienza a percibir ingresos desde que la vivienda se alquila, mientras una parte de ese monto se destina a cancelar la inversión realizada en las refacciones«, explicó Bonelli.

La ONG también realizará la intermediación entre ambas partes, como cualquier inmobiliaria tradicional. Buscará propiedades, evaluará a los postulantes, acompañará la firma de los contratos y administrará la relación entre propietarios e inquilinos.

Cómo anotarse en la Inmobiliaria Social y cuándo comenzarán los primeros alquileres

La iniciativa atraviesa su etapa piloto. Hábitat ya comenzó a identificar inmuebles y propietarios interesados para conformar la primera cartera de viviendas.

Durante la campaña inicial, 70 propietarios se contactaron con la organización. De ellos, 53 reconocieron que sus inmuebles necesitan algún tipo de refacción para volver al mercado, mientras que otros casos responden a sucesiones inconclusas o propiedades que llevan años sin uso.

El objetivo es comenzar con al menos siete viviendas, aunque ese número podría ampliarse si aparecen nuevas oportunidades y los costos de recuperación lo permiten. La expectativa es que las primeras operaciones puedan concretarse dentro de los próximos seis a ocho meses.

Quienes tengan una propiedad vacía o busquen un alquiler pueden iniciar el proceso desde la página web o las redes sociales de Hábitat para la Humanidad Argentina. A partir de allí comienza una evaluación para determinar si el inmueble puede incorporarse al programa o si el postulante reúne las condiciones para acceder a una vivienda.

Entre quienes ya consultaron aparecen perfiles muy distintos. Bonelli menciona el caso de un jubilado que percibe la mínima pero complementa sus ingresos con trabajos informales, o el de una pareja de monotributistas que, pese a poder pagar el alquiler, no consigue superar los filtros habituales por no tener recibo de sueldo que demuestren sus ingresos.

La Inmobiliaria Social todavía está dando sus primeros pasos, pero parte de una realidad difícil de ignorar. Mientras cientos de miles de viviendas siguen vacías en la Ciudad de Buenos Aires, también crece la cantidad de personas que podrían afrontar un alquiler y continúan excluidas por requisitos que poco tienen que ver con su verdadera capacidad de pago. La apuesta de Hábitat para la Humanidad Argentina es demostrar que una parte de esas 228.000 viviendas vacías puede volver al mercado y abrir una nueva alternativa para quienes hoy no encuentran lugar dentro del sistema formal de alquileres.

En un contexto en el que el empleo formal continúa mostrando dificultades para absorber a quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo, el Gobierno de Córdoba presentó un nuevo programa destinado a facilitar la inserción laboral de 10.000 personas desempleadas de la provincia.

La iniciativa se denomina Empleo +26 y tiene como objetivo generar oportunidades de trabajo de calidad, promoviendo para sus beneficiarios su incorporación al mercado laboral y favoreciendo tanto su desarrollo personal como el crecimiento económico de la provincia.

El programa está dirigido a personas mayores de 26 años que residan en Córdoba y se encuentren desempleadas o no cuenten con un empleo registrado.

Además, la convocatoria establece criterios de prioridad para determinados grupos. En primer lugar, tendrán preferencia las personas mayores de 45 años, uno de los segmentos con mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

También se priorizará a quienes residan en los 12 departamentos alcanzados por el Plan de Igualdad Territorial (PIT) —Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca—, con el objetivo de impulsar el empleo en las regiones con mayores desafíos socioeconómicos.

El programa ofrece un total de 10.000 vacantes con dos opciones: 5.000 puestos formales en empresas privadas y 5.000 cupos para prácticas laborales pagas, que incluyen capacitación.

• Empleo formal: Las compañías que sumen personal recibirán del gobierno durante doce meses un aporte económico igual a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nueva incorporación. El beneficio se incrementa hasta 1,5 salarios mínimos si la persona contratada supera los 45 años o reside en las zonas contempladas por el Plan de Igualdad Territorial. En este caso, la remuneración del trabajador será de acuerdo al convenio colectivo de trabajo del rubro en el que se desempeñará.
• Prácticas laborales pagas: Esta opción está dirigida a otras 5.000 personas que accederán a prácticas de 20 horas semanales, durante seis meses, con capacitación en el lugar de trabajo. Recibirán una asignación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y podrán utilizar el Boleto Obrero Social.

Cabe mencionar que se reserva el 5% del cupo total destinado a la población con discapacidad y trasplantados y otro 5% a personas en situación de vulnerabilidad.

El programa establece una serie de incompatibilidades. No podrán postularse quienes no acrediten residencia en la provincia de Córdoba ni quienes tengan un empleo registrado en relación de dependencia. Tampoco podrán acceder quienes perciban jubilaciones, pensiones contributivas o retiros por invalidez laboral.

A su vez, quedan excluidos los inscriptos en el Monotributo desde la categoría C en adelante y quienes ya sean beneficiarios de otros programas de empleo de alcance municipal, provincial o nacional.

La normativa también impide que accedan al beneficio el cónyuge o conviviente del empleador, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, establece que una misma persona no podrá ser simultáneamente empleador y beneficiario del programa.

El período de inscripción para las capacitaciones permanecerá abierto hasta el 28 de agosto, mientras que la modalidad de empleo formal mantendrá su inscripción habilitada durante todo el año. Para postularse, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar, buscar Empleo +26 y, en la opción Quiero inscribirme, seleccionar Soy postulante.
2. Hacer clic en Completá el formulario e iniciar sesión en CiDi para acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP).
3. En el FUP, buscar Empleo +26, presionar Postulación y confirmar la solicitud.
4. Confirmar o editar los datos personales y validar la información del grupo conviviente.
5. Completar todos los campos requeridos: datos de contacto, educación, salud y test de habilidades.
6. Cargar el CUIT de la empresa donde se realizará el entrenamiento laboral, finalizar la postulación y confirmar.
7. Revisar los datos personales y de contacto, seleccionar los puestos de interés en el Perfil Laboral y guardar las preferencias.
8. Presionar Aceptar para guardar definitivamente los datos del formulario.

Es importante mencionar que los candidatos deberán previamente buscar la empresa, comercio o empleadores monotributistas para realizar su entrenamiento laboral. La provincia, a través de las oficinas de empleo, articula el programa y facilita el contacto con las diferentes empresas.

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) y las entidades empleadoras Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM) firmaron un nuevo acuerdo paritario para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 807/23, que establece un mecanismo de actualización mensual de los salarios básicos desde julio hasta diciembre de 2026.

El entendimiento fija que los salarios se ajustarán automáticamente todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, el esquema de incrementos queda atado a la evolución de la inflación registrada en el mes inmediato anterior.

Además de definir la modalidad de actualización salarial, el acuerdo incorpora la escala correspondiente a julio de 2026 y establece que las partes firmarán nuevas escalas mensualmente para reflejar cada actualización. También prevé una nueva instancia de negociación durante enero de 2027 para determinar las condiciones salariales que regirán el próximo año.

UTEDYC acordó una actualización mensual de salarios por inflación

El nuevo acuerdo salarial alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23, que regula las relaciones laborales del personal que presta servicios en mutuales representadas por la CAM y la CONAM.

La principal característica del entendimiento es la implementación de una cláusula de actualización automática de los salarios básicos convencionales. En lugar de fijar porcentajes predeterminados para varios meses, las partes resolvieron que los haberes se ajusten mensualmente tomando como referencia la inflación oficial medida por el INDEC.

Según lo establecido en el acta, cada actualización salarial se calculará utilizando la variación del IPC correspondiente al mes anterior al de aplicación.

Esto implica que los salarios de julio de 2026 incorporan la inflación registrada durante junio, los haberes de agosto se actualizarán con el IPC de julio, y el mismo mecanismo continuará durante los meses siguientes hasta diciembre.

El calendario de actualizaciones funcionará de la siguiente manera:

De esta manera, el convenio establece un esquema de actualización mensual que permanecerá vigente hasta finalizar el año.

Cómo funcionará el mecanismo de actualización salarial

El acuerdo determina que el incremento mensual surgirá directamente de la variación porcentual informada por el INDEC para el Índice de Precios al Consumidor.

En la práctica, cada vez que el organismo publique el dato oficial de inflación de un determinado mes, ese porcentaje será utilizado para actualizar los salarios básicos del mes siguiente.

El sistema permite que los salarios convencionales acompañen mensualmente la evolución del índice inflacionario durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.

Las partes no establecieron porcentajes fijos adicionales ni sumas extraordinarias dentro del acuerdo firmado. El único parámetro previsto para las actualizaciones mensuales será la variación del IPC oficial.

Este mecanismo también implica que las escalas salariales deberán modificarse todos los meses para reflejar los nuevos valores resultantes de la actualización correspondiente.

La escala salarial de julio ya fue incorporada al convenio

Como parte del acuerdo, UTEDYC, la CAM y la CONAM incorporaron como Anexo I la escala salarial correspondiente al mes de julio de 2026.

Los valores incluidos en esa escala ya contemplan la actualización derivada de la inflación registrada durante junio.

Asimismo, las partes acordaron que cada mes suscribirán una nueva escala salarial que incorporará el porcentaje de actualización correspondiente según el IPC publicado por el INDEC.

Cada una de esas escalas pasará a integrar el convenio colectivo como anexos complementarios, permitiendo contar con valores salariales actualizados durante toda la vigencia del acuerdo.

Qué ocurrirá después de diciembre de 2026

El entendimiento firmado entre las partes tiene vigencia hasta la actualización correspondiente al mes de diciembre de 2026.

Una vez finalizado ese período, el acuerdo establece que representantes sindicales y empleadores volverán a reunirse durante enero de 2027, con el objetivo de analizar las condiciones salariales que regirán para el nuevo período y definir la modalidad de negociación que se aplicará durante 2027.

De esta manera, el convenio deja prevista una nueva instancia paritaria para revisar la evolución de los salarios y establecer las futuras pautas de actualización.

El acuerdo podrá ser homologado por la autoridad laboral

El texto firmado también contempla el procedimiento administrativo posterior a la suscripción del acuerdo.

En ese sentido, las partes establecieron que cualquiera de los firmantes podrá solicitar la homologación ante la autoridad laboral competente.

La homologación constituye el trámite mediante el cual la autoridad administrativa verifica el acuerdo celebrado entre las partes y le otorga los efectos previstos por la normativa laboral vigente.

Hasta tanto se complete ese procedimiento, el acta refleja el entendimiento alcanzado entre la organización sindical y las entidades empleadoras.

Qué establece el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23

El Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 regula las condiciones laborales del personal que presta servicios en mutuales representadas por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM).

Dentro de ese marco convencional se establecen las categorías laborales, los salarios básicos, las condiciones de trabajo y las distintas cláusulas aplicables a los trabajadores comprendidos por el convenio.

Con el nuevo acuerdo salarial, las partes modificaron exclusivamente las escalas salariales para el período julio-diciembre de 2026 mediante la incorporación del mecanismo de actualización mensual vinculado al IPC.

El sistema acordado reemplaza la fijación de incrementos porcentuales para varios meses por un esquema de ajustes mensuales calculados sobre la inflación oficial publicada por el INDEC.

Puntos principales del acuerdo salarial de UTEDYC para mutuales

El entendimiento firmado entre UTEDYC, la CAM y la CONAM establece los siguientes aspectos:

• Actualización mensual automática de los salarios básicos convencionales
• Ajustes calculados según la variación del IPC del mes inmediato anterior
• Vigencia del mecanismo desde julio hasta diciembre de 2026
• Incorporación de la escala salarial de julio como Anexo I del convenio
• Firma de nuevas escalas salariales todos los meses para reflejar cada actualización
• Nueva reunión paritaria prevista para enero de 2027
• Posibilidad de solicitar la homologación del acuerdo ante la autoridad laboral

Con este esquema, los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo 807/23 tendrán actualizaciones mensuales de sus salarios básicos convencionales conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, durante el período comprendido entre julio y diciembre de 2026.