SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El juez federal Gustavo Zapata volvió a prorrogar por 90 días la prisión preventiva para Facundo Jones Huala y rechazó su traslado al penal de Esquel. El líder mapuche, preso en la cárcel de Rawson desde hace casi un año, anunció que dejará de ingerir agua en señal de protesta.

Hace un mes, Jones Huala comenzó una huelga de hambre líquida y ahora recrudeció su decisión tras conocerse la decisión del juez. “Las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad. Los jueces y fiscales solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos. También rechazaron nuestro pedido de morigeración de la petición en la modalidad de arresto domiciliario o pulsera electrónica”, indicó el abogado Gustavo Franquet.

Hace una semana, la Sede Fiscal Descentralizada Bariloche, a cargo del fiscal Oscar Fernando Arrigo, formalizó la ampliación de la imputación contra Jones Huala por haber formado parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) desde noviembre de 2011 hasta la actualidad.

El fiscal indicó que la organización, conformada por otras seis personas cuya identidad aún no fue establecida, tiene por objeto principal “imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local”, un delito previsto en el artículo 213 bis del Código Penal que tiene una escala penal que va de los 3 a los 8 años de prisión.

La fiscalía considera, además, que Jones Huala habría realizado “distintos tipos de reivindicaciones de hechos de sabotaje incendiario”, con la intención de que sus actos fueran emulados por otras personas. También mencionaron la presentación del libro “Entre Rejas Antipoesía Incendiaria”, realizada por Jones Huala en una biblioteca de Bariloche: señalaron que en ese momento se habrían llevado adelante una serie de conductas compatibles con la apología del delito, prevista en el artículo 213 del Código Penal.

A su vez, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la RAM tendría una organización tipo militar, conducta que encuadraría en las previsiones del artículo 210 bis del Código Penal. Según afirmaron desde la fiscalía, la organización operaría en Río Negro, Neuquén y Chubut, y a su vez, tendría conexiones con la CAM, una organización de similar estructura en la República de Chile.

Los abogados defensores advirtieron que apelarán las últimas decisiones del juez Zapata ante la Cámara de General Roca. “Aunque vemos que los tribunales federales están completamente blindados y aplican a rajatabla con Facundo lo que denominamos el derecho penal del enemigo, solo nos queda seguir luchando”, dijeron.

En junio de 2025, el líder mapuche fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Rawson (Chubut) tras ser detenido en El Bolsón durante un operativo de la Policía Federal Argentina. En octubre del año pasado, Jones Huala inició una huelga de hambre para exigir un “juicio justo” y el traslado a la Unidad 14 de Esquel, para estar más cerca de su familia.

Hace un mes, inició una huelga de hambre líquida para reclamar, según sostiene, por la vulneración de derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno. Jones Huala reclama “condiciones carcelarias dignas, aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), medidas diferentes al encarcelamiento, y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuche”.

A Huala se lo investiga por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público. Si bien en la audiencia de junio del año pasado se había definido que permaneciera preso por 90 días, a mediados de septiembre pasado, la Justicia le negó la excarcelación y prorrogó la prisión hasta diciembre. Y en marzo de este año, volvieron a prorrogar la prisión preventiva.

El mes pasado, en una nota dirigida al Juzgado Federal de Bariloche, al jefe de la Unidad Penitenciaria y al Poder Ejecutivo, además de subrayar que en la cárcel de Rawson “no existen condiciones carcelarias para nadie, menos para presos políticos de la cultura mapuche”, Jones Huala señaló: “En lo cotidiano no existe salida al patio, siendo obligatorio solo una vez por semana cuando quieren, incluso bajo lluvia y por procedimientos de requisa, donde en reiteradas ocasiones rompen pertenencias o hurtan. Dichos patios no tienen acceso a baños y debemos caminar entre orines y excrementos humanos”.

Entre las demandas de Jones Huala figuran también la devolución del territorio ancestral a las lof en conflicto; la solución política, no judicial ni represiva, al conflicto histórico; la aplicación del artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional (reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos); así como la intervención de organismos de derechos humanos y mediadores internacionales para solución política acorde.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, justificó este viernes la intimación que el gobierno bonaerense le hizo a Mercado Libre por prácticas “abusivas” y advirtió que se trata de una empresa que tiene “posiciones dominantes en los mercados donde opera y también es la más denunciada por los consumidores en la provincia de Buenos Aires”.

“Mercado Libre recibió más de 2.400 denuncias de los consumidores en el primer cuatrimestre del año. Son por problemas con la devolución de los productos, cláusulas abusivas, fraudes y estafas, donde hubo problemas con el uso de las plataformas y a los usuarios se les imputaron operaciones que no habían realizado”, detalló Costa, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Axel Kicillof.

El ministro de Producción explicó: “Nos pusimos a analizar de oficio cómo es el sistema de términos y condiciones que establece la plataforma de Mercado Libre cuando uno se baja la aplicación y se suscribe a sus servicios, eso que nadie mira”.

Y añadió: “Que nadie mire la letra chica implica que haya diferentes cláusulas que van en contra de la Ley de Defensa del Consumidor”.

“Existe una ley de Defensa al Consumidor porque, en una relación de consumo entre una empresa con un poder tan importante como Mercado Libre, las relaciones son desiguales y la parte más fuerte siempre tiene las de ganar”, afirmó en declaraciones a radio Futurock.

Los cuestionamientos

Costa planteó que “la ley de Defensa al Consumidor establece ciertos requisitos que debe cumplir cualquier transacción para que proteja a los consumidores”.

“Cuando, sin saberlo, aceptás los términos y condiciones de Mercado Libre, estás aceptando que te pueden cobrar tarifas ‘en algunos casos’, según dice la cláusula, y eso va en contra de lo que es básico en cualquier acuerdo de compra-venta de un servicio, que es que el consumidor tiene que saber lo que va a pagar”.

Al respecto, amplió: “La empresa asume que puede cambiar los términos y condiciones, es decir, las obligaciones y derechos del consumidor, las veces que quiera, y que si el consumidor sigue usando la plataforma, está aceptando esos cambios”.

“También te hace responsable en el caso de que te hackeen la cuenta, cuando tiene que garantizar la seguridad en este tipo de situaciones. Y se atribuye la capacidad de retenerte plata o debitarte parte de tus ingresos a través de las plataformas para cobrarse alguna deuda, y esto no se puede”.

La intimación

El gobierno de Kicillof intimó el miércoles último a Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, y advirtió que podría aplicarle una multa de $1.815 millones si no elimina una serie de cláusulas que la Provincia considera “abusivas” y contrarias a la Ley de Defensa del Consumidor.

Desde la compañía, en tanto, rechazaron las acusaciones planteadas y defendieron el funcionamiento de su sitio web.

A través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, la provincia de Buenos Aires (PBA) inició una actuación de oficio en la que revisó los contratos que la empresa de e-commerce publica en su sitio web luego de encontrar irregularidades que podrían perjudicar a los usuarios de la plataforma.

La medida fue impulsada por la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, que inició una actuación de oficio tras revisar contratos de adhesión y términos de uso publicados por la compañía en su plataforma.

Consultado sobre si había una motivación política por parte del gobierno bonaerense dadas las críticas habituales de Galperín desde las redes sociales a las gestiones del kirchnerismo, Costa respondió: “Por supuesto que no”.

“Desde Defensa del Consumidor hicimos invitaciones y expedientes a muchísimas empresas, de varios rubros, y tuvimos resultados muy buenos en términos de Defensa del Consumidor. El año pasado Netflix también había introducido cláusulas abusivas, las intimamos, la empresa reconoció que no eran correctas, las cambió y, a partir de ahora, todos los usuarios de la plataforma tienen sus derechos mejor protegidos”, detalló.

Y añadió: “Puedo nombrar 10 casos de empresas de cualquier rubro donde, por responsabilidad del Estado provincial, estamos actuando”.

“Las formas y provocaciones de Galperín no cambian para nada la voluntad de trabajar con cualquier empresa en la provincia de Buenos Aires”, concluyó Costa.