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Gustavo Carrara: “El problema del trabajo es una preocupación central y es el eje de la cuestión social”

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El trabajo que Cáritas, el brazo social de la Iglesia, realiza desde hace 70 años en el país es persistente y crece en los tiempos de crisis en la Argentina. Mientras el presidente Javier Milei celebra como un logro la sostenida baja de la inflación, el arzobispo de La Plata y presidente de la organización caritativa de la Iglesia, monseñor Gustavo Carrara, entiende que el freno a la suba de precios no es suficiente y advierte que existe “un parate en el financiamiento de obras y programas sociales y en la presencia inteligente y eficiente del Estado, que consolida una pobreza multidimensional y estructural”.

Monseñor Gustavo Carrara, en la sede de Cáritas ArgentinaFabián Marelli

“El problema del trabajo es una preocupación central y, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, es el eje de la cuestión social”, define el arzobispo, que expresa la mirada de la Iglesia sobre la problemática que castiga a los sectores más vulnerables. Y amplía: “En un barrio, una persona puede haber recibido una mayor transferencia por la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero se paralizaron obras que llevaban agua, electricidad segura, cloacas, un centro de salud cercano o una escuela nueva”, enumera, en una entrevista con para explicar los alcances de la principal colecta anual de la Iglesia.

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Con los $14.230 millones recaudados en la colecta de 2025, Cáritas llevó adelante programas de educación, alimentos, prevención de adicciones, seguridad alimentaria, integración de barrios populares y atención en emergencias. En medio de la crisis actual, enfrenta la decisión del gobierno libertario de desfinanciar programas, como el de autoconstrucción de viviendas, que quedaron a mitad de camino y que la Iglesia intenta hoy retomar a partir de acuerdos con gobiernos provinciales, como los de Buenos Aires, Córdoba y Chubut.

-¿En qué contexto social se realiza esta colecta de Cáritas?

-La colecta anual de Cáritas es el 6 y 7 de junio, con el lema “70 años alentando la esperanza”. Tuvimos un encuentro en la Villa Marista de Luján y allí presentamos las líneas de acción para los próximos tres años, a partir de una escucha realizada en todo el país para relevar las inquietudes de 1320 comunidades. La principal preocupación es el tema del trabajo. No alcanza y existe el miedo a perder el empleo. Otros problemas son la salud mental, las adicciones, la ludopatía, la problemática del proyecto de vida y los suicidios que constatan las comunidades. A eso se suman los programas que venimos trabajando, como la primera infancia, la educación, las becas, la integración de los barrios populares y las villas.

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¿Cómo financia Cáritas sus programas de ayuda y promoción integral?

-Se financian con la recaudación de la colecta anual, con acuerdos con sectores privados y el Estado, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Un tercio de lo que se recauda va a las parroquias, otro tercio va a las diócesis y el tercio restante se asigna a Cáritas Nacional, con programas de intervención de distintas escalas. El año pasado se recibieron 190.000 donaciones y trabajan 50.000 voluntarios en todo el país.

Unos 50.000 voluntarios participan en la obra de Cáritas en todo el paísCaritas

-¿La problemática del empleo es mayor que en años anteriores?

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-El problema del trabajo es una preocupación central y, de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, es el eje de la cuestión social. Si bien en algunas mediciones la pobreza por ingreso pudo haber bajado, sobre todo por la transferencia directa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar, desde la perspectiva multidimensional se mantienen graves déficits. Una persona puede haber recibido más ingresos por la AUH, pero se paralizaron obras que llevaban agua, electricidad segura, cloacas, un centro de salud cercano o una escuela nueva en un barrio precario. Hay un parate en el financiamiento y en la presencia inteligente y eficiente del Estado, lo que consolida una pobreza multidimensional y estructural.

—¿No es suficiente que haya bajado la inflación?

-No es suficiente para abordar una pobreza que es multidimensional. Claramente es muy bueno que baje la inflación y se sostenga esa baja. Pero si se pierden puestos de trabajo es muy preocupante, porque la gente no va a tener para comprar lo mínimo, aunque haya un descenso del índice inflacionario. El análisis tiene que ser integral. Puede haber crecimiento económico en un sector de la economía, pero no necesariamente eso genera mayor cantidad de empleos que reemplacen los puestos que se perdieron. Y se puede generar un crecimiento de empleo en torno de Vaca Muerta, pero la gente que perdió el empleo en el conurbano bonaerense no va a poder ir a trabajar allí. El análisis tiene que ser integral.

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-Muchas veces se asocia la tarea de Cáritas a la asistencia en alimentos. ¿Hubo una reducción de la ayuda del Estado para el funcionamiento de comedores?

-Cáritas realiza asistencia directa, a través de los comedores, con donaciones que recibe en las parroquias y programas con el Estado que permiten comprar alimentos, aunque hoy existen menos espacios para ofrecer el servicio. La demanda ha crecido y se sostiene en las parroquias. Pero Cáritas no solo da de comer. Ha tenido programas de autoconstrucción de viviendas, con una perspectiva del desarrollo humano integral.

El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas, monseñor Gustavo Carrara, en la capilla de la sede nacional de la instituciónFabián Marelli

-¿Estos programas de autoconstrucción de viviendas se redujeron?

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-Cáritas estaba construyendo 1200 viviendas en todo el país y el programa se frenó al pararse la obra pública. Tenían un fuerte impacto en comunidades muy pobres. Se llevaban adelante en acuerdos con el Estado nacional y se desfinanciaron. Algunas viviendas se hacen por aportes puntuales, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Italiana, para viviendas temporales y comunitarias destinadas a jóvenes de los Hogares de Cristo que han salido de la calle y del consumo.

-¿Hay canales de diálogo con el Gobierno para plantear estas preocupaciones?

-Sí, hay instancias de diálogo; la Iglesia siempre trata de tender puentes. Por la cuestión alimentaria hablamos con el Ministerio de Capital Humano; por la crisis del área de discapacidad conversamos con el Ministerio de Salud. Intentamos llevar las inquietudes de la gente a la que acompañamos.

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—¿Qué respuestas encuentran?

-Distintos niveles de respuestas. En lo alimentario se ha sostenido el plan que el Ministerio de Capital Humano desarrollaba con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), con la conversión de comedores en centros de familia. El de autoconstrucción de viviendas se ha cortado e intentamos continuarlo con el financiamiento de gobiernos provinciales, como los Buenos Aires, Córdoba y Chubut, por ejemplo. En Salud y discapacidad se pudieron destrabar algunos pagos de prestaciones que ya se habían dado, pero aún falta aceitar este mecanismo, porque muchas instituciones siguen en jaque. Los cottolengos de Don Orione, por ejemplo, acompañan a 1200 personas muy frágiles y enfrentan situaciones extremadamente críticas.

-¿Los sectores vulnerables tienen capacidad para reclamar derechos?

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-Hay que crecer en la conciencia de mirar a quienes no se pueden movilizar para demandar sus derechos. Asistimos a las marchas universitarias multitudinarias en defensa de la educación pública, un reclamo genuino y necesario, porque un país progresa si hay educación y trabajo. Pero hay personas que no pueden movilizarse para reclamar sus derechos y el área de discapacidad es una fragilidad a cuidar.

—¿Hay insensibilidad en el Gobierno frente a estos reclamos?

-El objetivo del Gobierno es mantener el déficit cero, equilibrar las cuentas y el presupuesto. Pero no se puede hacer eso dejando gente afuera. Habría que ver dónde hacer el ajuste, dónde se pueden liberar ciertos impuestos o retenciones, ver el modo adecuado. Los que más posibilidades tenemos debemos aportar más. El ajuste no puede ir por los que menos tienen. Es un tiempo complejo a nivel mundial.

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-El arzobispo de Buenos Aires planteó estos temas en el tedeum, como el reclamo por el terrorismo en las redes, y el Presidente respondió que había sido un poco exagerado. ¿Cómo evalúa esa reacción?

-Hay un nivel de violencia innegable en las redes sociales. Y es difícil que ese nivel de violencia no se traslade después en acciones. Hay que mirar lo que fue entre los adolescentes el desafío viral, se tradujo en las escuelas, con escritos y amenazas. No tenemos que preguntarnos qué le pasa al adolescente, sino qué nos pasa a los adultos. Somos nosotros los responsables. La violencia que se da en las redes es real y se traduce después en acciones. También hay violencia en los barrios, en el Congreso de la Nación. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, dijo que bajemos todos esos niveles de violencia. Es la línea del papa León XIV, que llamó a “desarmar” el lenguaje.

El arzobispo Jorge García CuervaCaptura

-¿Cómo se está trabajando para lograr la visita del papa León XIV a la Argentina?

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-En la Conferencia Episcopal estamos atentos y preparándonos interiormente para la visita, que no está confirmada oficialmente. Habría posibilidades e interpreto que irá acompañada del viaje a Perú, una tierra muy significativa para el Papa porque allí fue misionero. Cuando terminó más tarde su gestión de 12 años como superior de los agustinos en Roma decidió volver a Perú y Francisco lo nombró obispo. En el corazón del Santo Padre añora una vuelta a la diócesis de Chiclayo. Veremos si se anuncia la visita.

-¿Qué resultados puede tener la visita del Papa a la Argentina?

-La visita del Papa moviliza la fe del pueblo. Yo era adolescente cuando Juan Pablo II visitó por segunda vez la Argentina en 1987. Me acuerdo que recibíamos peregrinos de Uruguay y de otros países y la noche previa a la misa final dormí en la calle con otros jóvenes. Puede movilizar mucho la fe del pueblo y eso puede hacer mucho bien.

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Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Pobreza,Conforme a,Iglesia,,»Es una mala señal». Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online,,La última visita de un papa. El viaje de Juan Pablo II en 1987: fue recibido por Alfonsín y recorrió diez ciudades en seis días,,Difunta Correa. Un estudio encabezado por la Iglesia y una universidad de San Juan intentará dilucidar si existió

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Habló el contratista de Adorni y dio más detalles sobre la refacción de la casa en Indio Cuá: «Pase un presupuesto y me fueron agregando cosas»

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Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa del country Indio Cuá del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló este jueves y confirmó que recibió 245 mil dólares en efectivo por la obra.

En declaraciones a A24, Tabar explicó que la obra comenzó con un presupuesto menor pero, “como en toda obra, el número se agrandó”. “Yo pasé un presupuesto y se fueron agregando cosas”, dijo.

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El contratista también confirmó que Adorni lo llamó antes de su declaración para ofrecerle ayuda legal y remarcó que “nunca dejé de hablar con él. Lo conté en el expediente”.

En las últimas horas se conoció que ARCA intimó a Tabar y le pidió que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

La casa que Manuel Adorni tiene en el country Indio Cuá. Foto: Country Indio Cuá.

Tras ser consultado sobre si se siente perseguido por la entidad, Tabar fue contundente: “No me siento perseguido por ARCA, soy autónomo hace 25 años. Es normal entrar al portal y ver deudas, intimaciones y otras cosas que hay que resolver. Como contribuyente me tengo que hacer cargo. Era de manual lo que iba a suceder”.

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La medida se da luego de que la declaración de Tabar complicara la situación del jefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Las claves del testimonio del contratista que declaró contra Manuel Adorni

  • A principios de mayo Tabar aportó ante la Justicia una serie de detalles sobre las refacciones que realizó en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá.
  • En su declaración, el contratista confirmó que las obras costaron 245 mil dólares, que fueron abonados en efectivo y sin factura, y detalló tanto el cronograma de los trabajos como la modalidad de pago.
  • Según su testimonio ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, los arreglos se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. En ese período, se ejecutaron intervenciones sobre distintos sectores de la propiedad, que se encuentra en un lote de 400 metros cuadrados.
  • De acuerdo a lo declarado, las tareas incluyeron la realización de pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
  • Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario. El pago se realizó en dos etapas: una primera entrega de 55 mil dólares durante 2024 y el saldo restante de 190 mil dólares a lo largo de 2025.
  • Otro de los puntos que comentó fue que, mientras se desarrollaban las refacciones, el jefe de Gabinete alquiló otra vivienda dentro del mismo country. Ese gasto adicional, siempre según el testimonio, ascendió a 13 mil dólares durante el tiempo que duró la obra.
  • Tabar también entregó a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
  • El contratista numeró a los distintos oficios involucrados (albañiles, plomeros y electricistas) y aportó información que permitiría reconstruir la dinámica de la obra y verificar la consistencia de los pagos declarados.

Manuel Adorni, exaltacion de la cruz, Gobierno

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El Gobierno aprobó un nuevo aumento en las prestaciones básicas para personas con discapacidad

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Esta madrugada, el Gobierno resolvió una actualización de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad. Estos comenzarán a regir a partir de junio y, al mismo tiempo, se aplicará una suba diferencia para la zona patagónica.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 1297/2026 en el Boletín Oficial, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, dispuso un incremento del 2,10% para todos los tipos de prestaciones. Asimismo, comunicaron que la medida fue adoptada tras evaluar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026.

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En línea con esto, reconocieron un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones que se brinden en las provincias de la zona patagónica. Este plus se aplicará exclusivamente por tratarse de una zona considerada desfavorable, lo que buscará equiparar los costos de prestación en regiones con condiciones geográficas y logísticas complejas.

Así, el valor por un centro de día para una jornada doble pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92 y de $551.687,35 a $563.272,78 por una jornada simple. Mientras que por un centro educativo terapéutico los costos ascenderán a $1.189.351,59 por una jornada doble y a $649.532,62 por una jornada simple.

De la misma manera, desde junio las terapias de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42, una rehabilitación de tipo módulo integral intensivo costará $173.795,66 y una que incluya hospitalización de día por jornada simple $624.939,96. Además, se destinará $865,07 por cada km de transporte recorrido y $4.740,29 en concepto de alimentación.

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La actualización de los costos se dio en un contexto donde los beneficiarios y sus familias mantienen un reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad que fue aprobada por el Congreso de la Nación el año pasado.

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A pesar de esto, a mediados de abril, el Gobierno envió un proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propone modificar de manera sustancial el contenido de la norma tras abrirse investigaciones por el presunto pago de coimas a prestadores y la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Como parte de la propuesta, las autoridades plantearon derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley vigente, lo que implica un retroceso respecto al alcance universal de la ayuda estatal y regresa al modelo previo a la sanción de la emergencia. Además, se incorporarían nuevas restricciones para acceder a pensiones por invalidez, se redefinirían los criterios para la ayuda estatal y se endurecerían los controles sobre los beneficiarios.

Entre los principales cambios, se exigió un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

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Según el texto al que tuvo acceso Infobae, “aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”. Incluso, se prevé la posibilidad de realizar un proceso de fiscalización por medio del entrecruzamiento de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos.

La modificación planteada por el Gobierno fue enviada al Senado (EFE)

De esta manera, el sistema permitiría la suspensión preventiva de la pensión ante cualquier inconsistencia detectada en los pedidos de ayuda estatal, con derecho a defensa y proceso. El “incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”, propusieron.

El nuevo proyecto establecería que la pensión no contributiva pasaría a equivaler al 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, eliminaría la facultad del Ejecutivo para otorgar aumentos por invalidez laboral y por zona geográfica desfavorable, lo que implicaría la eliminación de los beneficios adicionales que existían en la normativa previa.

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También plantea el concepto de “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. En este sentido, de aprobarse, la norma impediría que una persona con discapacidad mantenga la pensión si accede a un trabajo registrado. Además, se eliminarían los incentivos a empresas y organizaciones que contraten personas con discapacidad.

Por último, se eliminaría el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos y autorizaría convenios entre la Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos. Esto implica, de hecho, la eliminación del nomenclador y la desregulación de la negociación por obra social o prepaga.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Manuel Adorni y la licitación de la Hidrovía

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El Gobierno confirmó a través de la Resolución 36/2026 publicada en el Boletín Oficial este viernes que la empresa belga Jan De Nul, que hace los trabajos de mantenimiento hace 30 años de la Vía Navegable Troncal (VNT), ganó la licitación de la Hidrovía y se queda con el negocio por los próximos 25 años. Se encargará de la ruta fluvial junto a la firma de capitales nacionales Servimagnus.

Hidrovía: a bordo de una draga de Jan De Nul que mantiene navegabilidad en el ParanáGentileza Jan De Nul

“Adjudíquese la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, Proceso N° 508-0002LPU25, a la firma JAN DE NUL N.V. – SERVIMAGNUS S.A. (CUIT 30717268640) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación, resultando dicha oferta la más conveniente, calificada en el primer orden de mérito». Con este párrafo, y con la firma de Iñaki Miguel Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), la Resolución 36/2026 da por finalizada la mayor licitación del gobierno de Javier Milei.

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