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El “respiro frágil” de Milei: el oficialismo finge demencia, abraza la interna y se ilusiona con la economía

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Javier Milei apareció en el balcón más famoso de la Casa Rosada con cara sonriente, semblante relajado y ya sin el saco que lo había acompañado durante la celebración del 25 de Mayo. No se lo anticipó a ninguno de sus colaboradores más estrechos, pero estaba a punto de encarar una misión política compleja que nada tenía que ver con saludar a los seguidores que se habían acercado a Plaza de Mayo. Primero buscó a Santiago Caputo. Después a Martín Menem. Los rodeó con los brazos, los acercó a su cuerpo y les regaló, en cuestión de segundos, un respaldo público que iba a dar que hablar. Fue una escena breve, pero cargada de sentido. El Presidente no tenía que abrazar a dos de sus más importantes dirigentes; tenía que abrazar una interna. Eso sí: a cada uno lo palmeó por separado y no hubo ni un intento de generar una charla compartida; aunque venían de una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana, ni Dios le otorga ciertos milagros a La Libertad Avanza y sus problemas de familia.

Desde un rincón del Salón Eva Perón, que funciona como el punto de acceso directo al espacio que vio nacer el “Día de la Lealtad” y a Diego Maradona levantar la Copa del Mundo, uno de los ministros que observó los movimientos de Milei, Caputo y Menem desde otra perspectiva visual compartió una reflexión espontánea a otro miembro del oficialismo. “Está todo roto y va a seguir estando todo roto, pero esto va a ayudar a bajar un poco los decibeles”, le dijo. Sin hacer ninguna mueca extraña para no despertar suspicacias, su interlocutor asintió con la cabeza y buscó su silla para encarar la reunión de gabinete que arrancaba en ese mismo instante y que se iba a extender durante una hora. Como era de esperar, ese día no hubo ninguna referencia a peleas intestinas.

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Con su gesto del feriado patrio, Milei no estaba forzando una reconciliación: simplemente estaba agitando una bandera blanca. Venía de jornadas extenuantes en las que los roces en el corazón del poder no solo habían pasado el umbral de lo razonable sino que habían tapado todos los intentos de retomar el control de la agenda. El asesor sin cartera con sus “fuerzas del cielo” y los karinistas hermanos Menem se habían tirado misiles teledirigidos y convertido cada tuit, cada declaración y cada filtración en una intensa batalla por la botonera violeta. Por eso, el mandatario puso orden a su manera. “Si se tienen que matar, no lo hagan delante de las cámaras ni tan a la vista de todos en las redes sociales”, fue el mensaje que pareció decodificar el ecosistema libertario. ¿Cuándo puede estallar el próximo conflicto? Misterio.

Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei, el Triángulo de Hierro reeditado

Con el tono que se dejó seteado el lunes y las aguas más calmadas, el Presidente tuvo una semana menos mala, pero no necesariamente buena. El Gobierno, admiten en el primer piso de Rosada, consiguió un “respiro frágil pero táctico”: gestualidad de unidad, señales económicas algo más amigables, una nueva tanda de encuestas que sugieren que la caída en la aprobación popular podría haber encontrado un piso, una oposición dispersa y menor ruido mediático. Aun así, en los sótanos del liberalismo siguen crujiendo los problemas y desafíos. “Debajo, la máquina sigue haciendo ruido. En el medio, continuaremos practicando el gran deporte nacional: fingir demencia”, analiza un dirigente.

Paréntesis necesario: LLA recibió con incomodidad las sentencias filosas de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, que el propio Jorge García Cuerva amplió en una entrevista con Infobae en vivo: “Algunas situaciones de violencia que son habilitadas por los dirigentes”. La inminente confirmación de la visita del Papa León XIV a la Argentina alcanzó para mantener a raya cualquier vocación de conflicto.

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Segundo paréntesis necesario: lo que se vio en esas horas de aniversario de la Revolución de Mayo fue tan importante como lo que no se mostró. La transmisión oficial del Tedeum fue cuidadosa con algunas presencias e implacable con otras ausencias televisivas. Patricia Bullrich estuvo, pero casi no apareció y no tuvo acceso al Cabildo. Santiago Caputo tampoco fue parte del álbum posterior difundido por Presidencia. En Balcarce 50 todos saben leer esas señales.

El otro foco que quedó en pausa, pero sigue lejos de estar resuelto, es Manuel Adorni. El jefe de Gabinete atravesó este último período con bajo perfil y menor presión judicial, situación que se explica en parte por los propios tiempos del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como juez a Ariel Lijo y por una licencia con aviso que transitó el fiscal federal Gerardo Pollicita. Con su lengua filosa enrollada, sonrió para la selfie de la “Mesa Política” pero es consciente de que está aislado y sin posibilidades reales de levantar demasiado la cabeza.

Manuel Adorni

La declaración jurada aparece ahora como el próximo punto de tensión. Adorni se tomó su tiempo: pasaron 80 días desde el inicio del escándalo y más de 20 desde que Bullrich reclamó sus números en un estudio de televisión. La Oficina Anticorrupción prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten los detalles de sus patrimonios, pero cerca del golpeado vocero juran que habrá novedades antes del inicio del Mundial. Al interior del oficialismo hay más expectativas por esa presentación que por La Scaloneta: esa DDJJ podría incluir herencias varias y, una novedad, ahorros no blanqueados en criptomonedas. Si así fuera, Adorni podría acogerse al novedoso régimen de inocencia fiscal y asumir que no había puesto sobre el escritorio todo lo que tenía ahorrado antes de volcarse a la política: un relato con flancos débiles que podría liberarlo de algunas eventuales complicaciones en Comodoro Py pero que difícilmente lo ayude a recuperar aprobación popular.

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Sea como sea, Manuel Adorni no duerme de corrido: fuentes tribunalicias de primera línea dejaron trascender, acaso como un mensaje perturbador, que ya hay prueba suficiente para llamarlo a declarar antes de la feria del 20 de julio. “Incluso lo pueden indagar más de una vez si la prueba se va ampliando”, sostienen. Ese movimiento, el paso previo a un procesamiento, es desmentido por actores clave del Ministerio de Justicia. “Lijo no va a jugar tan fuerte”, dicen, sin rodeos, para que la frase llegue al magistrado.

En paralelo, el caso del coordinador de los ministros empieza a chocar con una advertencia incómoda que llegó desde el lugar menos pensado: el Fondo Monetario Internacional. Como paso previo al desembolso de los USD 1.000 millones que dejaron las reservas del Banco Central en su punto máximo desde 2019, el organismo publicó un documento en el que incluyó un apartado sobre gobernanza y anticorrupción. Si bien subraya los méritos libertarios desde diciembre de 2023 como la consolidación fiscal, la desregulación y la reducción de intermediarios en programas sociales, el FMI recordó que Argentina figuró en el puesto 36 sobre 100 en el índice de percepción de corrupción de Transparency International. Y dejó escrito un párrafo letal: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan verificación limitada, baja transparencia, publicación demorada y aplicación desigual. Los regímenes de conflicto de intereses siguen limitados por reglas poco rigurosas y una débil capacidad de control”. Los técnicos que responden a Kristalina Georgieva no tuvieron la necesidad de mencionar el apellido “Adorni”, pero el párrafo le calza como saco a medida.

Mientras tanto, el oficialismo mira de cerca la rosca infinita detrás de la sesión del 4 de junio en el Senado para avanzar con los primeros 73 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Sin embargo, terminó metiéndose en un nuevo terreno delicado: el pedido de retiro de la postulación de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata encendió una alarma política e institucional. La candidata había superado las instancias del Consejo de la Magistratura, había sido incluida en la terna y su nombre había sido enviado por el propio Gobierno. El problema no apareció en su currículum sino en su árbol familiar: es cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista que La Libertad Avanza ubica, sin demasiado disimulo, dentro del 95% de su lista negra.

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Patricia Bullrich será determinante en el Senado mientras su nombre suena en el círculo rojo pensando en 2027 (Comunicación Senado)

“Fue una orden directa de Karina a Juan Bautista Mahiques”, reconocen en la Cámara alta. El episodio puso en pie de guerra a aliados del PRO, de la UCR y de partidos provinciales. “La trayectoria de la jueza, de más de 30 años, es intachable. Por eso esta decisión nos llama la atención”, dijo Martín Goerling Lara, jefe de bloque de los amarillos. Se avizoran tensiones y un final demasiado abierto que requerirá pericia por parte de Patricia Bullrich.

“Hay que ver lo que hace Pato, porque en definitiva siempre juega su propio partido”, temen en Olivos. Y no exageran: por más que desmintió con ironía versiones sobre una postulación presidencial en 2027, sabe a la perfección que su nombre circula en conversaciones privadas del Círculo Rojo, reuniones con empresarios, dirigentes de distintos espacios y consultores variopintos. Es eso o la jefatura de Ciudad de Buenos Aires, juran los bullrichistas. Y agregan que la vicepresidencia no es una opción: “Miren a Victoria Villarruel; no le sirvió de nada”.

Mauricio Macri también volvió a dejar señales. Su “voy a volver a cantar” durante un encuentro con dirigentes del espacio que comanda fue una broma que dejó abierta la chance de una candidatura. Algo parecido, aunque desde otro lugar, intenta Sergio Massa: en el peor de los casos, subirse el precio para cobrar caro cualquier acuerdo.

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La Casa Rosada, en este contexto, se aferra a dos datos que le permiten respirar. El primero es político: algunas encuestas sugieren que durante mayo se interrumpió el deterioro de los indicadores de opinión pública vinculados al Gobierno. No hay euforia, pero sí una sensación de piso después de varios meses de caída. Un ejemplo: según el estudio recién salido del horno de Atlas Intel, consultora internacional que tuvo aciertos precisos en las elecciones 2023 y 2025, la aprobación de Milei rebotó 4,4 puntos porcentuales en mayo para quedar en 39,9% (el mes anterior había sido de 35,5%) con una desaprobación de 58,3% (antes 63%). El primer mandatario recibió también los números actualizados de Aresco, de Federico Aurelio, con guarismos similares y misma tendencia.

Mauricio Macri, cada vez más activo

El segundo dato relevante es económico: el desembolso del FMI, la mejora de reservas, algunos indicadores de actividad y la inflación en una senda nuevamente descendente le permiten a Milei insistir con la idea de que la economía terminará ordenando la política. El inconveniente es que el “alivio” todavía no se siente de forma pareja en la vida diaria. En el último sondeo de Synopsis, de Lucas Romero, la preocupación por los salarios bajos (47,1%) y la caída del empleo (18,7%) aparece por encima del Índice de Precios al Consumidor como angustia cotidiana. Ese reporte incluye otra arista a monitorear: el descenso pronunciado del “núcleo duro” libertario; solo un 12,4% asegura que “le gusta todo” del Presidente, aunque hay que sumar otro 29,3% que no está completamente conforme con su gestión pero no ve una alternativa mejor.

¿Cambia la estrategia libertaria? “Tenemos que recaudar más; seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, fue una de las frases de Luis Caputo que no pasó de largo entre los hombres y mujeres que caminan los pasillos del poder. Traducción política: la motosierra ya no corta como antes; o, al menos, cada nuevo corte tiene más costo social.

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Así las cosas, Milei está ciegamente convencido de que la economía le terminará dando la razón. “Si hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si hacemos un gobierno que no merece ser reelecto, no seremos reelectos”, dijo en estos días, con una mezcla de fatalismo liberal y desapego electoral que desespera a quienes viven midiéndose los músculos. En esa pelea, el mandatario parece estar más allá: es, o intenta ser, un líder político distinto, también en ese nivel. Cuando escucha ese tipo de reflexiones, en cambio, Karina Milei se agarra la cabeza.

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La fiscalía pidió nuevas medidas para comprobar si Adorni concretó las operaciones con las criptomonedas

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La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.

El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.

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Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.

Adorni dijo que ganó casi US$600.000 dólares con criptos y guardó el efectivo en su domicilio. (Foto: Instagram/@madorni)

La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.

En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.

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En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.

En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Las nuevas pruebas que pide la fiscalía

Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.

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El Fiscal Pollicita, que investiga a Adorni. /Foto:  ahora.com
El Fiscal Pollicita, que investiga a Adorni. /Foto: ahora.com

El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.

Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.

Ante los empresarios de IDEA, Luis Caputo prometió una reforma tributaria para 2031

El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.

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Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.

Manuel Adorni, bitcoins

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Murió el juez Augusto Belluscio, el último de los integrantes de la Corte del regreso a la democracia

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A los 96 años, murió Augusto Belluscio, el último sobreviviente de la Corte Suprema de Justicia que refundó Raúl Alfonsín en 1993 con el regreso de la democracia. Se trata del último de los jueces que dejaron firme la histórica sentencia contra los excomandantes que lideraron el terrorismo de Estado en la Argentina.

Lo propuso para la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia de Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado ante su juzgado federal.

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Puntilloso, de origen radical y obsesivo en la corrección de la sintaxis de sus votos, en la Corte, aun quienes discreparon ideológicamente con él, le tenían gran respeto como jurista.

Civilista de prestigio y autoridad indiscutida en derecho de familia, Belluscio fue juez de la Corte durante casi 22 años, entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005.

Atravesó tres Cortes distintas, cuatro presidencias y algunos de los fallos más decisivos de la democracia recuperada.

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Votó contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Convalidó la obediencia debida, pero rechazó los indultos de Carlos Menem.

Enfrentó a Domingo Cavallo en el apogeo del superministro y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.

Augusto BelluscioFABIAN MARELLI

Había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la UBA en 1955 y se doctoró en 1960. Fue a la misma escuela primaria que Enrique Petracchi, con quien compartiría después dos décadas de Corte, aunque nunca coincidieron en las aulas: le llevaba cinco años.

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Entró a Tribunales en 1957 como secretario de un juzgado civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo civil y comercial federal y en 1974 ascendió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Dejó ese cargo durante la dictadura. Años más tarde explicaría que se fue porque la situación se había vuelto peligrosa.

Fue profesor de Derecho Civil V en la UBA desde 1962 y titular de la cátedra entre 1973 y 1996. Su Manual de Derecho de Familia es un clásico con nueve ediciones y dirigió el Código Civil comentado, anotado y concordado, de nueve tomos que le llevó un cuarto de siglo.

Alfonsín lo propuso el 13 de diciembre de 1983, al tercer día de su gobierno, por sugerencia de su ministro de Justicia, Alconada Aramburu. El Senado le dio acuerdo por unanimidad el 21 de diciembre.

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Conformó el alto tribunal renovado por completo junto con Genaro Carrió, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Enrique Petracchi: un radical, un radical cordobés, un socialista, un peronista y un jurista sin filiación, según los escribió él mismo en una entrevista con estudiantes de una revista universitaria en 2017.

Irónico, decía que Alfonsín había cometido el error de aceptar la propuesta, y que lo único que lo sorprendió en 1983 fue que el entonces presidente ganara esas elecciones.

Era el último de los jueces vivo que el 30 de diciembre de 1986 confirmó la sentencia del Juicio a las Juntas. Tuvo, sin embargo, un voto donde redujo las penas de Viola y Agosti y, con Caballero, argumentó en un voto por separado sobre el grado de responsabilidad de los excomandantes.

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Meses después, tras la crisis de Semana Santa, convalidó con la mayoría la ley de obediencia debida en el caso Camps. En esos años firmó el fallo Bazterrica que declaró inconstitucional castigar la tenencia de drogas para consumo personal, en nombre de la esfera privada que protege el artículo 19 de la Constitución.

Y ese año votó contra el divorcio vincular al sostener que esa decisión le correspondía al Congreso, no a los jueces. Treinta años después contó que Alfonsín les había pedido en una reunión que declararan inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil, y que él votó en contra igual.

“Por más que me presionen, no me sale jugo”, declaró. Una lección de independencia que trasciende las décadas.

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En 1990, Carlos Menem amplió la Corte de cinco a nueve miembros y formó la “mayoría automática”. Belluscio fue la minoría de esa mayoría automática, junto con Petracchi y Fayt.

En 1990 la corte menemista volvió a penalizar la tenencia para consumo, pero Belluscio y Petracchi mantuvieron la disidencia. Cuando Menem indultó a los comandantes condenados, Belluscio votó en minoría por la inconstitucionalidad de esa medida presidencial.

En 1993, con Petracchi denunciaron el robo de una sentencia de la Corte del libro de protocolo. Ese fallo obligaba al Banco Central a pagar honorarios millonarios. Todos miraban a otro juez de la Corte en realidad.

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Domingo Cavallo, en cambio, dijo que la habrían robado ellos mismos, y los jueces lo querellaron. Cavallo terminó pidiéndoles disculpas en público.

El episodio que más lo persiguió ocurrió en París, cuando en 1989, la abogada Mirta Schwartzman, de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en una habitación donde se encontraba con Belluscio. La policía francesa concluyó que se había tratado de un suicidio. Belluscio admitió ante los investigadores la relación sentimental que los unía.

El caso desató un escándalo político y su esposa le pidió el divorcio.

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En la crisis de 2001 respaldó la pesificación y soportó la furia de los ahorristas que protestaban frente al Palacio de Justicia.

En 2003, Elisa Carrió pidió su juicio político por su actuación en sanciones a jueces inferiores. El pedido no avanzó, y en enero de 2004 Belluscio asumió la vicepresidencia del tribunal, junto a Petracchi como presidente.

En la reapertura de los juicios por la represión firmó con Fayt y Adolfo Vázquez una disidencia que consideraba prescripto el delito y rechazaba aplicar en forma retroactiva la convención de imprescriptibilidad.

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Un fallo inspirado por sus ideas puede impactar aún hoy en la causa por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, que recurrió a tribunales internacionales para revocarla.

Se trata del caso Bullascio de 2004, por la muerte de Walter Bullascio en 1991 en una comisaría tras un recital en Obras de los Redonditos de Ricota.

Allí aceptó reabrir la causa. Petracchi y Eugenio Zaffaroni sostenían que la Corte debía subordinarse a la Corte Interamericana. Belluscio y Juan Carlos Maqueda, en cambio, admitieron que los fallos del tribunal internacional eran obligatorios, pero basaron la reapertura en que la sentencia que declaró prescripto el delito era arbitraria y había que dictar una nueva.

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En 2017 mantuvo su idea y dijo que la Corte Interamericana no podía revocar un fallo de la Corte Suprema, salvo para liberar a un condenado.

El 7 de junio de 2005, a días de cumplir 75 años, entregó su renuncia al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hy presidente de la Corte. Estaba por cumplir la edad límite que fijó la Constitución para seguir siendo juez.

Belluscio dijo que no quería beneficiarse de un fallo que él mismo había firmado cuando extendió en el caso de Fayt la posibilidad de seguir más allá de ese límite legal. Quedarse, escribió, sería una incompatibilidad ética que no estaba dispuesto a aceptar.

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Sus pares lo despidieron con un brindis y aplausos, a diferencia de lo que ocurrió cuando la mayoría automática menemista dejó la Corte.

En la profesión seguía ejerciendo en el estudio fundado por el civilista y procesalista Santiago Fassi, cuyo retrato exhibía en su despacho. Tenía una idea austera, casi monacal, del oficio. A los futuros jueces les recomendaba pegar el traste al asiento.

Se definía como un liberal clásico, convencido de que cuanto menos se metiera el Estado en la vida de las personas, mejor. Estaba contra el matrimonio igualitario y el divorcio sin causa, pero dijo que lo había vencido el modernismo.

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La Corte lo recordará con una acordada y la colocación de su nombre en la placa que recibe a los visitantes en el cuarto piso del edificio de los tribunales.

Con su muerte, desaparece el último integrante del máximo tribunal de cinco miembros que en 1983 le devolvió una idea republicana a la Corte de la democracia.




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Abel Furlán sufrió otro revés judicial en la batalla para recuperar la conducción de la UOM y de la obra social

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La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que los tribunales laborales y no el fuero civil federal son los competentes para resolver la disputa sobre la validez de las autoridades de la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato industrial más grande de la Argentina, en un fallo que representa otro revés judicial para Abel Furlán, el desplazado líder gremial, en la disputa abierta por la conducción de la organización.

La resolución, firmada por los jueces Florencia Nallar, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte, confirmó la decisión que había declarado incompetente al fuero Civil y Comercial Federal para intervenir en la causa iniciada por Furlán contra el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y ordenó que el expediente sea remitido a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para su radicación y posterior tramitación.

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La disputa se originó cuando Furlán promovió una acción meramente declarativa —un mecanismo procesal que busca despejar una incertidumbre jurídica sin necesidad de un daño consumado— para que se reconociera la validez y legalidad de las autoridades electas de la obra social. La maniobra buscaba contrarrestar una decisión previa: la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había declarado nula esa misma elección del 18 de marzo y designado un interventor para la UOM.

Alberto Biglieri, interventor de la UOM

El tribunal rechazó el argumento de Furlán de que la obra social no participó en el proceso laboral conexo y de que su situación se rige por el régimen federal de obras sociales y no por la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales. Para la Sala I, ese vínculo sustancial entre ambas causas era precisamente el que activaba el principio de perpetuatio jurisdictionis, regla procesal según la cual el juez que primero tomó contacto con los hechos de un caso mantiene prioridad para resolver las cuestiones vinculadas con el fin de garantizar coherencia y economía en la decisión.

El tribunal señaló que el desplazamiento de competencia por conexidad no equivale a una acumulación de procesos, figura que sí exige que los juicios se encuentren en etapas procesales comparables.

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Destacó que la conexidad, en cambio, opera aun cuando uno de los procesos ya tenga sentencia dictada —aunque no firme, como ocurre en este caso con la causa del fuero laboral— porque su objetivo no es evitar fallos contradictorios sino concentrar ante un mismo juzgado los expedientes con comunidad de intereses.

La UOM fue intervenida por la Justicia luego de que anularon las elecciones en la Seccional Zárate-Campana

El dictamen del Fiscal General ante la Cámara aportó un dato que el fallo recoge con peso particular: al momento de la resolución, 5 recursos de queja se encontraban en trámite ante la Corte Suprema, todos derivados del mismo conflicto electoral en la UOM.

Fueron presentados, en forma separada, por la propia UOM, la Junta Electoral Nacional de la UOM, los integrantes del Secretariado Nacional elegido el de marzo —entre ellos el propio Furlán junto a Pablo Molina, Rubén Urbano, Esteban Cabello y Oscar Martínez—, la Lista Violeta y Azul, y los abogados Álvaro Ruiz, Matías Cremonte y Carlos D. Zamboni Siri.

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Manifestantes de la UOM, en una movilización hacia la sede del gremio

Ese cuadro de litigiosidad simultánea reforzó el criterio del tribunal: permitir que un juzgado federal civil avanzara sobre el mismo objeto ya examinado por el fuero laboral implicaría que un magistrado ingresara al conocimiento de un asunto que tramita ante otro juez, práctica que la Corte Suprema ha vedado de manera reiterada.

La resolución representa otro capítulo en la batalla judicial alrededor de la conducción de la UOM y de su obra social. Por ahora, el expediente iniciado por Furlán no seguirá su trámite en la Justicia Civil y Comercial Federal sino ante la Justicia Nacional del Trabajo, en línea con el proceso previo que ya había intervenido sobre la elección del secretariado nacional del gremio.

Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo

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