Mientras Irán y Estados Unidos parecían estar cerca de un acuerdo para poner fin a las hostilidades esta semana, no todos en el país persa estaban de acuerdo.

La facción de línea dura, un grupo marginal pero ruidoso con miembros en el Parlamento y un asiento en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, se ha opuesto abiertamente a cualquier concesión a Washington, utilizando manifestaciones, medios estatales y declaraciones públicas y privadas como herramientas para intentar frustrar el acuerdo.

Aún no está claro cuándo se anunciará un acuerdo definitivo, si es que se anuncia. El presidente Trump se reunió durante dos horas con miembros de su gabinete en la Sala de Crisis de la Casa Blanca el viernes, pero pospuso la decisión final, según un alto funcionario de la administración. El principal negociador iraní, el general Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró en redes sociales que Teherán desconfiaba de Washington y que no se daría ningún paso antes de que la otra parte actuara primero.

Pero en Irán la lucha política continúa. La televisión estatal, controlada por un director de línea dura, ha exacerbado las divisiones en el país y ha presentado las negociaciones como un fracaso. El lunes, el presidente Masoud Pezeshkian reprendió a la televisión estatal en una reunión con sus altos dirigentes, pidiéndoles que eviten sembrar la discordia.

Pezeshkian afirmó que incluso el ayatollah Ali Khamenei, el antiguo líder supremo asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero, «coincidía en que debíamos sentarnos a la mesa de negociaciones». Pero ahora, continuó, «estamos anunciando que no debemos negociar».

En una multitudinaria concentración de partidarios de la línea dura en Teherán el viernes, grandes multitudes ondearon banderas y corearon consignas de resistencia. Un reportero de la televisión estatal preguntó a algunos asistentes si Irán debía retirarse o continuar luchando contra Estados Unidos e Israel. «Queremos que les den un buen castigo», dijo una mujer. «Manténganse firmes, estamos con ustedes hasta la última gota de sangre», remarcó otro manifestante.

«Trump debe saber que Irán, como vencedor y conquistador, impone las condiciones», afirmó Ebrahim Azizi, diputado conservador y presidente de las comisiones de seguridad nacional y política exterior del Parlamento, en una publicación en redes sociales el viernes.

Analistas cercanos al gobierno iraní afirman que la facción de la línea dura representa una opinión minoritaria, tanto entre la población en general como entre los funcionarios. Sin embargo, ignorarla conlleva el riesgo de alienar a la parte de la población que ha sido una de las más leales defensoras de la República Islámica a lo largo de las convulsiones políticas y sociales.

“Esta facción no representa a la mayoría de los iraníes y ha sido marginada de la toma de decisiones clave; las negociaciones nucleares continúan a pesar de su desaprobación”, declaró Mehdi Rahmati, analista político en Teherán, en una entrevista telefónica. Sin embargo, añadió: “El sistema necesita idear un plan para controlarlos y mantenerlos a raya, de lo contrario podrían convertirse en una amenaza para la estabilidad de Irán”.

Ni siquiera el nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder anterior, es inmune a su ira. El jueves, el clérigo y legislador de línea dura Hamid Rasaee criticó a Khamenei hijo en una publicación en redes sociales titulada: “¿Quién es digno del liderazgo supremo?”. El nuevo líder supremo, quien se encuentra oculto desde el inicio de la guerra a finales de febrero, ha expresado su apoyo al equipo negociador nuclear en declaraciones escritas.

Rasaee escribió que el profeta Noé tuvo un hijo que era infiel y una oveja negra rebelde, y que «las relaciones familiares no necesariamente garantizan la rectitud».

La comparación fue rápidamente condenada por figuras políticas y medios de comunicación iraníes, que lo acusaron de socavar la credibilidad del ayatollah Khamenei para saldar cuentas políticas.

El viernes, el Rasaee se retractó en otra publicación, afirmando que personas malintencionadas habían malinterpretado sus comentarios.

Anteriormente, durante las negociaciones, el político de línea dura Ali Bagheri Kani, subsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, escribió una carta al ayatollah en la que afirmaba que los negociadores iraníes habían sido demasiado conciliadores con los estadounidenses cuando se reunieron con el vicepresidente JD Vance en Islamabad, según dos altos funcionarios iraníes familiarizados con la carta. Según los funcionarios, pidió al líder supremo que interviniera y estableciera límites para las conversaciones.

En los círculos políticos, esta medida se interpretó como un intento de debilitar al equipo negociador. Bagheri Kani, quien fuera negociador nuclear en la administración anterior de Irán, fue también el único miembro del Consejo de Seguridad Nacional que se negó a firmar una carta conjunta en abril, escrita por el general Mohammad Bagher Ghalibaf y el presidente Pezeshkian al líder supremo, en la que se exponía la necesidad de un acuerdo con Trump.

La carta advertía de la grave situación económica, la grave crisis presupuestaria del gobierno y la posibilidad de disturbios masivos, según indicaron los dos altos funcionarios, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar temas delicados.

Bagheri Kani no solo no firmó la carta, sino que compartió su contenido con miembros de línea dura del Parlamento, quienes a su vez dieron publicidad a la disputa. Pero el ayatollah Khamenei respaldó a su equipo negociador, según informaron dos funcionarios, emitiendo declaraciones de apoyo tanto en privado como en público.

El jueves, Khamenei emitió una nueva declaración en la que anunciaba la reapertura del Parlamento por primera vez desde el inicio de la guerra. En la declaración, instó a todos los legisladores a permanecer unidos y a «abstenerse de divisiones políticas sin sentido y de exacerbar las divisiones sociales». Afirmó que hacerlo favorecería el plan del enemigo de dividir para vencer.

El ambiente en las principales capitales y en las zonas rurales de Colombia es de una tensa expectativa. Las elecciones presidenciales de este domingo no representan una jornada electoral común; se han convertido en un auténtico plebiscito sobre el rumbo histórico de la nación con el reveló del presidente socialdemócrata Gustavo Petro.

Con las urnas listas, la ciudadanía se prepara para decidir qué modelo de sociedad guiará al país, en un escenario fragmentado donde conviven visiones ideológicas diametralmente opuestas y donde la agudizada violencia rural y urbana sigue siendo el examen definitivo para cualquier gobernante.

Entre una baraja de 11 aspirantes presidenciales, las encuestas han mostrado una reñida carrera entre tres punteros: el oficialista Iván Cepeda que iría adelante como favorito y los opositores el líder de la nueva derecha Abelardo de la Espriella y la liberal Paloma Valencia. En cualquier caso existe firmemente la alternativa de una segunda vuelta que se definirá el 21 de junio.

“Colombia es un país que permanece profundamente dividido en temas sociales, económicos y políticos”, aseguró a The Associated Press el analista político Sergio Guzmán.

“Petro es una figura polarizante, pero no es impopular: cuenta con cerca del 40% de aprobación, según encuestas, y también tiene un muy alto rechazo entre algunos sectores”, agregó.

Pero ese apoyo explicaría el fortalecimiento de Cepeda, que además ha enarbolado banderas liberales, defendiendo el capitalismo, la Constitución y el equilibrio de poderes, señales a la clase media centrista. Colombia, señalan los analistas, no es un país de izquierda, sino capitalista con un gobierno socialdemócrata que plantea un orden con mayor distribución del ingreso. Petro, sin embargo, es un líder polémico que ha hecho constantes declaraciones controvertidas, últimamente defendiendo al ex presidente Evo Morales, pese a la ofensiva golpista que lleva adelante contra el gobierno centrista de Rodrigo Paz.

Desde la perspectiva de los analistas tanto el presidente como Cepeda representan un sector político que busca consolidar el Estado Social de Derecho a través de reformas estructurales en salud, pensiones y la tenencia de la tierra.

Para sus defensores, Cepeda encarna la persistencia de una agenda enfocada en los derechos sociales y la salida negociada a los conflictos. No obstante, desde los sectores críticos se les acusa de promover un estatismo excesivo que debilita la confianza empresarial y de mostrar debilidad en la gestión de la seguridad ciudadana.

Petro, quien militó en su juventud en una extinta guerrilla, logró hace cuatro años una victoria histórica para la centroizquierda. Una vez en el poder, ha buscado que su legado continúe porque asegura que cuatro años no fueron suficientes para un “cambio” que favorezca a los más vulnerables, alegando que la oposición no le permitió ejecutar todos sus proyectos.

Su gobierno logró que la pobreza monetaria -que se mide a partir de un mínimo de ingresos mensuales de 127 dólares- disminuyera pasando del 36,6% en 2022 al 31,8% de la población en 2024, según el último dato oficial disponible. Mientras que el salario mínimo mensual pasó de 309 dólares en 2022 a 554 dólares en 2026. A nivel diplomático logró un acercamiento crucial con el líder norteamericano Donald Trump que lo había acusado de narcotráfico, un cargo sobre el cual Washington no aportó evidencias.

Para Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, no se trata tanto de un escenario de polarización, sino de un panorama político más amplio del que tuvo Colombia antes de que la centroizquierda fuera un jugador importante en las urnas, en un país gobernado tradicionalmente por la derecha dura o los centristas.

Como contrapeso radical, ha emergido con fuerza la figura del abogado De la Espriella. Catalogado unánimemente por los politólogos como un referente de la ultraderecha anarco capitalista, de moda en la región, el dirigente, admirador del salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, De la Espriella capitaliza el descontento, el miedo a la inseguridad y el rechazo a las políticas progresistas. Con un discurso de «mano dura», defensa de los valores tradicionales y apelando al nacionalismo, su propuesta promete restaurar el orden mediante el uso riguroso de la fuerza del Estado.

Sus críticos, sin embargo, alertan que sus posturas extremas podrían profundizar la polarización y debilitar el marco de los derechos humanos en las regiones más vulnerables.

En un terreno intermedio se ubica la senadora Paloma Valencia. Representando una alternativa de corte liberal en lo económico, Valencia enfoca su propuesta en el fortalecimiento de las libertades individuales, el libre mercado, el incentivo a la inversión privada y la reducción del aparato estatal.

También una lucha frontal contra la violencia que cambie el lema del oficialismo de “paz total” por “seguridad total”. Los analistas señalan que su discurso busca atraer al electorado empresarial y a las clases medias que desean un retorno a la ortodoxia económica y al respeto estricto de la propiedad privada, marcando una distancia institucional tanto del estatismo de la izquierda como de la estridencia de la ultraderecha.

Más allá de los debates económicos y las doctrinas de partido, las diferentes fuentes analíticas coinciden en un diagnóstico unánime: el reto definitivo del próximo gobierno es, y seguirá siendo, la violencia.

A pesar de los múltiples esfuerzos vastas regiones de Colombia (como el Pacífico, el Catatumbo y el Bajo Cauca) continúan atrapadas bajo el yugo de grupos armados ilegales, el narcotráfico y las disidencias. La violencia no solo se cobra vidas de líderes sociales y firmantes de paz, sino que carcome la legitimidad democrática al coaccionar a los votantes en las periferias.

Ninguna reforma económica será sostenible y ningún modelo socialdemócrata, liberal o de derecha podrá prosperar si el Estado no logra arrebatarle el control territorial a las economías ilegales. La seguridad y la paz no son banderas ideológicas, sino el requisito mínimo de supervivencia para la democracia colombiana.

Mientras el bloque socialdemócrata insiste en el diálogo social y la sustitución de economías ilícitas, la propuesta liberal aboga por el fortalecimiento de la justicia y la inversión, y la ultraderecha promete la asfixia militar de los criminales. Colombia vota en medio de promesas y temores, buscando una salida definitiva al laberinto de su propio conflicto.