A 41 años de la promulgación de la Constitución de 1985 en Guatemala, dos analistas coincidieron en que el texto sigue siendo una base democrática sólida, aunque arrastra desequilibrios en la distribución del poder y reformas pendientes, sobre todo en justicia, un debate que vuelve a instalarse ante el ciclo preelectoral y las propuestas de Asamblea Nacional Constituyente.

La discusión no se limita a su origen histórico. Pablo Hurtado, analista de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, sostuvo que la Constitución ha resistido pruebas políticas de alto impacto, entre ellas el intento de autogolpe de 1993, el caso Rosenberg, las elecciones de 2023 y el marco que permitió la suscripción de los acuerdos de paz.

Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Economías Nacionales, afirmó que la Constitución de 1985 no surgió como un texto enteramente nuevo, sino como una continuidad de la tradición constitucional guatemalteca. En la entrevista, describió ese proceso como una “posconstitución”, porque integra normas heredadas de cartas anteriores y también negociaciones entre actores que buscaron preservar intereses y espacios de poder.

Según Quezada, uno de los cambios más visibles del texto de 1985 fue la incorporación más amplia de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de pactos internacionales en la materia. También ubicó entre sus novedades institucionales la creación de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral.

Quezada explicó que la Constitución asumió una transcripción más extensa de normas de derechos humanos que ya habían aparecido en constituciones previas. Añadió que el diseño guatemalteco estableció además un criterio dinámico: los tratados internacionales de derechos humanos a los que se adhiera Guatemala pasan a integrar el bloque constitucional.

Sobre la aparente tensión entre el derecho a la vida y la pena de muerte, Quezada dijo que ambas disposiciones derivan de tratados internacionales y no de una formulación original de los constituyentes. Señaló que la tendencia en derechos humanos es abolicionista respecto de la pena capital, aunque los tratados la reconocen bajo límites, entre ellos la existencia de indulto y la prohibición de extenderla a otros delitos.

El analista también sostuvo que la Constitución fue redactada como reacción a la alta concentración de poder que, a su juicio, existía en el presidente en la Constitución de 1965 y en etapas previas. Ese objetivo llevó a redistribuir atribuciones hacia otras instituciones, en especial el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad.

Para Quezada, ese rediseño produjo un efecto no previsto. Dijo que el Congreso de la República terminó acumulando demasiadas facultades porque los constituyentes consideraron que un órgano plural tendría menos posibilidades de abuso, y añadió que la Corte de Constitucionalidad adquirió un peso aún mayor sin que ese resultado hubiera sido plenamente anticipado al momento de redactar sus competencias.

La respuesta directa al debate sobre si Guatemala necesita una nueva Constitución fue negativa en ambos casos. Quezada afirmó que no convocaría una reforma constitucional general ni una Asamblea Nacional Constituyente, porque considera que la Constitución actual “no se ha terminado de aplicar y no se ha terminado de entender”, y advirtió que una constituyente quedaría en manos de corrientes políticas capaces de movilizar votos, sin garantía de producir un mejor texto.

Hurtado coincidió en que la vía de una Asamblea Nacional Constituyente es la menos aconsejable. Según el analista de Asies, la debilidad del sistema de partidos hace difícil esperar un órgano constituyente con compromiso común, por lo que una elección de ese tipo “puede resultar cualquier cosa”.

Ambos sí señalaron ámbitos concretos de corrección. Quezada ubicó uno de los principales problemas en el poder del Congreso, especialmente en materia presupuestaria, y dijo que esa institución ha actuado como si no tuviera límites al aprobar el presupuesto. También mencionó abusos vinculados con los situados constitucionales y puso como ejemplos al deporte y a la Universidad de San Carlos, que, según su evaluación, recibieron fondos multimillonarios sin resultados proporcionales o terminaron en deterioro institucional.

Como antecedente de reformas parciales, Quezada recordó los cambios de 1993, cuando se modificó el tratamiento del antejuicio de los diputados. Explicó que antes el propio Congreso conocía esos casos y que, si un legislador cometía un delito, los demás diputados impedían el avance del proceso; tras la reforma, esa facultad pasó a la Corte Suprema de Justicia.

Hurtado, por su parte, puso el foco en el sistema de justicia. Sostuvo que desde hace un par de décadas se discute la necesidad de una actualización constitucional en esa materia y que las crisis permanentes dificultan una reflexión serena, pese a que ese ámbito es el llamado a controlar que gobernantes y gobernados actúen conforme a la Constitución.

El analista de Asies dijo que el país no debe esperar un momento ideal para discutir cambios. Propuso una reforma “quirúrgica” y puntual en justicia, complementada por una revisión del sistema de partidos políticos y de la ley electoral, de modo que los partidos recuperen legitimidad, vínculos con la ciudadanía y mecanismos de democracia interna.

Hurtado añadió que desde sectores de sociedad civil, academia y sector privado ya existe un consenso más visible sobre algunos ajustes constitucionales en justicia. Planteó que el año electoral 2027 podría convertirse en una oportunidad para exigir a los candidatos compromisos explícitos con esas reformas y convertirlas en un criterio de voto.

English police are facing mounting scrutiny after officers handcuffed an 18-year-old university student as he bled to death following a fatal stabbing, allegedly after believing the attacker’s false claim that he had been the victim of a racist assault.

The case has sparked outrage across Britain, fueled political debate over policing and prompted calls for the release of body-worn camera footage from the responding officers.

Alan Mendoza, executive director and co-founder of the London-based Henry Jackson Society think tank, told Fox News Digital that the case reflected broader failures in British policing culture. «The killing of Henry Nowak shows how far the rot of political correctness has set into the British policing mentality,» Mendoza said.

«The reflex attitude today appears to be to believe any and every claim that mentions racism,» he added. «It clearly trumped actual murder in this case as a dying Mr. Nowak was arrested on the say-so of his Sikh assailant without any facts being established by the officers attending.»

BRITISH POLICE RELEASE DETAILS ON SUSPECTS AFTER ‘SHOCKING’ TRAIN ATTACK, UPDATE ON VICTIMS

Vickrum Digwa, 23, was convicted Thursday at Southampton Crown Court of murdering Henry Nowak, an 18-year-old finance student at the University of Southampton, during a confrontation on Dec. 3, 2025.

Officers arriving at the chaotic scene initially treated Nowak as the suspect after Digwa allegedly claimed he had been racially abused and attacked. Officers handcuffed Nowak before realizing the severity of his injuries. He later collapsed and died at the scene despite attempts to administer first aid, according to Sky News.

Following the verdict, Hampshire Constabulary publicly apologized and referred the case to the Independent Office for Police Conduct (IOPC), England and Wales’ police watchdog, for investigation. «I’m sorry that he was handcuffed and arrested in the moments before he lost consciousness,» Temporary Deputy Chief Constable Robert France said in a statement reported by Sky News.

Prosecutors told jurors Digwa stabbed Nowak multiple times using a 21-centimeter blade described in court as a Sikh kirpan-style weapon. Digwa claimed he acted in self-defense after being racially abused, but jurors rejected that argument and found him guilty of murder.

The case has since ignited fierce public debate online and in British media over whether police prioritized allegations of racism over basic investigative and medical procedures.

TEXAS PRESS CONFERENCE IN AUSTIN METCALF KILLING DEVOLVES INTO CHAOS OVER TRACK MEET STABBING

Handout photo issued by Hampshire Police of Vickrum Digwa who has been found guilty at Southampton Crown Court of the murder of university student Henry Nowak, who he stabbed to death with a Sikh kirpan ceremonial knife. Digwa told police a «wicked lie» that he was the victim of a racist attack after he stabbed finance student Henry Nowak, from Chafford Hundred, Essex, five times in the incident in Belmont Road, Southampton, on Dec. 3 2025. Issue date: Thursday, May 28, 2026.  (Press Association via AP Images)

Speaking on GB News on Friday, Reform UK Member of Parliament Robert Jenrick called for the release of body-worn camera footage if the Nowak family consents.

«The officers chose to prioritize the accusation of racial abuse over saving the life of this young man,» Jenrick said. «I think that was a terrible mistake.»

Jenrick also criticized what he described as a muted response from Britain’s political establishment compared to reactions following the 2020 death of George Floyd in the United States.

«The Prime Minister says absolutely nothing. The Home Secretary says absolutely nothing.»

The killing has also raised concerns about hostility toward Britain’s Sikh community, which Sikh organizations have sought to distance from the crime.

In a public statement issued following the verdict, Sikh community organizations condemned the killing and stressed that the case should not be viewed as representative of Sikhism.

2 JEWISH MEN STABBED IN LONDON ATTACK CLASSIFIED AS TERRORISM

File of a police car in Derbyshire, England. (Derbyshire Constabulary via Facebook)

«Henry’s life has tragically been cut short by a moment of madness by an individual for which there can be no excuses,» the statement said.

The organizations also acknowledged that «the actions of police officers who handcuffed the victim just before he died» had intensified criticism of police and «unnecessarily stirred up community hatred.»

The statement further emphasized that legal protections allowing Sikhs in Britain to carry ceremonial kirpans for religious purposes do not apply if the blade is used violently.

«We understand in this case the weapon that may have been used was not the normal Kirpan worn by fully practicing Sikhs,» the statement read.

Mendoza stressed that Britain’s Sikh community broadly condemned the murder and supported the investigation.

«It’s legal for Sikhs to carry ceremonial knives in the U.K. but they are almost always tiny ones that religious authorities have ordained are sufficient to fulfil the obligation,» Mendoza told Fox News Digital. «He had one of those, plus his [8 inch] blade.»

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A member of the London Met Police stands guard outside Westminster Abbey.  (BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

He also described Digwa as «a weapons nut,» referencing evidence presented during the trial that prosecutors said showed the defendant had a fascination with knives and weapons.

The IOPC investigation into the officers’ actions remains ongoing. Fox News Digital reached out to Hampshire & Isle of Wight Constabulary for comment but did not receive a response before publication.