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Comenzará este lunes el juicio contra el exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con US$200.000 sin declarar

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Luego de más de un año y tres meses con prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacional Edgardo Kueider será sometido a juicio este lunes en Paraguay junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por los delitos de contrabando en grado de tentativa.

El proceso empezará a las 8 de la mañana y estará en manos del Tribunal de Sentencia Especializado en delitos económicos a cargo de los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

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El exsenador entrerriano y su pareja enfrentan acusaciones de contrabando en grado de tentativa por haber intentado cruzar el Puente Internacional de la Amistad -que une Brasil con Paraguay- con poco más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar en una mochila. Los hechos sucedieron en la madrugada del 4 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario, primero en un lujoso complejo en el centro de Asunción, luego en un dúplex y finalmente en un departamento en un edificio periférico de alta gama.

Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider fueron detenidos con más de US$200.000 sin declarar en Paraguay. (Fotos: Archivo – Policía de Paraguay)

Tras su detención, Kueider ha ratificado en varias oportunidades su inocencia con el argumento de que los fondos no le pertenecían. “No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación. Entramos y salimos de Paraguay esa noche. Eso está declarado”, sostuvo el año pasado en declaraciones radiales.

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En caso de ser declarado culpable, Kueider enfrenta una pena de dos años y medio de prisión. Sin embargo, para el cómputo de la condena se considerará el año y medio que ya cumplió con prisión domiciliaria.

Originalmente, el juicio iba a celebrarse el 24 de noviembre pasado, pero la fecha se reprogramó para el 20 de abril de este año. La cita volvió a postergarse a pedido de la Fiscalía, debido a la extensión de otro juicio que se llevaba a cabo en paralelo.

Las causas que enfrenta en la Argentina y el pedido de extradición

Mientras la Justicia de Paraguay avanzaba en la causa contra Kueider, el exsenador protagoniza otros dos procesos judiciales en la Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

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Uno tramita en la Justicia provincial de Concordia, Entre Ríos, y otro en los Tribunales Federales de San Isidro, por lo que la Corte Suprema debe definir cuál se quedará con la investigación.

Además del juicio en Paraguay, Kueider enfrenta otro proceso en la Justicia argentina por enriquecimiento ilícito y otros delitos. (Foto: X/@EdgardoKueider)
Además del juicio en Paraguay, Kueider enfrenta otro proceso en la Justicia argentina por enriquecimiento ilícito y otros delitos. (Foto: X/@EdgardoKueider)

En ese contexto, la titular del Juzgado Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió la extradición de Kueider y elevó a juicio la causa contra los presuntos miembros de una asociación ilícita encabezada por el exsenador.

En ese proceso, Kueider está imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.

Leé también: La Iglesia criticó la política migratoria nacional y mantiene la tensión con el Gobierno

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De acuerdo a la investigación de Arroyo Salgado, el exlegislador utilizó estructuras societarias para adquirir bienes de lujo que no coincidirían con sus ingresos declarados. En ese contexto, la magistrada solicitó al Senado el desafuero de Kueider, una medida que fue aprobada con 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

En Paraguay, la Fiscalía dio el visto bueno para que Kueider sea extraditado, pero puso como condición que antes se complete el proceso por contrabando en su país.

Edgardo Kueider, Paraguay

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El Gobierno anunció que aplicará sanciones a los prácticos por el paro de actividades

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El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el Gobierno sancionará a los prácticos marítimos que llevan adelante un paro en los principales puertos del país. El funcionario dijo que se trata de un servicio esencial y que influye directamente en el “costo argentino”.

“Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de sostenerlo. Seguramente va a haber sanciones; no tengo ahora los detalles, pero sin dudas es algo que va a ocurrir; se está decidiendo en este mismo momento”, declaró el vocero con respecto a la medida de fuerza que mantienen los trabajadores del sector.

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HL White Marlin, uno de los mayores buques semisumergibles de transporte pesado del mundo, arribó el domingo al país y quedó fondeado en la boya 17, frente a Bahía Blanca

Ravier también indicó que la intención de la medida es abaratar los costos del transporte. “El Gobierno busca bajar el costo argentino, muy elevado en comparación con el de otros países. Buscamos que entren nuevos jugadores con precios más competitivos, una mejora tanto para empresas como para consumidores. Lograríamos menor costo logístico, y por ende precios más bajos”, afirmó el funcionario.

Esta protesta se inició tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. La medida busca desregular el régimen vigente desde 1991, modificado en 2019 bajo el Decreto 188/19.

Caleta Cordova en el Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia. Hernan Zenteno – /Hernan Zenteno

La parálisis de actividades dejó sin operar a más de 140 buques mercantes en las terminales de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, sumadas a las maniobras suspendidas en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia.

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La Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó la interrupción de las actividades portuarias en sus empresas asociadas ante la falta de personal especializado. Esto afecta el ingreso de petróleo crudo a las plantas refinadoras y la salida de combustibles refinados hacia los puntos de distribución.

Por ejemplo, las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca despachan carga hacia Comodoro Rivadavia para abastecer a la Patagonia sur, la zona de mayor riesgo ante posibles complicaciones de suministro. En algunas plantas el margen operativo se redujo a 24 horas antes de recortar la producción.

La falta de maniobras bloquea además la carga de crudo destinado a la exportación en Bahía Blanca. Al no tener personería gremial, las agrupaciones de prácticos no quedan sujetas a las convocatorias de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, lo que hace más difícil tratar el conflicto con las vías tradicionales de negociación.

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Facundo Moyano, un rebelde con perfil propio dentro del clan familiar que encabeza el líder del Sindicato de Camioneros

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A los 82 años, Hugo Moyano lidera no sólo uno de los principales sindicatos de la Argentina. También es la cabeza de un clan familiar que fue extendiendo su influencia en las filas gremiales y políticas.

En su primer matrimonio, el líder del Sindicato de Camioneros tuvo cuatro hijos; Pablo, Karina, Emiliano (fallecido en 2011) y Paola (única que no se dedicó al gremialismo y ex esposa del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia). De su segundo matrimonio nacieron Facundo y Hugo Antonio. Y del tercero, con su esposa actual, Liliana Zulet, Jerónimo, el menor.

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Hugo Moyano mantiene a 4 de sus 6 hijos en puestos centrales de Camioneros, pero la disputa familiar y las diferencias políticas y gremiales abrieron la incógnita sobre su sucesión dentro de una estructura donde cada miembro del clan ocupan espacios con perfiles distintos.

Hugo Moyano y su hijo Pablo, con Alberto Fernández

La discusión sobre el eventual heredero en Camioneros se cruzó con un dato que involucra al único hijo del líder sindical que no integra su organización y que siempre tuvo una carrera autónoma: luego de haber incursionado en la función legislativa en el PJ, Facundo Moyano volvió a la jefatura del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) en octubre de 2025.

Dentro del universo camionero, Pablo Moyano sigue siendo secretario adjunto del sindicato de Capital y provincia de Buenos Aires y además conduce el Club Social y Deportivo Camioneros. Su permanencia en esos cargos convive con una pelea abierta con su padre desde hace cuatro años, originada por diferencias en el manejo de la obra social y ampliada luego por posturas distintas sobre la estrategia sindical, la CGT y el kirchnerismo.

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Ese enfrentamiento amaga con debilitar su proyección como sucesor natural de su padre, pero en desde febrero pasado se produjo el regreso de Pablo a la actividad cotidiana de Camioneros, en una suerte de reconciliación que se atribuye al agravamiento de la interna del sindicato y las dificultades de Hugo Moyano para calmar las tensiones en sus propias filas.

Hugo Moyano y su hija Karina

Hugo Antonio, Karina y Jerónimo conservan posiciones de conducción en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Hugo Antonio Moyano, conocido como “Huguito”, es secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Federación de Camioneros y presidente del partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el CET, creado por Hugo Moyano en 2013. En las últimas elecciones ganó una banca de diputado nacional en la lista de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Karina Moyano ocupa la secretaría de la Mujer de la Federación y también es secretaria adjunta de una fracción de las 62 Organizaciones que es promovida por Pablo, con quien mantiene una excelente relación.

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Jerónimo Moyano, de 26 años, es el menor del clan familiar y en noviembre de 2025 pasó de la Secretaría de la Juventud de la Federación Nacional de Camioneros a ser encabezar la Secretaría Gremial e Interior, virtual número 3 de la organización que lidera Hugo.

Facundo Moyano y su hermano Hugo Antonio

Hijo de Liliana Zulet, que encabeza un holding de empresas que provee de servicios a Camioneros, Jerónimo estudió Derecho, aunque abandonó la carrera y fue escalando posiciones en la estructura sindical promovido por su padre, algo que a acentuó una relación distante con Pablo, crítico de ese vínculo privilegiado.

Facundo Moyano, que tiene una pésima relación con Pablo por diferencias políticas, es, en los hechos, el rebelde de la familia porque nunca integró la estructura de Camioneros. Su base de construcción estuvo en el gremio de peajes, donde encabezó el SUTPA entre 2009 y 2017 y luego volvió a quedar al frente tras los comicios realizados en 2025, donde fue elegido secretario general al frente de una lista única, con el apoyo del 80% de los afiliados: obtuvo 4.482 votos sobre un total de 5.659.

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Su recorrido también quedó marcado por una agenda propia sobre la vida interna de los sindicatos. En 2014, cuando era diputado nacional, impulsó un proyecto de democratización sindical que proponía elecciones más transparentes y democráticas y que incluía la limitación de mandatos, iniciativa que apoyó su padre, pero le generó enemigos entre sus colegas de la vieja guardia.

Hugo Moyano, con su esposa Liliana Zulet y su hijo Jerónimo

En línea con ese planteo de democracia sindical Facundo desistió de buscar su reelección en el SUTPA y en 2021 fue elegido secretario adjunto de Florencia Cañabate.

Su vínculo con el moyanismo como sector sindical no desapareció pese a esa autonomía. Con el aval de Hugo Moyano, fue armador de listas opositoras con las que esa fracción amplió su presencia en distintos gremios.

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Facundo también tuvo una carrera parlamentaria. Fue diputado por el Frente Renovador entre 2011 y 2021 y renunció a su banca por diferencias con La Cámpora.

El dirigente volvió a diferenciarse de sus pares desde la pandemia al pronunciarse a favor de una modernización de la legislación laboral para generar más empleo.

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Cuadernos de las Coimas: un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción expuso coincidencias entre los desembolsos y las reuniones con funcionarios

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El juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, que tiene entre los acusados a Cristina Kirchner, varios exfuncionarios y medio centenar de empresarios por su presunta participación en un esquema de sobornos, continúa con las declaraciones de profesionales que intervinieron en la causa para cruzar información.

Un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción (OA) que se desempeñó allí durante el macrismo, Ignacio Martín Irigaray, señaló hoy ante el Tribunal Oral coincidencias temporales entre los desembolsos por obra pública que recibía la empresa BTU, de Carlos Mundín, y reuniones de sus directivos con funcionarios, en las que, según la acusación, se habrían pagado las coimas.

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El 11 de agosto de 2010, por ejemplo, la empresa recibió $37 millones en una cuenta del Banco Galicia. Dos días después, Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido; Santiago De Vido, hijo del entonces ministro, y Mundín mantuvieron un encuentro en el restaurante Croque Madame, sobre la avenida del Libertador.

El palacio Errázuriz visto desde Croque MadameSofía López Mañan – Lugares

“Nadie paga un soborno de su propio bolsillo. Por lo tanto, normalmente, cuando hay un soborno, corresponde a dinero que la empresa obtiene del propio contrato”, dijo Irigaray.

Otra de las coincidencias señaladas -que fueron plasmadas en un informe que elaboró Irigaray y que hoy le fue exhibido durante su declaración— corresponde a octubre de ese mismo año. El 14, la empresa percibió casi 4 millones de pesos, y el 15, de acuerdo con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Baratta se habría reunido nuevamente con Mundín, en el mismo lugar.

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Los informes se limitan a señalar la cercanía temporal entre ambos hechos, sin conclusiones o inferencias. El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, le pidió al testigo una opinión sobre esa coincidencia. “Es raro […] puede no significar nada. Pero es para mirarlo y pensarlo”, sostuvo.

Irigaray, un abogado que inició su recorrido en la función pública en la época de Néstor Kirchner, al momento de su intervención en la causa dirigía equipos de investigación dentro de la OA, que era querellante en el caso.

Relató que debía hacer cumplir contratos ya en marcha con empresas que estaban siendo investigadas. “Estábamos en el medio. Pertenecíamos al Estado que debía pagar y éramos querella que estábamos interesados en satisfacer los embargos”, explicó.

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Cristina Kirchner y Julio de Vido junto a MundínArchivo

Durante 2003-2015, el periodo investigado en la causa, la empresa BTU S.A. llevó adelante la ejecución de 23 proyectos de infraestructura energética y ferroviaria.

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