POLITICA
La trama de los departamentos ocultos de Toviggino y el “pasamanos” entre sociedades
La famosa mansión de Pilar, adjudicada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, figura en los papeles a nombre de Real Central y antes pasó por las manos de la empresa Malte. Un recorrido similar tuvo otro inmueble de 217 m2, ubicado en el corazón de Belgrano.
La firma Real Central lo escrituró a su nombre en agosto de 2024 por US$800.000. Pero ese departamento, que incluye una cochera, ya había sido adquirido en enero de 2020 por María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de AFA.
A partir de ese momento comenzó un “pasamanos”. Primero lo compró SOMA SRL, también vinculada a Toviggino, luego Malte SRL, y en 2024 terminó en manos de Real Central, según consta en un informe de la Propiedad Inmueble al que tuvo acceso . Cuatro propietarios en menos de cinco años.
En el mismo edificio de Belgrano, cuatro pisos más abajo, Toviggino compró otro departamento, también con cochera. Al igual que el primero, pasó por las manos de SOMA y en agosto de 2024, la misma fecha que el anterior, se puso a nombre de Real Central, la sociedad de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte.
La Justicia está investigando la forma en que se adquirieron esos inmuebles, pero varias fuentes que conocen la trama de la AFA aseguran que fueron claves para entender los movimientos del círculo íntimo de Toviggino. Eso explica el fuerte operativo que se montaba en la puerta del edificio, con varias camionetas y empleados de seguridad. Los vecinos del edificio son testigos de esos movimientos sospechosos, al menos desde la pandemia.
La documentación sobre esas dos propiedades se repite en varias de las causas donde se investiga a las autoridades de la AFA. El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, que pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del propio Toviggino, pero se topó con la resistencia del sistema judicial de esa provincia, mencionó los dos departamentos en su dictamen.
También aparecen en un informe patrimonial ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que espera una definición de la Cámara en lo Penal Económico para saber si sigue a cargo de la causa principal. El fiscal Gabriel Pérez Barberá dictaminó la semana pasada que ese expediente debe salir de Campana. Si eso se concreta, sería un duro revés para las autoridades de la AFA, que apostaron a concentrar todas las causas en un juez cercano.
Según un informe de dominio elaborado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los pisos de Belgrano fue comprado, en enero de 2020, por María Florencia Sartirana por un valor declarado de 513.000 dólares. Según la investigación del fiscal de Santiago del Estero, Sartirana fue encargada de finanzas de la AFA y es la actual pareja de Toviggino. También se la investiga por su rol como apoderada de varias de las empresas ligadas a su pareja como Carbello, Servicios Lindor y Malte.
El nombre de Sartirana también aparece en las transferencias que realizó TourProdEnter, la empresa de Miami que recauda los ingresos en el exterior de la AFA. Según la información bancaria proveniente de los discoveries ordenados por la Justicia estadounidense, esta compañía le transfirió US$40.000 el 30 de diciembre de 2024. Los pagos los autorizaban el exdiputado provincial del Frente Renovador Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette.
Ante el avance de las causas, los abogados de Faroni desplegaron una maniobra para intentar invalidar toda esa prueba. Antes de que prospere, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió que los jueces y fiscales argentinos pidan nuevamente la información a Estados Unidos, a través de otro circuito.
El departamento que compró Sartirana luego pasó a SOMA SRL. Esa sociedad lo compró en septiembre de 2023 por US$800.000. Es decir, US$287.000 más caro que lo que lo había adquirido la pareja de Toviggino.
Un mes antes de esa operación inmobiliaria, el hermano de Toviggino, Darío Fabián, adquirió acciones de SOMA SRL, según información societaria.
El inmueble ubicado en la esquina de La Pampa y Tres de Febrero estuvo poco tiempo a nombre de SOMA SRL. Medio año después de haberlo comprado, esa sociedad se lo vendió a la empresa Malte SRL. Según los registros oficiales, lo hizo por el mismo precio que lo había adquirido: 800.000 dólares. Este cambio de titulares no necesariamente significó una gran modificación porque, un mes antes de la operación, SOMA SRL había absorbido el 95% de las acciones de Malte, la sociedad con la cual se compró la mansión de Pilar.
Dentro de los antiguos accionistas de Malte SRL aparece Juan Pablo Beacon, un exladero de Toviggino que terminó enfrentado y amagó durante meses con aportar pruebas ante la Justicia. Este abogado se grabó en su oficina mientras contaba fajos de dólares y decía: “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600″.
Según una fuente al tanto del movimiento de esos fondos, el efectivo llegaba en bolsos o cajas de vino y luego era llevado a una oficina en Montevideo y Quintana, presuntamente utilizada por Toviggino. “Llevale a PT a Montevideo” o “llevale a Pablo a Montevideo” son algunas de las instrucciones sobre el circuito del dinero, de acuerdo con documentación a la que tuvo acceso .
En el mismo edificio de La Pampa y Tres de Febrero, Toviggino adquirió otro departamento de 217 m2 a través del mismo entramado societario. Es un edificio de apenas 14 unidades, donde todos se conocen. “Llegaron durante la pandemia, uno de los departamentos lo hicieron a nuevo cuando estaba prohibido entrar y salir, siempre se manejaron como quisieron”, se queja uno de los vecinos bajo un estricto off the record.
Otro de los propietarios le dijo a que la persona que se encargaba de pagar todas las boletas de los dos inmuebles era la madre de Pantano, Ana Lucía Conte, la jubilada que aparece como dueña de la mansión de Pilar, valuada por peritos judiciales en 20.815.100 dólares, pero que durante la pandemia de Covid cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Durante los últimos años, esos dos departamentos tuvieron un intenso movimiento. El círculo íntimo de Toviggino frecuentaba el lugar y mandaba encomiendas. Antes de la crisis con su exjefe, Beacon compartió la ubicación de ese lugar, de acuerdo a documentos a los que accedió este medio. “Sigue habiendo movimientos extraños, pero mucho menos que antes”, cuenta un vecino que teme por represalias.
adjudicada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino,los autorizaban el exdiputado provincial del Frente Renovador Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette.,ugirió que los jueces y fiscales argentinos pidan nuevamente la información a Estados Unidos, a través de otro circuito.,Nicolás Pizzi,AFA,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Admitió “un error” en la copa para Central. Tapia sugirió que Macri se abrazó con un jeque por un gol contra Argentina en Qatar,,Sorpresas. El video con el que Scaloni presentó a los convocados al Mundial,,Los 26. Memes, reacciones y los mejores tuits por la presentación de la lista de Scaloni para el Mundial 2026
POLITICA
Cruces en Diputados por la Ley de Soberanía Nacional: el oficialismo consiguió dictamen con apoyo de sus aliados
La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, con el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y el Frente de Izquierda rechazó la propuesta. El Gobierno buscará llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre.
El plenario fue encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las respectivas comisiones. Las firmas del dictamen oficialista correspondieron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, que acompañó con disidencia parcial.
El peronismo reunió 38 firmas para su dictamen de minoría. Además, hubo otro dictamen con cuatro firmas de Provincias Unidas y uno de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.
Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Fuertes cuestionamientos de la oposición durante el plenario
El debate estuvo marcado por las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes cuestionaron el procedimiento y el contenido de la iniciativa.
“Es un dictamen entre gallos y medianoche”, afirmó la diputada Agustina Propato. “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”, agregó.
En la misma línea, Juan Marino cuestionó que el oficialismo avanzara sin entregar el texto a los legisladores. “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, sostuvo, y pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, Juan Grabois interrogó al titular del plenario, Carlos Zapata, sobre las modificaciones incorporadas al proyecto: “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”. “No le puedo contestar”, respondió el legislador libertario.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se tuvieran en cuenta las propuestas de su bancada.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó que la oposición se enterara por los medios sobre la firma de los dictámenes. “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”, afirmó.
En tanto, el socialista Esteban Paulón anunció que su espacio presentó un dictamen de minoría y calificó como “invotable” la propuesta del oficialismo.
La defensa del proyecto estuvo a cargo de legisladores libertarios, entre ellos Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.
Antes del plenario, y a propuesta de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, participaron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, encabezados por Martín D’Alessandro.
Los cambios negociados con los bloques aliados
La diputada libertaria Silvana Giudici encabezó las negociaciones con los sectores aliados para introducir modificaciones al texto. Entre los cambios se incorporaron precisiones sobre las funciones del Consejo de Seguridad y mecanismos de control parlamentario.
A partir de un planteo del MID, el dictamen establece una prohibición expresa para que el Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior, con excepciones operativas vinculadas con infraestructuras críticas y protección marítima.
También habilita la convocatoria de autoridades legislativas, provinciales y del Ministerio de Seguridad Interior, e incorpora la participación del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado. De esta manera, no incluye al titular de la Cámara alta, cargo que ocupa Victoria Villarruel, quien incrementó sus críticas a la gestión presidencial.
Otro de los cambios se refiere al control parlamentario de las decisiones del Consejo. La Comisión Bicameral deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre sanciones, medidas urgentes y decisiones de inversión. Además, se prevé un control posterior de las medidas que impidan vuelos o contemplen hundimientos.
El organismo estará integrado por cuatro senadores y cuatro diputados, con deber de secreto y acceso limitado a la información.
Modificaciones al delito de desinformación
El proyecto también introduce cambios en la figura penal vinculada con la denominada “desinformación masiva”.
El texto reemplaza la referencia expresa a “campañas coordinadas de desinformación masiva” por la figura de “campaña de injerencia extranjera”. Esta última se define a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten el vínculo extranjero.
POLITICA
Caso $LIBRA: reclaman que una fiscalía especializada en delitos de funcionarios actúe contra los sobreseimientos
Con durísimas críticas al fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa por el caso $LIBRA durante el último año y medio y que pidió su cierre, las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en el expediente como “amicus curiae” solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa y desarrolle la investigación que hasta ahora no se hizo, según consta en la copia de la petición que obtuvo .
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimaron que la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, debe involucrarse en el expediente que el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvieron cerrar “de forma prematura”, con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y todos los demás acusados.
“Se trata de una decisión judicial que, de forma prematura, pone fin a la investigación de un caso de corrupción de notoria trascendencia institucional -plantearon Inecip y Cipce-, fulminando así cualquier posibilidad de acceder a la justicia a fin de averiguar la verdad sobre hechos que generaron estupor público al encontrarse involucrados en las denuncias el Presidente y su hermana, quien funge de Secretaria General de la Presidencia.”
En ese contexto, las entidades estimaron que la PIA debe intervenir de manera directa “a los fines de adoptar las medidas de impulso procesal de la acción penal que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la producción de prueba de cargo dirigida a formular una acusación precisa que permita llevar adelante un juicio oral y público sobre la conducta en la que se encontraría vinculado el Presidente de la Nación por la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
Organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y heredera de la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos, pero el fiscal Taiano no le dio intervención en esta pesquisa, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto su propio expediente sobre $LIBRA.
Tal como informó , la PIA impulsó causas de las que los fiscales se habían bajado. Así, por ejemplo, consiguió la reapertura del caso Skanska, que terminó en condenas de múltiples exfuncionarios kirchneristas. Esta Procuraduría insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.
Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostuvieron que en $LIBRA el fiscal Taiano pidió los sobreseimientos y el juez Martínez de Giorgi los dictó, y que la PIA, que no fue notificada de esa decisión, en principio no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal Taiano.
Para Inecip y Cipce, por el contrario, la PIA debe intervenir, asumir el ejercicio directo de la acción pública y apelar la resolución del 23 de octubre que dispuso los sobreseimientos de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
En esa línea, las entidades también solicitaron que la PIA asuma un rol de coordinación junto al fiscal de alzada para intervenir en las audiencias que pudieran tener lugar como parte de incidencias recursivas planteadas por las partes querellantes, y que continúe la investigación “garantizando el derecho de las víctimas a ser oídas a lo largo del proceso y consultadas respecto de la adopción de decisiones de mérito”, tal como establece la ley, dijeron.
Según Inecip y Cipce, la investigación que debió impulsar el fiscal Taiano “no estuvo a la altura del caso”, al que debió imprimirse la “máxima diligencia”, con “coordinación entre áreas y transparencia ante la comunidad”. De acuerdo con las entidades, “ocurrió lo contrario”.
En ese sentido, sostuvieron que:
Así, tras remarcar que los sobreseimientos fueron “prematuros” porque “la propia investigación no está agotada”, pidieron que la PIA se involucre.
“No es tolerable para la comunidad que la verdad se reemplace por ficciones acomodadas para que los hechos no se conozcan. El caso $LIBRA se convierte día a día en un nuevo caso de impunidad”, remarcaron. “La intervención directa de la PIA es hoy la única alternativa para que las víctimas obtengan una decisión judicial adoptada después de agotar todas las hipótesis y medidas de prueba que aún restan producir, analizar y ponderar”.
Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.
pidió su cierre,como informó LA NACION,,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados – Nexofin
El bloque de La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tras recolectar 60 firmas en el plenario de comisiones, la “Ley Malvinas” quedó lista para debatirse en el recinto.
La iniciativa establece penas severas para la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur. No obstante, la discusión legislativa quedó fragmentada con la presentación de cinco dictámenes de minoría opositores.
Para atender reclamos de la administración Trump, el oficialismo acotó el alcance del régimen de sanciones para las empresas extranjeras. Ante las objeciones, la dirigencia eximió de responsabilidad penal a los fondos de inversión indirectos y accionistas minoritarios.
El texto prevé crear el Consejo de Seguridad Nacional, órgano conducido por Javier Milei e integrado por figuras de la Casa Rosada. Asimismo, se confirmó el funcionamiento de una Comisión Bicameral parlamentaria encargada de auditar la entidad.
Aunque los libertarios proyectan tratar el proyecto el 12 de noviembre, aliados anticipan nuevos retoques a la norma.
La entrada La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados se publicó primero en Nexofin.
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