POLITICA
La trama de los departamentos ocultos de Toviggino y el “pasamanos” entre sociedades
La famosa mansión de Pilar, adjudicada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, figura en los papeles a nombre de Real Central y antes pasó por las manos de la empresa Malte. Un recorrido similar tuvo otro inmueble de 217 m2, ubicado en el corazón de Belgrano.
La firma Real Central lo escrituró a su nombre en agosto de 2024 por US$800.000. Pero ese departamento, que incluye una cochera, ya había sido adquirido en enero de 2020 por María Florencia Sartirana, pareja del tesorero de AFA.
A partir de ese momento comenzó un “pasamanos”. Primero lo compró SOMA SRL, también vinculada a Toviggino, luego Malte SRL, y en 2024 terminó en manos de Real Central, según consta en un informe de la Propiedad Inmueble al que tuvo acceso . Cuatro propietarios en menos de cinco años.
En el mismo edificio de Belgrano, cuatro pisos más abajo, Toviggino compró otro departamento, también con cochera. Al igual que el primero, pasó por las manos de SOMA y en agosto de 2024, la misma fecha que el anterior, se puso a nombre de Real Central, la sociedad de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte.
La Justicia está investigando la forma en que se adquirieron esos inmuebles, pero varias fuentes que conocen la trama de la AFA aseguran que fueron claves para entender los movimientos del círculo íntimo de Toviggino. Eso explica el fuerte operativo que se montaba en la puerta del edificio, con varias camionetas y empleados de seguridad. Los vecinos del edificio son testigos de esos movimientos sospechosos, al menos desde la pandemia.
La documentación sobre esas dos propiedades se repite en varias de las causas donde se investiga a las autoridades de la AFA. El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón, que pidió la detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del propio Toviggino, pero se topó con la resistencia del sistema judicial de esa provincia, mencionó los dos departamentos en su dictamen.
También aparecen en un informe patrimonial ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que espera una definición de la Cámara en lo Penal Económico para saber si sigue a cargo de la causa principal. El fiscal Gabriel Pérez Barberá dictaminó la semana pasada que ese expediente debe salir de Campana. Si eso se concreta, sería un duro revés para las autoridades de la AFA, que apostaron a concentrar todas las causas en un juez cercano.
Según un informe de dominio elaborado por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los pisos de Belgrano fue comprado, en enero de 2020, por María Florencia Sartirana por un valor declarado de 513.000 dólares. Según la investigación del fiscal de Santiago del Estero, Sartirana fue encargada de finanzas de la AFA y es la actual pareja de Toviggino. También se la investiga por su rol como apoderada de varias de las empresas ligadas a su pareja como Carbello, Servicios Lindor y Malte.
El nombre de Sartirana también aparece en las transferencias que realizó TourProdEnter, la empresa de Miami que recauda los ingresos en el exterior de la AFA. Según la información bancaria proveniente de los discoveries ordenados por la Justicia estadounidense, esta compañía le transfirió US$40.000 el 30 de diciembre de 2024. Los pagos los autorizaban el exdiputado provincial del Frente Renovador Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette.
Ante el avance de las causas, los abogados de Faroni desplegaron una maniobra para intentar invalidar toda esa prueba. Antes de que prospere, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió que los jueces y fiscales argentinos pidan nuevamente la información a Estados Unidos, a través de otro circuito.
El departamento que compró Sartirana luego pasó a SOMA SRL. Esa sociedad lo compró en septiembre de 2023 por US$800.000. Es decir, US$287.000 más caro que lo que lo había adquirido la pareja de Toviggino.
Un mes antes de esa operación inmobiliaria, el hermano de Toviggino, Darío Fabián, adquirió acciones de SOMA SRL, según información societaria.
El inmueble ubicado en la esquina de La Pampa y Tres de Febrero estuvo poco tiempo a nombre de SOMA SRL. Medio año después de haberlo comprado, esa sociedad se lo vendió a la empresa Malte SRL. Según los registros oficiales, lo hizo por el mismo precio que lo había adquirido: 800.000 dólares. Este cambio de titulares no necesariamente significó una gran modificación porque, un mes antes de la operación, SOMA SRL había absorbido el 95% de las acciones de Malte, la sociedad con la cual se compró la mansión de Pilar.
Dentro de los antiguos accionistas de Malte SRL aparece Juan Pablo Beacon, un exladero de Toviggino que terminó enfrentado y amagó durante meses con aportar pruebas ante la Justicia. Este abogado se grabó en su oficina mientras contaba fajos de dólares y decía: “Esto es lo que entregaron hoy, 20 de mayo, 115.600″.
Según una fuente al tanto del movimiento de esos fondos, el efectivo llegaba en bolsos o cajas de vino y luego era llevado a una oficina en Montevideo y Quintana, presuntamente utilizada por Toviggino. “Llevale a PT a Montevideo” o “llevale a Pablo a Montevideo” son algunas de las instrucciones sobre el circuito del dinero, de acuerdo con documentación a la que tuvo acceso .
En el mismo edificio de La Pampa y Tres de Febrero, Toviggino adquirió otro departamento de 217 m2 a través del mismo entramado societario. Es un edificio de apenas 14 unidades, donde todos se conocen. “Llegaron durante la pandemia, uno de los departamentos lo hicieron a nuevo cuando estaba prohibido entrar y salir, siempre se manejaron como quisieron”, se queja uno de los vecinos bajo un estricto off the record.
Otro de los propietarios le dijo a que la persona que se encargaba de pagar todas las boletas de los dos inmuebles era la madre de Pantano, Ana Lucía Conte, la jubilada que aparece como dueña de la mansión de Pilar, valuada por peritos judiciales en 20.815.100 dólares, pero que durante la pandemia de Covid cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Durante los últimos años, esos dos departamentos tuvieron un intenso movimiento. El círculo íntimo de Toviggino frecuentaba el lugar y mandaba encomiendas. Antes de la crisis con su exjefe, Beacon compartió la ubicación de ese lugar, de acuerdo a documentos a los que accedió este medio. “Sigue habiendo movimientos extraños, pero mucho menos que antes”, cuenta un vecino que teme por represalias.
adjudicada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino,los autorizaban el exdiputado provincial del Frente Renovador Javier Faroni y su mujer, Erica Gillette.,ugirió que los jueces y fiscales argentinos pidan nuevamente la información a Estados Unidos, a través de otro circuito.,Nicolás Pizzi,AFA,Pablo Toviggino,Conforme a,AFA,,Admitió “un error” en la copa para Central. Tapia sugirió que Macri se abrazó con un jeque por un gol contra Argentina en Qatar,,Sorpresas. El video con el que Scaloni presentó a los convocados al Mundial,,Los 26. Memes, reacciones y los mejores tuits por la presentación de la lista de Scaloni para el Mundial 2026
POLITICA
Senadores del PJ presentaron un proyecto para proteger el sistema nuclear argentino y blindarlo ante posibles cambios
Los senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio y Wado de Pedro, presentaron este domingo 31 de mayo, en el marco del Día Nacional de la Energía Atómica, dos proyectos de ley orientados a darle continuidad a las políticas de desarrollo nuclear argentino frente a lo que la posibilidad de cambios estructurales impulsados por el gobierno actual.
La primera iniciativa, firmada por ambos senadores, apunta a proteger la continuidad del reactor CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado íntegramente en la Argentina y uno de los desarrollos tecnológicos más novedosos del mundo en materia de reactores modulares pequeños.
El proyecto establece que cualquier decisión que implique la cancelación del CAREM, la transferencia de la tecnología generada en su marco o su desvinculación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) deberá contar con una mayoría agravada de dos tercios del Congreso nacional. La exigencia apunta a blindar institucionalmente un proyecto que concentra décadas de inversión pública y formación de recursos humanos especializados.
La segunda iniciativa, impulsada por Di Tullio, extiende esa lógica de protección al conjunto de las políticas estratégicas del sector nuclear. La propuesta alcanza a los programas de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología, los acuerdos internacionales de cooperación y otras decisiones estructurales para el sistema nuclear argentino.
Al igual que en el caso del CAREM, la propuesta fija la necesidad de amplios consensos institucionales para avanzar en esas materias. El objetivo declarado es consolidar la energía nuclear como una política de Estado que trascienda los cambios de gobierno.
“No podemos permitir que una política transversal como ésta quede a merced de las decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Los argentinos y argentinas nos merecemos diseñar y sostener estrategias a largo plazo”, sostuvo Di Tullio al presentar el proyecto.
La senadora también denunció que “todas las propuestas de desarrollo de este gobierno están orientadas a la extracción indiscriminada de nuestros recursos, a la entrega de nuestro patrimonio”, y advirtió: “No podemos permitir que además destruya el sistema de ciencia y tecnología”.
De Pedro, por su parte, puso el acento en la singularidad de la posición argentina a nivel global. “Somos uno de los pocos países del mundo que desarrolló el ciclo completo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ahí hay décadas de inversión pública, trabajo argentino, formación de recursos humanos y desarrollo científico que forman parte del patrimonio estratégico de la Nación”, afirmó el senador.
Sobre el reactor en cuestión, fue directo: “El CAREM es una muestra de la capacidad que tiene la Argentina para generar tecnología de punta, agregar valor al conocimiento y construir soberanía tecnológica“, y lo definió como “una herramienta clave para el desarrollo autónomo del país”.
Esas definiciones retoman una posición que De Pedro ha sostenido durante años en defensa de la CNEA, INVAP, Nucleoeléctrica Argentina y el propio proyecto CAREM.
En los fundamentos de ambas iniciativas, los legisladores advierten que el sistema nuclear argentino constituye un activo estratégico para el desarrollo nacional, la soberanía energética, la producción de conocimiento y la inserción internacional del país.
También señalan que la paralización de proyectos, la pérdida de capacidades tecnológicas o la discontinuidad de políticas de largo plazo generan daños difíciles de revertir.
La elección de la fecha no fue casual. El 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Energía Atómica en la Argentina, una efeméride que recuerda los hitos de un sector que posicionó al país como referencia mundial.
Ante lo que los senadores describen como los desaciertos del gobierno de Javier Milei y el interés oficial en avanzar hacia la privatización de los activos más relevantes del complejo nuclear, las propuestas buscan dotar al sector de mayores resguardos institucionales y garantizar que las decisiones de mayor impacto cuenten con consensos políticos amplios y duraderos.
El presidente Javier Milei se refirió este domingo a las elecciones presidenciales de Colombia y felicitó al candidato Abelardo de la Espriella por el resultado obtenido en la primera vuelta. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario argentino también destacó el desarrollo de la jornada electoral y expresó su respaldo al dirigente colombiano de cara al balotaje.
“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”, escribió Milei en un mensaje que tituló “La libertad avanza”.
En su publicación, el Presidente interpretó el resultado electoral como una muestra del “anhelo de libertad y progreso” de la sociedad colombiana. Además, sostuvo que los votantes expresaron su rechazo al “modelo socialista” y cuestionó el rumbo político del país durante los últimos años.
Milei también se pronunció sobre la segunda vuelta electoral, en la que se definirá al próximo presidente colombiano. En ese sentido, afirmó que, si el resultado de la primera ronda se repite en el balotaje, Colombia “va a ingresar nuevamente al concierto de las naciones libres” y retomará un rumbo orientado a la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad”.
El mensaje concluyó con una de las consignas habituales del mandatario argentino: “¡Viva la libertad, carajo!”.
Noticia en desarrollo.
@ABDELAESPRIELLA,June 1, 2026,Conforme a
POLITICA
Avanza una negociación política para destrabar el conflicto por la ley de financiamiento universitario
El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a .
Ambas partes planean reunirse esta semana −evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves− en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.
Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.
En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.
También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron a el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.
De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas a .
“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.
“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.
Tomas suspendidas
La toma de los colegios, ahora suspendida, fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.
Es que, mientras se da el diálogo a nivel político, el conflicto se judicializó y está en la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo para definirlo. Los rectores universitarios lo saben, por lo que también están dispuestos a dialogar, ante una situación económica cada vez más complicada.
“Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteaba el último documento de la UBA difundido antes de la marcha.
El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario en agosto del año pasado, el Gobierno la vetó, pero el Congreso volvió a insistir y evitó el veto, con lo que la norma quedó en vigor.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decretó que no la puede cumplir por falta de presupuesto. Las universidades acudieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno recurrió estos fallos y llegó con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene en sus manos la causa luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. Antes, la Corte rechazó un per saltum para abocarse de manera directa al caso.
De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras el planteo de los rectores de las universidades nucleados en el CIN.
En las conversaciones previas, el Gobierno planteaba transferir fondos que permitieran recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023, como ordena la ley aprobada por el Congreso.
Las partidas de fondos contarían con la aprobación del Ministerio de Economía. Sin embargo, ese ofrecimiento no llegó a buen puerto, por el rechazo extendido de los rectores y los gremios universitarios.
El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento.
La movilización reclamaba una actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Son el sector más afectado dentro de los trabajadores estatales, que en promedio resignaron el 17% de sus salarios.
Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento de las facultades. Es que las transferencias a las casas de estudios públicas registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, según plantearon las organizaciones en el documento leído durante la manifestación.
Gobierno presentara un recurso extraordinario,Hernán Cappiello,Conforme a
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