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Ley de Lobby: las tres normativas de EE.UU. en las que el Gobierno basó el proyecto y las dudas sobre su control

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El Gobierno basó su proyecto de ley de Lobby en tres normas de Estados Unidos y abrió una discusión interna sobre qué organismo deberá controlar el nuevo régimen si el Congreso lo sanciona. En el Ejecutivo reconocen que el texto tomó como referencia la Lobbying Disclosure Act de 1995, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007 y la Foreign Agents Registration Act de 1938, aunque aclaran que la adaptación fue hecha “salvando las distancias” con el sistema institucional argentino.

En la Casa Rosada niegan que la iniciativa haya respondido a un pedido de sus vínculos políticos o económicos en Washington. Sostienen que formaba parte de las reformas programáticas iniciales de La Libertad Avanza, aunque no fue incluida en la primera versión de la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso a fines de 2023. Según fuentes oficiales, el proyecto fue presentado internamente por Santiago Caputo y trabajado por la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, junto con equipos del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

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El dato que llamó la atención dentro del propio Gobierno es que el Ministerio de Justicia no intervino en la confección del proyecto, pese a que el texto incluye tipologías penales, sanciones administrativas, restricciones para exfuncionarios y un capítulo específico sobre intereses extranjeros. En Balcarce 50 descartan de forma tajante que Justicia vaya a ser la autoridad de aplicación del régimen, en un contexto atravesado por la interna entre el sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo, y por los cambios recientes en esa cartera con el desembarco de Juan Bautista Mahiques.

La comparación con Estados Unidos expone una diferencia sensible. La ley de registro de agentes extranjeros, conocida como FARA, es administrada por el Departamento de Justicia y obliga a registrar a quienes actúan en nombre de gobiernos, partidos, entidades o principales extranjeros para influir en la política pública o la opinión pública estadounidense. En cambio, la ley de divulgación del lobby de 1995 y sus modificaciones posteriores se apoyan en registros y reportes ante el Congreso: los lobbistas presentan información ante las oficinas administrativas del Senado y de la Cámara de Representantes.

Javier Milei y parte de su Gabinete camino a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para participar del Tedeum por el 25 de mayo. (Foto: Presidencia)

El proyecto argentino mezcla elementos de esos dos mundos. Por un lado, crea registros de gestores de intereses, reportes trimestrales y publicidad de contactos, en línea con la lógica de la LDA. Por otro, incorpora una regulación específica para gestores de intereses extranjeros, con reportes especiales y sanciones agravadas cuando la actividad esté vinculada a defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales, un enfoque que se acerca más a la lógica de FARA.

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El punto de mayor incertidumbre está en la autoridad de aplicación. El texto establece que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, será el organismo o jurisdicción que el propio Ejecutivo designe. Para el Poder Legislativo, en cambio, asigna esa función a las secretarías administrativas de Diputados y del Senado. En los hechos, la definición más relevante queda abierta: quién controlará el registro, fiscalizará reportes, recibirá denuncias, aplicará sanciones y requerirá información en el Ejecutivo.

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No se trata de un detalle administrativo. El proyecto le da a la autoridad de aplicación poder para verificar la veracidad de la información presentada al momento de la inscripción, exigir subsanaciones en un plazo de diez días hábiles, requerir información a sujetos obligados y gestores de intereses, fiscalizar la actividad, instruir procedimientos sancionatorios y aplicar sanciones. También podrá recibir denuncias, ordenar correcciones de registros o reportes y remitir antecedentes a órganos con competencia administrativa, política o penal.

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Ese diseño abre dudas sobre la capacidad real de investigación y monitoreo que tendrá el organismo que finalmente sea designado. En Estados Unidos, el control de agentes extranjeros está vinculado al Departamento de Justicia, mientras que el sistema argentino dejaría la arquitectura inicial en manos de una autoridad administrativa a definir por reglamentación. La pregunta política es si ese organismo tendrá músculo técnico, autonomía, acceso a información sensible y coordinación con áreas de seguridad, inteligencia y justicia.

Santiago Caputo y Lule Menem se mostraron juntos tras los cruces por redes sociales (Foto: captura de X/@slcaputo).
Santiago Caputo y Lule Menem se mostraron juntos tras los cruces por redes sociales (Foto: captura de X/@slcaputo).

La inquietud crece por el capítulo de intereses extranjeros. El artículo 24 establece que los gestores de intereses extranjeros deberán presentar, además de los reportes trimestrales, otros requerimientos o informes cuando existan razones fundadas de transparencia institucional, defensa nacional, seguridad interior, inteligencia nacional, relaciones exteriores u otros motivos de interés público. Esa redacción cruza la regulación del lobby con áreas que normalmente involucran información reservada, inteligencia estratégica o seguridad del Estado.

El texto también dialoga con otra agenda del Gobierno: la reforma electoral. En Balcarce 50 impulsan una modificación que busca prohibir la contratación de consultores extranjeros en campañas políticas. En paralelo, el proyecto de lobby crea una categoría especial para la representación de intereses extranjeros y obliga a declarar beneficiarios, clientes o principales del exterior. La combinación de ambos temas muestra una preocupación más amplia del oficialismo por la influencia externa en decisiones públicas, campañas y procesos regulatorios.

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La iniciativa además introduce restricciones para exfuncionarios. Quienes hayan ocupado cargos públicos no podrán actuar como gestores de intereses durante 24 meses ante el organismo donde se desempeñaron ni sobre asuntos en los que hubieran intervenido por su función. También se extiende la restricción a personas jurídicas vinculadas cuando el exfuncionario dirija, administre, represente o controle la voluntad social de la empresa.

El capítulo penal es otro punto fuerte del proyecto. La gestión clandestina de intereses prevé penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial para quien realice lobby sin estar inscripto. La falsedad u ocultamiento agravado contempla sanciones para quien presente reportes o documentos falsos con el objetivo de ocultar al verdadero representado, cliente, beneficiario o principal extranjero. La representación clandestina de intereses extranjeros eleva la pena hasta tres años cuando la gestión busque influir en decisiones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales.

También se penaliza la obstrucción dolosa de la fiscalización, con multas de 100 a 2000 salarios mínimos e inhabilitación especial de uno a cuatro años para quien oculte, destruya, altere o suprima documentación obligatoria requerida por la autoridad de aplicación. Esa combinación de sanciones administrativas y penales refuerza la pregunta sobre qué área del Estado tendrá a su cargo la primera capa de control.

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La Argentina ya tenía antecedentes en la materia. El Decreto 1172/03 estableció un régimen de publicidad de audiencias de gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero no creó una ley integral de lobby ni un sistema equivalente para el Poder Legislativo. Ese decreto tuvo como antecedente debates impulsados por la Oficina Anticorrupción a comienzos de los 2000, cuando se discutieron proyectos sobre acceso a la información, audiencias públicas, elaboración participativa de normas y gestión de intereses.

Gobierno, Estados Unidos

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“Gracias eternas, capitán”: los mensajes de los políticos para Messi en su despedida de la Selección

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El último partido de Lionel Messi con la Selección trascendió los límites del fútbol y las redes sociales se llenaron de mensajes para ser parte de la despedida del diez. La política argentina no se iba a quedar afuera del evento: lo saludó el presidente Javier Milei, pero también dirigentes de todo el arco opositor.

“Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. “Messi es imposible… vamos Argentina, carajo!”, finalizó.

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Otro de los mensajes fue el de Cristian Ritondo, quien escribió: “Se termina una era. Gracias, Leo, por hacernos felices tantas veces y por demostrar que con esfuerzo, humildad y amor por la camiseta se puede llegar a lo más alto. Lo que nos diste no se va a olvidar nunca. Gracias por todo, capitán”.

“Gracias por toda la magia”: el mensaje de Javier Milei a Lionel Messi antes del partido despedida. (Foto: captura X @JMilei)

También se sumó el secretario de Turismo, Daniel Scioli, que destacó el reconocimiento del público al futbolista: “Lionel, hoy un país entero vuelve a decirte gracias. Gracias por representar a la Argentina con grandeza, humildad y pasión, y por regalarnos las alegrías más grandes con la Selección Argentina. En un Monumental colmado de gente de todo el país, te abrazamos una vez más en el comienzo de una nueva etapa. ¡Gracias, Capitán. Esta siempre será tu casa!”.

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Cuadernos de las coimas: avanza un acuerdo para evitar la difusión de datos personales durante el juicio

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La audiencia de este martes del juicio por los Cuadernos de las Coimas cerró con un pedido de las partes que, a diferencia de veces anteriores, generó cierto consenso. Solicitaron no exhibir datos personales como números telefónicos durante el debate del próximo jueves, algo que la fiscalía entendió como “correcta”.

En la próxima jornada del juicio está previsto que declaren nueve testigos y que, entre otros temas posibles, el foco esté en los cruces telefónicos. Por ese motivo, las defensas se anticiparon y solicitaron que se adoptaran medidas para no mostrar datos personales, como por ejemplo, los números de celular y sus respectivos titulares de las personas investigadas y de posibles terceros que no sean foco de la pesquisa.

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“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. Durante su alocución agregó que le parecía un “exceso” evitar el ingreso a la sala de audiencias, pero se manifestó de acuerdo con evitar exhibir números de teléfono de personas que no están vinculadas a la causa. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, completó.

Fabiana León, la fiscal del caso cuadernosFabían Marelli

El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, dijo que “no se verifica ninguna circunstancia” que inhabilite la transmisión de la audiencia. También sostuvo que se puede adoptar alguna medida “que impida que los teléfonos trasciendan”.

Más allá de que todavía se desconoce qué medida puntual será adoptada en la audiencia del próximo jueves, el consenso alcanzado entre las partes del juicio deja de manifiesto la sensibilidad que existe en el material publicitado durante las audiencias, en las que se exhibieron fotos y videos de allanamientos en domicilios particulares.

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Imágenes del allanamiento en una de las casas de Cristina Kirchner en el sur

La semana pasada fue el turno de los allanamientos en Santa Cruz en domicilios de la familia Kirchner, con los videos de la puerta “dura” en El Calafate, algo que fue mencionado como bóveda.

Y antes de eso, el 17 de septiembre, se habían transmitido los videos del allanamiento en el domicilio de Recoleta donde vivió Cristina Kirchner. Las defensas se opusieron a que el tribunal mostrara la totalidad del material, los jueces pasaron a deliberar y finalmente avalaron la exposición.

El momento del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner
El momento del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

El video, cuya exhibición había sido solicitada por la fiscal León, se reveló solo parcialmente, luego de la declaración de Juan Carlos Barrales, el comisario que estuvo al frente del operativo en el domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta.

“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo entonces Barrales.

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De esta manera, el próximo jueves será el turno de nueve testigos y se espera que la audiencia verse sobre información proveniente de los teléfonos de los imputados. Durante este martes no se especificó puntualmente sobre qué celulares ni sus propietarios.

El dueño del grupo EMEPA, Gabriel RomeroHernán Zenteno –

La primera audiencia de esta semana, además, contó con la declaración de un vigilador privado que trabajaba en un edificio de la avenida Alvear. Se trata de Damián Ignacio Jerez, quien relató que allí vivía la familia Romero.

Precisamente, Gabriel Romero es uno de los arrepentidos en la causa. Según indicó el testigo Jerez, él observó cómo un tal Poblete ingresaba al edificio con un “Audi negro”. En ese sentido, el expediente también posee a Rodolfo Poblete como imputado colaborador.

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Romero y Poblete representaron a Emepa. La empresa formó parte de un consorcio con Jan De Nul, que estuvo al frente de la concesión de la hidrovía.

Por su parte, Romero había confesado que pagó coimas por el decreto de Cristina Kirchner para renovar la concesión de la hidrovía y que le abonó 500.000 dólares a Ricardo Jaime. En tanto, Poblete dijo que fue el encargado de entregarle dinero a Roberto Baratta, por la renegociación del plazo de la concesión, tras seguir instrucciones de Romero.




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Una intendenta peronista sumó una foto con Axel Kicillof de cara a la disputa por la gobernación en PBA

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La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sumó este martes una importante foto de cara a la disputa por la gobernación en la provincia de Buenos Aires y convocó a Axel Kicillof al primer Congreso provincial de Mujeres del PJ bonaerense.

Bajo el lema “Unidas Triunfaremos”, el encuentro se llevó a cabo en la Quinta de San Vicente donde asistieron cerca de dos mil mujeres de todo el territorio bonaerense. El evento fue organizado por la propia Fernández en su rol de secretaria de las Mujeres del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PBA).

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La apertura estuvo a cargo de la jefa comunal y Kicillof, quien, además de gobernador, preside el PJ bonaerense. La intendenta de Moreno fijó desde el inicio el tono político del encuentro: “Las mujeres peronistas queremos ser la expresión política del trabajo y la organización comunitaria que sostenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso estamos construyendo este Congreso”, afirmó ante las presentes.

En otro tramo de su intervención, Fernández apuntó al rol que, según dijo, les corresponde a las mujeres dentro de la política: “Las mujeres estamos para incomodar, estamos para decir lo que no se dice a veces, nosotras planteamos las cosas para resolver, porque las mujeres somos operativas y las mujeres queremos transformar”. Y añadió: “Si no, ¿para qué carajo hacemos política? ¿Para qué carajo tenemos responsabilidades? Si no es para construir un país que nos incluya a todos y a todas”.

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La intendenta también dedicó parte de su discurso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en una causa judicial y ausente del acto: “Compañera Cristina, no estás sola, los pájaros encerrados igual cantan y estás acompañada por esta bandada de gorriones mujeres, hembras, que no vamos a descansar un minuto diciendo que Cristina es inocente y que queremos su libertad”.

Por su parte, Kicillof utilizó el espacio para proyectar la mirada hacia el ciclo electoral de 2027: “La tarea que tenemos es que en 2027 en la Casa Rosada vuelva a estar el peronismo y el campo popular”. El gobernador también reivindicó la centralidad de las mujeres en los procesos de movilización y organización política: “Se ha dicho mucho que cuando hay crisis recae y descarga especialmente sobre las compañeras. Pero muchos no han visto que no es solo cuando hay crisis que les toca a las mujeres un lugar especial y muy sacrificado y muy difícil”.

“También tiene que entenderse que lo mismo pasa cuando hay lucha, cuando hay movilización, cuando hay organización, cuando hay disputa, cuando hay que poner el cuerpo. Ahí están las mujeres. Por eso desde el peronismo nos estamos preparando para un año crucial, determinante”, completó Kicillof.

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Luego del acto de apertura, las participantes se dividieron en comisiones para debatir la coyuntura política, económica y social desde distintas perspectivas territoriales. Al cierre de la jornada, las conclusiones de esas mesas fueron compartidas en plenario, en una dinámica que combinó el intercambio político con presentaciones artísticas. La convocatoria había destacado el rol de las dirigentes en cada municipio: “En cada rincón de la provincia hay una compañera poniendo el corazón, la fuerza y la valentía para hacer las transformaciones que nuestra Patria necesita”.

La intendenta de Moreno ya mostró sus intenciones de ir por la gobernación

Del encuentro participaron funcionarios provinciales y municipales de distintos niveles. Entre los presentes estuvieron el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; el intendente de Almirante Brown y diputado provincial electo, Mariano Cascallares; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; la intendenta de Daireaux, María Alejandra Serra; la intendenta de Merlo en uso de licencia, Karina Menéndez; y la senadora nacional Juliana Di Tullio. También estuvieron presentes la ministra de Ambiente de la provincia, Daniela Vilar; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otras figuras del espacio.

El congreso se realizó en un momento de definiciones postergadas dentro del peronismo bonaerense. Según informó Infobae, distintos dirigentes e intendentes ya se posicionan para la disputa por la gobernación de cara a 2027, ante la imposibilidad de Kicillof de buscar la reelección en el distrito y su posible proyección hacia la arena nacional. En ese marco, Fernández es uno de los nombres que se mencionan dentro de la Liga de Intendentes Peronistas como posible candidata. El medio señaló que la jefa comunal de Moreno “está dispuesta a ir a una PASO” y que sus últimos movimientos la ubicaron cerca del universo kirchnerista, aunque integra esa liga con perfiles más heterogéneos.

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La foto de Fernández con Kicillof en la apertura del congreso reforzó una lectura política de doble vía: la intendenta consolida su perfil como organizadora de espacios colectivos dentro del PJ, mientras que el gobernador acompaña un evento de alto volumen en un territorio clave de la primera sección electoral. También buscan posicionarse para la gobernación el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y el propio Katopodis, quien recorre la provincia apoyado en su gestión al frente del ministerio de Infraestructura provincial.

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