POLITICA
Ley de Lobby: las tres normativas de EE.UU. en las que el Gobierno basó el proyecto y las dudas sobre su control
El Gobierno basó su proyecto de ley de Lobby en tres normas de Estados Unidos y abrió una discusión interna sobre qué organismo deberá controlar el nuevo régimen si el Congreso lo sanciona. En el Ejecutivo reconocen que el texto tomó como referencia la Lobbying Disclosure Act de 1995, la Honest Leadership and Open Government Act de 2007 y la Foreign Agents Registration Act de 1938, aunque aclaran que la adaptación fue hecha “salvando las distancias” con el sistema institucional argentino.
En la Casa Rosada niegan que la iniciativa haya respondido a un pedido de sus vínculos políticos o económicos en Washington. Sostienen que formaba parte de las reformas programáticas iniciales de La Libertad Avanza, aunque no fue incluida en la primera versión de la Ley Bases que el Gobierno envió al Congreso a fines de 2023. Según fuentes oficiales, el proyecto fue presentado internamente por Santiago Caputo y trabajado por la Secretaría Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal, junto con equipos del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.
El dato que llamó la atención dentro del propio Gobierno es que el Ministerio de Justicia no intervino en la confección del proyecto, pese a que el texto incluye tipologías penales, sanciones administrativas, restricciones para exfuncionarios y un capítulo específico sobre intereses extranjeros. En Balcarce 50 descartan de forma tajante que Justicia vaya a ser la autoridad de aplicación del régimen, en un contexto atravesado por la interna entre el sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo, y por los cambios recientes en esa cartera con el desembarco de Juan Bautista Mahiques.
La comparación con Estados Unidos expone una diferencia sensible. La ley de registro de agentes extranjeros, conocida como FARA, es administrada por el Departamento de Justicia y obliga a registrar a quienes actúan en nombre de gobiernos, partidos, entidades o principales extranjeros para influir en la política pública o la opinión pública estadounidense. En cambio, la ley de divulgación del lobby de 1995 y sus modificaciones posteriores se apoyan en registros y reportes ante el Congreso: los lobbistas presentan información ante las oficinas administrativas del Senado y de la Cámara de Representantes.
El proyecto argentino mezcla elementos de esos dos mundos. Por un lado, crea registros de gestores de intereses, reportes trimestrales y publicidad de contactos, en línea con la lógica de la LDA. Por otro, incorpora una regulación específica para gestores de intereses extranjeros, con reportes especiales y sanciones agravadas cuando la actividad esté vinculada a defensa nacional, seguridad interior, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales, un enfoque que se acerca más a la lógica de FARA.
El punto de mayor incertidumbre está en la autoridad de aplicación. El texto establece que, en el ámbito del Poder Ejecutivo, será el organismo o jurisdicción que el propio Ejecutivo designe. Para el Poder Legislativo, en cambio, asigna esa función a las secretarías administrativas de Diputados y del Senado. En los hechos, la definición más relevante queda abierta: quién controlará el registro, fiscalizará reportes, recibirá denuncias, aplicará sanciones y requerirá información en el Ejecutivo.
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No se trata de un detalle administrativo. El proyecto le da a la autoridad de aplicación poder para verificar la veracidad de la información presentada al momento de la inscripción, exigir subsanaciones en un plazo de diez días hábiles, requerir información a sujetos obligados y gestores de intereses, fiscalizar la actividad, instruir procedimientos sancionatorios y aplicar sanciones. También podrá recibir denuncias, ordenar correcciones de registros o reportes y remitir antecedentes a órganos con competencia administrativa, política o penal.
Ese diseño abre dudas sobre la capacidad real de investigación y monitoreo que tendrá el organismo que finalmente sea designado. En Estados Unidos, el control de agentes extranjeros está vinculado al Departamento de Justicia, mientras que el sistema argentino dejaría la arquitectura inicial en manos de una autoridad administrativa a definir por reglamentación. La pregunta política es si ese organismo tendrá músculo técnico, autonomía, acceso a información sensible y coordinación con áreas de seguridad, inteligencia y justicia.
La inquietud crece por el capítulo de intereses extranjeros. El artículo 24 establece que los gestores de intereses extranjeros deberán presentar, además de los reportes trimestrales, otros requerimientos o informes cuando existan razones fundadas de transparencia institucional, defensa nacional, seguridad interior, inteligencia nacional, relaciones exteriores u otros motivos de interés público. Esa redacción cruza la regulación del lobby con áreas que normalmente involucran información reservada, inteligencia estratégica o seguridad del Estado.
El texto también dialoga con otra agenda del Gobierno: la reforma electoral. En Balcarce 50 impulsan una modificación que busca prohibir la contratación de consultores extranjeros en campañas políticas. En paralelo, el proyecto de lobby crea una categoría especial para la representación de intereses extranjeros y obliga a declarar beneficiarios, clientes o principales del exterior. La combinación de ambos temas muestra una preocupación más amplia del oficialismo por la influencia externa en decisiones públicas, campañas y procesos regulatorios.
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La iniciativa además introduce restricciones para exfuncionarios. Quienes hayan ocupado cargos públicos no podrán actuar como gestores de intereses durante 24 meses ante el organismo donde se desempeñaron ni sobre asuntos en los que hubieran intervenido por su función. También se extiende la restricción a personas jurídicas vinculadas cuando el exfuncionario dirija, administre, represente o controle la voluntad social de la empresa.
El capítulo penal es otro punto fuerte del proyecto. La gestión clandestina de intereses prevé penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación especial para quien realice lobby sin estar inscripto. La falsedad u ocultamiento agravado contempla sanciones para quien presente reportes o documentos falsos con el objetivo de ocultar al verdadero representado, cliente, beneficiario o principal extranjero. La representación clandestina de intereses extranjeros eleva la pena hasta tres años cuando la gestión busque influir en decisiones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia, relaciones exteriores, contratación pública, infraestructura crítica o recursos naturales.
También se penaliza la obstrucción dolosa de la fiscalización, con multas de 100 a 2000 salarios mínimos e inhabilitación especial de uno a cuatro años para quien oculte, destruya, altere o suprima documentación obligatoria requerida por la autoridad de aplicación. Esa combinación de sanciones administrativas y penales refuerza la pregunta sobre qué área del Estado tendrá a su cargo la primera capa de control.
La Argentina ya tenía antecedentes en la materia. El Decreto 1172/03 estableció un régimen de publicidad de audiencias de gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero no creó una ley integral de lobby ni un sistema equivalente para el Poder Legislativo. Ese decreto tuvo como antecedente debates impulsados por la Oficina Anticorrupción a comienzos de los 2000, cuando se discutieron proyectos sobre acceso a la información, audiencias públicas, elaboración participativa de normas y gestión de intereses.
Gobierno, Estados Unidos
POLITICA
Cruces en Diputados por la Ley de Soberanía Nacional: el oficialismo consiguió dictamen con apoyo de sus aliados
La Libertad Avanza consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
La iniciativa reunió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, con el respaldo del PRO, la UCR y otros sectores aliados, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría y el Frente de Izquierda rechazó la propuesta. El Gobierno buscará llevar el proyecto al recinto el 12 de noviembre.
El plenario fue encabezado por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las respectivas comisiones. Las firmas del dictamen oficialista correspondieron a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Provincias Unidas, Adelante Buenos Aires y Argentina Federal, que acompañó con disidencia parcial.
El peronismo reunió 38 firmas para su dictamen de minoría. Además, hubo otro dictamen con cuatro firmas de Provincias Unidas y uno de rechazo presentado por Myriam Bregman, del Frente de Izquierda.
Sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
Uno de los principales ejes del proyecto es la creación de un régimen de sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas relacionadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
La iniciativa incluye, además, modificaciones en la estructura de seguridad nacional y en distintos aspectos de la legislación de inteligencia.
Fuertes cuestionamientos de la oposición durante el plenario
El debate estuvo marcado por las críticas de Unión por la Patria, cuyos integrantes cuestionaron el procedimiento y el contenido de la iniciativa.
“Es un dictamen entre gallos y medianoche”, afirmó la diputada Agustina Propato. “No sabemos qué dictamen se está firmando. Hay obscenos abusos de poder y lo vamos a rechazar”, agregó.
En la misma línea, Juan Marino cuestionó que el oficialismo avanzara sin entregar el texto a los legisladores. “No tenemos el dictamen del oficialismo y se está dictaminando”, sostuvo, y pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno.
Por su parte, Juan Grabois interrogó al titular del plenario, Carlos Zapata, sobre las modificaciones incorporadas al proyecto: “¿Los norteamericanos le pidieron modificaciones?”. “No le puedo contestar”, respondió el legislador libertario.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se tuvieran en cuenta las propuestas de su bancada.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman cuestionó que la oposición se enterara por los medios sobre la firma de los dictámenes. “Siempre nos enteramos por la prensa la firma de los dictámenes”, afirmó.
En tanto, el socialista Esteban Paulón anunció que su espacio presentó un dictamen de minoría y calificó como “invotable” la propuesta del oficialismo.
La defensa del proyecto estuvo a cargo de legisladores libertarios, entre ellos Federico Pelli, Laura Rodríguez Machado y Damián Arabia.
Antes del plenario, y a propuesta de la diputada Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, participaron representantes de la Fundación Poder Ciudadano, encabezados por Martín D’Alessandro.
Los cambios negociados con los bloques aliados
La diputada libertaria Silvana Giudici encabezó las negociaciones con los sectores aliados para introducir modificaciones al texto. Entre los cambios se incorporaron precisiones sobre las funciones del Consejo de Seguridad y mecanismos de control parlamentario.
A partir de un planteo del MID, el dictamen establece una prohibición expresa para que el Consejo intervenga en cuestiones de seguridad interior, con excepciones operativas vinculadas con infraestructuras críticas y protección marítima.
También habilita la convocatoria de autoridades legislativas, provinciales y del Ministerio de Seguridad Interior, e incorpora la participación del presidente de la Cámara de Diputados y del presidente provisional del Senado. De esta manera, no incluye al titular de la Cámara alta, cargo que ocupa Victoria Villarruel, quien incrementó sus críticas a la gestión presidencial.
Otro de los cambios se refiere al control parlamentario de las decisiones del Consejo. La Comisión Bicameral deberá ser informada en un plazo de 48 horas sobre sanciones, medidas urgentes y decisiones de inversión. Además, se prevé un control posterior de las medidas que impidan vuelos o contemplen hundimientos.
El organismo estará integrado por cuatro senadores y cuatro diputados, con deber de secreto y acceso limitado a la información.
Modificaciones al delito de desinformación
El proyecto también introduce cambios en la figura penal vinculada con la denominada “desinformación masiva”.
El texto reemplaza la referencia expresa a “campañas coordinadas de desinformación masiva” por la figura de “campaña de injerencia extranjera”. Esta última se define a partir de actuaciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten el vínculo extranjero.
POLITICA
Caso $LIBRA: reclaman que una fiscalía especializada en delitos de funcionarios actúe contra los sobreseimientos
Con durísimas críticas al fiscal que tuvo a su cargo la pesquisa por el caso $LIBRA durante el último año y medio y que pidió su cierre, las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que intervienen en el expediente como “amicus curiae” solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que intervenga en la causa y desarrolle la investigación que hasta ahora no se hizo, según consta en la copia de la petición que obtuvo .
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimaron que la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, debe involucrarse en el expediente que el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvieron cerrar “de forma prematura”, con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y todos los demás acusados.
“Se trata de una decisión judicial que, de forma prematura, pone fin a la investigación de un caso de corrupción de notoria trascendencia institucional -plantearon Inecip y Cipce-, fulminando así cualquier posibilidad de acceder a la justicia a fin de averiguar la verdad sobre hechos que generaron estupor público al encontrarse involucrados en las denuncias el Presidente y su hermana, quien funge de Secretaria General de la Presidencia.”
En ese contexto, las entidades estimaron que la PIA debe intervenir de manera directa “a los fines de adoptar las medidas de impulso procesal de la acción penal que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, la producción de prueba de cargo dirigida a formular una acusación precisa que permita llevar adelante un juicio oral y público sobre la conducta en la que se encontraría vinculado el Presidente de la Nación por la eventual comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”.
Organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y heredera de la otrora Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA suele participar junto a los fiscales en las causas contra funcionarios públicos, pero el fiscal Taiano no le dio intervención en esta pesquisa, pese a que la PIA, antes de que el caso se judicializara, había abierto su propio expediente sobre $LIBRA.
Tal como informó , la PIA impulsó causas de las que los fiscales se habían bajado. Así, por ejemplo, consiguió la reapertura del caso Skanska, que terminó en condenas de múltiples exfuncionarios kirchneristas. Esta Procuraduría insistió durante años en que debía incorporarse como prueba una grabación secreta, interna de la empresa, sobre los sobornos; la Corte Suprema finalmente validó su planteo y eso permitió reabrir el expediente.
Más cerca en el tiempo -y también con Taiano como fiscal del caso-, la PIA reclamó en soledad la reapertura de la causa que investigó el desvío de vacunas durante la pandemia (conocida como Vacunatorio VIP) y la Cámara Federal ordenó la reapertura de la investigación. Pero este caso es distinto, dijeron a fuentes del Ministerio Público. Sostuvieron que en $LIBRA el fiscal Taiano pidió los sobreseimientos y el juez Martínez de Giorgi los dictó, y que la PIA, que no fue notificada de esa decisión, en principio no tendría margen para intervenir en contra de lo sostenido por el fiscal Taiano.
Para Inecip y Cipce, por el contrario, la PIA debe intervenir, asumir el ejercicio directo de la acción pública y apelar la resolución del 23 de octubre que dispuso los sobreseimientos de los hermanos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.
En esa línea, las entidades también solicitaron que la PIA asuma un rol de coordinación junto al fiscal de alzada para intervenir en las audiencias que pudieran tener lugar como parte de incidencias recursivas planteadas por las partes querellantes, y que continúe la investigación “garantizando el derecho de las víctimas a ser oídas a lo largo del proceso y consultadas respecto de la adopción de decisiones de mérito”, tal como establece la ley, dijeron.
Según Inecip y Cipce, la investigación que debió impulsar el fiscal Taiano “no estuvo a la altura del caso”, al que debió imprimirse la “máxima diligencia”, con “coordinación entre áreas y transparencia ante la comunidad”. De acuerdo con las entidades, “ocurrió lo contrario”.
En ese sentido, sostuvieron que:
Así, tras remarcar que los sobreseimientos fueron “prematuros” porque “la propia investigación no está agotada”, pidieron que la PIA se involucre.
“No es tolerable para la comunidad que la verdad se reemplace por ficciones acomodadas para que los hechos no se conozcan. El caso $LIBRA se convierte día a día en un nuevo caso de impunidad”, remarcaron. “La intervención directa de la PIA es hoy la única alternativa para que las víctimas obtengan una decisión judicial adoptada después de agotar todas las hipótesis y medidas de prueba que aún restan producir, analizar y ponderar”.
Investigaciones y coberturas especiales en más de dos docenas de países de América, Europa, Medio Oriente y Asia.
pidió su cierre,como informó LA NACION,,Hugo Alconada Mon,Conforme a
POLITICA
La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados – Nexofin
El bloque de La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tras recolectar 60 firmas en el plenario de comisiones, la “Ley Malvinas” quedó lista para debatirse en el recinto.
La iniciativa establece penas severas para la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur. No obstante, la discusión legislativa quedó fragmentada con la presentación de cinco dictámenes de minoría opositores.
Para atender reclamos de la administración Trump, el oficialismo acotó el alcance del régimen de sanciones para las empresas extranjeras. Ante las objeciones, la dirigencia eximió de responsabilidad penal a los fondos de inversión indirectos y accionistas minoritarios.
El texto prevé crear el Consejo de Seguridad Nacional, órgano conducido por Javier Milei e integrado por figuras de la Casa Rosada. Asimismo, se confirmó el funcionamiento de una Comisión Bicameral parlamentaria encargada de auditar la entidad.
Aunque los libertarios proyectan tratar el proyecto el 12 de noviembre, aliados anticipan nuevos retoques a la norma.
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