Atravesado por disputas internas, escándalos y una dinámica económica que no termina de estabilizarse ni de evolucionar positivamente de forma homogénea, el Gobierno decidió salir de ese laberinto para adelante, más que por arriba.

Apenas algunos datos económicos y de humor social parcialmente positivos le bastaron como trampolín para tratar de proyectarse al futuro, alejarse del presente complicado y construir algo de expectativas, un capital fundamental que lo ha sostenido hasta ahora en la opinión pública. Más que las realizaciones y soluciones.

Así, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, convertido en vocero provisional para suplantar al escorado vocero titular Manuel Adorni, se dedicaron a adelantar el calendario electoral en la última semana.

A pesar de sus recurrentes críticas sobre el negativo impacto para la gestión y la marcha de la economía que genera vivir en modo elecciones, Javier Milei y Toto Caputo se ocuparon de instalar prematuramente en la agenda pública la elección presidencial de 2007 con, al menos, cuatro propósitos.

Pero no se trata solo de un recurso discursivo. Desde Economía, desde el Ministerio del Interior y, sobre todo, desde el comando político único (más que unificado) que conduce Karina Milei, secundada por los primos Menem, han empezado a actuar con el objetivo de pavimentar la construcción electoral y el camino hacia la reelección del hermanísimo Javier.

Todo empezó con el proyecto de reforma política-electoral, hoy cajoneada en el Senado por falta de acuerdos, inclusive entre los propios. Esa iniciativa pretendía centralmente eliminar la PASO, para dificultar la construcción de frentes opositores, más allá de algunos nobles objetivos declamados. Las restricciones para avanzar con esa iniciativa oficiaron como motorizadores de más acciones en ese terreno, en lugar de frenarlas.

“Están super apurados por cerrar acuerdos este año. Pero no es tan fácil. A ellos no les van tan bien y los gobernadores, que somos clave para poder acordar, no les tenemos confianza, menos con tanta anticipación. Se han cansado de demostrarnos que cuando están fuertes y nos tienen a disposición nos maltratan y no cumplen con lo prometido”, admite un mandatario aliado.

El gobernante habla desde la experiencia acumulada en los 29 meses de gestión libertaria en la que acredita una larga lista de ayudas dadas al Gobierno nacional para aprobar leyes, sosegar reclamos o evitar que avanzaran proyectos que lo complicaran, tanto como acumula una extensa nómina de deudas impagas.

“Tenemos 11 o 12 gobernadores con los que estamos en condiciones de cerrar acuerdos político-electorales este año para que apoyen lo que tenemos que sacar con la promesa de ayudarlos y no complicarlos a ellos en la gestión ni en las próximas elecciones provinciales. Son provincias donde las chances de quedarnos con la gobernación son muy bajas, así que no vale la pena complicar lo importante. El problema es que adentro no todos están alineados y no siempre los recursos o las ayudas salen en tiempo y forma”, admite un alto funcionario que interactúa con las administraciones provinciales e integra el bando de Karina Milei.

La pertenencia a esa línea interna del mileísmo es un dato relevante, ya que la estrategia de buscar acuerdos en lugar de competir implica un cambio respecto de la desarrollada en 2025, que fue uno de los detonantes de la feroz disputa que los terrenales karimenemenistas mantienen hasta hoy con los celestiales santicaputistas. La cruzada “pureza de sangre libertaria” puede esperar.

“Javier y, sobre todo, Karina saben que lo único que importa es la reelección. Si eso pasa, Milei va a ser el primer presidente no peronista reelegido en la historia argentina”, dice un funcionario que agita ese anzuelo tanto por convicción como por conveniencia. Sumar aliados para esa misión también es parte de su propia construcción política presente y futura. Un buen negocio para varios. No para todos.

Adelantos excepcionales de coparticipación a los aliados, promesas de no poner en riesgo sus territorios en las elecciones provinciales, cesión de recursos y obras nacionales, fomento de inversiones y aval para tomar deuda externa son algunos de los platos del menú que ha empezado a desplegar el Gobierno en la escala subnacional con la mira puesta en la reelección presidencial. Nada que la denostada casta política no haya hecho e intentado antes.

Ese objetivo de mediano plazo está en proceso y es, de alguna manera, el menos consolidado hoy. Mientras tanto, hablar de 2027 apunta a otros cuatro objetivos más urgentes:

1) Alinear el más que desalineado frente interno.

2) Transmitir señales optimistas a empresarios e inversores inquietos por la sustentabilidad política y la perduración del proyecto de Milei.

3) Complicar el armado de algún espacio político electoral alternativo con anticipación, en momentos en los que la imagen de Milei y la de su gestión están en su punto más bajo desde que empezó el mandato.

4) Recrear las alicaídas expectativas sociales más allá del núcleo duro de votantes mileístas con la construcción de un horizonte de futuro más halagüeño que este presente complicado y dominado por un regreso de las emociones negativas respecto de la situación personal y la del país.

Ese cuádruple propósito explica la ya famosa frase “la economía se va a llevar puesta a la política” con la que Toto Caputo buscó impactar en un encuentro de empresarios, operadores bursátiles y agentes financieros.

El ministro, que parece disfrutar de sus provocaciones verbales, a pesar de ciertas limitaciones en la materia, volvió a exponer ahí la veta política que ya había mostrado en recientes reuniones de Gabinete y de la Mesa Política. En una de ellas se había constituido en adalid de un pacto anticipado con gobernadores dialoguistas, a pesar de que luego él lo desmintió a causa de las disputas internas. La autoría de la filtración de esa estrategia es una de las acusaciones que se arrojan los combatientes karimenemistas y santicaputistas.

La pretensión de instalar un futuro promisorio, como se dijo, tiene un claro propósito político-electoral. En el Gobierno saben y alimentan el peso que tiene a la hora del voto la realidad económica. Para bien y para mal. Por eso antes que hablar del presente complejo intentan que se discuta sobre un eventual futuro perfecto.

Dilema para el Pro y la UCR

La duda respecto de si la economía crecerá y derramará beneficios o si, al menos, puede generar la expectativa medianamente fundada de que en algún momento derramará sobre los que siguen haciendo esfuerzos sin recibir beneficios es una de las grandes incógnitas que paraliza a los dirigentes de los espacios que comparten votantes con el oficialismo.

Ese es el dilema existencial que atraviesa a macristas y radicales. En especial de los que gobiernan ya sea provincias o municipios. Ser o no ser oficialistas (sin ser deglutidos). Y hasta cuándo. Esa es la cuestión.

Con serias restricciones presupuestarias por caída de los ingresos propios y de las transferencias nacionales, aumento de la demanda de prestaciones sociales y de servicios públicos esenciales (salud, seguridad y educación) y creciente malestar por la destrucción de empleo en industrias y comercio y caída del poder adquisitivo, gobernadores e intendentes del Pro y del radicalismo, al igual que algunos de fuerzas provinciales con electorados antikirchneristas, otean el futuro sin encontrar certezas, mientras caminan a tientas.

Jorge Macri es uno de los principales exponentes de esos a los que desvela el presente de cara a 2027. El histórico bastión macrista es el territorio más amenazado por los libertarios, después de dos décadas de dominio.

El gobierno nacional dosifica el pago de deudas por la coparticipación recortada al extremo de hacerle sentir síndrome de abstinencia, a pesar del fallo favorable de la Corte Suprema, y escatima aportes del Tesoro, con los que premia a provincias de gobernantes a los que le compra voluntades y no está en condiciones de desbancar.

Al mismo tiempo, lo acosa desde la Legislatura con un lazo con el que Pilar Ramírez, la vicaria de Karina Milei en la Ciudad, aprieta, pero no ahorca. Mientras tanto, Patricia Bullrich oscila entre una construcción nacional y una candidatura local, que le suma complicaciones al jefe de Gobierno porteño.

Cuando la senadora viaja a Chile o por las provincias él y otros de su espacio se alivian con la perspectiva cada vez más sonora de una postulación nacional (a Presidenta o vicepresidenta). En cambio, cuando se dedica a problemáticas municipales, para anestesiar susceptibilidades de la Casa Rosada, vuelven los temores. Pato sabe hacer de tero. Y logra incomodar a propios y ajenos. Para bien y para mal.

“La gente nos dice sobre Milei ‘este tipo está loco, no se puede pelear con todos y maltratar a todo el mundo, y la economía no arranca’, pero inmediatamente advierten ‘pero no se enfrenten, a ver si vuelven los K’. Mucho más si alguno de nosotros se sube a las críticas. Como que ellos se permiten mostrar su disconformidad, pero no quieren que nos enfrentemos. Al menos, por ahora y mientras no les queda claro cómo seguirá la situación económica. Es complicado”, dice una de las personas más cercanas a Jorge Macri.

El plan de reinstalación del primo Mauricio aparece en ese contexto como un nuevo dilema tanto para el gobierno porteño como para otros gobernadores e intendentes del espacio.

Por un lado, celebran que incomode al mileísmo y que les permita no ser vistos como inexorablemente entregados a la voluntad presidencial. Por otro lado, temen que eso afecte su relación con el gobierno nacional y sean castigados con la distribución de recursos.

La recuperación de la libido (política) por parte del expresidente amarillo genera un mar de incógnitas entre los propios y es un misterio incómodo para los oficialistas, sean mileístas originales o exmacristas reconvertidos.

La cuestión es que ni el mismo Mauricio Macri está en condiciones de develar preguntas y explota el enigma. Sus más allegados cuentan que disfruta, como nunca, de reuniones políticas tanto como de la recuperación de vínculos con factores de poder.

La reconciliación con empresarios del denostado “círculo rojo” con los que se enemistó durante su presidencia es uno de los datos que alimenta todas las especulaciones. Ya sea respecto de un posible nuevo intento de candidatura presidencial, que su nueva pareja no desalentaría (dato nada menor), o como articulador de un armado de centro derecha para competir (en una elección primaria o en una primera vuelta) con el oficialismo. Más aún si la economía sigue en modo serrucho, en lugar de estar en condiciones de llevarse puesta a la política, como pronosticó el ministro exmacrista y ahora mileísta fanático.

Por todo eso, el oficialismo acelera el calendario electoral, ya que la Constitución no le permite adelantar las elecciones presidenciales. Aún a riesgo de hacer lo que quiere evitar: instalar un clima de incertidumbre política por anticipado.

Javier Milei presentó en la Cámara de Diputados su proyecto para reformar la ley de financiamiento universitario en febrero pasado, durante las sesiones extraordinarias, en pleno apogeo de su poder legislativo. Casi cuatro meses después, su propuesta no tuvo tratamiento alguno y en el oficialismo plantean que es posible que nunca se aborde.

“No está en nuestra agenda parlamentaria. Va a haber una solución por otra vía”, indicó un referente del bloque libertario.

La iniciativa fue girada al Congreso en simultáneo a su reclamo judicial para eludir el desembolso de $2,5 billones a las casas de altos estudios. Esa queja ya está en la Corte Suprema de Justicia que deberá definir si el Gobierno debe cumplir con la emergencia sancionada e insistida el año pasado.

Mientras el frente judicial avanzó en favor de las universidades -con fallos en primera y segunda instancia-, el plano legislativo se mantuvo estático. El tratamiento de la iniciativa oficial se postergó, explicaron en el bloque libertario, para asegurar consensos que nunca llegaron a estar firmes. Es que el Gobierno no logró siquiera un guiño del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pese a las tratativas llevadas adelante por Santiago Caputo.

La propuesta oficial prevé una actualización salarial en tres tramos -4,1% en marzo, julio y septiembre- sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, no contempla la pérdida acumulada por la inflación desde diciembre de 2023, a diferencia de la normativa vigente.

Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses aunque, a diferencia de lo que marca la emergencia actual, no lo obliga a actualizar los salarios por el índice de inflación.

La propuesta del Gobierno también difiere de la norma vigente en lo que respecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En efecto, la ley 27.795 obliga al Poder Ejecutivo a recomponer lo perdido por inflación en los últimos dos años en distintos programas presupuestarios, entre ellos el de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica. En cambio, la iniciativa del Gobierno nada dice de 2024 y 2025. Respecto de este año, establece que si la inflación anual supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Además, el oficialismo propone una recomposición presupuestaria de poco más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, un punto que no está contemplado en la ley actual.