“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”, dijo el presidente Javier Milei el 6 de mayo último. Pasaron más de tres semanas y el jefe de Gabinete todavía no entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada de 2025. Allí debería explicar el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, la evolución de sus deudas, sus ingresos y gastos, y cualquier otro cambio en su patrimonio al cierre del año pasado. Pese a eso, el documento no responderá a todas las preguntas que surgen de la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito.

Una fuente que trabajó en la OA explicó que las declaraciones juradas funcionan como una “base” para cualquier investigación. “Siempre hay que tener en cuenta que la presentación no indica que lo que haya declarado se encuentre bien, en cuanto a si allí está la totalidad de sus bienes y deudas, gastos e ingresos y, además, si los importes consignados son los correctos”, indicó.

Un especialista en compliance, también con pasado en la función pública, consideró que la presentación de la declaración jurada “es importante, pero puede no ser decisivo” en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según mencionó, ese delito lo comete aquel que tiene ingresos o un nivel de vida por encima de sus “ingresos legítimos” como funcionario. “No se comprueba solo con la falta de justificación, pero ¿qué pasa? El funcionario tiene que poner cuáles son sus ingresos y eso es una herramienta que tiene para defenderse”, consideró el experto en cumplimiento normativo.

En esa causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca respuestas sobre el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo , en función de la fecha de cada uno de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85 millones de la tarjeta de crédito durante 2025, tal como reveló .

Esta próxima declaración jurada se insertará en ese rompecabezas. No lo completará, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados que hayan ocurrido el año pasado: de dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua. Según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.

Esto implica que la declaración jurada puede contener mucha información para la Justicia, aunque también algunas limitaciones. Una de ellas es la temporal. Esta declaración jurada se circunscribirá a todo lo ocurrido hasta el cierre de 2025. No entran pagos como los de los viajes a Punta del Este o Nueva York, ocurridos en febrero y marzo de este año. Ambos insumieron alrededor de US$13.000, de acuerdo con fuentes judiciales.

Todas esas cuestiones sobre departamentos, autos y deudas se discriminan dentro del apartado sobre evolución patrimonial. Esto se complementa con los ingresos y gastos. Sobre los primeros, existen las categorías “Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos”, “Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias” y los “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”. De hecho, el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, cuando rectificó su declaración jurada de 2025 agregó $21 millones provenientes de una “herencia”.

El ítem de gastos contiene a los “Gastos No Deducibles en el Impuesto a las Ganancias” y a “Gastos Personales”. Allí podrían estar incluidos los pagos por consumos con tarjeta de crédito, según el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción. En 2024, su última declaración jurada, Adorni no declaró nada en ese rubro. De ese modo se diferenció del Presidente, de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del resto de los ministros de ese momento que sí declararon haber tenido gastos personales durante ese año.

Las fuentes consultadas por también advirtieron sobre posibles omisiones en las declaraciones. El 25 de marzo, Adorni había dicho en una conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Sin embargo, tal como pudo saber este medio, durante abril de este año agregó en el anexo reservado de su cónyuge la casa de Indio Cua que había comprado en noviembre de 2024. “El texto de la ley dice omisión maliciosa. Ahí empiezan los abogados a pelear qué es maliciosa o no”, analizó la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción.

La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública detalla que la declaración jurada debe contener los bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles, los bienes muebles registrables como autos, depósitos en bancos, créditos, dinero en efectivo dentro y fuera del país, inversiones cotizables, deudas, ingresos y egresos anuales derivados del trabajo, de rentas o de sistemas previsionales. Gran parte de esa información suele incluirse en una tabla de cinco columnas. Allí se completa: “tipo”, en alusión a qué clase de activo o pasivo se declara, su “descripción” (explica qué es), “origen fondos”, “titularidad” (utilizado para discriminar si es propietario 100% o en un porcentaje menor) e “importe”.

Esto último le aporta trazabilidad a la evolución del patrimonio. Por este motivo, la última declaración jurada de Adorni en manos de la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2024, servirá como punto de partida para la presentación de la de 2025.

Según esa presentación, el jefe de Gabinete concluyó 2024 con dos inmuebles (uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata), dos autos, $2,4 millones en efectivo, otros US$42.500 en efectivo, unos US$6.220,23 depositados en el exterior, un saldo a su favor en ARCA de $2.001.060,69 y declaró bienes del hogar por $3,6 millones. Uno de los indicios que puede aportar su próxima declaración jurada es si utilizó parte de estos activos para incorporar otras propiedades. En ese caso, los números anteriormente detallados podrían verse modificados.

En paralelo a los activos, Adorni declaró cuatro deudas al cierre de 2024, que sumaron $95,4 millones. En caso de haberlas cancelado durante 2025, ese número se reduciría. Y si se hubiera endeudado más, también debería verse reflejado.

Dos de las cuatro deudas poseen el carácter de hipotecarias. Allí aparecen la mujer retirada de la Policía Federal y su hija. En sede judicial declararon que le prestaron US$100.000 a Adorni y Angeletti, que al momento de su testimonial judicial les debían US$70.000 y que la cancelación total de la hipoteca incluye intereses.

La compra del departamento en Caballito debería aparecer en la próxima declaración jurada, según los expertos consultados. Adorni y Angeletti lo adquirieron en noviembre de 2025 por un valor de US$230.000, tal como refleja un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vendedoras, dos jubiladas les financiaron la operación con una hipoteca que cubrió US$200.000 del total de la venta. Y según fuentes judiciales, los US$30.000 restantes fueron pagados. Esa nueva deuda, así como el origen de fondos y porcentaje de titularidad sobre la propiedad son ítems que se esperan encontrar.

En la historia sobre el departamento de Caballito aparece una cuestión que despertó el interés de los expertos consultados por . El hijo de una de las jubiladas, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. De allí surgen dos grandes preguntas: ¿Esa supuesta deuda será reconocida por Adorni? ¿Cómo?

“Lo primero que hay que ver es si hay papeles, si es acreditable”, señaló la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción. Para ello, revisar la declaración jurada de Feijoo ante ARCA puede ser una alternativa de los investigadores.

Por otra parte, las refacciones en la casa del country Indio Cua también podrían tener un lugar en la declaración jurada. El contratista Matías Tabar sostuvo en sede judicial que los gastos ascendieron a US$245.000.

La fuente que trabajó en la Oficina Anticorrupción explicó que las mejoras a un inmueble pueden tener distintos modos de “exposición” en la declaración. Una alternativa es agregar “mejoras del inmueble” y el valor. Otra posibilidad es que dichas refacciones estén incluidas dentro del importe total que se le asigna a la propiedad.

Por su parte, el especialista en compliance indicó que este tipo de erogación también puede aparecer en la línea sobre gastos, siempre y cuando se trate de operaciones realizadas por Adorni. En caso que todo esto haya sido encarado por Angeletti podría estar en el anexo reservado.

De acuerdo con el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción, “la técnica de declaración indica que si las mejoras son iguales o superan el 20% del valor de compra de la propiedad deben declararse dentro del valor total del inmueble, o el valor del inmueble y el valor de la mejora”. Si fuesen menores a ese 20% podría incorporarse en un rubro de gastos.

A las 14 horas del 30 de enero de 2025, mientras Hayden Davis traspasaba el umbral de la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, desde una de las billeteras virtuales asociadas al empresario, partían 499.000 dólares hacia una cuenta desconocida. Caída la tarde, finalizado ya el encuentro, otras dos transferencias por más de un millón de dólares viajaban rumbo a la cuenta de un jubilado argentino, Orlando Mellino, según pudo reconstruir después la Justicia.

En el marco de la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100.

La respuesta del organismo llegó a mediados de abril, ocho meses después de que Taiano formulara el pedido. En un escrito de no más de una carilla, la UFECI, una unidad dedicada a investigar el ciberdelito que depende del Ministerio Público, reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” tecnológicas correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.

El objetivo final de un trabajo forense de este tipo es intentar quebrar el anonimato de la blockchain, la red en la que quedan registradas estas transferencias, y así saber a ciencia cierta quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo.

En $LIBRA, la Justicia lo consiguió en el caso del jubilado Mellino, y también en el de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025, recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales, tal como figura en el expediente.

Lo que motivó el pedido de Taiano -impulsado por una de las querellas- es que existe una gran cantidad de cuentas con importante actividad en ese entramado digital cuyos dueños aún se desconocen.

La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” que corrió en la previa al lanzamiento de la moneda.

Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en momentos clave. Sus compras, por más de 13 millones de dólares, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, quien, a su vez, se encontraba en los Estados Unidos junto a Davis.

La publicación en redes del Presidente fue el soplo que le dio vida pública al activo. Con el ingreso aluvional del público en general, el precio trepó y luego se produjo el retiro de fondos que derivó en el colapso de la moneda.

La UFECI consiguió identificar al grupo de billeteras “privilegiadas” -no a sus respectivos dueños- porque contaba con una “demo” de un software de alta complejidad utilizado tanto en el mundo privado como en organismos públicos para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos. Es decir, disponía de una de las versiones gratuitas que las empresas de software conceden por un tiempo limitado con el fin de promocionar el producto.

Pero la versión gratuita expiró. Y si bien la Procuraduría trabaja para adquirir una licencia paga, en medio de un fuerte “ajuste presupuestario”, todavía carece del producto, según una fuente al tanto de esos movimientos.

El costo de seguir el dinero

Son herramientas costosas. Dependiendo de la versión, la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quién sea el comprador, el precio del producto puede pendular entre los 50.000 y los 400.000 dólares, de acuerdo con la reconstrucción que hizo de fuentes especializadas y licitaciones públicas.

Sin embargo, su uso no es indispensable para llevar adelante una pesquisa de criptoactivos. Así le dijeron a investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia.

La empresa que domina el mercado, en la Argentina y en el mundo, es Chainalysis. Pero otras firmas, como TRM Labs o QLUE, buscan posicionarse con productos que ofrecen prestaciones similares en un orden de precios menor.

Todas ellas son muy útiles para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de información y contar con acceso a determinadas bases de datos, coinciden las fuentes, pero ninguna suplanta al trabajo “manual” que puede y debe hacerse con herramientas gratuitas, abiertas al público en general.

“Si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones”, sostiene Denis Banchero, un consultor externo. En los cursos que dicta en la ONU y de forma privada, enseña cómo utilizar un amplio abanico de esto programas. “Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas -señala-. Cuantas más utilice el investigador, mejor, ya que cada una tiene perspectivas diferentes”.

A través de una de esas herramientas, Arkham Intel, detectó la transferencia de 499.000 dólares que coincidió con el inicio de la reunión entre Milei, Davis y Novelli en la Casa Rosada. Con esa misma herramienta, el especialista Fernando Molina trazó un gráfico público en el que se visualiza gran parte del entramado virtual que Davis habría tejido en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.

“Es un trabajo de hormiga, engorroso, que requiere un mayor nivel de conocimiento”, señala un fiscal diplomado en la materia, respecto al trabajo con las herramientas gratuitas.

“Las licencias pagas agilizan los tiempos —reconoce otra fuente del sector—. Además, tienen marcadas las billeteras que ya fueron asociadas a ilícitos e identifican si determinada billetera está vinculada con otra. Pero también es posible hacer el trabajo de manera manual».

Alternativas

Por fuera de la UFECI, existen otros organismos y fuerzas, que sí cuentan con herramientas pagas. El fiscal Taiano decidió redirigir al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) el pedido que había formulado el abogado de una de las querellas, Nicolás Oszust.

De esa capacidad técnica también dispone la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En agosto del año pasado tramitó una licencia anual de la plataforma Chainalysis para análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Y hasta hace pocos meses, también se ofrecía como alternativa la procuración porteña, de la que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es titular en uso de licencia.

Pero diez días atrás, mientras los activos digitales también empezaban a ocupar un lugar sensible en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la procuración porteña decidió suspender la licitación, que había sido lanzada en marzo. Fue a instancias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que pidió “redefinir las necesidades forenses de la contratación”.