POLITICA
Qué respuestas podría tener la declaración jurada de Manuel Adorni, según expertos
“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”, dijo el presidente Javier Milei el 6 de mayo último. Pasaron más de tres semanas y el jefe de Gabinete todavía no entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada de 2025. Allí debería explicar el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, la evolución de sus deudas, sus ingresos y gastos, y cualquier otro cambio en su patrimonio al cierre del año pasado. Pese a eso, el documento no responderá a todas las preguntas que surgen de la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito.
Una fuente que trabajó en la OA explicó que las declaraciones juradas funcionan como una “base” para cualquier investigación. “Siempre hay que tener en cuenta que la presentación no indica que lo que haya declarado se encuentre bien, en cuanto a si allí está la totalidad de sus bienes y deudas, gastos e ingresos y, además, si los importes consignados son los correctos”, indicó.
Un especialista en compliance, también con pasado en la función pública, consideró que la presentación de la declaración jurada “es importante, pero puede no ser decisivo” en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según mencionó, ese delito lo comete aquel que tiene ingresos o un nivel de vida por encima de sus “ingresos legítimos” como funcionario. “No se comprueba solo con la falta de justificación, pero ¿qué pasa? El funcionario tiene que poner cuáles son sus ingresos y eso es una herramienta que tiene para defenderse”, consideró el experto en cumplimiento normativo.
En esa causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca respuestas sobre el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo , en función de la fecha de cada uno de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85 millones de la tarjeta de crédito durante 2025, tal como reveló .
Esta próxima declaración jurada se insertará en ese rompecabezas. No lo completará, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados que hayan ocurrido el año pasado: de dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua. Según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.
Esto implica que la declaración jurada puede contener mucha información para la Justicia, aunque también algunas limitaciones. Una de ellas es la temporal. Esta declaración jurada se circunscribirá a todo lo ocurrido hasta el cierre de 2025. No entran pagos como los de los viajes a Punta del Este o Nueva York, ocurridos en febrero y marzo de este año. Ambos insumieron alrededor de US$13.000, de acuerdo con fuentes judiciales.
Todas esas cuestiones sobre departamentos, autos y deudas se discriminan dentro del apartado sobre evolución patrimonial. Esto se complementa con los ingresos y gastos. Sobre los primeros, existen las categorías “Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos”, “Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias” y los “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”. De hecho, el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, cuando rectificó su declaración jurada de 2025 agregó $21 millones provenientes de una “herencia”.
El ítem de gastos contiene a los “Gastos No Deducibles en el Impuesto a las Ganancias” y a “Gastos Personales”. Allí podrían estar incluidos los pagos por consumos con tarjeta de crédito, según el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción. En 2024, su última declaración jurada, Adorni no declaró nada en ese rubro. De ese modo se diferenció del Presidente, de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del resto de los ministros de ese momento que sí declararon haber tenido gastos personales durante ese año.
Las fuentes consultadas por también advirtieron sobre posibles omisiones en las declaraciones. El 25 de marzo, Adorni había dicho en una conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Sin embargo, tal como pudo saber este medio, durante abril de este año agregó en el anexo reservado de su cónyuge la casa de Indio Cua que había comprado en noviembre de 2024. “El texto de la ley dice omisión maliciosa. Ahí empiezan los abogados a pelear qué es maliciosa o no”, analizó la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción.
La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública detalla que la declaración jurada debe contener los bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles, los bienes muebles registrables como autos, depósitos en bancos, créditos, dinero en efectivo dentro y fuera del país, inversiones cotizables, deudas, ingresos y egresos anuales derivados del trabajo, de rentas o de sistemas previsionales. Gran parte de esa información suele incluirse en una tabla de cinco columnas. Allí se completa: “tipo”, en alusión a qué clase de activo o pasivo se declara, su “descripción” (explica qué es), “origen fondos”, “titularidad” (utilizado para discriminar si es propietario 100% o en un porcentaje menor) e “importe”.
Esto último le aporta trazabilidad a la evolución del patrimonio. Por este motivo, la última declaración jurada de Adorni en manos de la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2024, servirá como punto de partida para la presentación de la de 2025.
Según esa presentación, el jefe de Gabinete concluyó 2024 con dos inmuebles (uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata), dos autos, $2,4 millones en efectivo, otros US$42.500 en efectivo, unos US$6.220,23 depositados en el exterior, un saldo a su favor en ARCA de $2.001.060,69 y declaró bienes del hogar por $3,6 millones. Uno de los indicios que puede aportar su próxima declaración jurada es si utilizó parte de estos activos para incorporar otras propiedades. En ese caso, los números anteriormente detallados podrían verse modificados.
En paralelo a los activos, Adorni declaró cuatro deudas al cierre de 2024, que sumaron $95,4 millones. En caso de haberlas cancelado durante 2025, ese número se reduciría. Y si se hubiera endeudado más, también debería verse reflejado.
Dos de las cuatro deudas poseen el carácter de hipotecarias. Allí aparecen la mujer retirada de la Policía Federal y su hija. En sede judicial declararon que le prestaron US$100.000 a Adorni y Angeletti, que al momento de su testimonial judicial les debían US$70.000 y que la cancelación total de la hipoteca incluye intereses.
La compra del departamento en Caballito debería aparecer en la próxima declaración jurada, según los expertos consultados. Adorni y Angeletti lo adquirieron en noviembre de 2025 por un valor de US$230.000, tal como refleja un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vendedoras, dos jubiladas les financiaron la operación con una hipoteca que cubrió US$200.000 del total de la venta. Y según fuentes judiciales, los US$30.000 restantes fueron pagados. Esa nueva deuda, así como el origen de fondos y porcentaje de titularidad sobre la propiedad son ítems que se esperan encontrar.
En la historia sobre el departamento de Caballito aparece una cuestión que despertó el interés de los expertos consultados por . El hijo de una de las jubiladas, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. De allí surgen dos grandes preguntas: ¿Esa supuesta deuda será reconocida por Adorni? ¿Cómo?
“Lo primero que hay que ver es si hay papeles, si es acreditable”, señaló la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción. Para ello, revisar la declaración jurada de Feijoo ante ARCA puede ser una alternativa de los investigadores.
Por otra parte, las refacciones en la casa del country Indio Cua también podrían tener un lugar en la declaración jurada. El contratista Matías Tabar sostuvo en sede judicial que los gastos ascendieron a US$245.000.
La fuente que trabajó en la Oficina Anticorrupción explicó que las mejoras a un inmueble pueden tener distintos modos de “exposición” en la declaración. Una alternativa es agregar “mejoras del inmueble” y el valor. Otra posibilidad es que dichas refacciones estén incluidas dentro del importe total que se le asigna a la propiedad.
Por su parte, el especialista en compliance indicó que este tipo de erogación también puede aparecer en la línea sobre gastos, siempre y cuando se trate de operaciones realizadas por Adorni. En caso que todo esto haya sido encarado por Angeletti podría estar en el anexo reservado.
De acuerdo con el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción, “la técnica de declaración indica que si las mejoras son iguales o superan el 20% del valor de compra de la propiedad deben declararse dentro del valor total del inmueble, o el valor del inmueble y el valor de la mejora”. Si fuesen menores a ese 20% podría incorporarse en un rubro de gastos.
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El Gobierno de Javier Milei celebró las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al conflicto que Argentina mantiene con Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el territorio antártico.
Desde Balcarce 50 consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano pone en valor la estrategia que sigue Milei desde las últimas semanas y sostuvieron, según TN, que “es importante”.
Sobre esta disposición de Trump, el Gobierno analiza solicitar a Washington una mediación en el conflicto con Reino Unido. Sin embargo, aún no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse.
Trump habló de una posible guerra por Malvinas y dijo que podría intervenir para resolverla
La reacción de la gestión libertaria acaece después de que Donald Trump considerara la disputa entre Argentina y el país europeo podría derivar en un “desastre potencial”, a lo que sumó que si Estados Unidos se involucra, podría resolverla.
En el Ejecutivo remarcaron a TN que los dichos del presidente norteamericano ayudan a mantener la causa de Malvinas en la agenda internacional: “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”.
A su vez, afirman que los pronunciamientos del magnate republicano no se tratan de hechos aislados, sino que son la manifestación de un trabajo previo y bilateral entre la diplomacia argentina y estadounidense sobre la cuestión: “Lo que viene sucediendo no es casualidad”.
El Gobierno ampliará las denuncias penales por la explotación de recursos en las Islas Malvinas
El próximo paso tendrá lugar en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, entre el 22 y 28 de septiembre, instancia en la cual Milei y Trump tienen previsto volver a verse las caras con las Islas Malvinas como uno de los temas centrales.
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POLITICA
Uno por uno, quiénes son los gobernadores que ingresaron a la casa Rosada en lo que va de este año y los que nunca fueron
En los primeros siete meses del año, 18 gobernadores, dos vicegobernadoras y el jefe de Gobierno porteño fueron a la Casa Rosada para reunirse con funcionarios del Gabinete de Javier Milei.
Los motivos fueron varios pero coincidentes: reclamos por la reactivación de la obra pública nacional y la falta de mantenimiento de rutas nacionales en sus provincias; la merma en la transferencia de recursos desde la Nación; las deudas previsionales; el envío de ATN para emergencias climáticas o presupuestarias. Desde el Gobierno, los intereses se centraron en dos ejes: negociaciones conseguir apoyo a las iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso, y la estrategia electoral para 2027 en los distintos distritos y a nivel nacional.
Todos los mandatarios aliados, tanto del PRO y la UCR como de fuerzas provinciales con posiciones más autónomas, pasaron por Balcarce 50 entre enero y julio. Pero también concurrieron cuatro peronistas. Dos de ellos de muy buen vínculo con la gestión libertari – el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo -, y dos opositores duros, el pampeano Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Si bien pertenece a FORJA, el fueguino se enrola en el peronismo-kirchnerismo.
Así surge de los ingresos a la Casa Rosada del 1 de enero al 31 de julio que obtuvo Infobae a través de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado a la Secretaría General de Presidencia. La respuesta incluyó 23.249 registros que fueron procesados por la Unidad de Datos. De ese análisis surge que no figuran ingresos de gobernadores a la Quinta Presidencial de Olivos, según la respuesta brindada por casa Militar.
Si bien no figura en las planillas, el peronista cordobés Martín Llaryora estuvo en una oportunidad este año en Balcarce 50, pero para asistir a la jura de Diego Santilli como jefe de Gabinete, como se ve en las fotos de la asunción. Fue el 30 de junio pasado, y estuvo junto a otros 12 gobernadores locales y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, una concurrencia de volumen político excepcional en una jura de un ministro de Milei.
Llaryora tiene posturas críticas respecto de la gestión libertaria, y es uno de los mandatarios que viene reclamando por la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones provincial, por el parate en la obras viales y la eliminación o reducción de las retenciones al agro.
En su gran mayoría, los mandatarios se reunieron en 24 oportunidades con Santilli, quien ocupó el Ministerio del Interior antes de pasar a la Jefatura de Gabinete. El otro interlocutor frecuente fue Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador de La Libertad Avanza a nivel nacional, que los recibió en otras 7 ocasiones. Karina Milei y Manuel Adorni, el antecesor de Santilli, también estuvieron en varias de esas reuniones.
Mientras que Santilli participó en las negociaciones sobre la transferencia de recursos, obra pública y búsqueda de apoyo legislativo, Lule Menem se sumó a los encuentros de mayor contenido político. Particularmente, con gobernadores afines o potencialmente aliados para la estrategia legislativa y electoral del oficialismo.
El mes de mayor cantidad de reuniones con los gobernadores fue junio: 17 en total. No es causal, fue cuando se intensificó la negociación en busca de apoyo para la eliminación de las PASO en el Congreso. Participaron en distintos encuentros Frigerio, Jalil, Jaldo, Melella, Zdero, Sadir y Valdés, según relevó Infobae.
Los que nunca fueron a la Casa Rosada
Solo cinco mandatarios no figuran en los registros de los que asistieron a la Casa Rosada. Tampoco hay registro fotográfico o en los medios de que hayan estado. Tres son los peronistas más críticos de la gestión de Milei: el bonaerense Axel Kicillof, el formoseño Gildo Insfrán y el riojano Ricardo Quintela.
El cuarto es Elías Suárez, del Frente Cívico por Santiago, que responde políticamente a su antecesor y actual senador Gerardo Zamora, con posturas enfrentadas al Gobierno.
Tampoco pasó por la Casa Rosada el misionero Hugo Passalacqua, del partido provincial Frente Renovador de la Concordia. Aliado crítico, la reciente ruptura con su padrino político y ex mandatario de esa provincia, Carlos Rovira, derivó en un alejamiento de la gestión libertaria, sin romper los puentes del todo.
El ranking de los que más fueron
El gobernador que más veces atravesó la puerta de Balcarce 50 fue Frigerio. Lo hizo 5 veces entre enero y julio de este año. Estuvo en marzo, en abril, en mayo y dos veces en junio. El mandatario del PRO se reunió con Santilli todas las veces, aunque el 14 de abril también se sumó al encuentro gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, y participaron Karina Milei y Lule Menem.
En la mayoría de los encuentros, se abordó el tema del parate de la obra pública en Entre Ríos, la situación fiscal de la provincia y la reforma política que busca el Gobierno.
Frigerio es uno de los mandatarios de mejor llegada al Ejecutivo nacional. Busca su reelección sin tener competencia de LLA en su distrito, a cambio de apoyo a la reelección de Milei. Esta semana hizo pública su postura a favor de eliminar las PASO, en sintonía con lo que quiere el oficialismo nacional.
Le siguen en cantidad de ingresos Rolando Figueroa, del partido provincial La Neuquinidad, y el radical Leandro Zdero, de Chaco, quienes fueron en 4 ocasiones.
El neuquino estuvo en febrero, marzo, mayo y junio para ver a Lule Menem y/o Santilli, cuando todavía era ministro del Interior. Figueroa planteó cuestiones de obra pública e infraestructura, y escuchó el pedido de apoyo al Gobierno para la reforma electoral.
El chaqueño Zdero tuvo reuniones en febrero, abril, mayo y junio con Lule Menem, Karina Milei y/o Santilli. La última tuvo como eje, también, a la reforma política.
Con tres visitas aparecen los aliados Claudio Poggi, de San Luis, y el sanjuanino Marcelo Orrego, ambos ex Juntos por el Cambio. El mismo número registra el catamarqueño Jalil, del PJ.
Este mandatario peronista, de muy buen vínculo con el Gobierno, visitó la casa Rosada en mayo y dos veces en junio, la última junto al salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Jaldo. El catamarqueño estuvo especialmente interesado en las inversiones en minería en su provincia a través del RIGI, un régimen de incentivo para favorecer rlas grandes inversiones.
Alberto Weretilneck del partido Somos Río Negro, si bien no tiene legisladores que le respondan directamente en el Congreso, también estuvo tres veces en la Casa Rosada, la última para la jura de Santilli. En las anteriores, uno de sus reclamos principales fue avanzar en un convenio para que Río Negro asumiera la administración de las rutas 22 y 151, algo que se concretó en agosto finalmente.
Pese a pertenecer al grupo de mandatarios opositores más críticos, el pampeano Ziliotto, se reunió en febrero, en marzo y en julio con Santilli. En esta última, abordaron la situación de la Caja previsional provincial y el traspaso de obras del plan de viviendas PROCREAR.
En los primeros 7 meses del año, visitaron dos veces la Casa Rosada los radicales Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Todos son aliados del Gobierno nacional.
Pullaro tuvo entre sus principales reclamos el estado de las rutas nacionales en su provincia. El 22 de julio, el gobernador de Santa Fe firmó en la Casa Rosada con Santilli, Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el traspaso por 20 años de la administración, mantenimiento y ejecución de obras de la Ruta Nacional A012.
También estuvieron dos veces en la sede del Ejecutivo nacional Ignacio Torres (PRO), de Chubut; y Sáenz, del Partido Identidad Salteña.
Torres fue el 20 de marzo a reunirse con Lule Menem y el 2 de julio para ver a Santilli, recién asumido como jefe de Gabinete por las obras de infraestructura para Chubut. En la reunión, Santilli buscó sumar el respaldo del mandatario a la reforma política, aunque el mandatario patagónico fue cauto sobre la posible eliminación de las PASO.
Sáenz, de buen diálogo con el Gobierno aunque con posturas críticas, se reunió el 6 de mayo con Karina Milei y Santilli para analizar un posible acuerdo electoral en Salta de cara a 2027, tanto en la provincia como a nivel nacional. Apenas 20 días después, volvió a la Casa Rosada para verse con Santilli y Lule Menem, para abordar “proyectos estratégicos para la provincia” y “avanzar en una agenda de políticas de desarrollo federal”, según la información difundida por el gobierno salteño.
Con una sola reunión en Balcarce 50 aparece el radical Cornejo, de Mendoza. Fue el 14 de abril cuando, junto a Frigerio, fueron recibidos por Santilli, Lule Menem y Karina Milei. Según el comunicado oficial de la Secretaría General, el Gobierno confirmó en ese encuentro que iba a avanzar con un decreto para que las provincias puedan, mediante inversiones privadas, llevar adelante obras de infraestructura en tramos de rutas nacionales que atraviesen sus territorios.
El mendocino y el entrerriano son dos de los mandatarios de mejor sintonía con la gestión nacional. Ambos estuvieron el 30 de junio en la asunción de Santilli como jefe de Gabinete.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, registró un solo ingreso a la Casa Rosada, ese mismo 30 de junio para asistir al ascenso de Santilli dentro del Gabinete libertario. Macri arrastra un reclamo por la coparticipación con el Ministerio de Economía nacional y tiene una disputa solapada con LLA por el control del distrito de cara a 2027.
También figuran con un solo ingreso a la Casa Rosada el tucumano Jaldo, el fueguino Melella, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. Este último estuvo el 14 de julio. Es otro dialoguista, pero que se mueve en forma independiente de los deseos libertarios. Los legisladores que le responden, si bien acompañaron varias iniciativas del Gobierno, suelen moverse como líberos en el Congreso.
Intendentes en la Casa Rosada
En cuanto a los intendentes, aparecen muy pocas visitas a la Casa Rosada en los registros brindados por la Secretaría General, y ninguna a la Quinta de Olivos.
Un grupo de 17 intendentes de Córdoba de diversas fuerzas políticas (PRO, UCR y vecinalistas) concurrieron el 17 de junio pasado para reunirse con Santilli, en un encuentro coordinado por el jefe de bloque de LLA en la Cámara de Diputado, el cordobés Gabriel Bornoroni, del que también participó su colega de bancada Laura Rodríguez Machado.
Según la información oficial, el objetivo fue analizar los temas de la agenda legislativa y la situación financiera de los distintos municipios cordobeses.
Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero en uso de licencia fue dos veces, ambas en enero de este año, cuando ya había asumido como senador provincial por LLA, el 10 de diciembre último.
El 30 de junio, Sebastián Abella, jefe comunal de Campana del PRO, asistió a la asunción de Santilli como jefe de Gabinete.
En tanto, Daniel Escalante, intendente radical de Roldán, Santa Fe, ingresó el 22 de julio pasado, junto al gobernador Pullaro para la firma del convenio por el cual Nación delegó la administración de la Ruta Nacional A012.
Visualizaciones: Daniela Czibener
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Tormenta en el Banco Nación: un crédito de $52.600 millones, una empresa bajo sospecha y el traslado del gerente que se negó a firmar la financiación
La orden, tajante, llegó desde Buenos Aires. La Casa Central del Banco Nación promovió que la Gerencia Zonal Atlántica firmara el otorgamiento de un crédito por más de $52.600 millones para financiar un desarrollo inmobiliario en Mar del Plata. ¿La beneficiaria? Una sociedad sin obras previas, constituida en junio de 2024, sin ingresos declarados y balance en rojo. Pero el gerente zonal se negó por escrito a firmar. Y seis días después de negarse, desde Buenos Aires le notificaron su traslado a Santa Fe, a 1300 kilómetros de su destino y de su familia.
El gerente se llama Pablo Pourrere y su traslado quedó en suspenso por orden judicial. El juez federal subrogante de Mar del Plata, Bernardo Bibel, concedió una medida cautelar porque el traslado “prima facie no se encontraría debidamente fundado en razones objetivas y técnicas”. Lo decidió tras repasar las “múltiples inconsistencias”, “groseras y de suma gravedad” que denunció Pourrere, “las deficiencias e inconsistencias de carácter técnico y documental” del crédito detectadas por la auditoría interna del propio banco y las “presuntas presiones indebidas” para que firmara el crédito por más de $52.600 millones.
La empresa que debió recibir el crédito de Jardines de Chauvín SA y el socio mayoritario es Mariano Jinkis. Es decir, el empresario que junto a su padre, Hugo Jinkis, admitió en Estados Unidos, el 26 de agosto pasado, que pagó sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano por decenas de millones de dólares entre 2010 y 2015. Lo admitieron en Nueva York, tras once años en la Argentina resistiendo su extradición, tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia que evita la declaración formal de culpabilidad, pero contempla el pago de US$ 50 millones, como parte de la investigación global FIFAgate.
Consultado por , el Banco defendió el proceder interno, remarcó que no se otorgó el crédito y rechazó que el traslado de Pourrere responda a sus objeciones. Son, indicó, “actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.
En Jardines de Chauvin SA, Jinkis como el dueño del 90% de las acciones. El otro integrante del directorio es Guido Murgier, titular del 10% restante y también garante solidario para el emprendimiento con que pretenden construir dos torres de 23 y 16 niveles, y 238 unidades funcionales sobre un terreno de 5700 metros cuadrados en la calle Larrea 2850, en el barrio Chauvin de Mar del Plata.
Primer movimiento: Buenos Aires
Pero no fue Jinkis, ni Murgier quienes pidieron el crédito; por el contrario, el Nación fue a buscarlos. Según verificó un informe de auditoría interna del propio banco, el sector Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios contactó al estudio Mariani Pérez Cañadas Arquitectos, el 23 de enero de 2025, para que le facilitaran un contacto de Jardines de Chauvin, aunque ante la consulta de , la entidad dio otra versión. Sostuvo que fueron los representantes del estudio los que contactaron al Banco.
A cargo de la eventual construcción de las dos torres, el estudio de arquitectos sobrelleva sus propias turbulencias. Entre otros motivos, por la cuestionada construcción de otra torre, de 35 pisos, en una zona histórica de Mar del Plata, la residencial bahía Varese. Desde referentes sociales hasta el Distrito IX del Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires levantaron su voz ante el proyecto, que cosechó la venia del Concejo Deliberante pero quedó bajo la lupa judicial.
En el emprendimiento de Jardines de Chauvin SA, en tanto, empleados jerárquicos del Nación en Buenos Aires mantuvieron un ida y vuelta constante con los arquitectos durante 2025, estimaron que tenían entre manos un proyecto con “una factibilidad financiera favorable” y un crédito potencial por $35.600 millones, con “capacidad de repago consistente”, según la documentación disponible.
Con ese contexto, el lunes 22 de diciembre convocaron a una reunión por Zoom a Pourrere y su equipo de Mar del Plata. Le enviaron una “memoria descriptiva” del proyecto inmobiliario y le indicaron que “el objetivo del encuentro será ajustar los requerimientos de las distintas instancias necesarias para cerrar el proceso de Calificación y asistencia del cliente”.
Objeción inicial
Tras Nochebuena y Navidad, Pourrere planteó la primera objeción el viernes 26, según verificó el área de auditoría interna del Nación. “Dado que es el primer ejercicio económico del cliente, y su balance es irregular, la firma no presenta ingresos durante el ejercicio considerado -remarcó-. En el Estado de Resultados se computaron los gastos administrativos y los resultados financieros y por tenencia, originando el resultado final negativo del ejercicio”.
Pourrere fue más lejos. Alertó que al consignar los antecedentes de Jardines de Chauvin en el rubro de la construcción, en la documentación que le habían pasado desde Buenos Aires habían consignado obras de 2014, 2017, 2020 y 2021, lo cual resultaba imposible porque la sociedad se constituyó en 2024. También, requirió que una evaluadora externa analizara el proyecto.
La evaluadora fue Serinco SRL, que tasó el proyecto en US$35,6 millones, lo que equivalía a $52.638 millones de pesos al tipo de cambio vigente. Pero desde Buenos Aires cometieron un error: en otro documento que remitieron a Mar del Plata el 25 de febrero de este año indicaron tomaron los dólares por pesos y plantearon que el proyecto costaría $35.600 millones.
Los responsables en Buenos Aires se percataron del error y ese mismo día emitieron una segunda acta, con el costo correcto en pesos -$52.600 millones-, pero por motivos que se ignoran no remitieron ese documento a Mar del Plata durante semanas, como tampoco enviaron el informe de la Subgerencia General de Integridad que alertó sobre el rol de Jinkis en el FIFAgate y recomendó imponer un “criterio reforzado de debida diligencia” si otorgarían el crédito.
Así, según cotejó , el acta del 25 de febrero con el monto erróneo en pesos se envió a Mar del Plata el 6 de marzo; la segunda, también emitida el 25 de febrero con el monto correcto de $52.600 millones, recién el 19 de marzo. Y el informe de “debida diligencia” sobre Jinkis, emitido el 19 de febrero, recién llegó a Pourrere el 26 de marzo.
“Avanzar con la propuesta formal”
¿Qué pasó entre las fechas en que se emitieron y enviaron esos documentos? El 3 de marzo, el área de Productos Hipotecarios, en Buenos Aires, le envió a Pourrere un “modelo de resolución” para que firmara el crédito. “Les solicitamos por favor avanzar con la propuesta formal de reciprocidad ya conversada con el cliente, incluyendo apertura de cuentas, “capitas”, tarjetas de crédito para socios y demás productos correspondientes”, plantearon desde “Área Central”, según verificó el área de Auditoría Interna.
Pourrere, sin embargo, se negó. Y sólo en los días que siguieron le remitieron el acta de los $35.600 millones; la segunda con la corrección a $52.600 millones, el informe de “debida diligencia” y, de manera sorpresa, la orden de traslado que él no había pedido, a una sucursal de categoría inferior. Firmada por todo el directorio del BNA, la resolución se fechó el 20 de febrero, pero recién lo notificaron 33 días después, el 25 de marzo.
La resolución, cuya copia entregó el banco a requerimiento de , también determinó el traslado de otros dos empleados jerárquicos de la entidad. Pero con características opuestas: al primero lo ascendieron de la segunda a la máxima categoría; al otro, lo mantuvieron en la categoría máxima. Y ambos dieron su visto bueno al traslado. Pourrere no fue informado, no dio su visto bueno al destino impuesto y lo descendieron de nivel, aunque con la misma retribución.
Apenas un día después, Pourrere presentó su descargo. Rechazó el traslado impuesto desde Buenos Aires, denunció presiones para que impulsara el crédito a Jardines de Chauvin SA y alegó que obedecía a represalias vinculadas con su negativa a validarlo, lo que provocó un efecto dominó. El 1 de abril, la Subgerencia General Red de Sucursales dispuso la suspensión provisoria del traslado y solicitó una auditoría interna.
Ante la consulta de , desde el BNA defendieron su proceder. “Las afirmaciones efectuadas por el Sr. Pourrere en torno a una supuesta vinculación entre su traslado y la tramitación de la solicitud de financiamiento de Jardines de Chauvin SA carecen de sustento fáctico y no se corresponden con la realidad de los hechos”.
“Deficiencias” e “inconsistencias”
Con la auditoría abierta, en tanto, llegó el final para el crédito. El 18 de mayo, la Gerencia Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios denegó la asistencia crediticia a Jardines de Chauvin tras invocar factores de riesgo reputacional e integridad sobre los que estaba al tanto desde hacía meses.
El 8 de junio, el informe de auditoría interno estuvo listo. Detalló que el costo total del proyecto era de casi $79.800 millones, que el monto a financiar era de casi $52.700 millones, identificó “deficiencias” e “inconsistencias” en el procedimiento, “debilidades en la documentación de respaldo”, “ausencia de evidencia de experiencia comprobable del usuario en materia de construcción de viviendas” e, incluso, “falta de documentación” que demuestre vínculo entre el estudio de arquitectos y Jardines de Chauvin SA. También detectó que el crédito no comenzó a tramitarse en Mar del Plata, ni tampoco lo pidieron los desarrolladores inmobiliarios, sino que lo había iniciado Buenos Aires, lo que sólo quedó autorizado en el procedimiento interno del Banco mediante una reforma que se instrumentó el 29 de mayo. Es decir, ex post.
En ese contexto, los auditores alimentaron los argumentos de Mar del Plata y Buenos Aires. Por un lado, plantearon que el Banco corría el riesgo de “posible inadecuado otorgamiento de préstamo” y “eventuales pérdidas económicas para la institución”, además de “posible riesgo reputacional”. Pero también aclaró que todo lo anterior, “no invalida el proceso en su conjunto” porque era subsanable. Pero ya era tarde. El banco desistió del crédito y mantuvo el traslado de Pourrere a Reconquista, distante 1300 kilómetros de Mar del Plata. El 25 de agosto le ordenaron ocupar su nuevo puesto en el plazo de una semana.
Con 36 años en el banco y diez como gerente zonal, Pourrere acudió a la Justicia. Y tras sopesar el dictamen del fiscal federal Daniel Adler, el juez Bibel ordenó la cautelar. Valoró que la resolución del Directorio del 20 de febrero nunca fue adjuntada a Pourrere en los e-mails que la invocaban, “lo que obstaría al pleno ejercicio del derecho de defensa, que debe resguardarse aún en instancias administrativas”. Y consideró que no resulta razonable disponer la efectivización de un traslado con cuatro días hábiles de anticipación, cuando las presentaciones previas del agente no constaban resueltas.
La posición del Banco
Ahora, abogados del Banco deberán presentarse ante la Justicia federal en Mar del Plata, dar su versión sobre lo ocurrido. Ante la consulta de , desde la entidad facilitaron toda la documentación interna requerida e indicaron que de ese material “surge que la decisión de denegar la solicitud de financiamiento presentada por Jardines de Chauvin SA fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios mediante resolución de fecha 18 de mayo y comunicada posteriormente a Pourrere, quien no intervino en la instancia de decisión de la solicitud”.
“Del mismo modo -abundó-, la cronología permite advertir que el traslado dispuesto al Sr. Pourrere tuvo origen en la Resolución de Directorio Nº 356 de fecha 20 de febrero pasado, es decir, con anterioridad tanto al inicio de la auditoría como a la denegatoria de la solicitud de financiamiento. En consecuencia, se trata de actuaciones que transitaron por carriles institucionales independientes y que responden a procesos de naturaleza distinta”.
En ese sentido, el BNA planteó que “la decisión de denegar la operación fue adoptada por la Gerencia de Desarrollo y Gestión de Productos Hipotecarios, mientras que las medidas vinculadas al traslado [de Pourrere] respondieron a un procedimiento administrativo independiente y anterior. En consecuencia, el banco se presentará ante la Justicia para plantear todas las acciones legales y procesales correspondientes para la adecuada defensa de sus derechos e intereses frente a la medida cautelar dictada”.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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