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Causa ANDIS: ordenan que Gendarmería perite los audios de Spagnuolo para saber si fueron manipulados con IA

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La Justicia ordenó que Gendarmería realice el peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa que ya acumula cerca de 20 procesados por presuntas coimas y que avanza hacia una nueva tanda de procesamientos.

Como parte de la medida, el exfuncionario deberá presentarse en tribunales para aportar una muestra de su voz, que será comparada con las grabaciones que dieron origen al expediente.

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El juzgado ya fijó los puntos de pericia que deberán analizar los especialistas. Antes de que comience el estudio técnico, Spagnuolo tendrá que grabar determinadas palabras y frases que luego serán cotejadas con los audios difundidos públicamente. El objetivo es determinar si la voz corresponde efectivamente al exfuncionario y establecer si los archivos presentan signos de edición, manipulación o generación mediante inteligencia artificial.

La medida se produce por pedido de las defensas de algunos de los acusados, que sostienen que las grabaciones son apócrifas. Según ese planteo, los audios habrían sido generados o modificados con inteligencia artificial, contendrían cortes y fragmentos sacados de contexto, habrían sido grabados en distintos momentos y combinarían expresiones de Spagnuolo con otras que no le pertenecerían.

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La estrategia apunta a demostrar que el material carece de autenticidad y reclamar la nulidad de la causa. En esa línea, la defensa del extitular de ANDIS, encabezada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico privado que detectó, según sostuvo, un 65% de probabilidades de que la voz hubiera sido modificada mediante inteligencia artificial.

El peritaje fue ordenado tras un fallo de la Cámara Federal y representa un cambio respecto del criterio que había sostenido anteriormente el entonces juez subrogante Sebastián Casanello (ahora está en manos de Ariel Lijo). Hasta ahora, las grabaciones no habían sido incorporadas como prueba principal de la investigación debido al riesgo de que una eventual falsedad o adulteración pudiera afectar el resto del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

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Entre los aspectos que deberán analizar los peritos figuran el origen natural o sintético de los archivos, la detección de eventuales procesos de edición, la comparación de parámetros acústico-fonéticos y la identificación de posibles intervenciones mediante herramientas de inteligencia artificial o síntesis digital. También deberán examinar dos audios adicionales disponibles en internet para detectar divergencias o modificaciones entre las distintas versiones.

El estudio técnico se suma a una investigación que ya avanzó por otras vías. Aun cuando se detectaran irregularidades en las grabaciones, el fiscal federal Franco Picardi reunió pruebas independientes de esos audios, entre ellas capturas de chats en las que se hace referencia a presuntos sobornos.

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La causa investiga un supuesto esquema de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. En el expediente están procesados Spagnuolo, exfuncionarios, empresarios y otros presuntos integrantes de una asociación ilícita que, según la acusación, habría adjudicado contratos millonarios a cambio de coimas de entre el 12% y el 20% de los montos involucrados.

En paralelo, un informe del Ministerio de Salud incorporado a la causa advirtió presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la ANDIS durante 2025. El documento analizó operaciones vinculadas a insumos ortopédicos y médicos y señaló diferencias de precios que, en algunos casos, superaron ampliamente los valores de referencia utilizados por otros organismos del Estado.

Según ese informe, también se detectaron presuntas conexiones societarias y familiares entre proveedores, además de posibles maniobras de simulación de competencia. El análisis relevó 505 expedientes por más de $18.368 millones y fue incorporado al expediente judicial que investiga el presunto fraude millonario en el organismo.

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Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Gendarmería

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El Gobierno envió el proyecto de Ley de Sociedades que permitiría resolver algunas disputas internas con leyes extranjeras

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El Gobierno nacional envió el viernes al Congreso de la Nación el proyecto que modifica la Ley de Sociedades en donde el eje está puesto en la creación de nuevas figuras legales a medida para los grandes capitales tecnológicos.

Mientras el tecno oligarca Peter Thiel, el dueño de Palantir, la empresa estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos (Big Data) e inteligencia artificial; gira por el país, se le dio ingreso hoy en la Cámara de Senadores un proyecto que anunció la semana pasada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien, esgrimiendo el argumento de lo vetustas de las normas locales, avanza rápidamente con la quita de regulaciones en diferentes sectores.

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En el caso de este proyecto, el texto tiene como objetivo el de crear un nuevo régimen jurídico societario integral que regule la constitución, funcionamiento, transformación, fusión, escisión y disolución de las sociedades.

El proyecto, que para muchos tiene destino judicializable por varios de sus artículos, introduce nuevas figuras y flexibiliza los tipos societarios, permitiendo una mayor libertad en la estructura y capital social, y admitiendo instrumentos modernos como DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas).

Asimismo, amplía el alcance y regula expresamente la transformación, fusión y escisión, incluyendo soluciones para situaciones de crisis (bloqueos, conflictos internos, salida de socios).

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Uno de los puntos más llamativos tiene que ver con la creación de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.

Respecto a esto, las DAO es un tipo societario basado en contratos inteligentes, tecnología blockchain y gobernanza digital. De aprobarse, se podrían constituir y operar íntegramente en entornos virtuales, con protocolos y reglas autoejecutables, identificando claramente la titularidad de los derechos y la responsabilidad de los miembros.

Un cubo abstracto brillante con líneas y códigos digitales rodea información encriptada, simbolizando la seguridad de datos en el entorno tecnológico actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro punto a tener en cuenta es que habilita las participaciones sociales digitales y tokenizables: La ley reconoce la posibilidad de emitir y transferir participaciones sociales en formato digital y de utilizar mecanismos tecnológicos para la gestión societaria, la votación, la representación y la trazabilidad de operaciones.

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En lo que se refiere a la transformación, fusión, escisión y soluciones para crisis societarias, el texto propone que se permita que una sociedad cambie de tipo societario sin necesidad de disolverse, garantizando la continuidad de la personalidad jurídica y simplificando los requisitos y plazos para este proceso. Incluye mecanismos para proteger los derechos de socios y acreedores.

Para el caso que se lleva adelante un proceso de fusión o de escisión, establece plazos breves para observaciones de acreedores y reglas sobre la atribución de participaciones sociales en las nuevas sociedades. Se contemplan tanto la fusión por creación como por absorción, y la escisión total o parcial del patrimonio.

En lo que se refiere a las soluciones ante crisis y conflictos internos, el texto introduce herramientas específicas para resolver situaciones de bloqueo, conflictos entre socios, salida y exclusión de socios, y adquisición de participaciones. Se prevén procedimientos de mediación, arbitraje y acuerdos para la resolución alternativa de controversias, así como la posibilidad de que los estatutos prevean métodos de valoración y pago de participaciones para evitar la paralización o judicialización de la vida societaria.

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Protección de la continuidad y de los intereses de los socios minoritarios: Se establecen reglas para la protección de los derechos económicos y políticos de los socios ante salidas, retiros, exclusiones y transferencias de participaciones, procurando el equilibrio entre la continuidad de la sociedad y los derechos de los socios salientes o excluidos.

El proyecto que presentó el Ministerio de Desregulación presenta una cesión de soberanía judicial en donde los estatutos societarios terminan estando por encima de las leyes locales, lo que genera otra de las tantas controversias que muchos creen ver en el proyecto de Sturzenegger.

Peter Thiel ingresa a Casa Rosada (Foto: RSFotos)

En este punto, permite que las sociedades que no realizan oferta pública establezcan en sus estatutos la jurisdicción y el derecho aplicable para resolver controversias internas, incluso admitiendo el uso de leyes extranjeras o del derecho mercantil internacional.

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Estas cláusulas tienen un alcance limitado exclusivamente a las relaciones entre socios y los órganos de la sociedad, por lo que no son oponibles a terceros ni pueden afectar normas imperativas locales referidas a la constitución, registro, responsabilidad externa o procesos concursales.

En caso de que se decida incorporar estas disposiciones mediante una reforma estatutaria, los socios que no estén de acuerdo tienen garantizado el derecho de receso para retirarse de la entidad.

Otro punto al que hace referencia la norma es la “gestión de bloqueos”, en donde lo que propone es una sistematización de diferentes herramientas para evitar que la parálisis de los órganos sociales conduzca a la desaparición de la empresa. En este aspecto, incluye un arbitraje especializado, la intervención judicial con el nombramiento de veedores o coadministradores, y la posibilidad de que los suplentes asuman funciones ante la inasistencia injustificada de los administradores titulares.

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La disolución se reserva como un último recurso, y antes de ordenarla, el juez o árbitro puede proponer que uno o más socios adquieran la participación de los restantes a valor real para asegurar la continuidad operativa.

Conflictos

Si la Argentina aprueba esta norma como fue enviada por el Ejecutivo, sería uno de los primeros países en el mundo en legislar a las sociedades en este tono. Consultados sobre los ejemplos y las experiencias internacionales al respecto, fuentes del entorno del ex presidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri señalaron que «Estados Unidos, que lo legisla a nivel estadual -no tiene una legislación societaria federal- ya lo tienen Wyoming y Vermont“. El primero es considerado un paraíso fiscal para empresas dentro de los EEUU mientras que el segundo es uno de los Estados que mayor peso tributario tiene en el país del norte de América. Otro lugar en el mundo en donde se puede encontrar una legislación similar son las Islas Marshall, un estado asociado a los EEUU que es considerado por las legislaciones globales como un paraíso fiscal.

Otro punto que genera preocupación es que desregula notablemente la constitución, funcionamiento y transformación de sociedades, reduciendo los controles estatales y judiciales, lo que podría facilitar fraudes, evasión y maniobras ilícitas, sobre todo en estructuras complejas o digitales.

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Otro punto es que la admisión de Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) y de instrumentos basados en contratos inteligentes y blockchain, sin experiencia ni regulación específica previa en Argentina, puede crear áreas grises en fiscalización, control de beneficiarios finales y actuación judicial ante conflictos o fraudes.

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El Gobierno celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia y se entusiasma con tener otro aliado en la región

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El presidente Javier Milei permaneció ayer en la quinta de Olivos, “atento”, según sus colaboradores, a la jornada electoral en Colombia, que terminó con el triunfo parcial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, con serias chances de ser el próximo presidente en el balotaje del 21 de este mes.

El rápido tuit presidencial de felicitación, emitido por el Presidente antes de las 22, ejemplificó la satisfacción del Gobierno, que ya se entusiasma con tener desde agosto próximo otro aliado ideológico y político en la región. De la Espriella tiene a Milei como uno de sus referentes, y comparte posturas internacionales centrales como su alineamiento sin fisuras con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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Javier Milei se pronunció ante el triunfo de Abelardo de la Espriella (Foto: Captura X/@JMilei)

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, escribió el Presidente, en una frase con doble lectura. Por un lado, un respaldo concreto a De la Espriella, y por otro, un dardo hacia el presidente saliente Gustavo Petro, con quien tuvo choques y desencuentros aún desde antes de llegar a la Casa Rosada.

“De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, agregó el Presidente, sin esconder su favoritismo por el candidato de la derecha, quien entre otras promesas de campaña aseguró que, al igual que Trump y Milei, de ser electo trasladará su embajada en Tel Aviv hacia Jerusalén.

El Presidente, que participó esta mañana del primer plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), realizado en el Hotel Sheraton, tiene cifradas esperanzas en sumar a Colombia como aliado regional. “De la Espriella va a ser un aliado más. Y Javier lo re banca”, expresaron cerca del Presidente, dando por descontado que De la Espriella derrotará en la segunda vuelta al oficialista Iván Cepeda, que obtuvo el 40,9 por ciento de los votos, casi tres puntos por debajo del candidato ganador. Desde la Casa Rosada recordaron el viaje de Milei, en aquel momento diputado nacional, a Colombia, en el que “conoció a muchos dirigentes” del espectro derechista. Corría junio de 2022, y Milei expresaba su apoyo al candidato Rodolfo Hernández, finalmente derortado por Petro.

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Con la asunción de José Antonio Kast en Chile, Milei sumó un aliado más a los que ya tenía en Sudamérica: el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el boliviano Rodrigo Paz y el presidente provisional peruano José María Balcázar Zelada, quien reemplazó en febrero a José Jeri. En la Casa Rosada y la Cancillería miran con especial atención el calendario electoral en Brasil, que en octubre decidirá la continuidad del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, o Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y cercano al presidente libertario.

Presencia argentina en Bogotá

En las jornadas previas a la elección, la presencia de miembros del oficialismo en Bogotá se redujo a la diputada nacional Laura Rodríguez Machado, miembro del bloque libertario y parte de la mesa chica de la senadora Patricia Bullrich, como parte del grupo de observadores internacionales que incluyó al exembajador radical Marcelo Stubrin, el diputado socialista Pablo Farías, el ex director nacional electoral Alejandro Tullio, y los peronistas Victoria Donda, Sol Magno y Gabriel Fuks, entre otros.

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Desde la delegación argentina salieron críticas al presidente Petro por desconocer anoche los resultados electorales. “Petro eligió terminar mal su mandato, este país tiene instituciones. El proceso fue impecable, ejemplar y sin incidentes. El Presidente le hizo un daño a la democracia y un gran favor a De La Espriella”, dijo a Stubrin, desde la capital colombiana. “Todo se hizo de manera transparente”, agregó Rodríguez Machado, quien evitó dar opiniones políticas por haber sido parte de una misión internacional, aunque sostuvo que “quienes tienen que reconocer los resultados son los partidos políticos”.

Desde el kirchnerismo, que apostaba por el triunfo de Cepeda, al menos en la primera vuelta, sostuvieron que “el resultado no está sentenciado” y que el candidato de Petro aún tiene chances de revertir su derrota dentro de tres semanas.




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Qué respuestas podría tener la declaración jurada de Manuel Adorni, según expertos

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“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”, dijo el presidente Javier Milei el 6 de mayo último. Pasaron más de tres semanas y el jefe de Gabinete todavía no entregó a la Oficina Anticorrupción (OA) su declaración jurada de 2025. Allí debería explicar el origen de los fondos para la compra del departamento de Caballito, la evolución de sus deudas, sus ingresos y gastos, y cualquier otro cambio en su patrimonio al cierre del año pasado. Pese a eso, el documento no responderá a todas las preguntas que surgen de la investigación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito.

Una fuente que trabajó en la OA explicó que las declaraciones juradas funcionan como una “base” para cualquier investigación. “Siempre hay que tener en cuenta que la presentación no indica que lo que haya declarado se encuentre bien, en cuanto a si allí está la totalidad de sus bienes y deudas, gastos e ingresos y, además, si los importes consignados son los correctos”, indicó.

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Un especialista en compliance, también con pasado en la función pública, consideró que la presentación de la declaración jurada “es importante, pero puede no ser decisivo” en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Según mencionó, ese delito lo comete aquel que tiene ingresos o un nivel de vida por encima de sus “ingresos legítimos” como funcionario. “No se comprueba solo con la falta de justificación, pero ¿qué pasa? El funcionario tiene que poner cuáles son sus ingresos y eso es una herramienta que tiene para defenderse”, consideró el experto en cumplimiento normativo.

La senadora Patricia Bullrich había dicho el 6 de mayo que Adorni debía presentar su declaración jurada «de inmediato»

En esa causa, el fiscal Gerardo Pollicita busca respuestas sobre el origen de los fondos que Adorni y su cónyuge, Bettina Angeletti, utilizaron para solventar gastos. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo , en función de la fecha de cada uno de las operaciones. A eso habría que añadirle los $85 millones de la tarjeta de crédito durante 2025, tal como reveló .

Esta próxima declaración jurada se insertará en ese rompecabezas. No lo completará, pero puede aportar indicios sobre los hechos investigados que hayan ocurrido el año pasado: de dónde obtuvo los US$30.000 por parte de la compra del departamento en Caballito en noviembre de 2025, la nueva deuda con las dos jubiladas que financiaron más del 80% de esa incorporación, si convalida el supuesto acuerdo por fuera de la escritura de US$65.000 que declaró el hijo de una de sus financistas, las posibles cancelaciones parciales de una hipoteca anterior y cómo aparece el importe de las reformas en Indio Cua. Según el contratista Matías Tabar, ascendieron a $245.000 dólares.

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Esto implica que la declaración jurada puede contener mucha información para la Justicia, aunque también algunas limitaciones. Una de ellas es la temporal. Esta declaración jurada se circunscribirá a todo lo ocurrido hasta el cierre de 2025. No entran pagos como los de los viajes a Punta del Este o Nueva York, ocurridos en febrero y marzo de este año. Ambos insumieron alrededor de US$13.000, de acuerdo con fuentes judiciales.

Todas esas cuestiones sobre departamentos, autos y deudas se discriminan dentro del apartado sobre evolución patrimonial. Esto se complementa con los ingresos y gastos. Sobre los primeros, existen las categorías “Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos”, “Ingresos No alcanzados por el Impuesto a las Ganancias” y los “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación”. De hecho, el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, cuando rectificó su declaración jurada de 2025 agregó $21 millones provenientes de una “herencia”.

Francisco y Manuel Adorni

El ítem de gastos contiene a los “Gastos No Deducibles en el Impuesto a las Ganancias” y a “Gastos Personales”. Allí podrían estar incluidos los pagos por consumos con tarjeta de crédito, según el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción. En 2024, su última declaración jurada, Adorni no declaró nada en ese rubro. De ese modo se diferenció del Presidente, de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y del resto de los ministros de ese momento que sí declararon haber tenido gastos personales durante ese año.

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Las fuentes consultadas por también advirtieron sobre posibles omisiones en las declaraciones. El 25 de marzo, Adorni había dicho en una conferencia de prensa que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. Sin embargo, tal como pudo saber este medio, durante abril de este año agregó en el anexo reservado de su cónyuge la casa de Indio Cua que había comprado en noviembre de 2024. “El texto de la ley dice omisión maliciosa. Ahí empiezan los abogados a pelear qué es maliciosa o no”, analizó la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción.

La ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública detalla que la declaración jurada debe contener los bienes inmuebles y las mejoras que se hayan realizado sobre dichos inmuebles, los bienes muebles registrables como autos, depósitos en bancos, créditos, dinero en efectivo dentro y fuera del país, inversiones cotizables, deudas, ingresos y egresos anuales derivados del trabajo, de rentas o de sistemas previsionales. Gran parte de esa información suele incluirse en una tabla de cinco columnas. Allí se completa: “tipo”, en alusión a qué clase de activo o pasivo se declara, su “descripción” (explica qué es), “origen fondos”, “titularidad” (utilizado para discriminar si es propietario 100% o en un porcentaje menor) e “importe”.

Esto último le aporta trazabilidad a la evolución del patrimonio. Por este motivo, la última declaración jurada de Adorni en manos de la Oficina Anticorrupción, correspondiente a 2024, servirá como punto de partida para la presentación de la de 2025.

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Según esa presentación, el jefe de Gabinete concluyó 2024 con dos inmuebles (uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata), dos autos, $2,4 millones en efectivo, otros US$42.500 en efectivo, unos US$6.220,23 depositados en el exterior, un saldo a su favor en ARCA de $2.001.060,69 y declaró bienes del hogar por $3,6 millones. Uno de los indicios que puede aportar su próxima declaración jurada es si utilizó parte de estos activos para incorporar otras propiedades. En ese caso, los números anteriormente detallados podrían verse modificados.

En paralelo a los activos, Adorni declaró cuatro deudas al cierre de 2024, que sumaron $95,4 millones. En caso de haberlas cancelado durante 2025, ese número se reduciría. Y si se hubiera endeudado más, también debería verse reflejado.

Dos de las cuatro deudas poseen el carácter de hipotecarias. Allí aparecen la mujer retirada de la Policía Federal y su hija. En sede judicial declararon que le prestaron US$100.000 a Adorni y Angeletti, que al momento de su testimonial judicial les debían US$70.000 y que la cancelación total de la hipoteca incluye intereses.

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La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

La compra del departamento en Caballito debería aparecer en la próxima declaración jurada, según los expertos consultados. Adorni y Angeletti lo adquirieron en noviembre de 2025 por un valor de US$230.000, tal como refleja un informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires. Sus vendedoras, dos jubiladas les financiaron la operación con una hipoteca que cubrió US$200.000 del total de la venta. Y según fuentes judiciales, los US$30.000 restantes fueron pagados. Esa nueva deuda, así como el origen de fondos y porcentaje de titularidad sobre la propiedad son ítems que se esperan encontrar.

En la historia sobre el departamento de Caballito aparece una cuestión que despertó el interés de los expertos consultados por . El hijo de una de las jubiladas, Pablo Feijoo, declaró ante la Justicia que acordó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura. De allí surgen dos grandes preguntas: ¿Esa supuesta deuda será reconocida por Adorni? ¿Cómo?

“Lo primero que hay que ver es si hay papeles, si es acreditable”, señaló la fuente con pasado en la Oficina Anticorrupción. Para ello, revisar la declaración jurada de Feijoo ante ARCA puede ser una alternativa de los investigadores.

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Por otra parte, las refacciones en la casa del country Indio Cua también podrían tener un lugar en la declaración jurada. El contratista Matías Tabar sostuvo en sede judicial que los gastos ascendieron a US$245.000.

La fuente que trabajó en la Oficina Anticorrupción explicó que las mejoras a un inmueble pueden tener distintos modos de “exposición” en la declaración. Una alternativa es agregar “mejoras del inmueble” y el valor. Otra posibilidad es que dichas refacciones estén incluidas dentro del importe total que se le asigna a la propiedad.

Por su parte, el especialista en compliance indicó que este tipo de erogación también puede aparecer en la línea sobre gastos, siempre y cuando se trate de operaciones realizadas por Adorni. En caso que todo esto haya sido encarado por Angeletti podría estar en el anexo reservado.

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De acuerdo con el exfuncionario de la Oficina Anticorrupción, “la técnica de declaración indica que si las mejoras son iguales o superan el 20% del valor de compra de la propiedad deben declararse dentro del valor total del inmueble, o el valor del inmueble y el valor de la mejora”. Si fuesen menores a ese 20% podría incorporarse en un rubro de gastos.




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