POLITICA
$LIBRA: la investigación se frena por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero de las billeteras virtuales
A las 14 horas del 30 de enero de 2025, mientras Hayden Davis traspasaba el umbral de la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei, desde una de las billeteras virtuales asociadas al empresario, partían 499.000 dólares hacia una cuenta desconocida. Caída la tarde, finalizado ya el encuentro, otras dos transferencias por más de un millón de dólares viajaban rumbo a la cuenta de un jubilado argentino, Orlando Mellino, según pudo reconstruir después la Justicia.
En el marco de la causa que investiga el lanzamiento del activo digital $LIBRA, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a un organismo especializado profundizar la investigación sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100.
La respuesta del organismo llegó a mediados de abril, ocho meses después de que Taiano formulara el pedido. En un escrito de no más de una carilla, la UFECI, una unidad dedicada a investigar el ciberdelito que depende del Ministerio Público, reconoció no estar en condiciones materiales de llevar adelante el análisis solicitado de las billeteras. Indicó que, por el momento, no contaba con las herramientas y las “licencias” tecnológicas correspondientes para avanzar, y que, cuando las tuviera, avisaría.
El objetivo final de un trabajo forense de este tipo es intentar quebrar el anonimato de la blockchain, la red en la que quedan registradas estas transferencias, y así saber a ciencia cierta quién es quién en la ruta del dinero de un determinado activo.
En $LIBRA, la Justicia lo consiguió en el caso del jubilado Mellino, y también en el de Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025, recibieron de Davis más de 730.000 dólares digitales, tal como figura en el expediente.
Lo que motivó el pedido de Taiano -impulsado por una de las querellas- es que existe una gran cantidad de cuentas con importante actividad en ese entramado digital cuyos dueños aún se desconocen.
La UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigación. Apuntaló, por ejemplo, la hipótesis de la existencia de un flujo de “información privilegiada” que corrió en la previa al lanzamiento de la moneda.
Equipado con un recurso del que ahora carece, el organismo pudo dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron de forma masiva el activo en momentos clave. Sus compras, por más de 13 millones de dólares, ocurrieron durante los 22 segundos previos al tuit de Milei, quien estaba al teléfono con Novelli, quien, a su vez, se encontraba en los Estados Unidos junto a Davis.
La publicación en redes del Presidente fue el soplo que le dio vida pública al activo. Con el ingreso aluvional del público en general, el precio trepó y luego se produjo el retiro de fondos que derivó en el colapso de la moneda.
La UFECI consiguió identificar al grupo de billeteras “privilegiadas” -no a sus respectivos dueños- porque contaba con una “demo” de un software de alta complejidad utilizado tanto en el mundo privado como en organismos públicos para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos. Es decir, disponía de una de las versiones gratuitas que las empresas de software conceden por un tiempo limitado con el fin de promocionar el producto.
Pero la versión gratuita expiró. Y si bien la Procuraduría trabaja para adquirir una licencia paga, en medio de un fuerte “ajuste presupuestario”, todavía carece del producto, según una fuente al tanto de esos movimientos.
El costo de seguir el dinero
Son herramientas costosas. Dependiendo de la versión, la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simultáneo y quién sea el comprador, el precio del producto puede pendular entre los 50.000 y los 400.000 dólares, de acuerdo con la reconstrucción que hizo de fuentes especializadas y licitaciones públicas.
Sin embargo, su uso no es indispensable para llevar adelante una pesquisa de criptoactivos. Así le dijeron a investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia.
La empresa que domina el mercado, en la Argentina y en el mundo, es Chainalysis. Pero otras firmas, como TRM Labs o QLUE, buscan posicionarse con productos que ofrecen prestaciones similares en un orden de precios menor.
Todas ellas son muy útiles para identificar patrones, visualizar y procesar grandes volúmenes de información y contar con acceso a determinadas bases de datos, coinciden las fuentes, pero ninguna suplanta al trabajo “manual” que puede y debe hacerse con herramientas gratuitas, abiertas al público en general.
“Si bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones”, sostiene Denis Banchero, un consultor externo. En los cursos que dicta en la ONU y de forma privada, enseña cómo utilizar un amplio abanico de esto programas. “Es totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas -señala-. Cuantas más utilice el investigador, mejor, ya que cada una tiene perspectivas diferentes”.
A través de una de esas herramientas, Arkham Intel, detectó la transferencia de 499.000 dólares que coincidió con el inicio de la reunión entre Milei, Davis y Novelli en la Casa Rosada. Con esa misma herramienta, el especialista Fernando Molina trazó un gráfico público en el que se visualiza gran parte del entramado virtual que Davis habría tejido en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.
“Es un trabajo de hormiga, engorroso, que requiere un mayor nivel de conocimiento”, señala un fiscal diplomado en la materia, respecto al trabajo con las herramientas gratuitas.
“Las licencias pagas agilizan los tiempos —reconoce otra fuente del sector—. Además, tienen marcadas las billeteras que ya fueron asociadas a ilícitos e identifican si determinada billetera está vinculada con otra. Pero también es posible hacer el trabajo de manera manual».
Alternativas
Por fuera de la UFECI, existen otros organismos y fuerzas, que sí cuentan con herramientas pagas. El fiscal Taiano decidió redirigir al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) el pedido que había formulado el abogado de una de las querellas, Nicolás Oszust.
De esa capacidad técnica también dispone la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En agosto del año pasado tramitó una licencia anual de la plataforma Chainalysis para análisis forense y monitoreo de criptoactivos. Y hasta hace pocos meses, también se ofrecía como alternativa la procuración porteña, de la que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es titular en uso de licencia.
Pero diez días atrás, mientras los activos digitales también empezaban a ocupar un lugar sensible en la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la procuración porteña decidió suspender la licitación, que había sido lanzada en marzo. Fue a instancias del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que pidió “redefinir las necesidades forenses de la contratación”.
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POLITICA
Suspendieron al intendente libertario de Allen mientras avanza la causa por presunto peculado y administración fraudulenta
El intendente de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, mientras continúa siendo investigado por la Justicia de Río Negro en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta.
La medida fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de vecinos que siguieron el debate desde el recinto. Como consecuencia de la decisión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedó al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.
El apartamiento está contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. La norma establece que la medida se extenderá hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia: si el funcionario resulta absuelto recuperará automáticamente el cargo, mientras que una condena firme derivará en su destitución.
La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio del avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa derivó en distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen, una situación que fue mencionada durante el debate por varios concejales que respaldaron la suspensión.
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Desde la mayoría que impulsó el apartamiento sostuvieron que la medida no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del intendente, sino que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y preservar el funcionamiento institucional del municipio.
La concejal Agustina Sánchez, de Juntos Somos Río Negro, afirmó que el objetivo es “velar por la transparencia pública y resguardar la administración” y aclaró que “esto es un apartamiento preventivo para que la Justicia pueda avanzar en la investigación”.
En la misma línea, su compañero de bloque Gustavo Addamo aseguró que “no hay nada para festejar ni para enorgullecerse” por la situación que atraviesa la ciudad y remarcó: “Queremos que la Justicia tome la decisión correcta. Esto es un apartamiento, no es un golpe de Estado”.
El concejal Guillermo Penessi también respaldó la iniciativa y cuestionó la gestión del jefe comunal. “Hubo muchos errores cometidos por el intendente municipal en delegar sus facultades a terceros que la gente no eligió”, sostuvo. Además, afirmó que el caso plantea “una cuestión legal” y también “una cuestión de respeto y ética”, y expresó su deseo de que la resolución adoptada “sea algo positivo para Allen”.
Por su parte, la concejal Marta Crespo consideró que el allanamiento realizado en la Municipalidad fue un hecho “vergonzoso” y justificó su voto favorable al apartamiento preventivo.
El rechazo del oficialismo
La suspensión fue rechazada por las concejales oficialistas Analía Martínez y Valeria Bezic, además del edil radical Antonio Sepúlveda, quien durante la sesión calificó la decisión como un “golpe constitucional” y cuestionó que se adoptara antes de que exista una sentencia judicial.
Horas antes de la votación, Román publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció que detrás de la iniciativa existe un intento de desplazarlo del cargo por razones políticas.
“Detrás de este conflicto hay una disputa política de quienes quieren gobernar Allen, sin pasar por las urnas, y por el rumbo de nuestra ciudad”, escribió.
El jefe comunal también advirtió: “Hoy estaríamos ante un golpe Institucional Antidemocrático, y no estará solamente en discusión este Intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo, y violar la Carta Orgánica Municipal”.
Con la suspensión ya vigente, Fabián Figueroa ejercerá las funciones de intendente hasta que la Justicia defina la situación procesal de Román.
El futuro político del jefe comunal dependerá del resultado de la causa penal. La Carta Orgánica de Allen establece que, si la investigación concluye con una absolución, recuperará automáticamente el cargo con todas sus atribuciones. En cambio, una eventual condena firme habilitará su destitución definitiva.
administración fraudulenta, Río Negro, Allen
POLITICA
ARA San Juan: la Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, condenó hoy a tres años de prisión, de ejecución condicional, al capitán de navío Claudio Javier Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia del ARA San Juan, que produjo la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. En el mismo fallo, los jueces absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada -el máximo cargo operativo de la fuerza-, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.
En una decisión tomada por mayoría, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez encontraron a Villamide penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.
El fallo desconoció los pedidos que había presentado el Ministerio Público Fiscal, en un caso que fue seguido con atención en sectores de la Armada, especialmente entre quienes integran el Foro de Almirantes Retirados, por los efectos que una eventual condena a los cuatro oficiales superiores de la fuerza que enfrentaron el proceso podría tener en las camadas más jóvenes, como informó el último fin de semana. Institucionalmente, las autoridades de la Armada no fijaron posición sobre el tema.
El juicio por la tragedia del ARA San Juan se concentró en los oficiales navales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio. Quedaron fuera del proceso judicial el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas, entre ellas el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad.
El tribunal impuso a Villamide normas de conducta para mantener el carácter condicional de la condena. Deberá fijar domicilio y teléfono en sede judicial, no podrá cometer delitos y tendrá que someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Decaep).
Los cuatro oficiales de la Armada que enfrentaron el proceso judicial estuvieron presentes en la sala. Antes del veredicto, cada uno expuso sus palabras finales.
“Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró el capitán Villamide en su exposición. Dijo que se desconocen las razones por las cuales el ARA San Juan se fue a pique y, sin embargo, los marinos tuvieron que enfrentar la acusación.
“Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, dijo el exjefe de la Fuerza de Submarinos.
En una exposición tensa, declaró: “Se pretende que demos la vida por la patria y, sin embargo, ante un hecho luctuoso y desgraciado, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.
También el contralmirante López Mazzeo, quien tenía a su cargo el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, cuestionó el proceso judicial y alegó que no se aportaron pruebas convincentes.
Afirmó que la documentación existente muestra que el motivo del naufragio fue el ingreso de agua por el sistema de ventilación y explicó: “Eso no tiene que ver con el estado de alistamiento del submarino”, al ratificar que el buque estaba en condiciones de navegar y entrar en inmersión.
“La acusación formuló un relato, que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”, advirtió López Mazzeo.
El capitán Correa dijo que cumplió en forma rigurosa con todas las responsabilidades que la reglamentación le exigía. “Soy inocente. Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”, señaló ante los jueces. Y agregó: El dolor por la ausencia de los 44 submarinistas del ARA San Juan es un luto institucional”.
Alonso recordó que por su función le tocó acompañar a las familias de los submarinistas en los días de mayor incertidumbre y tensión en Mar del Plata. “No nos prepararon para eso”, dijo. Y recordó con emoción que, en medio de esas jornadas, su hijo le transmitió su decisión de ingresar a la Armada. “Quiero ir a buscar al submarino San Juan”, le confió. Hoy su hijo es guardiamarina, en la aviación naval.
Fiscales y querellas
El Ministerio Público Fiscal había pedido cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra constituido por el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Agustín Rossi. Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el capitán de navío Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Correa, exjefe de Comunicaciones.
Las letradas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los marinos muertos en la tragedia, pidieron cinco años de prisión para los cuatro marinos por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.
En tanto, el abogado Luis Tagliapietra, también querellante y padre de una de las víctimas del siniestro, solicitó penas de siete a ocho años de prisión para los cuatro oficiales superiores de la Armada y dejó asentada la reserva federal.
Conocido el fallo, Tagliapietra anticipó a su decisión de apelar y avanzar con un pedido de nulidad del juicio ante la Cámara de Casación Penal. Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las presiones y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, explicó el abogado.
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POLITICA
Río Negro: suspendieron a un intendente libertario mientras la Justicia lo investiga por presunta administración fraudulenta
El intendente de la ciudad rionegrina de Allen, Marcelo Román fue suspendido de sus funciones como jefe comunal mientras la Justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta de fondos públicos.
El titular del municipio calificó la decisión de los ediles como un “acto avasallador, ilegal e inconstitucional” y anticipó que inició acciones legales para anular la ordenanza que lo alejó del cargo.
Está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque el caso aún no tiene veredicto.
Fue procesado por un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra a un empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.
Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.
Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.
El suspendido intendente denuncia que ediles opositores se confabularon en una maniobra para intentar arrebatarle el cargo sin haber ganado en las urnas, según sus propias expresiones.
Con el argumento de que el poder legislativo avanza sobre facultades que corresponden a la Justicia, tres ediles que responden a Román se esforzaron para revertir la decisión de los bloques opositores, quienes finalmente lograron las mayorías necesarias para imponer la suspensión.
Los impulsores de la medida rechazaron la idea de que se trate de un castigo anticipado y la medida se encuadra dentro de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.
El expediente que puso en jaque al primer intendente libertario de Río Negro tuvo un giro decisivo el 18 de junio pasado, cuando la jueza de Garantías Natalia González formalizó cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo. La investigación apunta a la compra de un teléfono celular con dinero del municipio y su posterior entrega a un tercero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo local habría adquirido un equipo valuado en 479.999 pesos a través de un plan corporativo contratado por la comuna. La línea asociada al dispositivo se pagó con fondos públicos, lo que elevó el gasto total a 596.812,38 pesos.
La magistrada dispuso un plazo de dos meses para profundizar la pesquisa y ordenó producir nuevas pruebas. Ese punto fue clave para el dictamen que terminó recomendando el apartamiento preventivo del intendente, al entender que aún faltan testimonios y pericias relevantes.
Junta de firmas
En paralelo, sigue sin resolverse la iniciativa impulsada por Silvina Susana Cantero, una docente jubilada que impulsó de manera independiente —según su propio relato— una campaña de recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato.
El pedido ingresó formalmente al Concejo Deliberante invocando el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este mecanismo cuando el reclamo cuenta con el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral.
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