En los dos años y medio que lleva la gestión de Javier Milei, el ajuste llegó, no solo a la planta estatal, sino también al Congreso. Según relevó Infobae, su personal se redujo, entre 2023 y 2026, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque con diferencias en el tipo de contrataciones.

En conjunto, ambas cámaras pasaron de 10.275 agentes a 7.657, una disminución neta de 2.618 trabajadores, equivalente al 25% de la dotación registrada en el último año del gobierno de Alberto Fernández.

Ambas cámaras convergieron hacia una dotación similar en 2026 pese a que el Senado tiene menos de un tercio de legisladores.

Con 257 diputados, Diputados pasó de 5.281 agentes en diciembre de 2023 a 3.824 en julio de 2026, 1.457 trabajadores menos, equivalente a un ajuste del 28% en su dotación.

En tanto, el Senado – con 72 representantes de las provincias – redujo su planta de 4.994 a 3.833 agentes en tres años. Así, el recorte fue de 1.661 personas, un 23% menos.

La Cámara baja

El mayor ajuste se produjo entre el personal contratado, que cayó un 80%, al pasar de 817 a 167 agentes. Se trata de contratos de locación de servicios por un año, que pueden renovarse o no, por fuera de los recursos y las categorías presupuestarias que la Cámara asigna a cada despacho o bloque político.

También disminuyó la planta transitoria, con una baja del 39%, al pasar de 2.225 a 1.348 empleados. Está compuesta por los asesores y asistentes que designan los legisladores durante su mandato, por lo que se supone que se van del cuerpo cuando éste finaliza su período.

En contraste, la planta permanente fue el único segmento que creció: aumentó en 70 cargos, al pasar de 2.239 a 2.309 agentes, una suba del 3%. Los empleados de planta permanente, por más que hayan llegado con un legislador, conservan su puesto cuando éste termina su mandato, ya que son reasignados a otros destinos. Tienen estabilidad laboral, y el otorgamiento de categorías en planta permanente es habitual en la negociación política entre las autoridades de la Cámara y los distintos bloques.

A finales de 2024, desde la presidencia de la Cámara baja, a cargo de Martín Menem, informaron que en ese primer año de La Libertad Avanza (LLA), el cuerpo había ahorrado $7.000 millones. En un video, explicó que se debió a que redujo en 900 personas la planta, eliminó “más de 70 cargos jerárquicos”, y puso a la venta 44 vehículos. Afirmó, además, que dicho monto de dinero sería devuelto al Ministerio de Economía.

Respecto de los años posteriores, ante la consulta de Infobae, fuentes de la Cámara señalaron que “en 2025 se prorrogó el Presupuesto” y “hubo un ajuste real en las partidas arriba del 12%” ya que “se enviaron menos fondos que la compensación por inflación”. Esa situación se repitió en 2026.

El 90% del gasto del cuerpo se va en sueldos del personal y de los legisladores. Hoy los diputados reciben una dieta de unos $6,1 millones por mes antes de los descuentos.

En tanto, el sueldo básico mensual bruto de julio de los empleados – sin contar antigüedad, ni adicionales por título ni el plus por función -, va de $813.000 en la categoría más baja (A-14), a $2.730.000 en la más alta (A-1).

La mayor parte del personal de la Cámara de Diputados se concentra en la actividad política. De los 3.657 agentes registrados en julio de este año, 1.434 (el 39%) están afectados a bloques políticos, convirtiéndose por amplio margen en el principal destino de la planta.

Cada diputado puede designar cuatro empleados en planta transitoria. “Después, pueden tener asignado personal de planta permanente. El resto son de los bloques”, explicaron desde la presidencia de la Cámara. Cuando un bloque pierde integrantes, algunos de sus empleados suelen reubicarse como “extra cupo”.

Menos transparencia

En el sitio oficial de la Cámara ya no se puede, como anteriormente, acceder a la descarga de datos abiertos donde figuraba el destino del despacho de cada empleado del cuerpo, tanto permanentes, como transitorios y contratados. Por este motivo, no es posible ahora identificar cuántos empleados tiene cada diputado y cada bloque político. Ahora solo figura el listado de personal, sin discriminar para qué legislador cumplen funciones o para qué bancada.

Ante la consulta de Infobae, desde la presidencia del cuerpo respondieron que “dada la dinámica legislativa y la permanente reconfiguración de los bloques, se optó por dar cumplimiento a la normativa vigente de esta manera”. Añadieron que “como hay muchos cambios de bloque, es para preservar la trayectoria profesional de cada trabajador de planta. Lo decidieron los jefes de bloque”. No precisaron por qué ya no se informa para qué diputado trabajan los empleados de planta transitoria.

Más allá de los asesores, secretarios y asistentes de los diputados, la Dirección de Comisiones tiene asignados 266 empleados; la de Servicios Generales, 229; y la de Seguridad y Control, 218 agentes. El resto de la dotación se distribuye entre áreas administrativas, técnicas y de apoyo al funcionamiento parlamentario.

Entre las dependencias con mayor cantidad de agentes se encuentran, también, la Dirección de Obras y Mantenimiento (161 empleados), la Dirección General de Recursos Humanos (132), la Dirección de Automotores (126) y la Dirección General de Informática y Sistemas (119). A ellas se suman otras áreas de soporte, como la Dirección General Administrativo Contable (71), la Dirección General de Prensa y Comunicación (69), el Jardín Materno Infantil (52) y la Dirección de Cultura, Museo y Extensión Federal (53).

Además, 90 trabajadores se encontraban con licencia por largo tratamiento, y otros 165 figuraban asignados a destinos no especificados.

El personal del Senado

En el Senado también se registró una disminución de la dotación total, aunque con un patrón diferente. Entre junio de 2023 y julio de 2026, la reducción fue de 1.161 trabajadores (23% menos), para llegar a los 3.833 agentes actuales.

Pero mientras que Diputados concentró el ajuste en el personal transitorio y contratado, preservando e incluso ampliando levemente la planta permanente, el Senado redujo personal en todas las categorías.

La planta permanente disminuyó un 27% (de 2.769 a 2.009 agentes); el personal transitorio cayó un 15% (de 1.689 a 1.434); y los contratados se redujeron un 27% (pasaron de 536 a 390).

Desde la presidencia a cargo de Victoria Villarruel señalaron a Infobae que “el ahorro de la gestión actual es de $27.000 millones, con una reducción de 1.100 personas en la planta permanente del personal”. Agregaron que “hubo retiros anticipados a la jubilación, renuncias y jubilaciones”. Del análisis de Infobae de los datos históricos y actuales publicados por la web de la Cámara alta, surge que ese recorte en la planta permanente fue inferior: 760 personas.

Los senadores cobran casi el doble que los diputados. A partir de este mes, recibirán $12.260.000 en bruto, ya que sus aumentos están “enganchados” con los de los empleados. El gremio legislativo acordó un aumento en tres tramos por los meses de junio (2,4%), julio (2,2%) y agosto (1,9%). Esto da un acumulado del 6,64% en los ingresos de los trabajadores legislativos y, por el enganche, también en la de los legisladores.

Cada senador cuenta con 7.338 módulos por mes para “gastar” entre las personas que decida nombrar en planta transitoria, cuya designación termina al finalizar el mandato. Cada módulo equivale a un monto de dinero que, hasta agosto, era de $2.784 según la última paritaria vigente. Cada senador puede distribuirlo nombrando personal con alguna de las 14 categorías salariales existentes.

El sueldo de la categoría A1, la más alta, a partir de agosto, es de $2.509.123 en bruto, mientras que la más baja (A14) fue fijada en $846.000, sin contabilizar los adicionales por antigüedad, título y función.

Pero además, pueden tener asignados en sus despachos empleados de planta permanente del Senado, “heredados” de gestiones anteriores de legisladores del mismo partido o provincia que terminaron sus mandatos. Esos empleados no le “consumen” módulos a los senadores, ya que pertenecen al personal de la Cámara y tienen estabilidad más allá de lo que dure la gestión del senador para el que prestan funciones. En muchos casos, tienen conocimiento específico del funcionamiento del cuerpo y la tarea legislativa. En muchos otros, perduran sin tareas concretas, más allá de los requisitos de presencialidad que varían según las distintas gestiones políticas, y que se endurecieron en la gestión libertaria.

Los senadores con más empleados

A diferencia de lo que sucede en Diputados, entrando a la información de cada senador es posible ver la cantidad de empleados que tiene cada uno asignados en sus despachos.

Los representantes con mayor cantidad son el formoseño José Mayans, jefe de la bancada Justicialista, y la jujeña Carolina Moisés, titular del bloque Convicción Federal, con 28 empleados cada uno. Mayans – que va por su quinto mandato consecutivo en la Cámara alta – registra 3 empleados menos que a principios de año. Moisés, en tanto, informa uno más que en febrero, cuando Infobae publicó una primera nota sobre los asesores y asistentes de cada senador.

Les siguen en el ranking de mayor cantidad de personal la tucumana Sandra Mendoza, de Convicción Federal, con 23 colaboradores; los peronistas Mariano Recalde (CABA) con 22 y María Teresa González (Formosa) con 20; y Mercedes Valenzuela, de Eco + Vamos Corrientes, también con 20 empleados asignados a su despacho.

En el extremo opuesto aparecen el entrerriano Joaquín Benegas Lynch y el porteño Agustín Monteverde, ambos de LLA, con apenas dos colaboradores cada uno.

También figuran con menor cantidad de empleados la entrerriana Romina Almeida y la salteña María Emilia Orozco, de LLA; la radical santafesina Carolina Losada; y Gerardo Zamora, del Frente Cívico por Santiago, todos con 3 empleados.

Menos acceso a los datos

En años anteriores, la base de datos de la web de Diputados permitía la descarga de datos abiertos consignando el destino del despacho de cada empleado del cuerpo. De esa forma, se podía concluir cuántos empleados tenía cada legislador y cuáles estaban asignados a los bloques políticos, comisiones u otras dependencias. Así, por ejemplo, Infobae pudo reflejarlo en esta nota de octubre de 2024. Ahora solo está el listado de personal, sin discriminar para qué legislador cumplen funciones. Solo figura “agente afectado a bloque político”.

Para hacer la comparación con 2023, Infobae recurrió a la WayBackMachine del repositorio de Archive, ya que el sitio del Congreso no informa los datos históricos de su planta.

En la web del Senado ya tampoco está accesible la información en formato abierto descargable sobre el despacho al cual está asignado cada empleado. Para consultar el personal es necesario ingresar al link de cada uno de los 72 integrantes de la Cámara alta – sin opción de descarga -. Para la elaboración de esta nota, se procedió al scraping de esa información utilizando lenguajes de programación.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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Luego de largas negociaciones con los bloques aliados, que incluyeron cuatro postergaciones y más de 15 versiones del proyecto, el Gobierno acordó nuevas modificaciones a la Ley de Propiedad Privada, en especial a uno de sus ejes centrales, la reforma de la Ley de Tierras, para conseguir este jueves la media sanción en el Senado.

Los cambios serán presentados el martes a las 16 en la Cámara Alta en una conferencia que encabezarán la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, en calidad de titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

“Son acuerdos que hicimos para fortalecer el texto y que todos los que acompañan puedan entenderse representados”, se limitaron a explicar desde el oficialismo.

Las principales modificaciones giran alrededor de uno de los temas que más divisiones generó en el recinto: la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Ley de Tierras: los cambios que el Gobierno acordó con sus aliados

Fuentes legislativas indicaron a TN que uno de los puntos en los que el Gobierno debió ceder fue la fijación de un límite para la venta de tierras a extranjeros que rondaría entre el 20% y el 25%. Se trata de una cifra superior a la ley vigente, que pone el techo en el 15% a nivel nacional, provincial o municipal, pero que va en contra de la premisa inicial del Ejecutivo que no quería poner límite alguno.

A su vez, los bloques dialoguistas negociaron que sean las provincias -como dueñas de sus recursos naturales, de acuerdo a la reforma constitucional de 1994-, las que tengan la facultad de autorizar, regular o vetar las ventas de parcelas a extranjeros dentro de su jurisdicción.

También plantearon la eliminación de los límites departamentales, con el argumento de que limitan el desarrollo local. Así, solo se establecería un límite provincial y debajo de ese límite cada distrito podría dictar su propia normativa.

Las modificaciones a la norma también incluirá que el Estado nacional mantenga la responsabilidad del resguardo de las zonas de fronteras y áreas consideradas clave para la seguridad nacional; y se acordó que haya un registro de las tierras ocupadas por extranjeros tanto en las provincias como a nivel nacional.

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Con esas modificaciones, el Gobierno confía en poder poner fin a las discusiones con los bloques aliados -y dentro del propio oficialismo- para avanzar de una vez por todas con su paquete de leyes en el Senado.

Mientras el Senado debate el proyecto, la oposición y grupos autoconvocados movilizarán frente al Congreso en rechazo a la eliminación de las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. La Casa Rosada considera la sesión clave para destrabar su agenda reformista y avanzar con su paquete de iniciativas antes de que el calendario electoral dificulte los acuerdos parlamentarios.

Senado, ley de tierras, propiedad privada

El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, a través de dos publicaciones hechas este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, se abonará por única vez junto con los haberes del mes de agosto y alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.

Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente, instrumentan la misma decisión, pero a través de dos actos administrativos separados, uno por cada ministerio con jurisdicción sobre las fuerzas alcanzadas.

El primero de los textos comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El texto oficial fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los ingresos del personal a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

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En tanto, el segundo de los decretos corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional y abarca un universo más amplio de fuerzas. De acuerdo con lo detallado en el documento oficial, el beneficio alcanza al personal con estado militar de gendarme y a los alumnos en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

También a los efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del mismo ministerio.

El decreto 696/2026 comparte el mismo fundamento que el anterior. El Gobierno señaló que la medida apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En ambos casos, la suma fija tiene las mismas características: un monto fijo de $50.000 por persona, de percepción única, remunerativa y no bonificable. La condición de remunerativa implica que el monto se computa a los efectos del cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que la condición de no bonificable significa que no sirve de base para el cálculo de otros suplementos o adicionales que se liquidan como porcentaje del salario.

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la medida. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será atendido con los créditos asignados a cada jurisdicción en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

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La suma fija de $50.000 que el Gobierno dispuso para agosto se suma a una serie de medidas salariales que el Ministerio de Defensa viene instrumentando desde mediados de año para el personal uniformado.

En junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, Milei había creado un suplemento por título académico para los integrantes de las Fuerzas Armadas, con porcentajes de entre el 10 % y el 25 % del haber mensual bruto según el nivel de formación acreditada —tecnicatura, grado universitario o posgrado—. Ese beneficio es permanente y se actualiza junto con cada recomposición salarial general.

A fines de julio, el Gobierno avanzó en la reglamentación de ese suplemento con un nuevo decreto que amplió el universo de beneficiarios e incorporó a todos los militares que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.

La norma también estableció que, en caso de contar con más de un título, solo se reconocerá el de mayor graduación, y que el beneficio comenzará a computarse a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias ante la autoridad que cada fuerza determine.

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