A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de financiamiento universitario, el Gobierno continúa las negociaciones con los rectores de universidades y evalúa realizar una convocatoria esta semana para cerrar el conflicto judicial por los fondos.

Las tratativas fueron confirmadas a TN por fuentes oficiales al tanto de las conversaciones. Abarcan desde los reclamos por la recomposición salarial de los docentes y las becas hasta la distribución de los fondos pendientes para los hospitales universitarios, entre otros puntos.

“Estamos conversando de todo”, ratificaron a este medio desde el Gobierno, donde señalaron que hay buena voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo. Aún así, el encuentro con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) todavía no fue confirmado “Podría ser esta semana”.

El motivo radica en la complejidad de la estrategia legal del Gobierno, hoy en manos de la Procuración del Tesoro que conduce Sebastián Amerio.

La estrategia del Gobierno para desactivar la demanda de las universidades

Según había anticipado TN, el Gobierno les había ofrecido a los rectores transferir los fondos previstos en el proyecto de financiamiento que había enviado el oficialismo al Congreso en febrero. La iniciativa buscaba reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal, ya que planteaba solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025, omitiendo la caída entre diciembre 2023 y 2024.

A cambio, el Ejecutivo les pide a las universidades retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por la resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.

En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.

En ese contexto, la defensa del Gobierno busca definir la estrategia legal de un acuerdo para garantizar que los rectores suspendan las acciones judiciales en caso de avanzar con la transferencia de fondos.

“Estamos viendo el tema y analizando la situación”, aseguraron a TN desde la Procuración del Tesoro, donde los abogados del Estado trabajan en la letra chica del trato.

Desde el CIN sostuvieron que el Gobierno todavía no realizó ninguna oferta concreta y se mantienen a la expectativa de una propuesta formal.

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En el mientras tanto, los docentes universitarios continúan con una serie de medidas para visibilizar los reclamos. Entre ellas, el martes pasado la UBA realizó una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con un acto central frente al Palacio de Tribunales, mientras que la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) encabezó un paro total de actividades por 24 horas el último viernes.

En ese contexto, los gremios anticiparon posibles nuevas acciones para el inicio del segundo cuatrimestre en función de la evolución de las negociaciones salariales y de la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

Gobierno, universidades

El Gobierno avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.

La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.

Al respecto, los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron en los últimos días una iniciativa conjunta que busca dejar sin efecto la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, apuntó el legislador libertario a TN.

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Ambos diputados ya lo habían intentado por separado en 2024 y ahora que los proyectos perdían estado parlamentario, presentaron uno nuevo juntos. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, enfatizó Bongiovanni.

“Lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria”, indicó el legislador de LLA. “Odian a los ultraprocesados”, remarcó.

Entre las críticas que le hacen a la norma, los libertarios hacen hincapié en que no genera incentivos para que la industria haga alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los demás productos de otros países no los tienen”, aseguran.

En el oficialismo confían en tener los votos para aprobar la derogación de la ley.

Los detalles del proyecto para derogar la Ley de Sellos

Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.

La iniciativa también cuestiona la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. De acuerdo con los fundamentos, el esquema vigente no promovió una reformulación significativa de productos y terminó generando una “sobreabundancia” de sellos: aseguran que en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema.

Otro de los ejes del proyecto apunta contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Los autores sostienen que la coexistencia de distintos modelos de etiquetado en la región obliga a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, lo que incrementa costos y afecta especialmente a las pymes exportadoras. En ese marco, proponen avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.

Además, el texto remarca que las recientes modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, aunque considera que esos cambios administrativos no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la norma. Por eso, los legisladores plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con “certeza jurídica” y reglas armonizadas con el Mercosur.

La opinión de los nutricionistas

“Este intento de derogación de la ley es un intento por tapar la verdad”, señaló a TN la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Ana Cáceres. “La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles”, agregó.

“Es una ley que se debatió profundamente con toda la evidencia científica”, indicó Cáceres. Además, destacó que del debate participaron científicos, representantes de la industria y la política. “Se construyó el mejor proyecto posible”, destacó.

“Derogar una ley que costó tanto conseguir, que es la mejor ley de la región, es invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría”, manifestó Cáceres. “Fue una construcción democrática y participativa y se está atacando todo eso. No se entiende el motivo”, añadió.

“Es un capricho libertario. La ley informa de manera clara y sencilla”, señaló la nutricionista, al tiempo que resaltó: “Es muy valorada por los sectores más vulnerables”.

Además, Cáceres explicó que la norma tuvo un alcance más profundo que el visual en los productos. “Muchas provincias avanzaron en ofrecer alimentación más saludable en las escuelas”, detalló.

“Derogar la ley es volver a la letra chica, donde hay que ser experto para interpretar lo que dice”, dijo la nutricionista. Frente a las críticas recibidas, Cáceres retrucó: “La industria alimenticia está siendo perjudicada pero no por el etiquetado, aunque la ley busca desalentar el consumo de ultra procesados, que se alimenten más saludablemente”.

Rumbo al debate que impulsa el Gobierno para derogar la ley, desde FAGRAN no se van a quedar de brazos cruzados. “Ya pedimos audiencias con diputados y senadores, con los recursos que tenemos. Nos vamos a movilizar en la medida que podamos”, indicó.

“La ciudadanía acompaña la ley, le sirve y la valora. Lo tenemos comprobado”, aseguró Cáceres. “Es muy violento derogar una ley que favorece tanto a la población”, remarcó.

Respecto del lobby empresario para derogar la ley, la titular de FAGRAN afirmó: “Hay una industria que siempre estuvo en contra de la ley y hoy está posible con esta posible derogación, pero hay otra que lo está padeciendo porque está comprometida”. Luego, cuestionó al gobierno de Javier Milei: “La gente no necesita derogar esta ley, necesita una economía que funcione y pueda comprar los alimentos que necesita para vivir”.

Ley de etiquetado frontal, Gobierno, Congreso

El Gobierno avanza con una reforma de la Ley de Semillas y prepara una resolución para reforzar los controles antes de enviar un proyecto al Congreso.

En el Ejecutivo advierten que el tema forma parte de la agenda que Javier Milei mencionó en la apertura de sesiones ordinarias y que ya hay conversaciones abiertas con entidades del campo y del sector semillero.

El tema ya forma parte de una mesa de trabajo entre el Gobierno, la producción y las entidades vinculadas a semillas. La próxima reunión está prevista para el 9 de junio y en Nación la presentan como una instancia para acercar posiciones antes de abrir la discusión legislativa.

La hoja de ruta oficial, por ahora, es avanzar primero con una resolución de fiscalización y dejar para después el proyecto de reforma de la ley.

La decisión apunta a ordenar un frente que combina productividad agropecuaria, propiedad intelectual, uso propio de semillas y controles estatales. El Gobierno considera que la Argentina necesita actualizar el marco normativo para incentivar inversiones en biotecnología y nuevas variedades, pero sabe que el tema abre una negociación delicada con productores, semilleros y entidades rurales.

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 fue sancionada en 1973 y mantiene un equilibrio que el campo defiende con fuerza: reconoce derechos de los obtentores, pero también permite el uso propio, es decir, que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente. Ese punto es el corazón de la disputa.

El debate se aceleró por el acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye avanzar hacia estándares más fuertes de protección de la propiedad intelectual.

En ese marco aparece la discusión sobre UPOV-91, el convenio internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. La Argentina está adherida al acta UPOV-78, considerada más flexible para el productor por el margen que deja para el uso propio.

Los semilleros y empresas de innovación sostienen que el régimen actual desalienta la inversión en nuevas variedades y limita el ingreso de tecnología al país. En ese sector argumentan que la falta de protección efectiva reduce la posibilidad de mejorar rindes, capturar valor en origen y competir con países que ya tienen reglas más estrictas sobre propiedad intelectual vegetal.

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Las entidades agropecuarias plantean otra mirada. La Mesa de Enlace acepta discutir una actualización de la ley, pero busca preservar el uso propio y evitar un esquema que derive en pagos múltiples o en una transferencia excesiva de renta hacia los obtentores.

En su propuesta, las entidades plantearon mantener el uso propio gratuito hasta determinado umbral de superficie y establecer reglas claras para los casos en los que haya uso propio oneroso.

Uno de los puntos que se discute es el límite de 500 hectáreas que propuso el sector productivo para mantener el uso propio gratuito. Por encima de ese piso, se abriría la posibilidad de un esquema de pago sólo sobre la superficie excedente.

También se analizan la cantidad de años de multiplicación, el alcance de las regalías, el rol del Estado en la fiscalización y los mecanismos para evitar abusos contractuales entre privados.

La resolución que prepara el Gobierno apunta a reforzar la fiscalización antes de modificar la ley. En términos prácticos, el Ejecutivo busca mejorar los controles sobre el origen legal de la semilla, la trazabilidad, las declaraciones de uso propio y el cumplimiento de las obligaciones vigentes.

El foco está puesto en reducir la informalidad del mercado y limitar la llamada “bolsa blanca”, como se conoce a la semilla comercializada o reutilizada por fuera de los circuitos declarados.

En Nación creen que ese paso puede funcionar como una señal hacia ambos lados. A la industria semillera, le mostraría que el Estado está dispuesto a controlar mejor el uso de tecnología protegida.

A los productores, les permitiría separar la discusión de fiscalización de la reforma legislativa más profunda, que todavía requiere consenso y puede abrir resistencias en el Congreso.

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El Instituto Nacional de Semillas será una pieza central en ese esquema. El organismo tiene competencia sobre la aplicación de la Ley de Semillas, la inscripción de cultivares, la fiscalización de la producción y comercialización y la protección de las creaciones fitogenéticas.

En el campo reclaman que cualquier cambio legal venga acompañado por un INASE con capacidad real de control, reglas claras y mecanismos que no terminen trasladando toda la carga al productor.

La próxima reunión del 9 de junio será clave para medir el nivel de avance. En el Gobierno buscan mantener sentados en la misma mesa a la producción y a la industria semillera, aunque reconocen que las posiciones todavía están lejos en algunos puntos. Las entidades rurales piden que el texto que llegue al Congreso sea consensuado y no una imposición cerrada desde el Ejecutivo.

Gobierno, semillas