El Gobierno avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.

La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.

Al respecto, los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron en los últimos días una iniciativa conjunta que busca dejar sin efecto la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, apuntó el legislador libertario a TN.

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Ambos diputados ya lo habían intentado por separado en 2024 y ahora que los proyectos perdían estado parlamentario, presentaron uno nuevo juntos. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, enfatizó Bongiovanni.

“Lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria”, indicó el legislador de LLA. “Odian a los ultraprocesados”, remarcó.

Entre las críticas que le hacen a la norma, los libertarios hacen hincapié en que no genera incentivos para que la industria haga alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los demás productos de otros países no los tienen”, aseguran.

En el oficialismo confían en tener los votos para aprobar la derogación de la ley.

Los detalles del proyecto para derogar la Ley de Sellos

Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.

La iniciativa también cuestiona la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. De acuerdo con los fundamentos, el esquema vigente no promovió una reformulación significativa de productos y terminó generando una “sobreabundancia” de sellos: aseguran que en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema.

Otro de los ejes del proyecto apunta contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Los autores sostienen que la coexistencia de distintos modelos de etiquetado en la región obliga a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, lo que incrementa costos y afecta especialmente a las pymes exportadoras. En ese marco, proponen avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.

Además, el texto remarca que las recientes modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, aunque considera que esos cambios administrativos no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la norma. Por eso, los legisladores plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con “certeza jurídica” y reglas armonizadas con el Mercosur.

La opinión de los nutricionistas

“Este intento de derogación de la ley es un intento por tapar la verdad”, señaló a TN la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Ana Cáceres. “La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles”, agregó.

“Es una ley que se debatió profundamente con toda la evidencia científica”, indicó Cáceres. Además, destacó que del debate participaron científicos, representantes de la industria y la política. “Se construyó el mejor proyecto posible”, destacó.

“Derogar una ley que costó tanto conseguir, que es la mejor ley de la región, es invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría”, manifestó Cáceres. “Fue una construcción democrática y participativa y se está atacando todo eso. No se entiende el motivo”, añadió.

“Es un capricho libertario. La ley informa de manera clara y sencilla”, señaló la nutricionista, al tiempo que resaltó: “Es muy valorada por los sectores más vulnerables”.

Además, Cáceres explicó que la norma tuvo un alcance más profundo que el visual en los productos. “Muchas provincias avanzaron en ofrecer alimentación más saludable en las escuelas”, detalló.

“Derogar la ley es volver a la letra chica, donde hay que ser experto para interpretar lo que dice”, dijo la nutricionista. Frente a las críticas recibidas, Cáceres retrucó: “La industria alimenticia está siendo perjudicada pero no por el etiquetado, aunque la ley busca desalentar el consumo de ultra procesados, que se alimenten más saludablemente”.

Rumbo al debate que impulsa el Gobierno para derogar la ley, desde FAGRAN no se van a quedar de brazos cruzados. “Ya pedimos audiencias con diputados y senadores, con los recursos que tenemos. Nos vamos a movilizar en la medida que podamos”, indicó.

“La ciudadanía acompaña la ley, le sirve y la valora. Lo tenemos comprobado”, aseguró Cáceres. “Es muy violento derogar una ley que favorece tanto a la población”, remarcó.

Respecto del lobby empresario para derogar la ley, la titular de FAGRAN afirmó: “Hay una industria que siempre estuvo en contra de la ley y hoy está posible con esta posible derogación, pero hay otra que lo está padeciendo porque está comprometida”. Luego, cuestionó al gobierno de Javier Milei: “La gente no necesita derogar esta ley, necesita una economía que funcione y pueda comprar los alimentos que necesita para vivir”.

Ley de etiquetado frontal, Gobierno, Congreso

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo expondrán este martes en un foro financiero para defender nuevamente el programa económico y ratificar el rumbo de la gestión.

Las palabras del mandatario se producirán en el cierre del 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), uno de los encuentros más importantes del sector económico y financiero del país.

Bajo el lema “Nuevo Contexto Global: El Desafío de la Consolidación”, el evento reunirá a referentes del ámbito político, económico, financiero y empresarial en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La jornada fue diseñada para debatir sobre el escenario económico actual, las reformas estructurales, el clima de inversión y los desafíos que enfrenta el país en un complejo contexto internacional.

La presencia del Gobierno en el Congreso anual del IAEF

Milei hablará al cierre del Congreso cerca de las 19, luego de la presentación del ministro de Economía. Será una secuela de los discursos que dieron ambos el jueves pasado en el Latam Economic Forum, donde hubo una fuerte defensa del rumbo económico y una crítica abierta a los medios de comunicación.

“Cada semana que pase podemos tener un poco de zig zag en los indicadores. Pero la tendencia es clara, el país va un escenario de menor inflación y mayor crecimiento”, había enfatizado Milei.

Caputo había asegurado: “La economía, por primera vez, se va a llevar puesta a la política. Esto es lo que va a pasar”. Y agregó: “No hay duda de que este es el camino correcto y la mayoría de la gente va a seguir confiando y votando en esto”.

Además de Milei y Caputo, también hablarán en nombre del oficialismo el canciller Pablo Quirno; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen, que encabezará desde las 16:30 un panel titulado “El rol del Congreso en la transformación argentina”.

Otros expositores destacados de la política y el sector empresarial

La apertura estará a cargo del presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Además, a lo largo del evento también disertarán figuras del círculo rojo financiero y empresarial, entre ellos el presidente del comité organizador del IAEF, Pablo De Gregorio; el director ejecutivo de EconViews, Miguel Kiguel; José Alonso (Grupo Mirgor); Santiago Castro Piccolo (OCASA); Gabriela Renaudo (VISA Argentina y Región Cono Sur); Marcelo Iribarne (Sidersa); y Adolfo Zuberbuhler (Pampa Energía).

A su vez, la jornada contará con la participación de algunos gobernadores de buen diálogo con el Ejecutivo nacional: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), que llevarán adelante un panel titulado “El desafío de consolidar un cambio”.

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Minutos antes, las senadoras Carolina Losada (UCR), Nadia Márquez (LLA) y Flavia Royón (Primero los Salteños) protagonizarán un debate sobre el desafío de “construir acuerdos para el crecimiento del país”.

Se trata de un debate que servirá de previa para la sesión que se realizará en la cámara alta este jueves a las 11, donde el oficialismo prevé tratar más de 70 pliegos de cargos de la justicia federal; el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; y el Acuerdo con los bonistas por el default que declaró Argentina en 2001.

Javier Milei, Luis Caputo

El oficialismo en el Senado encara una nueva semana de negociaciones para acercar posiciones en torno al proyecto de reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. En la mesa política de la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tema aparece entre las prioridades cada vez que se repasa el estado de las iniciativas que avanzan en las cámaras legislativas.

Las consultas a la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, suelen tener la misma respuesta: “Los votos no están”, admite la experimentada legisladora. El problema central es que el presidente Javier Milei no termina de aceptar una modificación a la ley de primarias que las transforme de obligatorias en optativas. Su postura sigue siendo eliminarlas.

A esa posición se suman Karina Milei y los primos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, subsecretario de la Presidencia. “Tenemos que bajar el gasto de la política”, se le escuchó decir a un importante integrante de la conducción de la Cámara baja.

“Si las hacemos optativas, el gasto es igual porque hay que desplegar el operativo de las primarias en todo el territorio. Si no las podemos eliminar, hay que suspenderlas una vez más”, plantean cerca del oficialismo, en referencia a lo ocurrido en las elecciones de 2025.

De todos modos, en la Casa Rosada dejan abierta una puerta para negociar con los bloques aliados, la llamada oposición dialoguista, algún cambio en el sistema de primarias. Para la UCR, el PRO y el PJ, las elecciones primarias —obligatorias u optativas— siguen siendo una herramienta clave para ordenar sus internas de cara a la elección general de octubre de 2027.

La resistencia de los aliados

Radicales y dirigentes del PRO ya discutieron el tema con Patricia Bullrich. Como ya no hay reuniones periódicas de la oposición dialoguista con el Gobierno en Balcarce 50, como ocurrió durante el debate de la Ley Bases en 2024, el canal de diálogo quedó concentrado en la senadora porteña.

La bancada de la UCR, que lidera el correntino Eduardo Vischi, presentó un proyecto para que las PASO pasen a ser optativas, entre otros cambios al régimen electoral. El texto mantiene las primarias, pero las transforma en PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas.

La iniciativa permite ajustar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad e incorpora plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los electores y certificar avales, bajo supervisión de la Justicia Electoral Nacional, con el objetivo de garantizar el anonimato y la transparencia.

Además, plantea la posibilidad de que un candidato a presidente que se imponga en las primarias pueda elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su misma agrupación.

La propuesta radical es acompañada por el PRO, aunque en el partido de Mauricio Macri no termina de convencer la idea de incluir el capítulo de Ficha Limpia dentro de la reforma electoral. Esa iniciativa, considerada una bandera por el macrismo, prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia sean candidatas y modifica la Ley de Partidos Políticos.

El PRO prefiere que Ficha Limpia se discuta en un proyecto aparte. Esa postura ya fue transmitida por el PRO y los radicales a Bullrich durante una reunión en las oficinas de Vischi, en el segundo piso del Palacio del Congreso. Allí les propusieron que ambos debates avancen en simultáneo, pero por separado, y que las dos iniciativas lleguen el mismo día al recinto.

La decisión final quedará en manos de la mesa política del Gobierno.

El antecedente de Ficha Limpia

El año pasado, Ficha Limpia quedó a un paso de ser sancionada, pero terminó cayendo en el Senado por un cambio de posición de último momento de los dos senadores de Misiones, pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, la fuerza que lidera el exmandatario Carlos Rovira.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra y frustraron la sanción de la norma, que ya había sido aprobada por Diputados. Ahora, el Gobierno busca reconstruir apoyos para evitar que vuelva a repetirse ese escenario.

El rol de Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli, también interviene en la negociación. Desde hace semanas mantiene reuniones con gobernadores para sumar respaldo a los proyectos del Gobierno, entre ellos la reforma electoral. En los últimos días conversó con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

El Gobierno ya consiguió el apoyo de Encuentro Federal Misionero, liderado por Carlos Rovira, quien ordenó a sus legisladores acompañar la eliminación de las PASO.

De esta manera, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, votarían a favor de la reforma.

También los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, comprometieron el apoyo de sus diputados al proyecto de reforma electoral.

Qué propone la reforma del Gobierno

La reforma electoral del oficialismo incorpora modificaciones a la Ley de Boleta Única de Papel. Entre otros puntos, permite sumar un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido, una herramienta que sería clave en caso de elecciones simultáneas y de que las provincias adhieran al sistema que ya se aplica a nivel nacional.

La Casa Rosada busca que las elecciones nacionales, provinciales y municipales puedan realizarse el mismo día, y que la candidatura principal arrastre el voto del resto de las categorías.

Para seducir a los gobernadores, uno de los artículos establece que los gastos que ocasione el acto electoral en provincias y municipios quedarán a cargo del Gobierno nacional.

Además, el paquete incluye un proyecto de Ficha Limpia, elimina los aportes del Estado a los partidos políticos, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes privados, entre otros puntos.

“El proyecto se va a modificar. Nosotros vamos a insistir en la idea de eliminar las PASO, pero se modificará para que pueda haber consensos”, dijo Patricia Bullrich tras la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el libertario Agustín Coto.

Por ahora, todavía no se convocó a una segunda reunión, pero el tema se mueve en conversaciones informales para acercar posiciones. Tanto el oficialismo como la oposición saben que cualquier cambio en materia electoral necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

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