POLITICA
Etiquetado frontal: por qué el Gobierno quiere derogar la ley y qué cuestionan los especialistas de la industria alimentaria

El Gobierno avanza con una propuesta para dejar sin efecto la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021 para informar a los consumidores sobre los excesos de nutrientes críticos en alimentos y bebidas. En paralelo, legisladores del oficialismo y espacios aliados impulsaron proyectos para derogar la normativa, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo esquema alineado con los criterios del Mercosur.
La legislación actual exige que los productos incorporen sellos negros de advertencia cuando presentan altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. La intención de la Casa Rosada es reemplazar ese sistema por otro modelo de rotulado, aunque primero buscará avanzar con la eliminación de la ley vigente, enfocada en promover hábitos de alimentación saludable.
Al respecto, los legisladores Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron en los últimos días una iniciativa conjunta que busca dejar sin efecto la ley de sellos. “Es un exceso de paternalismo”, apuntó el legislador libertario a TN.
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Ambos diputados ya lo habían intentado por separado en 2024 y ahora que los proyectos perdían estado parlamentario, presentaron uno nuevo juntos. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, enfatizó Bongiovanni.
“Lo que hacen es poner una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria”, indicó el legislador de LLA. “Odian a los ultraprocesados”, remarcó.
Entre las críticas que le hacen a la norma, los libertarios hacen hincapié en que no genera incentivos para que la industria haga alimentos más saludables. “Complica al comercio exterior, los demás productos de otros países no los tienen”, aseguran.
En el oficialismo confían en tener los votos para aprobar la derogación de la ley.
Los detalles del proyecto para derogar la Ley de Sellos
Entre los principales argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la actual Ley de Etiquetado Frontal “genera confusión” en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional de los productos. Según plantean, el sistema argentino utiliza criterios de medición basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en que alimentos con igual cantidad de azúcar o sodio reciban advertencias diferentes.
La iniciativa también cuestiona la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. De acuerdo con los fundamentos, el esquema vigente no promovió una reformulación significativa de productos y terminó generando una “sobreabundancia” de sellos: aseguran que en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema.
Otro de los ejes del proyecto apunta contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur. Los autores sostienen que la coexistencia de distintos modelos de etiquetado en la región obliga a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, lo que incrementa costos y afecta especialmente a las pymes exportadoras. En ese marco, proponen avanzar hacia un sistema unificado de etiquetado nutricional para todo el bloque regional.
Además, el texto remarca que las recientes modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de las “fallas” del sistema actual, aunque considera que esos cambios administrativos no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la norma. Por eso, los legisladores plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con “certeza jurídica” y reglas armonizadas con el Mercosur.
La opinión de los nutricionistas
“Este intento de derogación de la ley es un intento por tapar la verdad”, señaló a TN la presidenta de la Federación Argentina de Graduados de Nutrición, Ana Cáceres. “La evidencia es sólida en relación a que el consumo impacta directamente en la malnutrición y en enfermedades no transmisibles”, agregó.
“Es una ley que se debatió profundamente con toda la evidencia científica”, indicó Cáceres. Además, destacó que del debate participaron científicos, representantes de la industria y la política. “Se construyó el mejor proyecto posible”, destacó.
“Derogar una ley que costó tanto conseguir, que es la mejor ley de la región, es invalidar una discusión que se saldó en el Congreso y se aprobó por amplia mayoría”, manifestó Cáceres. “Fue una construcción democrática y participativa y se está atacando todo eso. No se entiende el motivo”, añadió.
“Es un capricho libertario. La ley informa de manera clara y sencilla”, señaló la nutricionista, al tiempo que resaltó: “Es muy valorada por los sectores más vulnerables”.
Además, Cáceres explicó que la norma tuvo un alcance más profundo que el visual en los productos. “Muchas provincias avanzaron en ofrecer alimentación más saludable en las escuelas”, detalló.
“Derogar la ley es volver a la letra chica, donde hay que ser experto para interpretar lo que dice”, dijo la nutricionista. Frente a las críticas recibidas, Cáceres retrucó: “La industria alimenticia está siendo perjudicada pero no por el etiquetado, aunque la ley busca desalentar el consumo de ultra procesados, que se alimenten más saludablemente”.
Rumbo al debate que impulsa el Gobierno para derogar la ley, desde FAGRAN no se van a quedar de brazos cruzados. “Ya pedimos audiencias con diputados y senadores, con los recursos que tenemos. Nos vamos a movilizar en la medida que podamos”, indicó.
“La ciudadanía acompaña la ley, le sirve y la valora. Lo tenemos comprobado”, aseguró Cáceres. “Es muy violento derogar una ley que favorece tanto a la población”, remarcó.
Respecto del lobby empresario para derogar la ley, la titular de FAGRAN afirmó: “Hay una industria que siempre estuvo en contra de la ley y hoy está posible con esta posible derogación, pero hay otra que lo está padeciendo porque está comprometida”. Luego, cuestionó al gobierno de Javier Milei: “La gente no necesita derogar esta ley, necesita una economía que funcione y pueda comprar los alimentos que necesita para vivir”.
Ley de etiquetado frontal, Gobierno, Congreso
POLITICA
Milei criticó a Villarruel por vincular el Mundial con Malvinas y pidió “no caer en eslogans berretas”

El presidente Javier Milei celebró con “alegría inmensa” el triunfo de Argentina ante Inglaterra. En declaraciones en Radio Mitre, analizó que el equipo de Lionel Scaloni “los pasó por arriba” tras el gol inicial.
Durante la entrevista, Milei cuestionó indirectamente a Victoria Villarruel por vincular el encuentro con la guerra de Malvinas. El mandatario rechazó estos dichos al pedir “no caer en eslogans berretas” o “nacionalistas rancios”, enfatizando que el fútbol debe mantenerse separado de la política exterior y la diplomacia.
Victoria Villarruel celebró la victoria argentina con un mensaje sobre Malvinas: “No era un partido más”
Sobre el reclamo por las islas, el jefe de Estado afirmó que la recuperación se logrará mediante una “diplomacia sabia” y no con “gestos de patrioterismo baratos”.
Resaltó que su gestión logró avances en la ONU para obligar a Inglaterra a negociar, evitando así generar conflictos internacionales innecesarios.
El Presidente elogió al plantel y especialmente a Lionel Messi, destacando que el capitán superó una materia pendiente. Al referirse al rendimiento deportivo, Milei valoró la capacidad de mantener “cabeza fría y corazón caliente”, deseando que la Selección logre “superar la materia del bicampeonato” ante España.
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Inglaterra,Javier Milei,Selección Argentina,VICTORIA VILLARRUEL
POLITICA
El Gobierno busca aprobar la ley de Propiedad Privada en el Senado y negocia voto a voto con sus aliados

Desde el 20 de mayo, cuando se firmaron los dictámenes del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, La Libertad Avanza intensificó las negociaciones para reunir los votos necesarios. En ese camino, introdujo modificaciones a la iniciativa elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de destrabar su aprobación.
El oficialismo buscará avanzar este jueves al mediodía en la Cámara Alta, aunque algunos senadores aliados de la Unión Cívica Radical todavía reclaman cambios en varios capítulos del texto.
Para construir la mayoría, el Gobierno espera sumar a sus legisladores el respaldo del PRO, la UCR y de bloques provinciales vinculados con gobernadores aliados.
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El temario fue acordado el martes de la semana pasada entre la titular del bloque de LLA, Patricia Bullrich, y el resto de los jefes de bloque en la última reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Para la bancada libertaria, este proyecto fortalece la seguridad jurídica e impactará en la producción y en el desarrollo de nuestro país. El senador Pablo Cervi afirmó a TN: “Se busca brindar previsibilidad y reafirmar un principio fundamental: quien trabaja, ahorra, invierte o produce debe tener la certeza de que el fruto de su esfuerzo estará protegido. Se trata de crear las condiciones para que más argentinos se animen a invertir, emprender, producir y generar trabajo”.
Entienden que el derecho a la propiedad privada está establecido en la Constitución Nacional desde hace más de 170 años. El legislador por Neuquén agregó que “la experiencia demuestra que cuando la propiedad privada se relativiza, también se debilitan la confianza, la inversión y las posibilidades de crecimiento. Por eso esta ley no crea un derecho nuevo: lo fortalece, brinda reglas claras y da mayor previsibilidad a quienes producen y apuestan por el país”.
El resto del temario
Además de la iniciativa sobre la propiedad privada, la Cámara Alta tratará los ascensos del personal de la Cancillería y una treintena de pliegos de integrantes del Poder Judicial. Entre ellos se encuentra la extensión por cinco años del mandato del camarista del fuero laboral Víctor Pesino, que requiere el aval de la Cámara alta para continuar en su cargo antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio.
El juez Pesino fue quien habilitó la implementación de la Ley de Reforma Laboral, rechazando el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dejó sin efecto la cautelar que suspendía 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral.
La agenda también incluye un proyecto de las senadoras Beatriz Ávila, del bloque Independencia, y Sandra Mendoza, de Convicción Federal, que proponen declarar a San Miguel de Tucumán capital de la República cada 9 de julio.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada
La iniciativa incorpora modificaciones respecto de la versión original impulsada por el Gobierno, que proponía eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros pudieran adquirir tierras rurales. El dictamen finalmente establece que, en el caso de los inmuebles ubicados en zonas de frontera, las operaciones deberán contar con un doble aval: el de la provincia correspondiente y el del Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto también introduce cambios en la Ley de Tierras, el régimen de desalojos, las expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa se discutió en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los diputados libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez. No obstante, fuentes parlamentarias no descartan que el articulado sea revisado durante su tratamiento en el recinto este jueves.
Entre las modificaciones más relevantes figura la incorporación de los denominados “desalojos exprés” para los casos de inmuebles usurpados o con tenedores precarios. La reforma faculta al juez a ordenar la restitución inmediata de la propiedad cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y este preste caución juratoria.
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El proyecto también incorpora ese procedimiento al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece que el magistrado podrá intimar, en un plazo de 72 horas, la devolución del inmueble cuando el propietario acredite, mediante prueba documental, la titularidad del terreno, la vivienda o el campo en disputa.
En materia ambiental, la iniciativa deroga un artículo de la Ley de Manejo del Fuego, impulsada por el diputado Máximo Kirchner (Unión por la Patria) en 2020, que impedía durante 30 años modificar el uso de las superficies rurales incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. Desde el oficialismo sostienen que esa restricción “atentó directamente contra la producción”.
El senador Bartolomé Abdala, presidente provisional del Cuerpo, señaló a TN que “este proyecto va a generar estímulo para invertir en Argentina, que saca las trabas que tenía la ley anterior y que tiene libertad y espontaneidad que se necesita en este momento; por eso este tipo de reformas en nuestro país van a servir para potenciar su nivel de producción en los distintos ámbitos agrícolas, forestales, ganaderos, mineros tecnológicos”.
Y agregó: “Tenemos un país extenso, muy rico en geografía, pero debemos desarrollarlo y esta ley claramente va a ayudar en ese aspecto esencial de la Argentina, además de fortalecer el federalismo de las provincias”.
Senado, sesion, propiedad privada
POLITICA
Kueider seguirá en Paraguay: apelará la condena por contrabando y enfrentará un juicio por lavado de activos

El exsenador Edgardo Kueider apelará la sentencia que lo condenó por contrabando en grado de tentativa en Paraguay y dilata así su vuelta a Argentina, donde enfrenta dos causas judiciales más.
Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por intentar ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar, ocultos en una mochila. Su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y 10 meses en las mismas condiciones.
La defensa del entrerriano confirmó que interpondrá el recurso de apelación contra esa sentencia. Mientras tanto, ambos permanecen bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.
Con esta decisión, la estadía de Kueider y Guinsel en Paraguay se extenderá más allá del tiempo establecido en la condena. El exfuncionario enfrenta una segunda causa en el país vecino donde, con Guinsel, fueron procesados por lavado de activos.
En ese expediente se investiga la compra de seis departamentos y cocheras en el complejo Las Mercedes de Asunción a través de supuestos testaferros paraguayos. Las penas previstas para este delito oscilan entre cinco y 10 años de prisión efectiva. Las propiedades ya fueron embargadas como medida cautelar.
La situación de Kueider en Argentina
En Argentina, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider hace casi un año, en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La Fiscalía paraguaya dio su conformidad, pero condicionó la extradición a que el exsenador resuelva primero todas sus causas pendientes en ese país. Mientras tanto, la Cámara Federal de San Martín confirmó el rechazo a la eximición de prisión pedida por la defensa, por lo que, de pisar suelo argentino, Kueider quedaría detenido de inmediato.
Existe además un conflicto de competencia en la Corte Suprema entre la causa federal y otra radicada en Concordia, Entre Ríos.
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En este escenario, Kueider se encuentra así atrapado en un doble frente judicial. En Paraguay debe agotar la apelación del contrabando y enfrentar el juicio oral por lavado; en Argentina lo esperan procesos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las fianzas impuestas —300 mil dólares en la causa de contrabando y un terreno valuado en unos 83 mil dólares en el expediente de extradición— refuerzan las medidas cautelares que lo mantienen bajo control en Asunción.
Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia
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