El Gobierno avanza con una reforma de la Ley de Semillas y prepara una resolución para reforzar los controles antes de enviar un proyecto al Congreso.

En el Ejecutivo advierten que el tema forma parte de la agenda que Javier Milei mencionó en la apertura de sesiones ordinarias y que ya hay conversaciones abiertas con entidades del campo y del sector semillero.

El tema ya forma parte de una mesa de trabajo entre el Gobierno, la producción y las entidades vinculadas a semillas. La próxima reunión está prevista para el 9 de junio y en Nación la presentan como una instancia para acercar posiciones antes de abrir la discusión legislativa.

La hoja de ruta oficial, por ahora, es avanzar primero con una resolución de fiscalización y dejar para después el proyecto de reforma de la ley.

La decisión apunta a ordenar un frente que combina productividad agropecuaria, propiedad intelectual, uso propio de semillas y controles estatales. El Gobierno considera que la Argentina necesita actualizar el marco normativo para incentivar inversiones en biotecnología y nuevas variedades, pero sabe que el tema abre una negociación delicada con productores, semilleros y entidades rurales.

La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247 fue sancionada en 1973 y mantiene un equilibrio que el campo defiende con fuerza: reconoce derechos de los obtentores, pero también permite el uso propio, es decir, que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente. Ese punto es el corazón de la disputa.

El debate se aceleró por el acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye avanzar hacia estándares más fuertes de protección de la propiedad intelectual.

En ese marco aparece la discusión sobre UPOV-91, el convenio internacional que amplía los derechos de los obtentores vegetales. La Argentina está adherida al acta UPOV-78, considerada más flexible para el productor por el margen que deja para el uso propio.

Los semilleros y empresas de innovación sostienen que el régimen actual desalienta la inversión en nuevas variedades y limita el ingreso de tecnología al país. En ese sector argumentan que la falta de protección efectiva reduce la posibilidad de mejorar rindes, capturar valor en origen y competir con países que ya tienen reglas más estrictas sobre propiedad intelectual vegetal.

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Las entidades agropecuarias plantean otra mirada. La Mesa de Enlace acepta discutir una actualización de la ley, pero busca preservar el uso propio y evitar un esquema que derive en pagos múltiples o en una transferencia excesiva de renta hacia los obtentores.

En su propuesta, las entidades plantearon mantener el uso propio gratuito hasta determinado umbral de superficie y establecer reglas claras para los casos en los que haya uso propio oneroso.

Uno de los puntos que se discute es el límite de 500 hectáreas que propuso el sector productivo para mantener el uso propio gratuito. Por encima de ese piso, se abriría la posibilidad de un esquema de pago sólo sobre la superficie excedente.

También se analizan la cantidad de años de multiplicación, el alcance de las regalías, el rol del Estado en la fiscalización y los mecanismos para evitar abusos contractuales entre privados.

La resolución que prepara el Gobierno apunta a reforzar la fiscalización antes de modificar la ley. En términos prácticos, el Ejecutivo busca mejorar los controles sobre el origen legal de la semilla, la trazabilidad, las declaraciones de uso propio y el cumplimiento de las obligaciones vigentes.

El foco está puesto en reducir la informalidad del mercado y limitar la llamada “bolsa blanca”, como se conoce a la semilla comercializada o reutilizada por fuera de los circuitos declarados.

En Nación creen que ese paso puede funcionar como una señal hacia ambos lados. A la industria semillera, le mostraría que el Estado está dispuesto a controlar mejor el uso de tecnología protegida.

A los productores, les permitiría separar la discusión de fiscalización de la reforma legislativa más profunda, que todavía requiere consenso y puede abrir resistencias en el Congreso.

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El Instituto Nacional de Semillas será una pieza central en ese esquema. El organismo tiene competencia sobre la aplicación de la Ley de Semillas, la inscripción de cultivares, la fiscalización de la producción y comercialización y la protección de las creaciones fitogenéticas.

En el campo reclaman que cualquier cambio legal venga acompañado por un INASE con capacidad real de control, reglas claras y mecanismos que no terminen trasladando toda la carga al productor.

La próxima reunión del 9 de junio será clave para medir el nivel de avance. En el Gobierno buscan mantener sentados en la misma mesa a la producción y a la industria semillera, aunque reconocen que las posiciones todavía están lejos en algunos puntos. Las entidades rurales piden que el texto que llegue al Congreso sea consensuado y no una imposición cerrada desde el Ejecutivo.

Gobierno, semillas

El oficialismo en el Senado encara una nueva semana de negociaciones para acercar posiciones en torno al proyecto de reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. En la mesa política de la Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el tema aparece entre las prioridades cada vez que se repasa el estado de las iniciativas que avanzan en las cámaras legislativas.

Las consultas a la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en la Cámara alta, suelen tener la misma respuesta: “Los votos no están”, admite la experimentada legisladora. El problema central es que el presidente Javier Milei no termina de aceptar una modificación a la ley de primarias que las transforme de obligatorias en optativas. Su postura sigue siendo eliminarlas.

A esa posición se suman Karina Milei y los primos Menem: Martín, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule”, subsecretario de la Presidencia. “Tenemos que bajar el gasto de la política”, se le escuchó decir a un importante integrante de la conducción de la Cámara baja.

“Si las hacemos optativas, el gasto es igual porque hay que desplegar el operativo de las primarias en todo el territorio. Si no las podemos eliminar, hay que suspenderlas una vez más”, plantean cerca del oficialismo, en referencia a lo ocurrido en las elecciones de 2025.

De todos modos, en la Casa Rosada dejan abierta una puerta para negociar con los bloques aliados, la llamada oposición dialoguista, algún cambio en el sistema de primarias. Para la UCR, el PRO y el PJ, las elecciones primarias —obligatorias u optativas— siguen siendo una herramienta clave para ordenar sus internas de cara a la elección general de octubre de 2027.

La resistencia de los aliados

Radicales y dirigentes del PRO ya discutieron el tema con Patricia Bullrich. Como ya no hay reuniones periódicas de la oposición dialoguista con el Gobierno en Balcarce 50, como ocurrió durante el debate de la Ley Bases en 2024, el canal de diálogo quedó concentrado en la senadora porteña.

La bancada de la UCR, que lidera el correntino Eduardo Vischi, presentó un proyecto para que las PASO pasen a ser optativas, entre otros cambios al régimen electoral. El texto mantiene las primarias, pero las transforma en PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas.

La iniciativa permite ajustar la cantidad de mesas de votación según la estimación de participación, prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad e incorpora plataformas oficiales como Mi Argentina para validar la identidad de los electores y certificar avales, bajo supervisión de la Justicia Electoral Nacional, con el objetivo de garantizar el anonimato y la transparencia.

Además, plantea la posibilidad de que un candidato a presidente que se imponga en las primarias pueda elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos que hayan competido en su misma agrupación.

La propuesta radical es acompañada por el PRO, aunque en el partido de Mauricio Macri no termina de convencer la idea de incluir el capítulo de Ficha Limpia dentro de la reforma electoral. Esa iniciativa, considerada una bandera por el macrismo, prohíbe que las personas condenadas en segunda instancia sean candidatas y modifica la Ley de Partidos Políticos.

El PRO prefiere que Ficha Limpia se discuta en un proyecto aparte. Esa postura ya fue transmitida por el PRO y los radicales a Bullrich durante una reunión en las oficinas de Vischi, en el segundo piso del Palacio del Congreso. Allí les propusieron que ambos debates avancen en simultáneo, pero por separado, y que las dos iniciativas lleguen el mismo día al recinto.

La decisión final quedará en manos de la mesa política del Gobierno.

El antecedente de Ficha Limpia

El año pasado, Ficha Limpia quedó a un paso de ser sancionada, pero terminó cayendo en el Senado por un cambio de posición de último momento de los dos senadores de Misiones, pertenecientes al Frente Renovador de la Concordia, la fuerza que lidera el exmandatario Carlos Rovira.

Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en contra y frustraron la sanción de la norma, que ya había sido aprobada por Diputados. Ahora, el Gobierno busca reconstruir apoyos para evitar que vuelva a repetirse ese escenario.

El rol de Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli, también interviene en la negociación. Desde hace semanas mantiene reuniones con gobernadores para sumar respaldo a los proyectos del Gobierno, entre ellos la reforma electoral. En los últimos días conversó con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz.

El Gobierno ya consiguió el apoyo de Encuentro Federal Misionero, liderado por Carlos Rovira, quien ordenó a sus legisladores acompañar la eliminación de las PASO.

De esta manera, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, junto a los diputados Daniel Vancsik, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Oscar Herrera Ahuad, votarían a favor de la reforma.

También los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, comprometieron el apoyo de sus diputados al proyecto de reforma electoral.

Qué propone la reforma del Gobierno

La reforma electoral del oficialismo incorpora modificaciones a la Ley de Boleta Única de Papel. Entre otros puntos, permite sumar un casillero para votar todas las categorías de un mismo partido, una herramienta que sería clave en caso de elecciones simultáneas y de que las provincias adhieran al sistema que ya se aplica a nivel nacional.

La Casa Rosada busca que las elecciones nacionales, provinciales y municipales puedan realizarse el mismo día, y que la candidatura principal arrastre el voto del resto de las categorías.

Para seducir a los gobernadores, uno de los artículos establece que los gastos que ocasione el acto electoral en provincias y municipios quedarán a cargo del Gobierno nacional.

Además, el paquete incluye un proyecto de Ficha Limpia, elimina los aportes del Estado a los partidos políticos, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes privados, entre otros puntos.

“El proyecto se va a modificar. Nosotros vamos a insistir en la idea de eliminar las PASO, pero se modificará para que pueda haber consensos”, dijo Patricia Bullrich tras la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el libertario Agustín Coto.

Por ahora, todavía no se convocó a una segunda reunión, pero el tema se mueve en conversaciones informales para acercar posiciones. Tanto el oficialismo como la oposición saben que cualquier cambio en materia electoral necesita mayoría absoluta en ambas cámaras: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Elecciones, PASO, La Libertad Avanza, Senado

La Libertad Avanza giró al Senado un número importante de proyectos que buscará que avancen antes del inicio de la Copa del Mundo de fútbol. Sin embargo, las diferencias con sus socios de la oposición dialoguista comenzaron a empantanar la agenda legislativa.

Eso ocurre con la reforma electoral y también con algunos pliegos para designar jueces, donde aparecen divergencias entre las intenciones de la Casa Rosada y las posiciones de las bancadas del radicalismo y del PRO.

La senadora Patricia Bullrich canaliza los cuestionamientos a la agenda libertaria, que luego se analizan en la mesa política, liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La reforma electoral tuvo una sola reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por el libertario Agustín Coto, de Tierra del Fuego. Pero la controversia por la eliminación o la permanencia de las elecciones primarias frenó el debate y hasta ahora Coto no volvió a convocar a una nueva discusión del proyecto.

En paralelo, Coto y la también oficialista Nadia Márquez, presidenta de la Comisión de Legislación General, convocaron a dictaminar el proyecto de Ley Hojarasca, que deroga alrededor de 70 normas, en su mayoría en desuso. La iniciativa ya cuenta con sanción de Diputados y fue redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Otra diferencia por el pliego de una jueza

Los 70 pliegos de jueces y fiscales enviados para cubrir cargos en la Justicia federal no avanzan todos al mismo ritmo. Algunos todavía no tienen dictamen aprobado, mientras que otros ya cuentan con las nueve firmas reglamentarias. Uno de ellos es el de María Verónica Michelli, propuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata.

Sin embargo, el presidente Javier Milei solicitó el retiro del pliego. Según trascendidos, los motivos estarían vinculados con que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los que investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, en el que aparecen mencionados el propio jefe de Estado y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El PRO y los radicales anticiparon que defenderán el pliego de la jueza, lo que marca una nueva diferencia con el oficialismo.

Este lunes, la senadora Patricia Bullrich confirmó que habló con Javier Milei por este tema. “Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, sostuvo.

Bullrich también buscó encuadrar la diferencia dentro de su respaldo general al Gobierno. “Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, afirmó.

Y agregó: “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”.

Además, se espera el ingreso de una nueva tanda de candidatos a ocupar cargos en la Justicia, que deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.

Los últimos giros al Senado

La semana pasada ingresaron al Senado los proyectos de ley de Ludopatía y de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal. También llegó desde Diputados la ley de Zonas Frías, aunque su tratamiento ya encontró diferencias en la Cámara alta. Este lunes fue el turno de la nueva ley de Sociedades.

Ninguna de esas iniciativas, que ya fueron giradas a comisiones, tuvo todavía convocatoria parlamentaria para comenzar su análisis.

El proyecto de Ludopatía advierte sobre “un exponencial incremento del acceso a plataformas de apuestas, especialmente entre menores”. Además, señala que “el uso problemático de tecnologías digitales y las conductas compulsivas asociadas a los juegos de azar constituyen fenómenos complejos y multidimensionales”.

La nueva ley de Sociedades, en cambio, fue rápidamente defendida por el oficialismo. “Se busca pasar a un régimen societario más simple, flexible, previsible, moderno y compatible con la libertad de organización de los particulares, sin abandonar la tutela de los terceros, de la sociedad, de los socios y de los acreedores”, dijo Sturzenegger.

El ministro agregó que la finalidad de la iniciativa es “reemplazar estructuras formales, costosas o burocráticas por reglas de responsabilidad, transparencia suficiente, solvencia, buena fe, tutela patrimonial, eficiencia registral y mecanismos eficaces de solución de conflictos”.

La construcción de mayorías

El Gobierno nacional encontró en el Senado una mayoría que le permitió buscar consensos y aprobar proyectos durante las sesiones extraordinarias de diciembre y febrero. Entre otras iniciativas, logró sancionar la reforma laboral.

Esa construcción se apoyó en el PRO, la UCR y fuerzas provinciales. Con esos aliados, sumados a los 21 senadores propios que conduce Patricia Bullrich, el oficialismo alcanzó o superó los 37 votos necesarios para aprobar proyectos y también para reunir el quórum que permite abrir una sesión en el Senado.

Según la iniciativa, el Gobierno también suma al bloque peronista Convicción Federal, que lidera Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado.

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El bloque Justicialista de José Mayans, en cambio, ya adelantó que no acompañará a los libertarios en la formación del quórum ni respaldará sus proyectos. Desde el kirchnerismo aseguran que las iniciativas del oficialismo están en las antípodas de su mirada política.

En ese contexto, cualquier controversia entre los socios del oficialismo genera un letargo en la actividad del Congreso. La sesión para el próximo jueves ya está diagramada, pero Bullrich quiere que el ritmo legislativo continúe incluso con el inicio de la Copa del Mundo.

Patricia Bullrich, Senado, agenda