El gobierno lanza una línea de financiamiento para el turismo educativo: permitirá pagar viajes en cuotas e incluso otorgará préstamos de hasta 5 millones

02/06/2026 – 21:44hs

El acceso a los tradicionales viajes de fin de curso comenzó a recibir un fuerte impulso institucional con el objetivo de aliviar el bolsillo de los hogares argentinos. La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación, en un trabajo conjunto con el Banco Nación, presentó de manera oficial una nueva e inédita línea de financiamiento destinada en exclusiva a la promoción del turismo estudiantil para los niveles primario y secundario en todo el territorio del país. La iniciativa busca remover las trabas económicas que afrontan las familias y fomentar que una mayor cantidad de jóvenes puedan concretar la experiencia social y educativa de su viaje de egresados.

Al momento del anuncio, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, destacó que las variables actuales son las adecuadas para dar un salto cualitativo en el segmento del turismo educativo, una actividad que moviliza de forma anual a alrededor de 400 mil estudiantes en la Argentina. Asimismo, el funcionario nacional remarcó que la implementación de estas facilidades crediticias tendrá un inmediato efecto multiplicador en las economías regionales de los destinos receptivos, debido a que las movilizaciones de contingentes juveniles funcionan históricamente como una verdadera polea de transmisión para la actividad comercial, el empleo y el consumo general.

De forma complementaria a estas herramientas enfocadas en los estudiantes residentes en el territorio nacional, Scioli anticipó que la estrategia oficial contempla una segunda etapa internacional. El propósito del área turística del Gobierno es desplegar campañas específicas para captar y recibir contingentes juveniles provenientes de países limítrofes, promoviendo de esta manera a las distintas provincias y atractivos locales como la alternativa líder para el segmento del turismo estudiantil en toda la región.

La Secretaría de Turismo lanza un plan de financiamiento para viajes de egresados en todo el país

Financiamiento para viajes de egresados: cuotas sin interés y préstamos por BNA+

El programa de fomento estatal dispone de dos metodologías de pago bien diferenciadas para que cada grupo familiar elija la alternativa que mejor se adapte a sus ingresos mensuales:

• Tarjetas de crédito: Quienes abonen los contratos turísticos utilizando los plásticos emitidos por el Banco Nación podrán financiar el monto total del viaje en opciones de 3, 6, 12 o hasta 18 cuotas estrictamente sin interés.
• Préstamos personales: Se habilitó la posibilidad de solicitar una línea de crédito en efectivo con un tope máximo de hasta 5 millones de pesos. Esta opción se estructurará bajo esquemas de devolución de 9, 12, 15 y 18 cuotas fijas, respaldadas por una Tasa Nominal Anual (TNA) del 40%.

Para facilitar la gestión y evitar las demoras burocráticas presenciales, las autoridades bancarias confirmaron que la línea de préstamos personales estará disponible tanto para clientes habituales de la entidad como para no clientes. El trámite se podrá realizar de manera íntegramente digital a través de las funciones de la aplicación móvil BNA+, contando con un sistema de validación y aprobación inmediata para que las familias puedan congelar los valores de los viajes de egresados de forma rápida.

El gobierno de Javier Milei anunció que, a partir del miércoles 3 de junio, se abrirá un registro para que talleres mecánicos particulares puedan inscribirse para realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de vehículos, tras el levantamiento de una cautelar judicial que frenaba la medida.

Desde esta semana, los establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos podrán anotarse en un registro nacional digital y público. El Ejecutivo apunta a descentralizar el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ampliar la oferta de servicios y permitir a los usuarios elegir dónde realizar la revisión técnica de sus vehículos.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV”, comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X.

Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a Infobae que se levantó la cautelar judicial que, hasta el momento, había frenado la implementación del nuevo esquema. Se espera que en las próximas horas la medida sea publicada en el Boletín Oficial.

Los cambios, incluidos en el Decreto 196/2025 que introdujo modificaciones en la Ley de Tránsito, apunta a modernizar el sistema de RTO y crea el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. “A partir de ahora, cualquier taller, que cumpla con los requisitos técnicos exigidos podrá inscribirse para realizar revisiones técnicas vehiculares”, detallaron desde la administración libertaria.

El Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos operará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con carácter público, gratuito y digital. Las inspecciones podrán llevarse a cabo en cualquier taller inscripto en el registro nacional y que cumpla los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Las personas usuarias tendrán la posibilidad de elegir el taller de su preferencia, siempre que esté habilitado y registrado. Los establecimientos autorizados estarán facultados para revisar vehículos particulares, comerciales, de transporte de pasajeros y de carga, así como unidades antiguas o especiales.

La normativa mantiene todos los criterios técnicos y de seguridad vial vigentes. Los talleres deberán respetar los procedimientos de inspección, contar con un Director Técnico responsable y acreditar la capacidad técnica, el equipamiento necesario y las condiciones exigidas. La inscripción en el registro se realizará mediante declaración jurada.

En cuanto a los plazos, los vehículos particulares 0 km deberán pasar la primera inspección a los cinco años de su patentamiento. Para aquellos de hasta diez años de antigüedad, la revisión será obligatoria cada veinticuatro meses, mientras que los que superen esa antigüedad deberán realizarla de forma anual. La primera revisión deberá realizarse dentro de los doce meses posteriores al patentamiento y luego renovarse cada doce meses.

“Los usuarios contarán con más opciones para realizar la revisión técnica, podrán elegir libremente dónde efectuarla y dispondrán de un sistema más ágil, accesible, transparente y previsible”, aseguraron desde Casa Rosada.

El 10 de marzo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, había informado la resolución del conflicto que impedía aplicar los cambios previstos por la nueva Ley Nacional de Tránsito en relación a la RTO, conocida hasta ahora como VTV.

Entre las novedades se encuentran la autorización para habilitar nuevos centros donde realizar la revisión, la desregulación de aranceles para promover la competencia y la inclusión de automóviles particulares al sistema nacional de control, que hasta ahora se aplicaba principalmente al transporte de cargas.

Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta el desafío de que cada provincia acepte poner en marcha el nuevo esquema de VTV. Si las jurisdicciones no adhieren, sus ciudadanos no podrán acceder a servicios mejorados ni a la opción de realizar la verificación técnica en talleres cercanos o en concesionarias oficiales. La provincia Buenos Aires fue el primer provincia en anunciar que no acompañará el nuevo sistema.

Por otro lado, aún resta definir un protocolo específico de revisión para vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, que requieren controles adaptados a su tecnología.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que enviará en los próximos días un proyecto al Congreso de la Nación para modificar la ley de Inocencia Fiscal de forma tal que incentive la canalización de ahorros en dólares hacia la inversión productiva.

“Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda durante su intervención en el 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La lógica detrás del proyecto es clara para el ministro: si los contribuyentes tienen mayor seguridad jurídica, más ahorros en dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero se canalizarán hacia la inversión productiva. Y esa inversión, en su visión, activa un círculo virtuoso. “Lo importante es que ese ahorro que hoy está debajo de los colchones se canalice en inversión, y esa inversión va a generar mayor crecimiento”, afirmó Caputo en el IAEF. “A mayor crecimiento, habrá mayor formalidad. Entonces, manteniendo el gasto constante, eso nos dará un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos”, completó.

El ministro también puso en perspectiva la trayectoria fiscal del Gobierno: “Ya hemos bajado tres puntos de impuestos, más o menos veinte mil millones de dólares por año”, señaló, subrayando que la meta no es solo bajar el déficit sino habilitar una reducción sostenida de la presión tributaria.

El proyecto que llegará al Congreso apuntaría a modificar el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en al menos tres puntos. El primero tiene que ver con la posibilidad de rectificar declaraciones juradas en más supuestos que los hoy previstos. En la normativa vigente, si la diferencia en el saldo a favor del fisco supera el 15%, el contribuyente pierde la presunción de exactitud en sus declaraciones y queda expuesto a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise ejercicios anteriores. Con la modificación proyectada, la ARCA podría detectar una discrepancia y darle al contribuyente la posibilidad de corregir la declaración. Si regulariza y paga la diferencia, mantiene la presunción de exactitud y el efecto liberatorio sobre los períodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

El segundo cambio apuntaría a eliminar los límites de acceso al RSG. Actualmente, el régimen excluye a quienes superan $1.000 millones anuales de ingresos o $10.000 millones de patrimonio. El proyecto busca suprimir esos topes para ampliar el universo de contribuyentes que pueden adherirse y, con ello, formalizar ahorros en moneda extranjera que hoy permanecen fuera del sistema.

El tercer punto contemplaría elevar el monto mínimo para litigar, que hoy se ubica en 25.000 pesos. La actualización busca adecuar ese umbral a los valores actuales y reducir la litigiosidad por montos bajos, permitiendo que tanto la ARCA como la Justicia concentren sus esfuerzos en casos de mayor impacto económico.

La Ley de Inocencia Fiscal fue enviada al Congreso junto con la ley de modernización laboral, y Caputo destacó ese vínculo en su exposición ante el IAEF. “No es una casualidad que hayan ido juntos al Congreso la ley de modernización laboral y la ley de inocencia fiscal”, afirmó el ministro, para quien ambas iniciativas forman parte de una misma estrategia de reactivación.

Sin embargo, los profesionales del sector detectaron debilidades en la redacción original que, en la práctica, podían desincentivar las adhesiones. Fue esa presión la que derivó en la reunión entre Caputo y un grupo de contadores, y en el compromiso posterior de enviar un proyecto con correcciones. El propio ministro reconoció el resultado del encuentro en la red social X: “Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo Régimen.”

El cambio de postura implicó reconocer que la ley original no ofrecía, por sí sola, las garantías suficientes para que los contribuyentes se animaran a exteriorizar sus tenencias en dólares. La extensión del plazo para presentar la declaración jurada hasta fines de julio le dio al Gobierno un margen adicional para avanzar con las modificaciones legislativas antes de que venza la ventana de adhesión al RSG.

Hasta el momento, según los últimos datos difundidos por la ARCA, más de 80.000 contribuyentes se adhirieron al RSG. Sin embargo, esa cifra no implica necesariamente que hayan sacado los dólares del colchón: según los contadores, una parte significativa de los adherentes lo hizo con el objetivo de obtener el “tapón fiscal” frente al fisco nacional, es decir, protegerse de eventuales revisiones de períodos anteriores, sin por eso ingresar divisas al sistema.

Es precisamente esa brecha —entre quienes adhirieron al régimen y quienes efectivamente formalizaron sus ahorros en dólares— la que el Gobierno busca cerrar con las modificaciones anunciadas. La apuesta es que una mayor seguridad jurídica, con menos riesgo de perder los beneficios por errores formales en las declaraciones, se traduzca en un mayor flujo de divisas hacia la economía formal.

Caputo identificó el éxito de Inocencia Fiscal como uno de los pilares del crecimiento económico en el segundo semestre, junto con la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y la implementación de la reforma laboral. En este último caso, sin embargo, el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a postergar la iniciativa si fuera necesario para garantizar un superávit fiscal de alrededor del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.