POLITICA
Tras el femicidio de Agostina Vega, revisarán antecedentes penales de los empleados municipales de Córdoba

Tras el femicidio de Agostina Vega, el intendente de Córdoba Daniel Passerini anunció la extensión de los controles de antecedentes penales y narcotest a la totalidad del personal municipal. La medida se instrumentará mediante un proyecto de ordenanza que ingresará al Concejo Deliberante en su próxima sesión. Hasta ahora, ese tipo de verificaciones se aplicaba únicamente a los funcionarios de la administración.
El caso que motivó la decisión sacudió a la ciudad capital: Claudio Barrelier, señalado como el presunto femicida de la adolescente de 14 años, trabajaba en un área de tránsito de la Municipalidad de Córdoba. Su incorporación al organismo había sido gestionada por el entonces concejal peronista Ricardo Moreno, quien además lo había defendido en 2025 en una causa por privación ilegítima de la libertad. Esa trama de vínculos entre un empleado municipal acusado de femicidio y un legislador de la misma fuerza que gobierna la ciudad desató una crisis política.
La ausencia de filtros previos al ingreso de Barrelier a la planta municipal quedó expuesta. El anuncio de Passerini busca cerrar esa brecha: con la nueva normativa, ningún trabajador municipal podría incorporarse ni permanecer en funciones sin pasar por los mismos controles que ya rigen para quienes ocupan cargos de conducción.

El crimen de Agostina Vega conmocionó al país y precipitó consecuencias políticas directas en Córdoba. Moreno no solo había facilitado el empleo de Barrelier en la Municipalidad, sino que, según se informó, personas de su entorno familiar y profesional continuaban vinculadas a la defensa del acusado. Ante esa situación, Passerini le exigió la renuncia al concejal. Moreno la rechazó.
Frente a la negativa, el Partido Justicialista (PJ) cordobés debió recurrir a una maniobra alternativa para desplazarlo de su banca. Raúl La Cava, quien había solicitado licencia al cuerpo legislativo para asumir como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, presentó una carta dirigida al viceintendente Javier Pretto en la que anunció su retorno al Concejo. Con ese movimiento, Moreno perdió automáticamente su lugar en la legislatura, ya que había accedido a él precisamente por la ausencia de La Cava —y de otras dos personas que también habían pedido licencia tras ser convocadas por el intendente como funcionarios.
La carta de La Cava anunció que retomará sus funciones legislativas este jueves 4 de junio, fecha en la que también presentó su renuncia al cargo ejecutivo. El regreso del exfuncionario al recinto coincidió con la sesión en la que la oposición tenía previsto ingresar un pedido de expulsión de Moreno mediante una cuestión de privilegio con moción de preferencia. Esa presentación requería el respaldo de dos tercios del cuerpo para ser tratada de manera inmediata; de no alcanzarse ese umbral, el expediente habría sido derivado a la Comisión de Legislación General.

El dirigente radical Rodrigo de Loredo había sido uno de los impulsores de esa iniciativa y cuestionó duramente al abogado: “El abogado defensor de este asesino es Ricardo Moreno, concejal peronista de la ciudad de Córdoba. No lo quiero minimizar porque le queda chico el cargo de concejal, es uno de los principales dirigentes del peronismo de Córdoba, coordinador de las 62 organizaciones del peronismo y defensor de narcos y barras”.
De Loredo también puso en duda los medios por los que Barrelier había recuperado la libertad tras la denuncia por violencia de género y privación ilegítima de la libertad que pesaba sobre él en 2025: “¿Lo saca por su defensa técnica o lo saca por tráfico de influencias?”, planteó, en alusión al rol que habría jugado Moreno en aquella causa.
En un pronunciamiento conjunto, los partidos opositores habían calificado la situación de Moreno como una “incompatibilidad ética flagrante” y un “intolerable conflicto de intereses”, al señalar que el letrado ejercía simultáneamente como concejal y como defensor de una persona que él mismo había incorporado a la estructura municipal.
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Cuadernos de las Coimas: un testigo que auditó la obra pública en Santa Cruz dejó una frase confusa y se desdijo en pleno juicio

Un auditor de Vialidad Nacional que supervisó en 2016 la obra pública la provincia de Santa Cruz ofreció este jueves una confusa frase y luego se desdijo al declarar como testigo en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, en el que se juzga la existencia de un presunto esquema de sobornos entre empresarios y funcionarios del kirchnerismo.
Se trata de Martín González Oría, un ingeniero que desde 2008 se desempeña en la unidad de auditoría del organismo y que en 2016 integró el equipo que, a pedido de Javier Iguacel, revisó el estado de alrededor de 40 obras en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
“Sí, lamentablemente se constató eso, la existencia física de la obra”, respondió cuando le consultaron si habían ido a comprobar sobre el terreno si las obras efectivamente existían.
El sentido de la frase no quedó claro y la frase misma pasó desapercibida hasta casi el final de la audiencia, cuando la retomó el representante de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariano Galpern. “Usted contestó ‘lamentablemente’”, le marcó.
“¿Lamentablemente dije yo? No recuerdo haber dicho eso, sería ilógico lamentar algo así como una obra que esté ejecutada«, respondió. “No recuerdo haber usado ese término”, aseguró.
La declaración del técnico González Oría fue solicitada por la defensa de su exjefe y titular de Vialidad durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, quien fue condenado en la causa Vialidad y es acusado en Cuadernos por asociación ilícita, como la expresidenta Cristina Kirchner.
En su declaración, González Oría se mostró renuente a reconocer que las empresas de Báez fueron beneficiadas con la mayor parte de la obra pública y evitó ser preciso en este punto. “Había diversas empresas”, dijo primero. Cuando el fiscal Nicolás Codromaz le preguntó si recordaba alguna en particular, nombró varias y, al ser consultado puntualmente por Austral, evitó precisiones.
“Son informes bastante antiguos. Está escrito en el informe”, dijo. “Era un porcentaje alto”, reconoció tras las preguntas de la fiscalía.
De esta manera evitó mencionar que las empresas de Baez fueron adjudicatarias de casi el 80% de la obra pública de la provincia, según el informe que él mismo ayudó a confeccionar.
El juicio ya ingresó en la etapa de los testimonios solicitados por las defensas, con alrededor de 200 declaraciones todavía pendientes, aunque esa cifra podría reducirse si las partes continúan desistiendo.
Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a
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Investigan vínculos de Luis D’Elía con la Guardia Revolucionaria: Stornelli pidió su indagatoria – Nexofin

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que Luis D’Elía sea citado a indagatoria en una investigación que busca determinar si el dirigente tuvo contactos con la Guardia Revolucionaria iraní y si actuó como intermediario para difundir comunicaciones de esa organización en la Argentina y el Mercosur.
El planteo judicial apunta a esclarecer la naturaleza de esos vínculos, a partir de una publicación que D’Elía realizó en la red social X el 17 de noviembre. Allí afirmó que había recibido un encargo de la fuerza iraní para transmitir un mensaje a nivel regional.
Para avanzar en la investigación, Stornelli propuso verificar la autenticidad de las publicaciones, identificar quién administra la cuenta y analizar distintas vías de contacto del dirigente. Entre las medidas solicitadas figuran el relevamiento de sus redes sociales, registros telefónicos y migratorios, además de la búsqueda de antecedentes judiciales relacionados con Irán.
El fiscal pretende determinar si los hechos podrían tener relevancia penal y si eventualmente encuadrarían en figuras como amenazas, intimidación pública, terrorismo o traición a la patria.
Las advertencias que difundió el dirigente
El mensaje que dio origen a la presentación judicial hacía referencia a una posible reanudación de la guerra en Medio Oriente y advertía sobre ataques contra distintos países europeos.
“En 15 o 20 días, recomenzada la guerra, también van a ser atacados brutalmente Chipre, Grecia, Rumania, Bulgaria e Italia”, escribió D’Elía.
En la misma publicación, el dirigente habló de una eventual “fase definitiva” del conflicto y mencionó una posible escalada militar contra Estados Unidos e Israel.
La fiscalía considera relevante que el mensaje haya sido presentado como una comunicación recibida por encargo de integrantes de la Guardia Revolucionaria, y no simplemente como una opinión o una interpretación del escenario internacional. Por eso, busca determinar si existió una relación concreta con esa organización, qué tipo de contactos habría mantenido y si desempeñó algún papel dentro de su estructura.
El pronunciamiento del Foro Argentino contra el Antisemitismo
El Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) expresó su rechazo a las declaraciones de D’Elía y reclamó que la Justicia intervenga para esclarecer la situación.
La organización cuestionó que el dirigente se presentara como transmisor de mensajes de la Guardia Revolucionaria iraní, fuerza que figura en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT), en el que la Argentina la identifica como organización terrorista.
En su pronunciamiento, el Foro también hizo referencia a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel y vinculó esos hechos con las investigaciones judiciales que atribuyeron responsabilidades a funcionarios iraníes y miembros de la Guardia Revolucionaria.
El FACA reclamó una intervención urgente del Poder Judicial y manifestó su preocupación por la eventual actuación en el país de alguien que pudiera representar a esa organización.
El dirigente también está procesado junto con Cristina Kirchner y otros exfuncionarios en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán.
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La Corte declaró inconstitucional la decisión de Milei de permitir que las prepagas fijen libremente el valor de sus cuotas

La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70, de Javier Milei, que permitían a las empresas de medicina prepaga fijar libremente los valores de sus cuotas.
Por unanimidad, el máximo tribunal confirmó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y declaró la inconstitucionalidad de los artículos del DNU que habían barrido con el control estatal respecto de los valores de los planes prestacionales de servicios de salud.
La Corte resolvió el caso de una mujer que afirmó que la cuota de su plan de salud había aumentado un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 cuando, de haberse aplicado una resolución anterior del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento de la cuota para el mes de enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La causa llegó a la Corte por los recursos interpuestos por la empresa de medicina prepaga y por el Estado Nacional. El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó parcialmente la sentencia. Mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, pero revocó lo dispuesto por la cámara en cuanto ordenó a la empresa de medicina prepaga demandada limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje que arrojase el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El efecto de la sentencia de la Corte de hoy es que la Superintendencia de Salud deberá reasumir sus competencias en cuanto a la revisión de los valores de las cuotas y sus modificaciones y al deber de fiscalizar y garantizar la razonabilidad de los aumentos, que tienen que estar fundados “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.
En su fallo, la Corte recordó los límites que tienen las facultades legislativas que ejerce el Poder Ejecutivo, que son excepcionales. Dijo que en este caso, de los considerandos del decreto no surge una mínima justificación de las razones o circunstancias de excepción que motivaron las modificaciones al sistema. Sostuvieron que no es suficiente la mera afirmación de que existe una “crisis del sistema de salud” que exige “aumentar la competitividad del sistema”, para lo cual “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.
Esas consideraciones genéricas, según la Corte, no demuestran mínimamente la existencia de una situación que sea de una urgencia tal que deba tratarse inmediatamente en un plazo incompatible con el trámite normal de una ley. A juicio del máximo tribunal, tampoco se acreditó que existiera una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.
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