Diputados argentinos del peronismo y la izquierda denunciaron que fueron expulsados de Bolivia tras integrar una misión que viajó al país para documentar denuncias de represión en el marco de protestas que se prolongan desde hace más de un mes.

La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.

El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.

El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.

Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.

Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.

Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.

De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.

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Eduardo Kueider,Conforme a

En Casa Rosada desestiman que la avanzada de la oposición en el Congreso para remover a Manuel Adorni prospere. Sin embargo, reconocen que el escenario podría cambiar en cualquier momento y la reciente presión pública de los bloques aliados forzó a iniciar conversaciones para blindar al jefe de Gabinete.

Pese al respaldo total de Javier Milei y su hermana Karina, las explicaciones de Adorni sobre su crecimiento patrimonial abrieron nuevos frentes en la arena legislativa. Tanto en el Senado como en Diputados, la oposición busca interpelar al funcionario en el recinto. Se trata de un proceso previsto en la Constitución que podría derivar en una moción de censura, es decir, una destitución.

“No va a prosperar”, se limitaron a contestar cerca del ministro coordinador, amparados en la mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara baja y de 37 en la alta que requeriría la oposición para tener éxito.

Esa mirada es compartida por otros integrantes del Gabinete, que aseguraron a TN que la amenaza de interpelación no fue evaluada como un “riesgo serio” en la última reunión de la mesa política celebrada el jueves pasado en Balcarce 50.

“No creo que los aliados cooperen con el kirchnerismo en atacar al Gobierno”, sostienen desde el Gabinete. Sin embargo, habituados a la dinámica política, admiten que no existen garantías y que todo podría cambiar hasta 12 horas antes de la sesión convocada por Unión por la Patria para el 23 de junio en Diputados.

Para que no haya sobresaltos, los principales negociadores del Gobierno, Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich, iniciaron contactos con sus socios parlamentarios, que vienen de alzar la voz contra el jefe de Gabinete.

La presión pública de los aliados contra Manuel Adorni

Luego de que el ministro coordinador reconociera haber omitido en sus declaraciones juradas alrededor de US$500 mil -justificados en ahorros en “negro”, una herencia de su padre y fuertes inversione en bitcoin-, los principales aliados del Gobierno salieron a condenar públicamente al funcionario.

“Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, afirmaron desde el PRO a través de un duro comunicado que hizo pública una posición que muchos dirigentes venían deslizando en privado.

Los legisladores de la UCR replicaron la postura y afirmaron que “las declaraciones del jefe de Gabinete revisten una gravedad ética incompatible con el deber de ejemplaridad que exige el ejercicio de una de las más altas funciones del Estado”.

Sin embargo, en ambos espacios evitaron definir hasta el momento si habilitarán o no la interpelación contra Adorni. “La sesión sería la otra semana. Esperamos que el Gobierno defina algo antes de decidir una postura”, afirmaron desde la bancada del PRO que conduce Cristian Ritondo, donde aseguraron que todavía no mantuvieron contactos con el oficialismo sobre el tema.

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En el mientras tanto, los negociadores de la Casa Rosada aseguraron que tanto en Diputados como en el Senado la oposición necesitará reunir dos tercios para discutir la interpelación en el recinto.

Otra posibilidad es que busquen alcanzar una mayoría simple para emplazar a las comisiones y obligarlas a tratar los proyectos, una forma de acelerar un debate que el oficialismo quiere congelar a toda costa.

“Deberían ponerse todos de acuerdo. En el Senado depende de la UCR que tienen 10 votos”, explican en la bancada de La Libertad Avanza de la cámara alta. Mientrs tanto, en Diputados, un legislador violeta analiza un escenario “más complicado”. En ese contexto, las conversaciones preliminares recién están comenzando.

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