La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la pretensión de Máximo y Florencia Kirchner de suspender el remate de sus bienes para ejecutar la condena de la causa Vialidad, donde su madre Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión.

El remate de los bienes de la expresidenta, hasta cubrir la suma de 645 millones de dólares, depende ahora de una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que desde hace cuatro meses tiene en sus manos el asunto.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles sendos recursos de casación interpuestos por Máximo y Florencia Kirchner, y por Sebastián Sánchez, director titular de las empresas Hotesur y Los Sauces.

Los recursos cuestionaban la resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado los planteos contra la ejecución de esos bienes, dispuesta el 26 de agosto último.

Máximo y Florencia Kirchner pretendían que se suspendiera el trámite del incidente de ejecución patrimonial y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte resolviera la queja vinculada con el decomiso.

Por su parte, Hotesur y Los Sauces S.A. cuestionaban que se hubiera diferido su intervención en el incidente respecto de los bienes de su titularidad.

La Sala IV consideró que los recursos eran formalmente inadmisibles porque la resolución cuestionada no era recurrible. No constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, ni impedía la continuación del trámite, dijeron los jueces. Tampoco los que reclamaban demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior.

La Cámara de Casación destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas definitivamente, sino que su tratamiento fue diferido y podía ser retomado en la oportunidad procesal correspondiente. De esa manera, declaró inadmisibles los recursos y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, por un monto actualizado de aproximadamente 685.000 millones de pesos.

111 inmuebles

Lo que está en juego por ahora es la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$ 5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.

Las defensas de Cristina Kirchner y de Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial -si se toma en cuenta los que generó también el fallecido Néstor Kirchner-, pues ninguno de los se encuentra entre los condenados por Vialidad.

No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara Federal de Casación —en un voto dividido— rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados luego por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.

El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.

Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.

Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma. Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.

El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal 2, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.

Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.

Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.

En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 dólares y otros 53.280,24 pesos.

Más de un mes después de la renuncia de Ezequiel Sabor a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, nombró a Francisco Quintana como su reemplazante. Con esta designación, crece la influencia del empresario del juego y operador judicial Daniel Angelici en la gestión de Pro.

“Francisco Quintana es el nuevo secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Su experiencia, conocimiento de la gestión y compromiso van a ser un gran aporte para los vecinos de la Ciudad”, anunció Jorge Macri en la red social X.

Apenas minutos más tarde, el funcionario respondió: “Es un gran orgullo y una responsabilidad aceptar este nuevo desafío. Me honra seguir aportando a esta gestión. Gracias, Jorge Macri, por la confianza”.

Hasta ahora, Quintana era secretario de Justicia del ministerio que conduce Gabino Tapia. Había sido nombrado en el cargo en marzo de 2025.

El flamante secretario de Gobierno cuenta con una larga trayectoria en el macrismo porteño. Pasó por distintas áreas del gobierno de la Ciudad durante el primer mandato de Mauricio Macri como jefe de gobierno; fue legislador entre 2011 y 2019, y consejero de la Magistratura de 2019 a 2023. También se desempeñó como secretario general de Pro nacional.

También hizo su camino en Boca Juniors. Fue titular de la Comisión de Institucionales del club entre 2014 y 2016, y presidente de la Asamblea de Representantes de Socios entre 2016 y 2019, en ambos casos bajo la presidencia de Angelici. Además, en 2019 fue candidato a vocal titular y jefe de campaña de Christian Gribaudo, el actual secretario administrativo de la Legislatura porteña que por entonces buscó suceder a Angelici.

En este sentido, su desembarco en la Secretaría de Gobierno significaría una mayor ascendencia del empresario en la administración de Pro. “El Tano ganó un lugar más”, resumió una fuente al tanto de las conversaciones.

No es un detalle menor. Angelici funge como puente entre Jorge Macri y el expresidente Mauricio Macri, una tarea que se volvió particularmente delicada desde que el vínculo entre los primos se tensó.

Quintana hoy también es presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, vicepresidente de la agrupación macrista Dale Boca y secretario de la Fundación Pensar.

La salida de Sabor

Quintana reemplazará a Sabor, quien dejó la gestión porteña el 31 de agosto pasado. En medio de versiones cruzadas, en su entorno argumentan que renunció por “desgaste personal y laboral por la gestión” y sostienen que la dedicación al armado de Pro de cara a 2027 “le va a sacar tiempo”. “Se agotó”, sintetizan.

Ahora se dedicará al armado del partido y al Banco Ciudad, donde tiene un puesto como director.

El exfuncionario había llegado a la Secretaría de Gobierno en julio de 2025, tras la derrota electoral de Pro en los comicios locales, en los que quedó tercero después de La Libertad Avanza y el peronismo.

Los que conocen el rol en la Secretaría de Gobierno aseguran que es “un cargo clave para la campaña”, el anclaje territorial de la gestión y el “vínculo con los vecinos”.