POLITICA
¿Hacia un nuevo Marbury vs. Madison argentino?

Si el Presidente no dicta el decreto para designarla jueza del Tribunal Federal Nº3 de La Plata, luego de que el Senado prestara su acuerdo para que desempeñe esa función, ¿la doctora María Verónica Michelli tiene alguna acción judicial para demandar que se la ponga en funciones? En otras palabras, ¿su designación, después de un complejo proceso de varias etapas y distintos poderes, queda sujeta en última instancia a la voluntad del Presidente?
El caso evoca uno de los fallos más famosos de la historia norteamericana, “Marbury v. Madison”, dictado en 1803. Su fama se debe a que generalmente se considera que con esa decisión comienza el control judicial de constitucionalidad. Aunque en los últimos años se ha puesto en duda esa creencia (entre nosotros, Manuel García-Mansilla ha dedicado excelentes trabajos a postular que se trata de un mito, porque la idea del control a través de los jueces ya estaba asentada antes de ese fallo), sigue siendo una referencia ineludible en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en nuestra propia Corte y en los manuales y casebooks de derecho constitucional.
Los hechos que motivaron el caso fueron de alto voltaje político. El presidente John Adams concluía su mandato. El presidente electo, Thomas Jefferson, era de otro partido. Adams aprovechó su mayoría en el Congreso para promover, entre otras acciones defensivas, una ley que creaba cargos de jueces de paz en la capital, el distrito de Columbia. Ya sancionada la ley, designó para esas funciones a personas de su partido. Tan veloz fue el procedimiento que se los llamó “jueces de la medianoche”. Los nuevos jueces contaron con el acuerdo del Senado y posteriormente Adams firmó sus designaciones, pero en el apuro algunos no llegaron a ser puestos en funciones antes del cambio de gobierno. Cuando solicitaron al nuevo secretario de Estado, James Madison, que lo hiciera, este, de acuerdo a las instrucciones del presidente Jefferson, ni siquiera contestó la nota que le dirigieron, lo que motivó una demanda por parte de uno de ellos, William Marbury, ante la Corte Suprema, para que esta ordenara a Madison que lo colocara en el cargo.
La Corte, en un fallo unánime redactado por su presidente, el legendario John Marshall, determinó que Marbury tenía razón, pero que el caso no era de la competencia originaria del tribunal, es decir, que debía sustanciarse en un juzgado de primera instancia. La trascendencia del fallo reposa en el hecho de que, para sostener que no tenía competencia, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una ley que supuestamente ampliaba la competencia originaria fijada por la Constitución.
En cuanto a los hechos, hay una diferencia que puede ser relevante: en el caso de Marbury, el Presidente, luego del acuerdo del Senado, había firmado su designación; esa firma no existirá en el caso de Michelli si Milei persiste en su actitud. La cuestión constitucional que eventualmente deberán abordar nuestros jueces es si el decreto de designación (o su omisión) es un acto puramente político y discrecional del presidente, no revisable judicialmente, o no.
Quienes entienden que el proceso de designación de los jueces se perfecciona recién con el decreto del presidente luego del acuerdo del Senado consideran que hasta esa instancia ningún candidato a juez tiene un derecho adquirido. Otros estiman que, sobre todo luego de la reforma constitucional de 1994, tal designación es un acto complejo en el que intervienen tres órganos (Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado), que esa reforma procuró acotar la discrecionalidad del presidente (por eso solo puede enviar al Senado el pliego de uno de los tres candidatos seleccionados por el Consejo) y que la otra interpretación ubica al Presidente en un plano de superioridad respecto de los otros órganos, ya que todo queda sujeto a su voluntad. Tanto es así que podría ir contra sus propios actos y, sin explicación alguna, no designar a un juez cuyo pliego él mismo remitió al Senado.
No tenemos precedentes de nuestra Corte Suprema sobre esta situación, por lo que estamos en terra incognita. Pero, más allá de sus ribetes constitucionales, creo que todos podemos coincidir en que resulta escandaloso que una persona que tiene una larga trayectoria en el ámbito judicial, el respeto y el reconocimiento profesional de quienes la conocen, que ha transitado exitosamente por las instancias de evaluación que la Constitución contempla para quienes desean acceder a un cargo en la Justicia, incluida la que debió realizar el propio Poder Ejecutivo, sea desplazada por el hecho de que su cuñado es un periodista de investigación del diario . No es solo una afrenta a la independencia judicial, sino una temeraria advertencia al ejercicio del periodismo independiente.
El autor es profesor de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de San Andrés (Udesa)
María Verónica Michelli,Osvaldo Pérez Sammartino,Conforme a
POLITICA
El Gobierno ofreció Tecnópolis para hacer el velatorio del Indio Solari

Luego de descartar el Congreso y la Casa Rosada, el Gobierno puso a disposicion Tecnópolis para velar al Indio Solari.
Según pudo confirmar TN, el Ejecutivo se comunicó con la familia del músico para ofrecer el predio para llevar a cabo el velatorio del artista. Hasta el momento no hubo respuesta.
“El predio está disponible”, remarcó a TN el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. “Se pudo cuando Tini hizo 6 shows seguidos”, respondió ante la consulta de los periodistas.
“Si la familia quiere otro lugar, corre por su cuenta. Tecnópolis es el lugar que el Gobierno tiene para ofrecer”, aclaró. “Se puede ver debuscar alguna otra alternativa, pero no nos podemos comunicar con el abogado de la familia”, remarcó.
Leé también: El Gobierno rechazó hacer el velatorio del Indio Solari en el Congreso: “No reúne las condiciones”
“Son 50 hectáreas, es muy grande”, indicó el funcionario. Si bien reconoció que son públicos diferentes a lo que fueron los recitales de Tini Stoessel, consideró queestán dadas las garantías para llevar el velorio adelante de manera segura.
En tanto, Cifelli comentó que se había enterado de algunos clubes que pusieron a disposición sus estadios, pero que eso ya no tiene que ver con el Gobierno.
“Más allá de los gustos de cada uno, deja un legado inmenso a la cultura y el rock nacional. Tiene una obra extraordinaria”, finalizó. “No me esperaba este desenlace, es una gran pérdida”, agregó.
Horas antes y luego del pedido de Unión por la Patria para que el velorio del Indio Solari se lleve a cabo en el Congreso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que no se hará allí. “Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, informó.
“Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, agregó Menem.
Además, el titular de la Cámara baja manifestó: “Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”.
Indio Solari, Tecnópolis, Gobierno
POLITICA
Protestas policiales generan tensión en Santa Cruz: el Gobierno nacional activó ayuda

EL CALAFATE.- La policía de Santa Cruz inició hace 48 horas una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. El gobernador Claudio Vidal respondió que la provincia no cuenta con recursos para hacer frente al reclamo.
En las últimas horas, el Gobierno nacional dispuso tareas de patrullaje con las fuerzas de seguridad presentes en la provincia.
A través de un mensaje en video grabado en sus redes sociales, Vidal aseguró, en respuesta a la medida de fuerza, que comprende el reclamo salarial, pero que la provincia no cuenta “con los recursos porque los mismos que durante 30 años tomaban deuda hoy nos niegan esa herramienta”. Se refería a los legisladores provinciales del kirchnerismo que resisten el permiso para tomar deuda.
Vidal envió a la Legislatura una autorización para obtener crédito público internacional por US$ 600 millones; sin embargo, aún no cuenta con los votos necesarios en la Legislatura. Por esta razón, apuntó al kirchnerismo, que no la acompaña con la medida de endeudamiento.
Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional confirmaron a que la ministra Alejandra Monteoliva mantiene contacto con el gobernador y su par provincial, Pedro Prodromos, en tanto informaron que se dispuso la conformación de un Comando Unificado y las fuerzas de seguridad se están encargando de las tareas de patrullaje con el despliegue que existe en la provincia.
A través de un mensaje público, el mandatario provincial reconoció las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias santacruceñas y consideró legítimos los reclamos vinculados a la situación salarial.
“Entiendo el reclamo, entiendo que es un reclamo justo. Entiendo que es una situación que se viene dando a nivel nacional en distintas provincias, entiendo perfectamente la situación económica que atraviesa el país y la provincia”, afirmó en un video difundido en sus redes y aseguró: “Entiendo porque veo la realidad, fui trabajador, soy trabajador y lo voy a seguir siendo. Estoy de su lado, estoy del lado de ustedes y los quiero ayudar”.
Vidal admitió que la policía convocó a una medida de fuerza, a poco que se convocara al Consejo del Salario, un ámbito institucional destinado al diálogo y la búsqueda de consensos en la fuerza, creado en 2012 durante un fuerte acuartelamiento de la policía que puso en jaque al gobierno de Daniel Peralta.
En su mensaje aclaró que se mantiene abierto al diálogo y dejó bien en claro: “Este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”.
Fuentes de los policías autoconvocados aseguraron que en las comisarías del interior están con quite de colaboración y a la espera de que los convoquen al diálogo. En tanto que en algunas localidades como en El Calafate instalaron carpas en la puerta de las dependencias policiales, con banderas y mensajes del reclamo.
Este viernes una marcha de policías sin uniforme y con pecheras celestes con la nominación “Policías Unidos” recorrió las calles céntricas de Río Gallegos portando una inmensa bandera argentina, realizando el mismo recorrido de las marchas que realizan los gremios estatales, solo que esta vez teniéndoles a ellos como protagonistas.
Desde sus redes sociales, el diputado nacional libertario Jairo Guzmán, principal referente del presidente Javier Milei en Santa Cruz, expresó su apoyo a los policías.
Crédito público para reactivar obras
En lo que va del año, el gobierno provincial no otorgó aumentos a los empleados públicos; recién ayer iniciaron las primeras paritarias por sector. En el mensaje, Vidal recordó que tanto en 2024 como en 2025 se dieron aumentos por sobre la inflación.
“Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, sostuvo Vidal y apuntó al kirchnerismo al asegurar que las herramientas de financiamiento que le niega la oposición ya fueron utilizadas por el kirchnerismo: “Son los mismos que, siendo oficialistas, tomaban deuda”, y recordó que en 2016 el gobierno de Alicia Kirchner accedió a un empréstito.
Vidal enumeró que el kirchnerismo “operó confundiendo a muchos gremialistas, sabiendo que esto perjudicaba a una posible discusión salarial”. La misma suerte corre por ahora el proyecto de ley de financiamiento que necesita dos tercios de los votos para ser aprobado.
Vidal detalló que, de acceder al crédito, podrá liberar partidas del presupuesto y destinarlas a la discusión salarial y explicó que los fondos se utilizarán para reactivar la obra pública y generar movimiento económico.
Por su parte, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, puso de ejemplo al gobierno de San Juan, que logró la aprobación de una ley que autoriza al gobernador Marcelo Orrego a tomar financiamiento por hasta US$ 600 millones para desarrollar infraestructura productiva.
View this post on Instagram,Mariela Arias,Santa Cruz,Claudio Vidal,Conforme a,Santa Cruz,,Sospechan gripe aviar. Aparecieron pingüinos muertos en la Patagonia: alerta de organizaciones ambientalistas,,Conflicto entre especies. Expertos del INTA estudiaron barreras para que los guanacos no tomen el agua de las ovejas,,Primera granja marina. La siembra en el mar en Puerto San Julián que anticipa una nueva era productiva
POLITICA
Malestar de Kicillof porque la Legislatura bajó el proyecto de libre disponibilidad de fondos a los intendentes

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires deberán limitar el uso de un fondo proveniente del endeudamiento a conseguir por el gobernador Axel Kicillof y destinar el 30% de esos recursos a obras, programas del Ministerio de Transporte o del Instituto Cultural. Es que finalmente, el plan para que tengan la potestad de usar el 100% de dichos fondos de la manera que consideren más apropiada naugrafó.
Este jueves, y luego de varias idas y vueltas, la Cámara de Diputados prácticamente dio por cerrado el tema cuando volvió a posponer por segundo día consecutivo la reunión de comisión de Presupuesto en la que se iba a abordar el pedido de los jefes comunales.
En el Ejecutivo leen que con estos movimientos se encubre una estrategia de un sector del peronismo en acuerdo con la oposición para intervenir sobre los fondos en cuestión, dado que los proyectos que se imponían le daban a una comisión bicameral la facultad de autorizar los pagos; mientras que desde la UCR y el PRO le achacan al gobierno de Kicillof que nuevamente “no cumple los acuerdos en los que se embarca” y, a la par, se preparan para acorralar al titular de IOMA, Homero Giles con una sesión especial que será el próximo lunes, ante las reiteradas críticas por el funcionamiento de la obra social del Estado provincial.
Finalmente, la comisión de Presupuesto que se iba a reunir este jueves volvió a suspender su encuentro, tal como sucedió el miércoles. Allí había un solo tema a tratar en el orden del día: un proyecto de ley del diputado del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, que modificaba la ley de endeudamiento aprobada a fin de año en ambas cámaras y le daba a la comisión bicameral, creada en el marco del seguimiento de la deuda, la potestad de intervenir sobre el pago de los fondos a los distritos, además de -lo más crucial para los intendentes- la libre disponibilidad de los mismos. Es decir, que los intendentes puedan usarla para lo que necesiten. Es que la actual normativa establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal -el creado en el marco de la autorización de deuda- se distribuya de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante sea a través de programas provinciales de los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos y Transporte y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Modificar este punto es lo que, desde hace algunos meses, los intendentes vienen pidiendo cambiar.
Entonces se fueron presentando proyectos de ley en esa dirección. Además del de Garciarena, el otro bloque del radicalismo también elevó una iniciativa y el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich otra. En tanto que en Fuerza Patria, según pudo saber Infobae, también trabajaban sobre un anteproyecto en caso de ser necesario.

La proliferación de iniciativas fue el argumento que caló para que el miércoles la comisión no se reúna. “Tenemos que acordar un proyecto unificado”, planteó un legislador oficialista. Este jueves, donde tampoco hubo reunión de comisión, el argumento que emanó desde autoridades de la comisión es que 113 distritos ya iniciaron el proceso administrativo para destinar ese 30% de fondos -que no son de libre disponibilidad- a la ejecución de obras, mientras que otros dos lo usarán para programas del Instituto Cultural.
La facultad de la comisión bicameral que se planteó en el proyecto de endeudamiento es el foco de conflicto. En la oposición recuerdan que el Ejecutivo “no contemplaba siquiera la creación de una bicameral para controlar la toma de deuda, ni cómo repartir los fondos que le iban a llegar a los municipios”, aportó un diputado PRO ante la consulta de este medio.
El Ejecutivo mira los movimientos legislativos y vuelve a poner la lupa sobre sus socios del peronismo, además de la esperable reacción de la oposición. “Nosotros no tenemos problemas con que los fondos sean de libre disponibilidad, pero lo van a tener que tratar porque los intendentes están a la espera”, plantean cerca de Kicillof ante la consulta de este medio. Este lunes, lo propio había dicho el ministro de Gobierno Carlos Bianco, asegurando que la distribución de los fondos en disputa debería ser toda por CUD.

Entonces, ante este posicionamiento, en la oposición remarcan que “Kicillof no cumple los acuerdos”, porque “esto que estamos debatiendo ahora se había planteado cuando definimos el endeudamiento”, aseguró un integrante de la comisión de Presupuesto por la oposición.
“Acordamos que sea así. En ese momento, por la interna que tiene adentro del peronismo, se definió que el 30% los fondos se usen a través de los ministerios, uno por cada sector. Entonces, si vamos a rediscutir los términos, pongamos a debatir todos los proyectos que hay”, aseguran en el PRO que tiene su propia propuesta, que es que sea de libre disponibilidad, mediante CUD, definiéndose además por los ingresos de los distritos y autorizados por la comisión bicameral. Un diputado de ese espacio remató: “Esto es por culpa del gobernador. Es para dilatar el pago”. Al 31 de agosto se debería ejecutar la segunda transferencia estipulada de hasta $50 mil millones de pesos.
IOMA, próxima parada
En tanto que el próximo lunes se convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados bonaerense pedida por la oposición. El objetivo es discutir los proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Los bloques de La Libertad Avanza, los dos de la UCR, el PRO, Espacio Abierto-Hechos, Coalición Cívica y Unión y Libertad presentaron el 1 de junio un pedido de una sesión especial. Reúnen la cantidad necesaria de firmas y ahora deberán juntar el quórum de la mitad más uno (47 diputados sentados en sus bancas).

Hay un listado de proyectos alusivos al desempeño de la Obra Social del Estado bonaerense. Desde pedidos de informes por las deudas que acarrea con los municipios, un proyecto para crear una comisión bicameral para monitorear el funcionamiento del IOMA hasta el pedido de interpelación a su presidente, Homero Giles, entre varios otros. Incluso la autarquía del IOMA.
El encuentro, de concretarse, será el lunes a las 13 horas. Sin embargo, existe la posibilidad de que dicha sesión especial se caiga. Según supo este medio, hay conversaciones para que Giles asista a una reunión de carácter informativo y más reducida, es decir, con algunos representantes de los bloques, para así hacer caer una sesión donde la oposición juntaría el número para aprobar todos los proyectos de ley que impulsan.
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