Karina Milei acelera la consolidación de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El lunes recibirá en la Casa Rosada a los legisladores y este mes inaugurará la sede partidaria.

Pese a corresponder al territorio bonaerense, el nuevo edificio estará ubicado en San Telmo, sobre la Avenida Caseros por razones de logística y valor simbólico para los libertarios porque está cerca de Parque Lezama, donde empezó todo.

Además, la secretaria general de la Presidencia prepara un encuentro estratégico en Casa Rosada. Según pudo saber TN, Karina Milei convocó a los diputados y senadores provinciales de LLA a un encuentro el lunes en la Casa Rosada.

La hermana del Presidente concentra las riendas políticas y encabeza una serie de definiciones clave centradas en el principal bastión político del país: la provincia de Buenos Aires.

La novedad más llamativa del armado partidario es la apertura del nuevo centro operativo bonaerense. El edificio de tres pisos, situado sobre la Avenida Caseros al 500 en el barrio porteño de San Telmo, funcionará como la sede central del partido para la provincia.

La elección de la locación respondió a un criterio de practicidad para el traslado de dirigentes y militantes, sumado a la cercanía geográfica con Parque Lezama, un punto con fuerte carga simbólica para LLA por ser el escenario donde nacieron las primeras convocatorias de Javier Milei.

“Todavía no hay fecha confirmada, pero la inauguración sería en agosto, en breve”, dicen en LLA bonaerense, que lidera el diputado nacional Sebastián Pareja, armador de confianza de Karina Milei.

Cumbre en la Casa Rosada

A la par de la inauguración del local en San Telmo, la agenda de la titular de LLA contempla para el próximo lunes 10 de agosto una reunión en la Casa Rosada con los legisladores provinciales bonaerenses. El encuentro mantendrá el mismo formato de la cumbre realizada con los representantes de la Ciudad de Buenos Aires y buscará alinear la estrategia legislativa, bajar línea de disciplina partidaria y coordinar el trabajo territorial.

Esta ofensiva en el distrito bonaerense hace juego con la reciente gira de la hermana del Presidente por el interior del país, que incluyó actividades en Chaco y Corrientes junto a los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, así como también con la convocatoria hacia el congreso libertario previsto para el cierre del año. Con estas acciones, la conducción partidaria busca afianzar un perfil propio y mantener la cohesión interna. Todo para la apuesta mayor: la reelección de Milei.

Diego Santilli es hasta ahora el candidato a gobernador por LLA, aunque todas las definiciones dependerán de si hay PASO o no y si Axel Kicillof adelanta las elecciones en PBA.

Pareja, que en los inicios del gobierno era el candidato a gobernador de Karina Milei, es el hombre fuerte en la provincia. En medio del creciente conflicto diplomático entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, organizó este fin de semana en Buenos Aires una cumbre con dirigentes y legisladores conservadores de más de diez países para conformar una red continental de derecha y contrarrestar al Foro de San Pablo. Asistirán representantes del bolsonarismo brasileño, aliados de José Antonio Kast (Chile), dirigentes de Honduras, Paraguay, Perú y España, entre otros.

El evento, denominado “Vivac: La Experiencia Argentina”, es liderado por Pareja mediante el Foro Alberdiano Internacional y cuenta con el respaldo de Milei.

Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja, Diego Santilli

El juez Ernesto Kreplak y la fiscal María Laura Roteta indagaron a las ex funcionarias máximas responsables de controlar la calidad de los medicamentos y soluciones parenterales que elaboran los laboratorios y salen a la venta. Agustina Nélida Bisio, era la directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Mantecón Fumadó la responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Habían sido detenidas el lunes pasado por pedido de la Fiscalía. Después del acto defensivo, solicitaron su libertad. Sobre Manteon Fumado aún no se decidió su situación procesal. Bisio deberá depositar una “caución real de 75 millones de pesos” y no podrá salir del país.

En la causa ya hay 13 imputados. Todos vinculados a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma que elaboraron y distribuyeron el fentanilo asociado a la muerte de 90 pacientes. Tres de ellos están presos y otros tres beneficiados con prisión domiciliaria.

Las profesionales son de carrera. Hacía más de 20 años que trabajaban en las dependencias: Bisio fue nombrada administradora de la ANMAT por el gobierno de La Libertad Avanza; Mantecón Fumado estaba al frente del INAME desde el mandato de Alberto Fernández.

Las dos imputadas optaron por una estrategia defensiva diferente: Bisio realizó una exposición corta, se negó a responder preguntas y dijo que iba a aportar escrito.

Mantecon Fumado -la ex jefa de la ANMAT era su superior inmediato- se remitió a un escrito ya presentado y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. Se declaró inocente de cualquier irregularidad y traslado culpas o cualquier tipo de responsabilidad sobre demoras en las inspecciones, fallas en los controles o cualquier otra imputación o sugerencia en instancias superiores de esta y de administraciones anteriores.

“Manto de cobertura estatal”

En su dictamen la responsable de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, entendieron que además de los responsables de la fabricación y venta del anestésico contaminado con dos bacterias “la investigación por la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado recae también sobre la actuación de los organismos de control en la tragedia sanitaria”. También sostuvieron que el fentanilo adulterado de HLB Pharma no hubiese llegado a clínicas y hospitales sin “un manto de cobertura estatal”.

Los delitos que se les imputa

Para fundar su pedido de detención los fiscales sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos García, registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo HLB.

La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado, que culminó con la muerte de 90 pacientes fallecidos y 41 con secuelas.

El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas ex funcionarias, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.

En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

En una publicación que la fiscalía realizó en la página Fiscales.gob.ar se explica que las imputaciones enrostradas a las ex responsables de los máximos organismos de control sobre los laboratorios, “son el resultado del trabajo mancomunado de la fiscalía y la PIA” y que “apenas transcurrida la primera semana de esta compleja investigación, la fiscal Roteta comenzó a trabajar en conjunto con la PIA a fin de abordar una de las múltiples aristas que presentaba, ya en sus albores, la teoría del caso trazada por la fiscalía”.

El dictamen en el que se le solicitó al juez Kreplak la detención de Bisio y Mantecon Fumadó “es el resultado de ese trabajo, que incluyó el relevamiento de un extenso volumen de documentación administrativa y de información contenida en teléfonos celulares y computadoras de distintos funcionarios públicos y del personal de los laboratorios secuestrados a pedido del Ministerio Público Fiscal”, escribieron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con el planteo de los fiscales, se encuentra probado que, con anterioridad, durante su elaboración y en el transcurso de la aplicación del fentanilo contaminado las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones. Sin embargo, las ex titulares de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los productos y de adoptar las medidas administrativas necesarias para proteger la salud de la población nada hicieron para mitigar ni neutralizar los riesgos sanitarios.

En particular, la investigación puso el foco en el historial de desvíos de calidad de los laboratorios investigados (Ramallo y HLB Pharma) y las deficiencias constatadas por el INAME durante una inspección realizada en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre de 2024. Allí se detectaron irregularidades estructurales tanto en las condiciones de elaboración como en los sistemas de control y aseguramiento de calidad implementados por el establecimiento.

Los fiscales entendieron que: “Pese a ese cuadro el organismo regulador con poder de policía sanitaria, aun cuando conocía las graves deficiencias existentes y los riesgos que implicaban para la salud de la población, no activó con la urgencia necesaria mecanismos preventivos eficaces para impedir o interrumpir la circulación de los productos”.

El dictamen señala, entre otros aspectos, la demora en la suscripción de la carta de advertencia que prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo y la falta de adopción de medidas preventivas respecto de la comercialización de los productos que ya habían sido fabricados y estaban siendo distribuidos por HLB Pharma Group.

Las medidas preventivas que no se tomaron

Los fiscales señalaron que, frente al riesgo sanitario detectado, los organismos de control contaban con distintas medidas preventivas, como la inmovilización o el retiro de los lotes, la prohibición de su comercialización, la emisión de una alerta sanitaria o la inhibición del laboratorio. Según sostuvieron, la adopción oportuna de alguna de esas medidas habría impedido la comercialización, distribución y aplicación del fentanilo contaminado.

También consideraron que la decisión de limitar la intervención administrativa a la prohibición de fabricar medicamentos en Laboratorios Ramallo S.A., sin adoptar medidas respecto de los productos ya elaborados y comercializados por HLB Pharma Group S.A., resultó insuficiente frente al riesgo sanitario conocido.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, la falta de medidas preventivas eficaces permitió que esos productos continuaran en circulación y se cobraran la vida de 90 personas y lesionara gravemente a 41.

Tal como ya informó este medio, la fiscalía y el juzgado investigan una reunión que el 14 de enero de 2025 mantuvieron en la sede de la ANMAT, las ahora dos ex funcionarias con los directivos de HLB Pharma y Ramallo, es decir los laboratorios que debían controlar y mientras se debían resolver las consecuencias de una auditoría realizada en la planta productora de la localidad de Ramallo, propiedad de Ariel García, en la que se detectaron graves fallas a las Prácticas de Buena Elaboración de Productos.

La evidencia digital es el núcleo del dictamen fiscal. Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante.

Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic), sugirió.

la Justicia rechazó su pedido para que se levantara la perimetral impuesta sobre la joven,Facundo Moyano,Conforme a