La Libertad Avanza comenzó a poner el foco en las elecciones presidenciales de 2027 después de una semana marcada por dificultades en el Congreso, cruces internos y negociaciones que no terminaron como esperaba el oficialismo. En ese escenario, la reelección de Javier Milei aparece como el principal objetivo político del Gobierno.

“La prioridad es que el Presidente reelija”, aseguró un funcionario del oficialismo, en una definición que refleja el rumbo que comenzó a tomar la estrategia libertaria de cara al próximo ciclo electoral.

El Gobierno todavía espera definiciones sobre el calendario electoral, pero ya analiza cómo competir en cada provincia y qué tipo de acuerdos deberá establecer con los gobernadores aliados. La intención es que los libertarios puedan presentar candidatos propios en los distritos gobernados por el peronismo, mientras negocia listas conjuntas o esquemas de competencia con mandatarios provinciales cercanos.

La estrategia para las elecciones de 2027

En el oficialismo consideran que la estrategia electoral deberá definirse provincia por provincia. La relación con los gobernadores será uno de los principales puntos de negociación durante los próximos meses.

Milei confirmó que tiene compañero de fórmula para presentarse a su reelección

La fragmentación del peronismo también forma parte de los cálculos de la Casa Rosada. En el Gobierno observan con atención la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y consideran que una oposición dividida puede favorecer las chances electorales de Milei.

En ese escenario, algunos dirigentes libertarios creen que Kicillof podría terminar siendo el principal candidato opositor. La lectura que hacen en el oficialismo es que una competencia entre Milei y el gobernador bonaerense permitiría polarizar la elección alrededor de dos modelos políticos claramente enfrentados.

La discusión por las PASO

Otro de los puntos que preocupa al oficialismo es el futuro de las PASO.

En La Libertad Avanza mantienen como objetivo eliminar o suspender las primarias, aunque reconocen que actualmente no parece sencillo conseguir los votos necesarios para avanzar con esa modificación.

La preocupación del Gobierno pasa por la posibilidad de que las PASO funcionen como una herramienta para que los distintos sectores de la oposición puedan ordenar sus candidaturas y llegar a las elecciones generales con un candidato competitivo.

Por eso, la reforma electoral aparece como una de las discusiones centrales de los próximos meses y podría tener un impacto directo sobre la estrategia de reelección de Milei.

Buenos Aires, uno de los principales desafíos

La provincia de Buenos Aires será otro de los grandes objetivos del oficialismo. En la Casa Rosada analizan la posibilidad de competir con Diego Santilli y confían en que una eventual división del peronismo podría mejorar sus posibilidades.

El escenario bonaerense estará condicionado por la interna entre Kicillof y el kirchnerismo. En el Gobierno consideran que una oposición dividida podría abrir una oportunidad para La Libertad Avanza.

Además de Buenos Aires, en el oficialismo observan con expectativa los escenarios de Mendoza, Salta y Tierra del Fuego, donde creen que existen posibilidades de consolidar el crecimiento libertario.

Javier Milei llegó a Colombia, se reunió con Abelardo de la Espriella y busca fortalecer su alianza regional

Los problemas que encendieron las alarmas

La definición de la estrategia electoral llega después de una serie de dificultades para el Gobierno en el Congreso.

Uno de los últimos episodios fue el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sufrió varias modificaciones y terminó llegando al Senado con una versión mucho más reducida que la propuesta originalmente por el Ejecutivo.

El proyecto había incorporado inicialmente distintos capítulos vinculados con la propiedad privada, la Ley de Tierras y el manejo del fuego, pero la falta de respaldo obligó al oficialismo a modificar sucesivamente el texto.

Dentro de La Libertad Avanza reconocieron, en diálogo con Infobae, que hubo errores políticos y de comunicación durante el proceso. La demora en conseguir acuerdos y las dificultades para ordenar la discusión generaron malestar en sectores del oficialismo.

Aun así, cerca del Gobierno buscan relativizar el impacto de los últimos tropiezos y sostienen que el Ejecutivo consiguió aprobar otras iniciativas importantes desde el comienzo de la gestión.

Milei busca fortalecer su liderazgo regional

Mientras el oficialismo intenta ordenar la estrategia interna, Milei profundizó durante las últimas semanas su agenda internacional.

El Presidente participó de distintas actividades en la región y mantuvo encuentros con mandatarios y dirigentes de derecha, con el objetivo de reforzar su liderazgo regional.

Después de asistir a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, Milei viajó a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y posteriormente estuvo en Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

El Gobierno también trabaja en la posibilidad de organizar una cumbre de mandatarios y dirigentes de derecha en Buenos Aires antes de fin de año.

La estrategia internacional funciona así como uno de los ejes sobre los que Milei busca sostener su protagonismo mientras la Casa Rosada comienza a ordenar el tablero político de cara a 2027.

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El Simposio Internacional de Libertad Religiosa, celebrado en Lima el 4 y 5 de agosto bajo el lema “Construyendo Puentes para Fortalecer y Promover la Libertad de Religión y de Creencias”, reunió a magistrados, legisladores, funcionarios, diplomáticos, académicos y líderes religiosos para debatir la autonomía de las comunidades de fe, la cooperación con el Estado, la no discriminación, la paz, las políticas públicas y el impacto tecnológico sobre la dignidad humana.

Entre otras personalidades estuvieron Gary Doxey, director del ICLRS; Francielli Gusso, Comisión de Derecho y Libertad Religiosa, Brasil; Paulina Gálvez, Centro Derecho y Religión, Chile; Natalia Sosa, defensora del Pueblo, Paraguay; la senadora colombiana Lorena Ríos; Jorge Arenas, Tribunal Supremo del Perú; Omar Gaibur, FIDELA; Pedro Chávez, Tribunal Constitucional de Perú; Hugo de la Fuente, Ministerio de Energía de Bolivia; Iñigo Crespo, magistrado de Ecuador; Franco Fiumara, juez de Argentina; David Frol, presidente del CALIR; Pilar Bosca, directora general de cultos del GCABA; Juan Pablo Villar, presidente del Área Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo; y Mons. Salvador Piñeiro, presidente del Consejo Interreligioso del Perú.

Uno de los núcleos más innovadores fue la sesión plenaria “Fe y Dignidad en la era de la IA”. Allí, el rabino, filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y de la Comisión Nacional de Bioética de Argentina, presentó un instrumento que desplaza el debate desde la mera protección de los datos hacia la protección de la conciencia.

Los sistemas algorítmicos, explicó, ya no sólo procesan información entregada voluntariamente: pueden reconstruir creencias religiosas, convicciones morales y pertenencias comunitarias a partir de lugares frecuentados, consumos, festividades, lecturas, vínculos u horarios de desconexión. El problema no es sólo evitar una discriminación posterior, sino impedir que la interioridad humana sea objeto de inferencia, clasificación, predicción y manipulación.

Frente a los enfoques limitados a principios generales, Szlajen presentó la Evaluación de Impacto Algorítmico sobre Conciencia y Religión, una herramienta institucional para detectar riesgos desde el diseño, la adquisición o la contratación de un sistema, antes de que se produzca el daño.

La propuesta integra derechos humanos, bioética, gobernanza tecnológica y conocimiento interno de las tradiciones religiosas. Examina cómo funciona un sistema, qué finalidad persigue, qué categorías utiliza, qué identidades atribuye y cómo afecta la autonomía personal y comunitaria.

Consultado por Infobae sobre la diferencia con los marcos regulatorios centrados en la privacidad, Szlajen explicó:

“La privacidad protege información, pero la libertad de conciencia protege a la persona como autora de sus propias convicciones. Un sistema puede inferir aquello que alguien nunca declaró, atribuirle una identidad religiosa y utilizarla para decidir qué información recibirá, qué oportunidades se le ofrecerán o qué mensajes se diseñarán para influir sobre él. Una inferencia puede ser estadísticamente correcta y, aun así, resultar moral y jurídicamente ilegítima”.

La metodología se articula sobre cinco principios: el derecho a no ser utilizado como objeto de predicción o control; la indisponibilidad algorítmica de la conciencia; la protección reforzada de la libertad religiosa; la distinción entre autonomía operativa y moral; y la responsabilidad humana indelegable.

Estos principios se traducen en obligaciones verificables: prohibir inferencias religiosas injustificadas; permitir impugnar identidades atribuidas por algoritmos; detectar variables neutrales que encubran pertenencias confesionales; exigir auditorías independientes y reparación; y conservar una autoridad humana capaz de explicar, revisar, detener y corregir los efectos del sistema.

La herramienta permite elaborar mapas de riesgo, revisar sistemas antes de implementarlos, establecer indicadores, capacitar equipos, diseñar auditorías y formular recomendaciones regulatorias. Puede aplicarse a selección de personal, beneficios, admisión universitaria, seguridad, salud, educación, comunicación política, perfilamiento de usuarios y contratación pública.

No se trata de añadir una reflexión ética cuando la tecnología ya fue desarrollada, sino de convertir los derechos fundamentales en criterios operativos para su diseño, regulación, adquisición y supervisión.

Sobre las instituciones que deberían incorporarla, Szlajen respondió:

“El instrumento resulta aplicable a toda organización que diseñe, contrate, regule o utilice inteligencia artificial para adoptar decisiones relevantes: parlamentos, organismos públicos, universidades, empresas, instituciones sanitarias y comunidades religiosas. La ética no puede agregarse al final como una certificación decorativa; debe intervenir desde la propia arquitectura, definición del problema y de la finalidad tecnológica”.

Su exposición introdujo además una distinción decisiva entre información y autoridad: que un sistema produzca una respuesta no lo legitima para decidir, clasificar o determinar qué es valioso para una persona o comunidad.

La inteligencia artificial puede procesar textos religiosos con aparente solvencia, pero carece de conciencia, pertenencia comunitaria y responsabilidad moral. Puede asistir a quien interpreta, no sustituir a la comunidad, la conciencia ni la autoridad legítima.

La distinción excede lo religioso: las decisiones algorítmicas afectan concepciones de la persona, criterios de justicia, libertades y relaciones de poder. Su gobernanza debe integrar tecnología, ética, bioética, derecho, religión, derechos humanos y políticas públicas.

La cuestión central, hoy, concluyó Szlajen, ya no es sólo cómo proteger nuestros datos, sino cómo preservar la libertad interior frente a tecnologías capaces de anticipar decisiones, atribuir identidades e intervenir en nuestras conciencias.

Un pueblo argentino fue vendido junto con sus tierras, casas, escuela, capilla, puesto sanitario y fuentes de agua. Valle Hermoso, en la provincia de La Rioja, formó parte de una operación inmobiliaria que involucró a un inversor estadounidense, quien en 2008 adquirió 200.000 hectáreas que incluían la totalidad de la comunidad y los recursos de la zona. El caso quedó como un antecedente clave para comprender el origen de la Ley de Tierras sancionada en 2011.

La operación de venta incluyó el traspaso formal de la titularidad registral de las tierras, que contenían no solo campos y montañas sino también viviendas y servicios esenciales para los pobladores. La falta de leyes que protegieran a las comunidades permitió que la totalidad de Valle Hermoso quedara en manos de un comprador extranjero, sin que mediara ningún control estatal específico para evitar la privatización de un pueblo completo.

La venta y el impacto legislativo

Hasta ese momento, la legislación argentina no contemplaba restricciones efectivas para la compra masiva de tierras rurales por parte de extranjeros, ni establecía salvaguardas ante la posible venta de comunidades consolidadas o recursos estratégicos como el agua.

La transacción puso en evidencia la facilidad con la que grandes extensiones de territorio podían transferirse a intereses foráneos sin una intervención estatal que protegiera a los habitantes y los bienes comunes.

El caso de Valle Hermoso se transformó en un símbolo que impulsó la sanción de la Ley 26.737 en 2011. La normativa estableció un límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales, fijó topes máximos por cada titular y prohibió la venta de terrenos con cuerpos de agua permanentes. La ley buscó frenar nuevas maniobras que pudieran afectar a otras comunidades rurales y proteger tanto a los habitantes como a los recursos naturales.

La recuperación de la tierra por la comunidad

Tras la venta, la comunidad de Valle Hermoso inició una extensa batalla judicial para recuperar la posesión de sus tierras. Los pobladores reclamaron que nunca habían perdido la ocupación real ni el derecho a habitar, trabajar y vivir en el lugar. La justicia provincial de La Rioja intervino y, luego de varios años de litigio, reconoció la posesión a quienes habitaban el pueblo.

La resolución judicial determinó que, aunque la escritura de la transacción formalizó la venta y cedió la titularidad registral a un extranjero, los derechos de los pobladores estaban amparados por la legislación vigente y el Código Civil.

El proceso terminó con el reconocimiento judicial de la posesión efectiva para los habitantes de Valle Hermoso. El comprador extranjero no avanzó con reclamos formales ni logró tomar posesión del predio, y la comunidad mantuvo su derecho a permanecer en el territorio.

Situación actual y contexto de la reforma legislativa

Hoy, Valle Hermoso permanece como parte de Argentina, bajo control de sus habitantes y de la provincia de La Rioja. El caso se utiliza como antecedente central en el debate sobre la regulación de la propiedad de la tierra rural y la extranjerización de recursos estratégicos. La experiencia motivó la aprobación de la Ley de Tierras y sirve de ejemplo para advertir sobre los riesgos de la falta de controles estatales en la compraventa de grandes extensiones de territorio.

El debate parlamentario sobre la Ley de Tierras reactivó el caso de Valle Hermoso como referencia para discutir los riesgos de la extranjerización de la tierra y la necesidad de mantener regulaciones que resguarden la soberanía territorial y los derechos de las comunidades locales.

Valle Hermoso sigue bajo soberanía argentina y su historia se mantiene como referencia cada vez que el Congreso discute los límites a la propiedad extranjera en el país.

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