Mientras todavía resuenan las réplicas del terremoto político provocado por la aprobación del acuerdo como jueza María Verónica Michelli, vetada por Javier Milei por ser la cuñada de un periodista de investigación, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se reunirá este martes con sus pares de la oposición dialoguista con la idea de barajar y dar de nuevo y elaborar una hoja de ruta para el tratamiento de los proyectos reclamados por el Poder Ejecutivo.

En la mira inmediata de Bullrich está el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, sobre el que todavía persisten cuestionamientos en torno a la habilitación a personas físicas y jurídicas y estados extranjeros a comprar tierras.

Ese debate entre la postura de mayor apertura que propone el Gobierno y la mirada más estricta de varios legisladores es lo que pone en duda los votos para aprobar la iniciativa, razón por la cual el tema terminó postergado su tratamiento en la sesión de la semana pasada.

Ahora, la exministra de Seguridad quiere llegar a un acuerdo que le permita tratar propiedad privada este miércoles. Pero en la oposición no hay mucho espíritu para convocar a una sesión esta semana.

Pero hay otro tema que también preocupa en las oficinas de la jefa de la bancada de La Libertad Avanza. Se trata de la reforma política impulsada por el Gobierno y cuyo tratamiento quedó empantanado hace ya tres semanas y todavía sigue sin mostrar señales de actividad.

Bullrich sabe que el proyecto está en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Los votos para aprobar la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) no están y hay amplios sectores de la oposición dialoguista que tampoco están dispuestos a aceptar la suspensión de esos comicios, como sí lo hicieron el año pasado. “No hay posibilidad de ceder esa herramienta que nos sirve para ordenarnos de cara a una elección presidencial”, responden los díscolos.

En el Gobierno no esconden que el tema de las PASO es casi lo único que les interesa del proyecto, denominado Reforma Electoral Integral y compuesto por 79 artículos, que ingresó al Senado desde el Poder Ejecutivo en la última semana de abril.

Desde que la Casa Rosada se enteró de que no tiene los votos, lo informó Bullrich hace tres semanas en una reunión de la mesa política, se dijo que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, habían sido mandatados para negociar los votos de sus senadores con los gobernadores de la oposición dialoguista.

Hasta el momento, esas gestiones, si las hubo, no han dado resultado alguno. El oficialismo sigue chocando con el muro de la negativa de la cantidad suficiente de senadores para no poder alcanzar los 37 votos afirmativos, mayoría absoluta del cuerpo, que exige la Constitución Nacional para sancionar una reforma electoral en el Congreso.

Para colmo de males, entre los aliados empieza a cundir la impaciencia por la demora en el tratamiento de Ficha Limpia, que el Gobierno incluyó dentro de la reforma electoral como una zanahoria para atraer el apoyo de la UCR y Pro.

Desde que la iniciativa aterrizó en el Senado, el jefe de la bancada de Pro, Martín Goerling (Misiones), se convirtió en el vocero del tratamiento separado de la reforma de los artículos que buscan impedir que accedan a cargos electivos y en el Poder Ejecutivo personas que tengan una condena confirmada en segunda instancia.

El senador misionero tiene muy avanzadas las negociaciones con la radical Edith Terenzi, alineada con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para impulsar un nuevo proyecto de Ficha Limpia.

La idea es que el Senado pueda reivindicarse del fracaso que un texto de similares características tuvo en mayo del año pasado, cuando el sorpresivo rechazo de los senadores del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que responden a Carlos Rovira y son aliados de Milei, terminó con la iniciativa rechazada e impedida de volver a discutirse hasta este año.

Además de definir el futuro de los proyectos de Propiedad Privada y de reforma electoral integral, la reunión de Bullrich con los jefes de bloque de la oposición dialoguista también servirá para definir una hoja de ruta de todos los proyectos que en el último mes y medio envió el Gobierno al Senado.

En medio del escándalo que envuelve a Adorni y su situación patrimonial, la Casa Rosada giró al Senado un texto de regulación del juego en línea y de tratamiento de la ludopatía infantil, más de 40 pliegos judiciales, que suman a los 74 aprobados la semana pasada, y una nueva ley de etiquetado de productos alimenticios.

A esto se suma la denominada Ley Hojarasca -derogación de legislación perimida o considerada inútil por el Gobierno-, y un nuevo régimen de subsidios al consumo de gas para las zonas frías del país, ambas aprobadas por la Cámara de Diputados. Hasta ahora, ninguna iniciativa tiene fecha de tratamiento en comisiones.

La causa que investiga hechos de espionaje ilegal contra jueces de la Corte, otros magistrados y funcionarios se reactivó hoy con las citaciones a prestar declaración indagatoria al espía inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, a un hacker misionero ligado a las maniobras y a un tercer acusado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi reactivó la investigación y la encuadró en una presunta asociación ilícita.

Los citados son Zanchetta, Ezequiel Nuñes Pinheiro y un nuevo sospechoso: el joven que creó el sitio Dark PFA, el sitio desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera. Se podían conocer así las líneas telefónicas contratadas a nombre de los espiados.

Fuentes judiciales precisaron que las indagatorias fueron fijadas para los próximos días: Zanchetta declarará el 17 de junio; Nuñes Pinheiro, el 19, y Tomás Patricio Hválica, el 24 de junio próximo. Las audiencias serán por Zoom.

Martínez De Giorgi instó mediante un oficio al jefe de la División Análisis de Evidencia Digital Forense del Departamento Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina a que “con carácter urgente proceda a la producción del análisis del contenido de los elementos remanentes pendientes de estudio” vinculados con la causa y dictó una serie de pautas para profundizar el estudio de ese material.

En ese marco, el juez anotició a la jueza porteña Araceli Martínez, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 29, el avance de su expediente por asociación ilícita y le pidió detalles de su causa, donde pretende firmar un acuerdo de juicio abreviado con uno de los acusados. Fue ese acuerdo el que precipitó las indagatorias.

Es que Martínez había enviado el viernes pasado un mail al juzgado de Martínez De Giorgi pidiendo “certificar” (conocer) su causa, con vistas a sellar un juicio abreviado entre Nuñes Pinheiro y la fiscalía por la presunta comisión de los delitos de violación de secretos y de la privacidad e irrupción en las comunicaciones.

El acuerdo de conciliación, según confirmó la defensa, estaba fijado para hoy e implicaría la devolución de cualquier prueba que pueda existir secuestrada en el expediente.

Martínez De Giorgi le informó a su par porteña que Pinheiro fue procesado por los delitos de espionaje, interrupción de las comunicaciones, estafa y acceso ilegítimo a datos personales.

Se convirtió su procesamiento en prisión preventiva y se ordenó trabar embargo sobre sus bienes, decisión que fue homologada por Cámara Federal y está firme.

Excarcelado desde abril del 2024, el juez también le informó que las pruebas lo ligaban a una presunta asociación ilícita y estaba citado a indagatoria.

“La causa se encuentra en trámite”, le recordó, pidiendo detalles del expediente que tramita en el fuero local. Le preguntó qué medidas se dispusieron y quiénes son las víctimas en ese caso “previo a la adopción de cualquier decisión de mérito que pueda afectar el curso de uno u otro proceso”.

Fue una señal clara del juez federal ante la posible resolución que dicte la jueza porteña que pueda afectar su causa.

La jueza Martínez fue la que recibió en 2022 la denuncia del entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro por el hackeo de su celular. A inicios de diciembre del 2022, en vísperas de la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad, se ventilaron supuestos diálogos del entonces funcionario y jueces tras la difusión de un viaje que compartieron a Lago Escondido.

La causa por el espionaje contra los jueces, que investiga Martínez De Giorgi, tiene varios focos.

Uno es la denuncia que investiga la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y de otras personas.

La otra es el hackeo a dos camaristas de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. También, al entonces diputado Diego Santilli y al exministro de Seguridad porteño, entre otros.

Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo pasó una serie de encargos. El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, según declaró Nuñes Pinheiro en indagatoria.

También estuvo detenido y está procesado Zanchetta, expolicía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en la base SudamericaData, en donde solo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-.

Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que era un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.

Tras el análisis inicial de los dispositivos de Zanchetta, se imputó y allanó al exfuncionario de AFIP y miembro de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, quien hablaba con el espía y fue acusado de haberle encargado “objetivos” y operaciones.

También mantuvo diálogos con el diputado Rodolfo Tailhade. “Conu” Rodríguez logró evadirse de la policía cuando fue a buscarlo a sus oficinas y recién se presentó cinco días después en los tribunales para entregar sus celulares y dispositivos.

Ahora, Martínez De Giorgi también decidió llamar a indagatoria a Tomás Patricio Hválica, el joven que creó el sitio Dark PFA, el lugar desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web de cualquier persona que se eligiera.

En 2023, Nuñes Pinheiro declaró que los datos que necesitaba para llevar adelante su hackeo los buscaba en la página de Dark PFA.