POLITICA
Con críticas al Gobierno, el camarista Leopoldo Bruglia solicitó a la CIDH una cautelar para evitar ser reemplazado
Con duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, el camarista federal Leopoldo Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La presentación se incorporó a fines de la semana pasada dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.
De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.
En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.
Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.
Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.
Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.
La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.
Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.
concurso del Consejo de la Magistratura,tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia,solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH,Poder Ejecutivo,Justicia Federal,Conforme a,Justicia Federal,,»Es un pliego más». El ministro de Justicia dijo que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli como jueza,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,Revés para el Gobierno. Un juez frenó el cierre de una unidad del INTA y suspendió la venta de inmuebles
POLITICA
Dura advertencia de la Iglesia por el avance narco en barrios populares: “La ausencia del Estado permite que ocupe su lugar”
La Iglesia lanzó una advertencia por el avance del narcotráfico en los barrios populares y vinculó ese fenómeno con el retroceso de la presencia estatal. El obispo de San Justo, Eduardo García, sostuvo que la falta de servicios, oportunidades y respuestas institucionales favorece a las redes criminales. Sus palabras fueron escuchadas por funcionarios bonaerenses, jueces, fiscales y organizaciones sociales.
“La ausencia del Estado permite que el narcotráfico ocupe su lugar al ofrecer una falsa salida que destruye vidas”, alertó García durante la Jornada de Acceso a la Justicia, que se realizó el martes en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), y que llamativamente no contó con la presencia ni del intendente local, Fernando Espinoza, ni de la vicegobernadora y ex mandataria, Verónica Magario. Allí, el prelado describió un circuito que resumió con una fórmula: “Las tres C de la muerte: calle, cárcel y cementerio”. Como contrapartida, reclamó fortalecer “las tres C de la vida: colegio, capilla y club”.
El planteo excedió a un distrito específico y apuntó a una problemática presente en numerosos barrios del conurbano bonaerense: la combinación de exclusión social, economías delictivas y dificultades de acceso a derechos. García relacionó la expansión del narcotráfico con la falta de educación, atención sanitaria, cloacas y oportunidades de desarrollo.
También cuestionó el momento en que las instituciones judiciales toman contacto con esas realidades. Según afirmó, la Justicia ordinaria en los barrios populares “suele llegar tarde, interviniendo únicamente cuando el daño ya está hecho y el delito se ha cometido”. La observación expuso la tensión entre la respuesta penal ante hechos consumados y la prevención de las condiciones que facilitan el ingreso de adolescentes y jóvenes a circuitos criminales.
El encuentro se realizó en el Salón de las Américas de la UNLaM y reunió a representantes de la Iglesia, el Poder Judicial, el gobierno de Axel Kicillof y organizaciones territoriales. Participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena; el juez federal de Morón Jorge Rodríguez; la fiscal general Patricia Ochoa; el diputado provincial Facundo Tignanelli y el rector de la universidad, Daniel Martínez.
Mena coincidió en ubicar a la desigualdad en el centro de la discusión. “Hablar de justicia en la región es hablar fundamentalmente de desigualdad”, afirmó. También se refirió a la relación entre los sectores más postergados y las instituciones: “La mayoría de los ciudadanos vulnerables conocen el sistema judicial a través de su peor cara, que es la Justicia Penal”.
El ministro defendió la necesidad de modificar ese vínculo y ampliar los mecanismos para resolver conflictos antes de que deriven en un expediente penal. Como ejemplo, destacó las visitas de integrantes del Ministerio Público Fiscal al barrio Puerta de Hierro, donde reciben las inquietudes de los vecinos.
Además, valoró la apertura de espacios de los Hogares de Cristo dentro de la Unidad 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esos ámbitos buscan acompañar a personas privadas de la libertad y ofrecer herramientas para reconstruir sus proyectos de vida.
El debate giró en torno a cómo evitar que el sistema penal se convierta en la única presencia estatal reconocible en los sectores marginados. Para los organizadores, acercar la Justicia supone garantizar la intervención de jueces y fiscales, facilitar el acceso a dispositivos de acompañamiento y promover la cooperación entre organismos públicos y organizaciones comunitarias.
La convocatoria fue organizada por áreas académicas de la UNLaM, el Obispado de San Justo, Cáritas, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la Pastoral Judicial y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. También participaron el defensor general Marcelo García, el presidente del Colegio de Abogados local, Martín Rivas, y el juez Franco Fiumara, entre otros referentes judiciales.
Durante la apertura, el rector Martínez sostuvo que el debate sobre los tribunales debe partir de las condiciones materiales de vida de la población. “Cuando hablamos de Justicia, lo primero que tenemos que hablar es de vida, de la gente”, expresó. También aludió a la decisión judicial que ordenó al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y vinculó la educación pública con la garantía de derechos.
Uno de los anuncios políticos de la jornada estuvo a cargo de Tignanelli, vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense. El legislador anticipó que impulsará la incorporación de las denominadas “Reglas del Papa Francisco” como material obligatorio en la Escuela Judicial provincial. La propuesta busca que quienes aspiren a integrar la magistratura conozcan principios orientados a una Justicia cercana a las personas vulnerables y atenta a las desigualdades que condicionan el ejercicio de los derechos.
Tignanelli a su vez destacó el trabajo de la Iglesia a través de los Hogares de Cristo en los barrios más vulnerables de La Matanza: “La Iglesia es el gran articulador de toda esta actividad, es quien convoca a todos los actores que pueden hacer algo para poder dar una respuesta clara a las necesidades que están viviendo hoy los vecinos y vecinas de la Matanza”.
“Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en distintos barrios de La Matanza, ahí dónde es más urgente y el Estado abandonó”, afirmó.
La jornada incluyó mesas de trabajo sobre adicciones en el sistema penal juvenil, violencia de género y derecho a la identidad en contextos de marginalidad. Los debates serán sistematizados en un documento académico con conclusiones y propuestas. Según informó la universidad, el material será remitido al papa León XIV y servirá de insumo para continuar el intercambio entre las instituciones participantes.
Los organizadores proyectan conformar una Mesa Territorial de Acceso a la Justicia de La Matanza. La iniciativa busca establecer un ámbito permanente de coordinación para identificar obstáculos, compartir experiencias e impulsar respuestas conjuntas entre los equipos judiciales y las organizaciones que trabajan en los barrios.
POLITICA
Caso $LIBRA: EE.UU. rechazó el pedido de colaboración de la Justicia argentina tras concluir que faltan pruebas de un delito
Un día antes de que una jueza federal de Nueva York desestimara la demanda colectiva (“class action”) que impulsaron afectados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos había fijado su propia posición, por escrito, que comunicó de manera formal a las autoridades argentinas. Sostuvo que los inversores en criptomonedas asumen los riesgos propios de comprar y vender activos financieros que son especulativos, nuevos y no regulados, y que la publicación viral de un político que promueve un criptoactivo no basta, por sí sola, para demostrar que fueron inducidos a una trampa.
La posición oficial del gobierno estadounidense, que hasta ahora no había trascendido y cuya copia obtuvo , fue más lejos. Tras transmitir su parecer, le informó al Gobierno de Javier Milei que no entregará los registros solicitados por la Justicia argentina porque la información aportada desde Buenos Aires fue insuficiente para demostrar que se había cometido un delito.
“Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto”, indicó la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia. Y lo planteó mediante una carta de una carilla que remitió al Ministerio de Justicia argentino para que la presente ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de instruir la investigación criminal por presunto fraude en los tribunales federales de Comodoro Py.
La requisitoria argentina había comenzado a tramitarse hace más de un año y medio y el Departamento de Justicia la recibió el 8 de abril de 2025. El pedido buscaba acceder a “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación por fraude en torno a $LIBRA, el criptoactivo que impulsaron el estadounidense Hayden Mark Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que contó con el apoyo del presidente Milei, quien posteó en su cuenta de la red social X el código de 44 letras y números indispensable para adquirirlo.
Según surge de la respuesta oficial remitida desde Washington, funcionarios estadounidenses solicitaron información adicional a los tribunales argentinos en dos ocasiones —el 24 de abril y el 31 de julio de 2025— para evaluar si daban curso a la requisitoria. La primera respuesta argentina llegó el 31 de julio de 2025; la segunda, recién el 7 de mayo de 2026, más de nueve meses después. Pero, al final, la respuesta fue negativa.
“Lamentablemente —indicó la carta, redactada en inglés, con traducción oficial en español, y firmada por la fiscal Mari Aponte—, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito”.
“Deben existir pruebas suficientes para demostrar que existe una conexión clara entre los sujetos de la investigación y los delitos objeto de investigación y las asistencias solicitadas”, abundó el texto, que en su cuerpo no aludió por sus nombres a Davis, Novelli y Terrones Godoy, entre otros acusados, ni a Milei, que sí figuró en la carátula de la misiva.
“Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados”, fijó como pauta general el Departamento de Justicia. “Las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades”.
Aunque el texto no aludió a político alguno, esa descripción podría aplicarse a figuras como el presidente Donald Trump, su esposa Melania y Milei, quienes han utilizado sus redes sociales para difundir “memecoins” y otros criptoactivos con sus nombres -$Trump y $Melania- o, en el caso del jefe de Estado argentino, $LIBRA, para darles visibilidad y volumen financiero a esos proyectos.
Tras el colapso de $LIBRA, cabe recordar, Milei borró su posteo original y buscó despegarse del proyecto y de sus protagonistas. Remarcó que él solo se había limitado a “difundir”, pero no a “promocionar” el proyecto, del que empezó por afirmar que serviría para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, pero al que luego caracterizó como “ir al casino” o, incluso, una “ruleta rusa”.
En la misiva que llegó a Comodoro Py, el Departamento de Justicia terció en ese contrapunto, acaso sin buscarlo: aludió al político que “promueve” un criptoactivo, en lugar de sostener que se había limitado a difundirlo. La carta, sin embargo, se limitó a cerrar el trámite vinculado al pedido argentino, pero no precisó si la Sección Fraudes de la División Criminal tramita su propia investigación sobre lo ocurrido.
En ese sentido, funcionarios de la Sección Fraudes recibieron al menos un “reporte de operaciones criminales” en los días posteriores al colapso de $LIBRA, según reveló en febrero de 2025, ante la sospecha de una presunta megaestafa por entre 87 millones y 107 millones de dólares, que afectó a miles de inversores de la Argentina, Estados Unidos y otros países, e impactó en empresas del mundo cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora, donde cayó uno de los máximos ejecutivos. No trascendió si esas actuaciones avanzaron.
Un día antes
La comunicación oficial del Gobierno de Estados Unidos se fechó el 28 de septiembre pasado, en Washington. Es decir, un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon rechazara en Nueva York la demanda colectiva de inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de $LIBRA y dispusiera el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Manhattan.
Rochon admitió así los pedidos de desestimación formulados por Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.
Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.
En ese sentido, la jueza mencionó 18 veces a Milei en su resolución y consignó que Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe de Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.
Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.
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POLITICA
La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El documento habilita una nueva etapa para trasladar a los detenidos alojados en la cárcel de Devoto y desocupar el establecimiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva unidad penitenciaria, construida en territorio bonaerense, quedará bajo la órbita nacional una vez finalizada. El Ministerio de Seguridad Nacional tendrá a su cargo la preparación de las instalaciones y la organización del operativo para movilizar a la población carcelaria, junto con los equipos necesarios para el funcionamiento del nuevo destino.
La mudanza todavía no tiene fechas definidas, pero el Gobierno ordenó que las fuerzas involucradas elaboren un plan operativo conjunto. La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.
El acuerdo para dejar sin detenidos el penal de Devoto forma parte de un convenio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. La entrega del complejo de Marcos Paz permitirá trasladar a la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en el establecimiento porteño y avanzar en el cierre de esa prisión.
El nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 detenidos. La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.
También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.
Un comando para custodiar el traslado hacia Marcos Paz
El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal para planificar, coordinar y ejecutar el traslado. La conducción general estará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá coordinar las acciones entre el personal penitenciario y las Fuerzas Federales de Seguridad.
La estructura funcionará dentro del Comando Unificado Federal creado en mayo de 2024 mediante la Resolución N.º 403. La nueva medida fue formalizada a través de la Resolución 1018/2026 y prevé un dispositivo específico para el desplazamiento entre Devoto y el partido bonaerense de Marcos Paz.
La mesa de trabajo estará integrada por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y el Servicio Penitenciario Federal. También participarán la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El esquema habilita la convocatoria de otros organismos nacionales según sus competencias e invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa. La intervención de ambas jurisdicciones busca asegurar la cooperación en la custodia del trayecto y de los establecimientos involucrados.
El plan deberá proteger al personal penitenciario, a las autoridades participantes, a los internos y a la población civil de las zonas alcanzadas por el operativo. También deberá establecer mecanismos de respuesta ante contingencias, con vigilancia perimetral en las dos cárceles y control de los corredores viales utilizados para el traslado.
La firma del acta reunió además a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y a la legisladora de la Ciudad, Pilar Ramírez. Participaron igualmente el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.
Una obra reactivada tras cinco años de paralización
La construcción del complejo de Marcos Paz comenzó hace ocho años y permaneció detenida durante cinco. Las obras fueron reactivadas en diciembre de 2024 por la gestión porteña, que avanzó con su finalización para cumplir el convenio firmado entre las jurisdicciones en 2018.
Jorge Macri supervisó el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII cuando la obra se encontraba en su etapa final. El jefe de Gobierno sostuvo entonces que la cárcel permitiría trasladar a los detenidos de Villa Devoto y atender el reclamo vecinal por el cierre de ese establecimiento.
“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, afirmó Macri. El mandatario agregó que la obra posibilitaría avanzar con la desocupación de Devoto.
El acuerdo entre Monteoliva y Giménez incluyó además la posibilidad de incorporar módulos de alojamiento en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, ambos en Ezeiza. Esas estructuras permitirán sumar plazas permanentes para hasta 400 detenidos.
La puesta en funcionamiento de Marcos Paz y la ampliación prevista en Ezeiza apuntan a incrementar la capacidad del Servicio Penitenciario Federal y a descomprimir las comisarías y alcaidías porteñas. El complejo fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales de seguridad, tratamiento penitenciario y habitabilidad, mientras el Gobierno prepara el traslado y la desocupación definitiva de Devoto.
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