ECONOMIA
Colgados de la luz: el robo de electricidad cuesta unos u$s650 millones en la Argentina
El fraude comercial, las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores eléctricos dejaron de ser un problema puramente técnico para consolidarse como un severo limitante macroeconómico en la región, y en la Argentina alcanza al 15% de pérdidas del total de energía disponible.
Un reciente informe sectorial titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe«, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Universidad de Chile, arrojó una cruda radiografía sobre las mermas del suministro en el continente.
Los resultados para la Argentina son alarmantes y exponen una fuerte ineficiencia institucional en la base del consumo regulado. De acuerdo con el relevamiento de los organismos internacionales, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida a lo largo de las redes del territorio nacional nunca llega a transformarse en una factura emitida y cobrada por las empresas prestadoras.
En términos prácticos, esta brecha estructural implica que más de uno de cada siete kilovatios hora (kWh) que se vuelcan al sistema eléctrico se desvanece de los registros comerciales debido a irregularidades en el consumo.
La reducción drástica de las pérdidas eléctricas no técnicas emerge como condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del sector eléctrico de la Argentina en pleno proceso de transición energética.
Pérdidas millonarias para el sistema eléctrico
Esta pérdida energética tiene un correlato en las finanzas en las compañías distribuidoras y se traduce en pérdidas multimillonarias para la cadena energética de la Argentina. Al cruzar los niveles de demanda global del país -estimados en 142.789 gigavatios hora- con las valoraciones de precios residenciales y comerciales del informe, el impacto financiero local se consolida en torno a los u$s650 millones anuales.
A nivel continental, la magnitud del flagelo adquiere proporciones gigantescas: las denominadas pérdidas no técnicas les cuestan a las distribuidoras de la región más de u$s16.600 millones cada doce meses, con picos en países como Honduras. Paraguay. República Dominicana y Nicaragua.
El fenómeno de los denominados coloquialmente los «colgados de la luz» constituye la razón principal de estas pérdidas no técnicas en el mercado doméstico. A diferencia de las mermas técnicas inevitables, el hurto de energía se vincula de manera directa con conductas de fraude comercial, manipulación deliberada de equipos de medición y la proliferación de derivaciones ilegales en los grandes centros urbanos del país.
Las estadísticas locales sitúan a la Argentina en una incómoda posición intermedia-alta dentro del mapa energético de América Latina, ubicándose apenas un escalón por encima del promedio regional, que ronda el 17%.
Si bien el país se mantiene alejado de los escenarios críticos de colapso que exhiben mercados como el de Venezuela, Honduras o Jamaica -donde la informalidad eléctrica supera holgadamente el 30%-, los números locales duplican los estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo tope máximo aceptable que en la actualidad se ubican enre el 6 y 7%.
Política sectorial y situación social
El trasfondo de esta problemática en la Argentina no puede escindirse de la prolongada política de distorsión de precios regulatorios y subsidios generalizados implementada en las últimas décadas. El informe del BID expone que el congelamiento extendido de las tarifas eléctricas y la falta de señales de precios estables limaron los incentivos económicos para que las distribuidoras invirtieran de manera intensiva en programas de control, fiscalización y recambio de medidores.
Al deprimirse los ingresos de las prestatarias en el AMBA y las provincias, los presupuestos destinados a combatir el fraude comercial pasaron a un segundo plano. Esta persistente falta de cobro de la energía distribuida representa, asimismo, una pesada e invisible carga sobre el Tesoro Nacional que agrava el déficit fiscal del país.
Dado que el parque de generación eléctrica depende en gran medida de subsidios públicos para cubrir los costos de los combustibles y la operación mayorista, cada kilovatio hora hurtado que no genera ingresos para la distribuidora debe ser compensado indirectamente por el Estado. Así, el costo de la luz consumida por los usuarios irregulares no es absorbido por las empresas, sino que es financiado colectivamente a través del gasto público.
Por otra parte, el documento de los organismos internacionales resalta de manera enfática el componente socioeconómico que subyace a la demanda de conexiones irregulares en la periferia de las grandes capitales latinoamericanas.
La falta de urbanización formal y la exclusión financiera empujan a vastos sectores vulnerables a depender de redes precarias para garantizar su subsistencia energética. En este sentido, los analistas sectoriales insisten en que el fraude eléctrico no responde meramente a una cuestión de conducta o delincuencia, sino a una problemática multidimensional ligada a los niveles de ingresos y a la marginalidad urbana.
Una afectación a la calidad del sistema
Lejos de ser un perjuicio exclusivamente financiero para las finanzas de las compañías, la informalidad en las redes impacta de forma severa en la calidad y la continuidad del suministro. Las derivaciones clandestinas y sin protección técnica sobrecargan las líneas de media y baja tensión, provocando caídas de tensión y fallas en cascada en los transformadores de distribución.
El resultado directo de esta saturación de infraestructura se evidencia como uno de los motivos de los apagones que golpean a las áreas urbanas durante las olas de calor estivales, cuando la demanda residencial alcanza sus picos máximos.
Esta falta de confiabilidad de la red local acarrea un elevado perjuicio económico indirecto para el sector productivo, medido técnicamente bajo el concepto del Costo de la Energía No Suministrada (CENS). El informe detalla que las interrupciones imprevistas forzadas por las ineficiencias de la red imponen severos costos a comercios y pequeñas industrias, que van desde el lucro cesante por parálisis de actividad hasta la rotura de equipamiento tecnológico.
De este modo, las pérdidas no técnicas terminan encareciendo indirectamente la competitividad global de la economía y deteriorando el bienestar del usuario residencial que cumple regularmente con sus pagos.
Frente a este complejo panorama, las experiencias recopiladas por los autores del estudio apuntan a la combinación de tecnología de vanguardia y programas de inclusión social como el único camino viable para revertir la tendencia. En el plano local, distribuidoras del interior y del AMBA comenzaron a desplegar planes piloto basados en la instalación de sistemas de telemedición inteligente (AMI), el uso de herramientas de geolocalización para detectar anomalías y algoritmos de análisis de datos orientados a minimizar pérdidas.
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Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en junio de 2026 un nuevo incremento de haberes del 2,58%, correspondiente a la inflación de abril informada por el INDEC. Además, continuarán percibiendo el bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos y cobrarán el medio aguinaldo, lo que convertirá a junio en uno de los meses de mayores ingresos del primer semestre.
Con la actualización, la jubilación mínima pasará a $403.318 brutos y alcanzará los $473.318 con el refuerzo extraordinario. Tras los descuentos obligatorios, el ingreso neto superará los $461.000.
La medida forma parte del actual esquema de movilidad jubilatoria, que ajusta los haberes mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses respecto del dato de inflación publicado por el INDEC.
Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en junio de 2026
El monto final de una jubilación depende de los salarios registrados durante toda la trayectoria laboral del trabajador. Sin embargo, quienes acceden al haber mínimo y cuentan con los 30 años de aportes requeridos cobrarán durante junio:
- Jubilación mínima: $403.318 brutos
- Bono extraordinario: $70.000
- Total bruto: $473.318
- Ingreso neto estimado: alrededor de $461.218
A estos montos se sumará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, que se abonará junto con los haberes de junio.
Por su parte, la jubilación máxima alcanzará los $2.713.948 brutos tras la actualización del 2,58%.
Jubilación mínima ANSES junio 2026: cuánto aumenta
La jubilación mínima volverá a incrementarse por el mecanismo de movilidad basado en la inflación.
Los nuevos valores serán:
- Haber mínimo bruto: $403.318
- Haber neto aproximado: $391.218
- Bono extraordinario: $70.000
- Total bruto con bono: $473.318
- Total neto estimado: más de $461.000
El bono de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que su peso relativo dentro del ingreso total se ha ido reduciendo a medida que aumentaron los haberes previsionales.
Bono de $70.000 para jubilados ANSES: quiénes lo cobran
El refuerzo previsional continuará vigente durante junio y será percibido por:
- Jubilados que cobran el haber mínimo
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Asimismo, quienes perciban ingresos apenas superiores a la jubilación mínima recibirán un bono proporcional para completar un piso de ingresos determinado por ANSES.
El objetivo del beneficio es reforzar los ingresos de los sectores previsionales más vulnerables frente a la inflación y el aumento del costo de vida.
Aguinaldo para jubilados en junio de 2026
Durante junio también se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.
La legislación establece que el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre.
Por ese motivo, los jubilados recibirán en junio tres conceptos simultáneos:
La combinación de estos tres ingresos convierte a junio en uno de los meses más importantes del año para jubilados y pensionados.
Cómo calcula ANSES una jubilación con 30 años de aportes
Para determinar el haber inicial, ANSES toma como referencia el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, equivalentes a los últimos diez años de actividad laboral.
El procedimiento contempla:
- La suma de las últimas 120 remuneraciones registradas
- La actualización de cada salario mediante índices oficiales
- La obtención de un promedio actualizado que servirá como base para el cálculo previsional
El aguinaldo no integra la base de cálculo utilizada para determinar la jubilación inicial.
Actualización de salarios para el cálculo jubilatorio
Los salarios históricos son actualizados mediante coeficientes específicos que buscan preservar su valor real frente al paso del tiempo y la inflación.
Actualmente se utiliza un esquema combinado que contempla la evolución de los salarios formales y los mecanismos de movilidad previsional, con el objetivo de reflejar de manera más precisa la trayectoria laboral de cada trabajador al momento de jubilarse.
Qué pasa si una persona tiene más de 30 años de aportes
La normativa previsional contempla un reconocimiento para quienes superan el mínimo de aportes exigido.
Por cada año adicional trabajado se otorga un incremento del 1% sobre determinados componentes del haber inicial, con un tope de hasta 15 años adicionales computables.
De esta manera, quienes acrediten hasta 45 años de aportes pueden acceder a un haber inicial superior al de quienes reúnen únicamente el requisito mínimo.
No obstante, si el resultado del cálculo queda por debajo de la jubilación mínima vigente, ANSES garantiza el cobro del haber mínimo establecido por ley.
Calendario de pagos ANSES junio 2026 para jubilados
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Cuánto cobra la PUAM en junio de 2026
La Pensión Universal para el Adulto Mayor también recibirá el aumento de junio.
Los beneficiarios percibirán:
- PUAM: $322.654
- Bono extraordinario: $70.000
- Total: $392.654
Las Pensiones No Contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares también registrarán incrementos por la actualización basada en la inflación.
Cómo impacta la inflación en las jubilaciones
Desde la modificación del sistema de movilidad, las jubilaciones se actualizan todos los meses de acuerdo con la inflación medida por el INDEC.
Esto implica que:
- El aumento de junio surge del IPC de abril
- Los haberes se ajustan mensualmente
- La actualización busca preservar el poder adquisitivo de jubilados y pensionados
Sin embargo, la evolución real de los ingresos previsionales continúa dependiendo de factores como el ritmo de la inflación, el costo de los medicamentos, los servicios y los gastos habituales de los adultos mayores.
Juicio por reajuste jubilatorio: cuándo corresponde iniciar un reclamo
Los jubilados pueden iniciar un juicio de reajuste cuando consideran que existen errores en la determinación de su haber o cuando determinados aportes y remuneraciones no fueron correctamente computados por ANSES.
Los reclamos suelen estar vinculados a:
- Diferencias en el cálculo inicial
- Salarios mal actualizados
- Períodos de aportes omitidos
- Errores en la liquidación del beneficio
En caso de obtener una sentencia favorable, ANSES debe recalcular la jubilación y abonar los retroactivos correspondientes.
Cuánto tarda un juicio previsional
Los procesos previsionales suelen extenderse durante varios años. En promedio, un juicio por reajuste jubilatorio puede demorar entre cinco y siete años, dependiendo de la complejidad del caso y de la instancia judicial en la que se tramite.
Durante ese período, el beneficiario mantiene el derecho a reclamar las diferencias que eventualmente determine la Justicia.
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ECONOMIA
Para Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, “es factible que en junio la inflación sea menor al 2%”
El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que la inflación de mayo se ubicará en torno al 2,4%, presentando una desaceleración respecto al 2,6% de abril. Según explicó, el impacto de algunos aumentos fue algo mayor al previsto inicialmente, aunque destacó que existieron factores que ayudaron a contener los precios. Asimismo, dio una proyección optimista para este mes.
Entre los factores que moderaron la inflación de mayo, el economista mencionó las promociones del Hot Sale, que derivaron en bajas de precios en distintos productos, y la ausencia de nuevos ajustes tarifarios. “La ventaja es que no hay una gran estacionalidad”, señaló.
De cara a junio, el analista consideró que es posible que la inflación vuelva a perforar el umbral del 2%. No obstante, advirtió que aún resta gran parte del mes y que podrían surgir factores inesperados que alteren la trayectoria de los precios. “Es factible que en junio volvamos a tener una inflación menor al 2%, como sucedió el año pasado”, afirmó.
La estimación se da luego de la publicación del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,1% en mayo y presentó un alza de 33,1% interanual. La trayectoria del IPCBA durante el último año estuvo marcada por la incidencia de servicios regulados, especialmente en salud, educación y transporte, y por la evolución de los precios de los alimentos.
Por otro lado, Menescaldi sostuvo que la composición de la pirámide social resultó afectada por los cambios en tarifas, salud y educación. “Lo que estás viendo es que cada vez menos gente alcanza a ser clase media y está cayendo a la situación que llamamos clase media frágil”, afirmó.
Vinculado a ello, el economista describió una fuerte caída inicial del ingreso disponible asociada al ajuste y al shock económico. Posteriormente, se recuperó de forma notable, tanto para el asalariado privado registrado como para quienes trabajan por cuenta propia o en la informalidad. Sin embargo, esa mejora perdió impulso tras dos ciclos de ajustes de precios relativos.
El impacto de la suba de tarifas se concentró, primero, en servicios privados. “Al inicio del gobierno de Javier Milei, hubo alguna regulación sobre las cuotas de las prepagas. Después, lo que se fue ajustando fue directamente el valor de los servicios públicos: electricidad, gas y agua”, explicó Menescaldi.
El año pasado, el ingreso disponible creció hasta enero o febrero de 2025, pero luego se registró una pérdida. Hacia fin de año hubo una recomposición, ya que el Gobierno decidió posponer el aumento de tarifas de servicios públicos. En 2026, la política volvió a modificar los subsidios y los montos pagados por servicios básicos aumentaron otra vez.
El economista subrayó que estos incrementos tarifarios se sumaron a dos shocks inflacionarios, al aumento del precio de la carne y de los combustibles. “Todo eso redujo en general el ingreso disponible de la población en un marco donde los ingresos reales y el empleo en general no están creciendo”, evaluó.
Respecto a las perspectivas para el segundo semestre, Menescaldi consideró que, pasado el ajuste tarifario y los shocks inflacionarios, lo más probable es que los ingresos puedan experimentar alguna recuperación. Según el director de EcoGo, el repunte en los ingresos dependerá, en parte, de la estabilidad de los precios.
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La UEJN denunció el «desmantelamiento» del fuero laboral que puede traer «consecuencias constitucionales». Preparan más medidas por un aumento salarial.
09/06/2026 – 08:50hs
Amén de una recomposición salarial que vienen reclamando desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció que llevará a cabo este martes un cese total de actividades en el ámbito del Fuero Nacional del Trabajo, acompañado por una marcha en defensa de esa jurisdicción, en el marco del plan de lucha que vienen llevando a cabo contra el proyecto de transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
Según informó el sindicato, el paro comenzará a las 8.30 con una concentración frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), para luego marchar hacia el Senado, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la iniciativa que promueve el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. Aclaró que la medida no tiene alcance nacional ni involucra a todos los fueros de la Justicia, sino que se centra en el Fuero Nacional del Trabajo.
Consecuencias que puede generar el traspaso según el sindicato
El sindicato que lidera Julio Piumato señaló que el proyecto implica, en los hechos, «el desmantelamiento del fuero laboral», por lo que decidió convocar a una jornada de «defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, de la independencia judicial y de la Constitución Nacional», según expresaron, agregando que «la Justicia Laboral cumple un rol central en la resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores».
Las fuentes consultadas enumeraron que la medida trae como consecuencias el riesgo para el personal judicial, ya que no garantiza la absorción automática de los empleados del fuero nacional ni su estabilidad laboral. Advierten sobre el colapso del sistema, al plantear la reducción de la actual estructura de 80 juzgados nacionales a una decena de juzgados de la ciudad.
También sostienen que el proceso ha enfrentado fuertes trabas legales, incluyendo medidas cautelares que han suspendido el acuerdo de transferencia por cuestionamientos sobre cómo se incluyó el tema en el debate legislativo y falta de consenso. En cuanto a la pérdida de independencia, asociaciones de magistrados manifestaron su rechazo al argumentar que el objetivo real podría ser disolver el fuero actual y desplazar a los jueces nacionales para designar magistrados alineados con el gobierno porteño.
Más paros por reclamo salarial y la obra social
La nueva jornada de protesta está dentro del plan de lucha que viene desarrollando la UEJN, en reclamo de mejoras salariales, el nombramiento de su representante en la obra social (OSPJN) y demandas laborales. El viernes pasado se llevó a cabo un paro nacional que podría repetirse el próximo viernes y también incluiría una movilización a Tribunales.
El sindicato sostiene que es necesaria una «urgente» recomposición salarial que «no solo empate la inflación actual, sino que permita comenzar a revertir la profunda pérdida acumulada de nuestro poder adquisitivo». En esta línea, denunciaron que el deterioro de los ingresos de los judiciales es un proceso persistente que viene registrándose desde fines de 2023, sin que hasta el momento se hayan recibido respuestas concretas por parte de las autoridades, que permitan frenar la licuación de los sueldos.
Por otra parte, recordaron que «continúa pendiente la designación del representante de la UEJN en el Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)«, al tiempo que advirtió que no está dispuesta a resignar un espacio de conducción «que nos corresponde por estatuto». Agregaron que la presencia de la representación gremial es fundamental para «recuperar y fortalecer nuestra obra social» y que no permitirán que «se ponga en riesgo lo conseguido hasta ahora en materia de prestaciones y cobertura médica».
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