La UEJN denunció el «desmantelamiento» del fuero laboral que puede traer «consecuencias constitucionales». Preparan más medidas por un aumento salarial.

09/06/2026 – 08:50hs

Amén de una recomposición salarial que vienen reclamando desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció que llevará a cabo este martes un cese total de actividades en el ámbito del Fuero Nacional del Trabajo, acompañado por una marcha en defensa de esa jurisdicción, en el marco del plan de lucha que vienen llevando a cabo contra el proyecto de transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el sindicato, el paro comenzará a las 8.30 con una concentración frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), para luego marchar hacia el Senado, con el objetivo de visibilizar su rechazo a la iniciativa que promueve el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. Aclaró que la medida no tiene alcance nacional ni involucra a todos los fueros de la Justicia, sino que se centra en el Fuero Nacional del Trabajo.

Consecuencias que puede generar el traspaso según el sindicato

El sindicato que lidera Julio Piumato señaló que el proyecto implica, en los hechos, «el desmantelamiento del fuero laboral», por lo que decidió convocar a una jornada de «defensa de la Justicia Nacional del Trabajo, de la independencia judicial y de la Constitución Nacional», según expresaron, agregando que «la Justicia Laboral cumple un rol central en la resolución de los conflictos entre trabajadores y empleadores».

Las fuentes consultadas enumeraron que la medida trae como consecuencias el riesgo para el personal judicial, ya que no garantiza la absorción automática de los empleados del fuero nacional ni su estabilidad laboral. Advierten sobre el colapso del sistema, al plantear la reducción de la actual estructura de 80 juzgados nacionales a una decena de juzgados de la ciudad.

También sostienen que el proceso ha enfrentado fuertes trabas legales, incluyendo medidas cautelares que han suspendido el acuerdo de transferencia por cuestionamientos sobre cómo se incluyó el tema en el debate legislativo y falta de consenso. En cuanto a la pérdida de independencia, asociaciones de magistrados manifestaron su rechazo al argumentar que el objetivo real podría ser disolver el fuero actual y desplazar a los jueces nacionales para designar magistrados alineados con el gobierno porteño.

Más paros por reclamo salarial y la obra social

La nueva jornada de protesta está dentro del plan de lucha que viene desarrollando la UEJN, en reclamo de mejoras salariales, el nombramiento de su representante en la obra social (OSPJN) y demandas laborales. El viernes pasado se llevó a cabo un paro nacional que podría repetirse el próximo viernes y también incluiría una movilización a Tribunales.

El sindicato sostiene que es necesaria una «urgente» recomposición salarial que «no solo empate la inflación actual, sino que permita comenzar a revertir la profunda pérdida acumulada de nuestro poder adquisitivo». En esta línea, denunciaron que el deterioro de los ingresos de los judiciales es un proceso persistente que viene registrándose desde fines de 2023, sin que hasta el momento se hayan recibido respuestas concretas por parte de las autoridades, que permitan frenar la licuación de los sueldos.

Por otra parte, recordaron que «continúa pendiente la designación del representante de la UEJN en el Directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)«, al tiempo que advirtió que no está dispuesta a resignar un espacio de conducción «que nos corresponde por estatuto». Agregaron que la presencia de la representación gremial es fundamental para «recuperar y fortalecer nuestra obra social» y que no permitirán que «se ponga en riesgo lo conseguido hasta ahora en materia de prestaciones y cobertura médica».

El índice de producción industrial minera argentina registró en abril de 2026 un incremento interanual de 9,5% y de 0,7% mensual desestacionalizado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El acumulado de los primeros cuatro meses del año mostró una suba de 7,4% respecto al mismo período de 2025, lo que consolida el repunte del sector a nivel nacional.

En abril de 2026, la producción industrial minera argentina, que hoy es uno de los principales motores económicos junto con el agro, experimentó un avance significativo, con sectores como la extracción de sal y los minerales para la fabricación de productos químicos a la cabeza del crecimiento, de acuerdo con datos del Indec. Otras áreas, como la extracción de carbón y los servicios de apoyo para la industria de petróleo y gas, presentaron bajas, lo que evidencia un comportamiento desigual entre los distintos segmentos productivos.

Según el organismo estadístico, la extracción de sal lideró las alzas, con un crecimiento interanual de 150,3% en abril. Los minerales destinados a la elaboración de productos químicos también se destacaron, con un aumento de 73,0% en la comparación con el mismo mes del año anterior.

Dentro de este grupo, la producción de carbonato de litio aumentó 79,0% y los minerales de boro subieron 35,9 por ciento. En tanto, la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación evidenció un crecimiento de 45,5 por ciento. Específicamente, la producción de piedra caliza y yeso se incrementó en 5,2%, mientras que la de clínker, insumo esencial para el cemento, mejoró 16,5 por ciento.

En el rubro de metales preciosos, tanto la plata como el oro avanzaron 15,8%, y el bullón dorado/doré lo hizo 7,4%, aunque el conjunto restante de minerales metalíferos retrocedió 55,4 por ciento. En cuanto a hidrocarburos, el índice de “extracción de petróleo crudo” marcó un salto interanual de 19,1 por ciento. Dentro de ese segmento, la extracción de petróleo no convencional fue la de mayor impulso, con una suba de 39,2 por ciento. El gas natural aumentó 2,8%, destacando una mejora de 12,2% en la extracción no convencional y una baja en la producción convencional.

No todos los segmentos evolucionaron favorablemente. El Indec registró un retroceso de 19,8% interanual en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, mientras que el acumulado de enero a abril de 2026 mostró una caída de 17,2% para este mismo rubro.

En el segmento de combustibles sólidos, la extracción de carbón y turba descendió 21,6% en la comparación anual y retrocedió 18,4% en el acumulado de los cuatro primeros meses. La “extracción de arcilla y caolín” tuvo una baja interanual de 17,1% y acumuló una disminución de 14,2 por ciento.

También se observaron caídas en la extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: el rubro completo cayó 5,7% en abril, con una baja de 22,3% en arenas industriales y de 5,8% en arena de fractura.

Otras áreas que registraron retrocesos fueron la extracción de rocas ornamentales y piedra caliza para cal o cemento, así como los minerales metalíferos no ferrosos distintos de oro, plata y bullón dorado.

Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, remarcó que “el IPI minero de abril confirmó que el sector sigue siendo uno de los motores más dinámicos de la economía argentina”.

“El dato más destacado es el petróleo crudo, que subió 19,1% interanual, impulsado casi exclusivamente por el segmento no convencional con un avance del 39,2% anual, liderado por Vaca Muerta. Por el contrario, el petróleo convencional continuó su declive estructural (-10%). El litio también sigue creciendo a ritmos crecientes, con un aumento del 60,4% interanual. Esto refleja la maduración de los proyectos de los últimos años”, evaluó Cachanosky.

El economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, coincidió al subrayar que “la minería y la energía volvieron a mostrar un buen desempeño en abril y consolidan como dos de los principales motores de la actividad económica del país”.

“Las inversiones realizadas, y las que vendrán, continuarán generando mayores niveles de producción, consolidando a ambos sectores como pilares del crecimiento. La expansión de Vaca Muerta, el crecimiento del litio y el avance de nuevos proyectos de inversión permiten anticipar que el sector seguirá aportando exportaciones, divisas y actividad durante los próximos meses”, añadió Casas.

El fraude comercial, las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores eléctricos dejaron de ser un problema puramente técnico para consolidarse como un severo limitante macroeconómico en la región, y en la Argentina alcanza al 15% de pérdidas del total de energía disponible. 

Un reciente informe sectorial titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe«, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Universidad de Chile, arrojó una cruda radiografía sobre las mermas del suministro en el continente.

Los resultados para la Argentina son alarmantes y exponen una fuerte ineficiencia institucional en la base del consumo regulado. De acuerdo con el relevamiento de los organismos internacionales, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida a lo largo de las redes del territorio nacional nunca llega a transformarse en una factura emitida y cobrada por las empresas prestadoras.

En términos prácticos, esta brecha estructural implica que más de uno de cada siete kilovatios hora (kWh) que se vuelcan al sistema eléctrico se desvanece de los registros comerciales debido a irregularidades en el consumo.

La reducción drástica de las pérdidas eléctricas no técnicas emerge como condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del sector eléctrico de la Argentina en pleno proceso de transición energética.

Pérdidas millonarias para el sistema eléctrico

Esta pérdida energética tiene un correlato en las finanzas en las compañías distribuidoras y se traduce en pérdidas multimillonarias para la cadena energética de la Argentina. Al cruzar los niveles de demanda global del país -estimados en 142.789 gigavatios hora- con las valoraciones de precios residenciales y comerciales del informe, el impacto financiero local se consolida en torno a los u$s650 millones anuales.

A nivel continental, la magnitud del flagelo adquiere proporciones gigantescas: las denominadas pérdidas no técnicas les cuestan a las distribuidoras de la región más de u$s16.600 millones cada doce meses, con picos en países como Honduras. Paraguay. República Dominicana y Nicaragua.

El fenómeno de los denominados coloquialmente los «colgados de la luz» constituye la razón principal de estas pérdidas no técnicas en el mercado doméstico. A diferencia de las mermas técnicas inevitables, el hurto de energía se vincula de manera directa con conductas de fraude comercial, manipulación deliberada de equipos de medición y la proliferación de derivaciones ilegales en los grandes centros urbanos del país.

Las estadísticas locales sitúan a la Argentina en una incómoda posición intermedia-alta dentro del mapa energético de América Latina, ubicándose apenas un escalón por encima del promedio regional, que ronda el 17%.

Si bien el país se mantiene alejado de los escenarios críticos de colapso que exhiben mercados como el de Venezuela, Honduras o Jamaica -donde la informalidad eléctrica supera holgadamente el 30%-, los números locales duplican los estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo tope máximo aceptable que en la actualidad se ubican enre el 6 y 7%.

Política sectorial y situación social

El trasfondo de esta problemática en la Argentina no puede escindirse de la prolongada política de distorsión de precios regulatorios y subsidios generalizados implementada en las últimas décadas. El informe del BID expone que el congelamiento extendido de las tarifas eléctricas y la falta de señales de precios estables limaron los incentivos económicos para que las distribuidoras invirtieran de manera intensiva en programas de control, fiscalización y recambio de medidores.

Al deprimirse los ingresos de las prestatarias en el AMBA y las provincias, los presupuestos destinados a combatir el fraude comercial pasaron a un segundo plano. Esta persistente falta de cobro de la energía distribuida representa, asimismo, una pesada e invisible carga sobre el Tesoro Nacional que agrava el déficit fiscal del país.

Dado que el parque de generación eléctrica depende en gran medida de subsidios públicos para cubrir los costos de los combustibles y la operación mayorista, cada kilovatio hora hurtado que no genera ingresos para la distribuidora debe ser compensado indirectamente por el Estado. Así, el costo de la luz consumida por los usuarios irregulares no es absorbido por las empresas, sino que es financiado colectivamente a través del gasto público.

Por otra parte, el documento de los organismos internacionales resalta de manera enfática el componente socioeconómico que subyace a la demanda de conexiones irregulares en la periferia de las grandes capitales latinoamericanas.

La falta de urbanización formal y la exclusión financiera empujan a vastos sectores vulnerables a depender de redes precarias para garantizar su subsistencia energética. En este sentido, los analistas sectoriales insisten en que el fraude eléctrico no responde meramente a una cuestión de conducta o delincuencia, sino a una problemática multidimensional ligada a los niveles de ingresos y a la marginalidad urbana.

Una afectación a la calidad del sistema

Lejos de ser un perjuicio exclusivamente financiero para las finanzas de las compañías, la informalidad en las redes impacta de forma severa en la calidad y la continuidad del suministro. Las derivaciones clandestinas y sin protección técnica sobrecargan las líneas de media y baja tensión, provocando caídas de tensión y fallas en cascada en los transformadores de distribución.

El resultado directo de esta saturación de infraestructura se evidencia como uno de los motivos de los apagones que golpean a las áreas urbanas durante las olas de calor estivales, cuando la demanda residencial alcanza sus picos máximos.

Esta falta de confiabilidad de la red local acarrea un elevado perjuicio económico indirecto para el sector productivo, medido técnicamente bajo el concepto del Costo de la Energía No Suministrada (CENS). El informe detalla que las interrupciones imprevistas forzadas por las ineficiencias de la red imponen severos costos a comercios y pequeñas industrias, que van desde el lucro cesante por parálisis de actividad hasta la rotura de equipamiento tecnológico.

De este modo, las pérdidas no técnicas terminan encareciendo indirectamente la competitividad global de la economía y deteriorando el bienestar del usuario residencial que cumple regularmente con sus pagos.

Frente a este complejo panorama, las experiencias recopiladas por los autores del estudio apuntan a la combinación de tecnología de vanguardia y programas de inclusión social como el único camino viable para revertir la tendencia. En el plano local, distribuidoras del interior y del AMBA comenzaron a desplegar planes piloto basados en la instalación de sistemas de telemedición inteligente (AMI), el uso de herramientas de geolocalización para detectar anomalías y algoritmos de análisis de datos orientados a minimizar pérdidas.