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ECONOMIA

Colgados de la luz: el robo de electricidad cuesta unos u$s650 millones en la Argentina

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El fraude comercial, las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores eléctricos dejaron de ser un problema puramente técnico para consolidarse como un severo limitante macroeconómico en la región, y en la Argentina alcanza al 15% de pérdidas del total de energía disponible. 

Un reciente informe sectorial titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe«, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Universidad de Chile, arrojó una cruda radiografía sobre las mermas del suministro en el continente.

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Los resultados para la Argentina son alarmantes y exponen una fuerte ineficiencia institucional en la base del consumo regulado. De acuerdo con el relevamiento de los organismos internacionales, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida a lo largo de las redes del territorio nacional nunca llega a transformarse en una factura emitida y cobrada por las empresas prestadoras.

En términos prácticos, esta brecha estructural implica que más de uno de cada siete kilovatios hora (kWh) que se vuelcan al sistema eléctrico se desvanece de los registros comerciales debido a irregularidades en el consumo.

La reducción drástica de las pérdidas eléctricas no técnicas emerge como condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del sector eléctrico de la Argentina en pleno proceso de transición energética.

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Pérdidas millonarias para el sistema eléctrico

Esta pérdida energética tiene un correlato en las finanzas en las compañías distribuidoras y se traduce en pérdidas multimillonarias para la cadena energética de la Argentina. Al cruzar los niveles de demanda global del país -estimados en 142.789 gigavatios hora- con las valoraciones de precios residenciales y comerciales del informe, el impacto financiero local se consolida en torno a los u$s650 millones anuales.

A nivel continental, la magnitud del flagelo adquiere proporciones gigantescas: las denominadas pérdidas no técnicas les cuestan a las distribuidoras de la región más de u$s16.600 millones cada doce meses, con picos en países como Honduras. Paraguay. República Dominicana y Nicaragua.

El fenómeno de los denominados coloquialmente los «colgados de la luz» constituye la razón principal de estas pérdidas no técnicas en el mercado doméstico. A diferencia de las mermas técnicas inevitables, el hurto de energía se vincula de manera directa con conductas de fraude comercial, manipulación deliberada de equipos de medición y la proliferación de derivaciones ilegales en los grandes centros urbanos del país.

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Las estadísticas locales sitúan a la Argentina en una incómoda posición intermedia-alta dentro del mapa energético de América Latina, ubicándose apenas un escalón por encima del promedio regional, que ronda el 17%.

Si bien el país se mantiene alejado de los escenarios críticos de colapso que exhiben mercados como el de Venezuela, Honduras o Jamaica -donde la informalidad eléctrica supera holgadamente el 30%-, los números locales duplican los estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo tope máximo aceptable que en la actualidad se ubican enre el 6 y 7%.

Política sectorial y situación social

El trasfondo de esta problemática en la Argentina no puede escindirse de la prolongada política de distorsión de precios regulatorios y subsidios generalizados implementada en las últimas décadas. El informe del BID expone que el congelamiento extendido de las tarifas eléctricas y la falta de señales de precios estables limaron los incentivos económicos para que las distribuidoras invirtieran de manera intensiva en programas de control, fiscalización y recambio de medidores.

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Al deprimirse los ingresos de las prestatarias en el AMBA y las provincias, los presupuestos destinados a combatir el fraude comercial pasaron a un segundo plano. Esta persistente falta de cobro de la energía distribuida representa, asimismo, una pesada e invisible carga sobre el Tesoro Nacional que agrava el déficit fiscal del país.

Dado que el parque de generación eléctrica depende en gran medida de subsidios públicos para cubrir los costos de los combustibles y la operación mayorista, cada kilovatio hora hurtado que no genera ingresos para la distribuidora debe ser compensado indirectamente por el Estado. Así, el costo de la luz consumida por los usuarios irregulares no es absorbido por las empresas, sino que es financiado colectivamente a través del gasto público.

Por otra parte, el documento de los organismos internacionales resalta de manera enfática el componente socioeconómico que subyace a la demanda de conexiones irregulares en la periferia de las grandes capitales latinoamericanas.

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La falta de urbanización formal y la exclusión financiera empujan a vastos sectores vulnerables a depender de redes precarias para garantizar su subsistencia energética. En este sentido, los analistas sectoriales insisten en que el fraude eléctrico no responde meramente a una cuestión de conducta o delincuencia, sino a una problemática multidimensional ligada a los niveles de ingresos y a la marginalidad urbana.

Una afectación a la calidad del sistema

Lejos de ser un perjuicio exclusivamente financiero para las finanzas de las compañías, la informalidad en las redes impacta de forma severa en la calidad y la continuidad del suministro. Las derivaciones clandestinas y sin protección técnica sobrecargan las líneas de media y baja tensión, provocando caídas de tensión y fallas en cascada en los transformadores de distribución.

El resultado directo de esta saturación de infraestructura se evidencia como uno de los motivos de los apagones que golpean a las áreas urbanas durante las olas de calor estivales, cuando la demanda residencial alcanza sus picos máximos.

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Esta falta de confiabilidad de la red local acarrea un elevado perjuicio económico indirecto para el sector productivo, medido técnicamente bajo el concepto del Costo de la Energía No Suministrada (CENS). El informe detalla que las interrupciones imprevistas forzadas por las ineficiencias de la red imponen severos costos a comercios y pequeñas industrias, que van desde el lucro cesante por parálisis de actividad hasta la rotura de equipamiento tecnológico.

De este modo, las pérdidas no técnicas terminan encareciendo indirectamente la competitividad global de la economía y deteriorando el bienestar del usuario residencial que cumple regularmente con sus pagos.

Frente a este complejo panorama, las experiencias recopiladas por los autores del estudio apuntan a la combinación de tecnología de vanguardia y programas de inclusión social como el único camino viable para revertir la tendencia. En el plano local, distribuidoras del interior y del AMBA comenzaron a desplegar planes piloto basados en la instalación de sistemas de telemedición inteligente (AMI), el uso de herramientas de geolocalización para detectar anomalías y algoritmos de análisis de datos orientados a minimizar pérdidas.

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ECONOMIA

Mercados: subieron las acciones argentinas, respaldadas por las alzas de Wall Street y el petróleo

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Los indicadores de Nueva York regresan a las ganancias.

Las bolsas de Nueva York operaron con alzas este martes, un comportamiento que se produjo en simultáneo a otra sesión con alza para los precios del petróleo, dadas las renovadas hostilidades en Oriente Medio.

Los principales índices de Wall Street avanzaron en un rango de 0,7% a 1,3%, mientras que el crudo se encareció más de 2 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,8%, a 3.281.979 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan las ganancias, encabezadas por Edenor (+5,4%), Cresud (+4,4%) y Pampa Energía (+3,6%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En la licitación extraordinaria del día, la Secretaría de Finanzas frente a la suscripción en especie del día adjudicó un total de USD 1.895 millones, habiendo recibido ofertas por un total de USD 2.087 millones, con una aceptación de 45,2% sobre el total de vencimientos nominales en circulación.

Se dividió en un bono Dólar Linked al 31 de agosto de 2026 por USD 1.736 millones adjudicado, y otro títulos similar al 15 de diciembre de 2028 (TZVD8) por 159 millones de dólares.

“Esta operación pretende reducir la volatilidad cambiaria del cierre de mes y extender los plazos de los compromisos de deuda”, explicaron desde Rava Bursátil.

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En el exterior las acciones estadounidenses subieron, mientras los inversores se preparaban para una avalancha de informes de ganancias corporativas de empresas tecnológicas en medio de señales de una reactivación en las acciones de semiconductores, con los nuevos aranceles estadounidenses a Canadá y las hostilidades en Medio Oriente también en el punto de mira.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1,3%, impulsado por el auge de los semiconductores antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana. El promedio Dow Jones Industrial avanzó un 0,7%, mientras que el S&P 500 ganó un 0,9% tras la caída de las acciones el lunes en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del crudo operaron a su vez en alza, mientras los mercados evaluaban las noticias sobre los esfuerzos de mediación frente a los nuevos ataques intercambiados entre Estados Unidos e Irán, así como las amenazas de un bloqueo naval de Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

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Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre ganaron 2,4%, a USD 91,39 el barril, mientras que el contrato de referencia del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos, también para septiembre, avanzó 2,5%, a 84,54 dólares.

El ascenso del crudo fue el fundamento de las ganancias de las acciones argentinas del sector de energía, como YPF (+1,6%, a USD 51,25), Vista Energy (+1,8%) y Tenaris (+1,6%).

“Hay cierta esperanza de una distensión entre Estados Unidos e Irán. Según algunas informaciones, los mediadores están proponiendo un alto el fuego de diez días, lo que podría volver a encarrilar el memorando de entendimiento”, señalaron los analistas de ING en una nota a clientes, en referencia al acuerdo provisional negociado en junio.

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Sin embargo, persisten importantes diferencias entre Washington y Teherán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de represalias tras la muerte de varios soldados estadounidenses, añadió ING.

Un alto cargo iraní dijo a Reuters que Teherán recibió una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 10 días, en un intento por salvar el acuerdo firmado el 17 de junio, destinado a allanar el camino hacia un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Esta iniciativa diplomática se produjo tras otra noche de bombardeos contra ciudades iraníes y de ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra instalaciones militares estadounidenses en toda la región.

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Asimismo, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente contra Estados Unidos en su guerra contra Irán y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del golfo Pérsico.



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ECONOMIA

Caputo presenta el nuevo proyecto de ley de Inocencia Fiscal para captar los dólares del colchón

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El ministro de Economía Luis Caputo dará a conocer este miércoles una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los dólares no declarados y ampliar el alcance del régimen simplificado de Ganancias.

Tras la presentación oficial, el Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso el jueves con las modificaciones incorporadas.

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El anuncio fue anticipado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa habitual. «Frente a preocupaciones de los profesionales del área, incluimos algunas modificaciones al Régimen de Inocencia Fiscal que van más allá en el sendero del espíritu de la ley. El miércoles se expondrán en profundidad estas modificaciones y se dará lugar a las preguntas específicas que surjan sobre las mismas«, afirmó.

El nuevo proyecto del Gobierno para captar dólares del colchón

La iniciativa apunta a que más argentinos ingresen sus ahorros en dólares al circuito financiero sin tener que justificar el origen de esos fondos ni exponerse a sanciones fiscales.

La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2025 y comenzó a regir a principios de febrero. Sin embargo, el nivel de adhesión estuvo por debajo de las expectativas oficiales y surgieron cuestionamientos técnicos por parte de especialistas en materia tributaria, lo que llevó al equipo económico a revisar el esquema.

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Durante mayo, Caputo mantuvo una primera reunión con contadores para analizar posibles cambios. En ese momento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había registrado 80.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias.

La semana pasada se realizó un nuevo encuentro con tributaristas y, según los últimos datos difundidos por ARCA, las adhesiones ascendieron a 330.000, aunque solo 170.000 contribuyentes presentaron la declaración jurada correspondiente.

Los principales cambios del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal

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Entre las principales modificaciones que incorporará la iniciativa figura la eliminación de los límites patrimoniales y de ingresos para adherirse al régimen.

De acuerdo con el proyecto, dejarán de exigirse:

  • Un ingreso máximo anual de $1.000 millones.
  • Un patrimonio máximo de $10.000 millones.
  • Como condición, los contribuyentes deberán mantener la condición de residentes fiscales en la Argentina durante todo el período fiscal.
  • Además, los grandes contribuyentes nacionales podrán incorporarse al régimen, aunque no accederán a la presunción de exactitud ni a otros beneficios previstos para el resto de los adherentes.

Cambios en el denominado «tapón fiscal»

Otro de los puntos que modifica el proyecto está relacionado con el mecanismo conocido como «tapón fiscal», que limita la posibilidad de que ARCA revise ejercicios anteriores.

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La normativa vigente habilita al organismo a fiscalizar períodos pasados cuando detecta una discrepancia significativa, definida hasta ahora como una diferencia superior al 15% entre el impuesto declarado y el que correspondía pagar, o cuando la diferencia supera los $100 millones.

La nueva redacción aclara que no se considerará que existe una discrepancia significativa cuando la diferencia no exceda un monto equivalente al 5% del mínimo previsto por el Régimen Penal Tributario, actualmente fijado en $100 millones.

También analizan cambios en el régimen de multas

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Durante la última reunión con especialistas, los tributaristas acercaron al equipo económico una propuesta para flexibilizar el régimen de sanciones por incumplimientos impositivos.

Hasta el momento, el Gobierno no confirmó si esa iniciativa será incorporada al proyecto que Caputo presentará oficialmente este miércoles. No obstante, el planteo quedó bajo análisis dentro de la reforma que el Ministerio de Economía enviará al Congreso.

Quiénes quedan en zona de riesgo de ser fiscalizados por ARCA

En este nuevo escenario, quienes quedan en zona de riesgo de ser fiscalizados por ARCA, son:

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  • Personas que se radicaron en el exterior durante el año fiscal y perdieron residencia fiscal argentina antes del 31 de diciembre.
  • Contribuyentes con actividad en países con tratados de doble residencia cuya aplicación sea discutida.
  • Quienes hayan cumplido los días de ausencia que configuran pérdida de residencia fiscal según el art. 120 de la LIG.

Cabe aclarar que el art. 9° del anteproyecto exceptúa expresamente el período fiscal 2025 de esta exigencia. Quienes adhirieron al régimen para 2025 bajo la Ley 27.799 —que no tenía este requisito— no pueden ser excluidos retroactivamente por él.

Finalmente, respecto a los Grandes Contribuyentes, la Ley 27.799 vigente los excluye directamente del régimen (inciso c del art. 38). El anteproyecto los admite, pero con una restricción explícita: la adhesión solo tiene efecto para presentar la DJ y efectuar el pago en término. Es decir que no implica presunción de exactitud sobre Ganancias ni IVA, efecto liberatorio del pago en sentido amplio ni ninguno de los demás beneficios del régimen (eximición de multas, protección frente a presunciones del art. 18, etc.).

¿Para qué sirve entonces adherirse? «La utilidad práctica es mínima: permite usar la interfaz de presentación simplificada de ARCA y dejar constancia de la adhesión para efectos respecto al régimen de prevención del lavado de activos (antecedente favorable ante sujetos obligados). Nada más», detalla Felice.

Discrepancia significativa: el cambio técnico más importante

El punto de mayor impacto práctico se encuentra en la nueva definición de discrepancia significativa, ya que de ella depende la posibilidad de que ARCA impugne la declaración jurada simplificada y se pierda la presunción de exactitud.

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El inciso i) del art. 40 vigente configura discrepancia significativa cuando la impugnación genera un incremento del impuesto determinado no inferior al 15% respecto del declarado. No existe ningún piso mínimo: en teoría, una diferencia del 20% sobre una base imponible muy pequeña puede activar la impugnación.

El proyecto mantiene la tres causales principales. La primera se configura cuando la impugnación de ARCA genera un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos por un porcentaje no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La segunda se produce cuando el ajuste supera la suma prevista en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario, actualmente fijada en $100.000.000 para la evasión simple por cada tributo y por cada ejercicio anual.

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La tercera causal se vincula con la utilización de facturas o documentos apócrifos, o con el cómputo improcedente de ingresos directos, incluidas retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos.

Sin embargo, el anteproyecto agrega un filtro adicional: aun cuando la diferencia porcentual supere el 15%, no se configura discrepancia significativa si el monto absoluto de esa diferencia no supera el 5% del umbral del art. 1° del Régimen Penal Tributario.

Es decir, aun cuando el ajuste supere el 15%, no habrá discrepancia significativa si la diferencia no supera un umbral mínimo equivalente al 5% del monto del artículo 1° del Régimen Penal Tributario. Con el umbral penal vigente de $100.000.000, ese piso mínimo equivale actualmente a $5.000.000.

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Este cambio busca evitar que ajustes menores, diferencias de criterio o errores de baja significación económica terminen destruyendo la presunción de exactitud sobre períodos no prescriptos.

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ECONOMIA

El dólar tuvo una leve baja tras cuatro ruedas consecutivas de subas

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Julio se perfila como el mes con mayor volumen operado en el mercado de cambios.

El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, recordó que fue la “primera baja del dólar mayorista luego de cuatro ruedas consecutivas con subas”, que “acumula en los dos primeros días de esta semana una baja de 50 centavos, lejos de la caída de 16,50 pesos de los dos primeros días de la semana anterior”.

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El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.832,54, con lo cual el tipo de cambio oficial quedó a 355,04 pesos o 24 por ciento.

El dólar mayorista cede ahora 4,50 pesos o 0,3% en julio, mientras que en 2026 mantiene una suba de solo $22,50 o 1,5%, frente a una inflación próxima a 18% en lo que va del año.

“Atentos al canje del dollar-linked que vence a fin de mes, dado que permitiría evitar presiones, el dólar mayorista sigue relativamente estable en torno a los $1.480 con una operatoria más expandida y un BCRA comprando reservas, aunque regulando el ritmo al ritmo de la demanda. Que el clima financiero continúe tan calmo juega a favor de la desaceleración de la inflación, tal como quedó reflejado recientemente no sólo en el IPC sino también de manera incluso más pronunciada -a partir también de otros factores- a nivel mayorista», analizó el economista Gustavo Ber.

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El Tesoro convocó para este martes a una licitación extraordinaria para renovar bonos vinculados al dólar que vencen este mes.

“La propuesta oficial busca canjear una letra cambiaria por dos opciones de igual cobertura. Los inversores podrán elegir títulos con vencimientos a agosto de este año o a diciembre de 2028. El ministro Luis Caputo intenta aliviar la carga financiera previa a la subasta de la próxima semana”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

“Los antecedentes del mercado señalan una fuerte preferencia por alternativas de corto plazo. En la última operación similar, la mayoría de los tenedores eligió instrumentos con vencimiento a un mes. La decisión medirá el nivel de confianza en la gestión de la deuda gubernamental. Los tenedores de activos evaluarán el atractivo de mantener cobertura ante posibles fluctuaciones del dólar. La respuesta de los fondos determinará el margen de maniobra oficial para las próximas colocaciones”, añadió Ignacio Morales.

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El dólar al público permaneció a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, en su tercer ascenso seguido, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.525, esto es 75 pesos o 5,2% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

En cuanto al ingreso de divisas a la economía, el INDEC informó que en junio último la balanza comercial registró un superávit de USD 2.194 millones, para acumular un saldo positivo de USD 13.923 millones en la primera mitad del año. El superávit energético alcanzó USD 611 millones, equivalente al 28% del superávit comercial total. Las exportaciones crecieron 24,5% interanual y cayeron 0,9% respecto de mayo. Las importaciones aumentaron 7,3% interanual y 3,4% mensual si estacionalidad.

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“Las importaciones parecen haberse estabilizado en un nivel inferior al observado antes de las elecciones, posiblemente reflejando una actividad doméstica más débil. Dentro de las importaciones, las cantidades importadas de bienes de capital cayeron 12,1% interanual, mientras que las de bienes de consumo disminuyeron 2% interanual. La relativa fortaleza de las importaciones de bienes de consumo sigue respaldando la visión de una moneda fuerte, aunque también responde a la reducción de barreras no arancelarias”, evaluaron los expertos de Max Capital.

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 16 de julio, mostraron una caída de las colocaciones en efectivo de USD 45 millones, hasta 40.486 millones de dólares.



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