El fraude comercial, las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores eléctricos dejaron de ser un problema puramente técnico para consolidarse como un severo limitante macroeconómico en la región, y en la Argentina alcanza al 15% de pérdidas del total de energía disponible. 

Un reciente informe sectorial titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe«, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Universidad de Chile, arrojó una cruda radiografía sobre las mermas del suministro en el continente.

Los resultados para la Argentina son alarmantes y exponen una fuerte ineficiencia institucional en la base del consumo regulado. De acuerdo con el relevamiento de los organismos internacionales, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida a lo largo de las redes del territorio nacional nunca llega a transformarse en una factura emitida y cobrada por las empresas prestadoras.

En términos prácticos, esta brecha estructural implica que más de uno de cada siete kilovatios hora (kWh) que se vuelcan al sistema eléctrico se desvanece de los registros comerciales debido a irregularidades en el consumo.

La reducción drástica de las pérdidas eléctricas no técnicas emerge como condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del sector eléctrico de la Argentina en pleno proceso de transición energética.

Pérdidas millonarias para el sistema eléctrico

Esta pérdida energética tiene un correlato en las finanzas en las compañías distribuidoras y se traduce en pérdidas multimillonarias para la cadena energética de la Argentina. Al cruzar los niveles de demanda global del país -estimados en 142.789 gigavatios hora- con las valoraciones de precios residenciales y comerciales del informe, el impacto financiero local se consolida en torno a los u$s650 millones anuales.

A nivel continental, la magnitud del flagelo adquiere proporciones gigantescas: las denominadas pérdidas no técnicas les cuestan a las distribuidoras de la región más de u$s16.600 millones cada doce meses, con picos en países como Honduras. Paraguay. República Dominicana y Nicaragua.

El fenómeno de los denominados coloquialmente los «colgados de la luz» constituye la razón principal de estas pérdidas no técnicas en el mercado doméstico. A diferencia de las mermas técnicas inevitables, el hurto de energía se vincula de manera directa con conductas de fraude comercial, manipulación deliberada de equipos de medición y la proliferación de derivaciones ilegales en los grandes centros urbanos del país.

Las estadísticas locales sitúan a la Argentina en una incómoda posición intermedia-alta dentro del mapa energético de América Latina, ubicándose apenas un escalón por encima del promedio regional, que ronda el 17%.

Si bien el país se mantiene alejado de los escenarios críticos de colapso que exhiben mercados como el de Venezuela, Honduras o Jamaica -donde la informalidad eléctrica supera holgadamente el 30%-, los números locales duplican los estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo tope máximo aceptable que en la actualidad se ubican enre el 6 y 7%.

Política sectorial y situación social

El trasfondo de esta problemática en la Argentina no puede escindirse de la prolongada política de distorsión de precios regulatorios y subsidios generalizados implementada en las últimas décadas. El informe del BID expone que el congelamiento extendido de las tarifas eléctricas y la falta de señales de precios estables limaron los incentivos económicos para que las distribuidoras invirtieran de manera intensiva en programas de control, fiscalización y recambio de medidores.

Al deprimirse los ingresos de las prestatarias en el AMBA y las provincias, los presupuestos destinados a combatir el fraude comercial pasaron a un segundo plano. Esta persistente falta de cobro de la energía distribuida representa, asimismo, una pesada e invisible carga sobre el Tesoro Nacional que agrava el déficit fiscal del país.

Dado que el parque de generación eléctrica depende en gran medida de subsidios públicos para cubrir los costos de los combustibles y la operación mayorista, cada kilovatio hora hurtado que no genera ingresos para la distribuidora debe ser compensado indirectamente por el Estado. Así, el costo de la luz consumida por los usuarios irregulares no es absorbido por las empresas, sino que es financiado colectivamente a través del gasto público.

Por otra parte, el documento de los organismos internacionales resalta de manera enfática el componente socioeconómico que subyace a la demanda de conexiones irregulares en la periferia de las grandes capitales latinoamericanas.

La falta de urbanización formal y la exclusión financiera empujan a vastos sectores vulnerables a depender de redes precarias para garantizar su subsistencia energética. En este sentido, los analistas sectoriales insisten en que el fraude eléctrico no responde meramente a una cuestión de conducta o delincuencia, sino a una problemática multidimensional ligada a los niveles de ingresos y a la marginalidad urbana.

Una afectación a la calidad del sistema

Lejos de ser un perjuicio exclusivamente financiero para las finanzas de las compañías, la informalidad en las redes impacta de forma severa en la calidad y la continuidad del suministro. Las derivaciones clandestinas y sin protección técnica sobrecargan las líneas de media y baja tensión, provocando caídas de tensión y fallas en cascada en los transformadores de distribución.

El resultado directo de esta saturación de infraestructura se evidencia como uno de los motivos de los apagones que golpean a las áreas urbanas durante las olas de calor estivales, cuando la demanda residencial alcanza sus picos máximos.

Esta falta de confiabilidad de la red local acarrea un elevado perjuicio económico indirecto para el sector productivo, medido técnicamente bajo el concepto del Costo de la Energía No Suministrada (CENS). El informe detalla que las interrupciones imprevistas forzadas por las ineficiencias de la red imponen severos costos a comercios y pequeñas industrias, que van desde el lucro cesante por parálisis de actividad hasta la rotura de equipamiento tecnológico.

De este modo, las pérdidas no técnicas terminan encareciendo indirectamente la competitividad global de la economía y deteriorando el bienestar del usuario residencial que cumple regularmente con sus pagos.

Frente a este complejo panorama, las experiencias recopiladas por los autores del estudio apuntan a la combinación de tecnología de vanguardia y programas de inclusión social como el único camino viable para revertir la tendencia. En el plano local, distribuidoras del interior y del AMBA comenzaron a desplegar planes piloto basados en la instalación de sistemas de telemedición inteligente (AMI), el uso de herramientas de geolocalización para detectar anomalías y algoritmos de análisis de datos orientados a minimizar pérdidas.