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ECONOMIA

Colgados de la luz: el robo de electricidad cuesta unos u$s650 millones en la Argentina

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El fraude comercial, las conexiones clandestinas y la manipulación de medidores eléctricos dejaron de ser un problema puramente técnico para consolidarse como un severo limitante macroeconómico en la región, y en la Argentina alcanza al 15% de pérdidas del total de energía disponible. 

Un reciente informe sectorial titulado «Recuperando Energía: Innovación y Estrategias para la Gestión de Pérdidas No Técnicas en América Latina y el Caribe«, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Latinoamérica (Adelat), la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) y la Universidad de Chile, arrojó una cruda radiografía sobre las mermas del suministro en el continente.

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Los resultados para la Argentina son alarmantes y exponen una fuerte ineficiencia institucional en la base del consumo regulado. De acuerdo con el relevamiento de los organismos internacionales, entre el 15% y el 18% de la electricidad distribuida a lo largo de las redes del territorio nacional nunca llega a transformarse en una factura emitida y cobrada por las empresas prestadoras.

En términos prácticos, esta brecha estructural implica que más de uno de cada siete kilovatios hora (kWh) que se vuelcan al sistema eléctrico se desvanece de los registros comerciales debido a irregularidades en el consumo.

La reducción drástica de las pérdidas eléctricas no técnicas emerge como condición indispensable para asegurar la sustentabilidad y el financiamiento del sector eléctrico de la Argentina en pleno proceso de transición energética.

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Pérdidas millonarias para el sistema eléctrico

Esta pérdida energética tiene un correlato en las finanzas en las compañías distribuidoras y se traduce en pérdidas multimillonarias para la cadena energética de la Argentina. Al cruzar los niveles de demanda global del país -estimados en 142.789 gigavatios hora- con las valoraciones de precios residenciales y comerciales del informe, el impacto financiero local se consolida en torno a los u$s650 millones anuales.

A nivel continental, la magnitud del flagelo adquiere proporciones gigantescas: las denominadas pérdidas no técnicas les cuestan a las distribuidoras de la región más de u$s16.600 millones cada doce meses, con picos en países como Honduras. Paraguay. República Dominicana y Nicaragua.

El fenómeno de los denominados coloquialmente los «colgados de la luz» constituye la razón principal de estas pérdidas no técnicas en el mercado doméstico. A diferencia de las mermas técnicas inevitables, el hurto de energía se vincula de manera directa con conductas de fraude comercial, manipulación deliberada de equipos de medición y la proliferación de derivaciones ilegales en los grandes centros urbanos del país.

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Las estadísticas locales sitúan a la Argentina en una incómoda posición intermedia-alta dentro del mapa energético de América Latina, ubicándose apenas un escalón por encima del promedio regional, que ronda el 17%.

Si bien el país se mantiene alejado de los escenarios críticos de colapso que exhiben mercados como el de Venezuela, Honduras o Jamaica -donde la informalidad eléctrica supera holgadamente el 30%-, los números locales duplican los estándares internacionales sugeridos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo tope máximo aceptable que en la actualidad se ubican enre el 6 y 7%.

Política sectorial y situación social

El trasfondo de esta problemática en la Argentina no puede escindirse de la prolongada política de distorsión de precios regulatorios y subsidios generalizados implementada en las últimas décadas. El informe del BID expone que el congelamiento extendido de las tarifas eléctricas y la falta de señales de precios estables limaron los incentivos económicos para que las distribuidoras invirtieran de manera intensiva en programas de control, fiscalización y recambio de medidores.

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Al deprimirse los ingresos de las prestatarias en el AMBA y las provincias, los presupuestos destinados a combatir el fraude comercial pasaron a un segundo plano. Esta persistente falta de cobro de la energía distribuida representa, asimismo, una pesada e invisible carga sobre el Tesoro Nacional que agrava el déficit fiscal del país.

Dado que el parque de generación eléctrica depende en gran medida de subsidios públicos para cubrir los costos de los combustibles y la operación mayorista, cada kilovatio hora hurtado que no genera ingresos para la distribuidora debe ser compensado indirectamente por el Estado. Así, el costo de la luz consumida por los usuarios irregulares no es absorbido por las empresas, sino que es financiado colectivamente a través del gasto público.

Por otra parte, el documento de los organismos internacionales resalta de manera enfática el componente socioeconómico que subyace a la demanda de conexiones irregulares en la periferia de las grandes capitales latinoamericanas.

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La falta de urbanización formal y la exclusión financiera empujan a vastos sectores vulnerables a depender de redes precarias para garantizar su subsistencia energética. En este sentido, los analistas sectoriales insisten en que el fraude eléctrico no responde meramente a una cuestión de conducta o delincuencia, sino a una problemática multidimensional ligada a los niveles de ingresos y a la marginalidad urbana.

Una afectación a la calidad del sistema

Lejos de ser un perjuicio exclusivamente financiero para las finanzas de las compañías, la informalidad en las redes impacta de forma severa en la calidad y la continuidad del suministro. Las derivaciones clandestinas y sin protección técnica sobrecargan las líneas de media y baja tensión, provocando caídas de tensión y fallas en cascada en los transformadores de distribución.

El resultado directo de esta saturación de infraestructura se evidencia como uno de los motivos de los apagones que golpean a las áreas urbanas durante las olas de calor estivales, cuando la demanda residencial alcanza sus picos máximos.

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Esta falta de confiabilidad de la red local acarrea un elevado perjuicio económico indirecto para el sector productivo, medido técnicamente bajo el concepto del Costo de la Energía No Suministrada (CENS). El informe detalla que las interrupciones imprevistas forzadas por las ineficiencias de la red imponen severos costos a comercios y pequeñas industrias, que van desde el lucro cesante por parálisis de actividad hasta la rotura de equipamiento tecnológico.

De este modo, las pérdidas no técnicas terminan encareciendo indirectamente la competitividad global de la economía y deteriorando el bienestar del usuario residencial que cumple regularmente con sus pagos.

Frente a este complejo panorama, las experiencias recopiladas por los autores del estudio apuntan a la combinación de tecnología de vanguardia y programas de inclusión social como el único camino viable para revertir la tendencia. En el plano local, distribuidoras del interior y del AMBA comenzaron a desplegar planes piloto basados en la instalación de sistemas de telemedición inteligente (AMI), el uso de herramientas de geolocalización para detectar anomalías y algoritmos de análisis de datos orientados a minimizar pérdidas.

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ECONOMIA

Aceiteros cerraron paritaria para todo 2026: cómo quedó el sueldo mínimo de julio

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Los aceiteros y las empresas exportadoras cerraron una de las paritarias más importantes del mercado laboral argentino. Luego de días de tensas negociaciones, este lunes llegaron a un acuerdo que comprende un aumento de sueldo para todo el 2026.

Así lo confirmaron tanto las cámaras y los sindicatos, luego de una negociación que se extendió durante días y cuya resolución promete «garantizar la paz social durante todo el año», según las empresas.

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Aumento de sueldo confirmado para aceiteros: cuánto cobrarán en julio

Según informó este lunes CIARA-CEC, «se arribó finalmente a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros«. «La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios. El acuerdo cubre todo el año 2026 basado en el índice de precios del consumidor del Indec estimado vía el REM (índice de expectativas mensuales de inflación). El monto total acumulado es del 29.5%. Esto garantiza la paz social durante todo el año», resaltó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

En tanto, desde los sindicatos detallaron cómo queda el salario inicial -categoría de peón-:

  • A partir del 1 de julio: $2.578.400
  • Desde el 1 de septiembre: $2.719.040

«Asimismo, se acordó una suma retroactiva para los meses de mayo y junio de 2026, que se pagará junto con los haberes del mes de junio de 2026″, sostuvo el sindicato.

«En la negociación defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión», agregaron.

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En el comunicado también criticaron la reforma laboral: «Lo hicimos en un contexto donde el gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina. Su punto máximo es la regresiva reforma laboral, con la que avanzan contra derechos históricos y pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio constitucional de la huelga. Además, en nuestra actividad se le sumó una burda campaña de desinformación contra nuestras organizaciones gremiales y el legítimo reclamo a un salario digno».

«Frente a todo esto demostramos nuestra firme voluntad para defender nuestros derechos con unidad y conciencia de clase. Así lo demostramos el pasado 27 de mayo con la Huelga Nacional Aceitera que llevamos adelante de forma contundente en todo el país. Y lo volveremos a demostrar cada vez que sea necesario», agregaron.

Una tensa negociación y una oferta que puso en alerta a los sindicatos

En medio de una tensa negociación, la semana pasada los sindicatos amenazaron con huelgas luego de una oferta que rechazaron de plano. Los sindicatos revelaron que, en la última audiencia, después de «negarse sistemáticamente a otorgar una mejora salarial», los empresarios presentaron «una oferta de $15.000 de aumento» para el mes de mayo.

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El secretario General de la FTCIODyARA, Daniel Yofra, sostuvo que «lamentablemente, pareciera ser que la intransigencia patronal y su falta de sensibilidad sobre las necesidades obreras, nos va a llevar a un nuevo conflicto».

El dirigente explicó que el reclamo se fundamenta «en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas»:

  • Alimentación adecuada
  • Vivienda digna
  • Educación
  • Vestuario
  • Asistencia sanitaria
  • Transporte
  • Esparcimiento
  • Vacaciones
  • Previsión

Yofra sostuvo que «tenemos que tratar de unirnos en todos los frentes, todas las centrales obreras y salir a pelear contra este gobierno, pero con un plan de lucha» y subrayó «un paro de vez en cuando a este gobierno no le hace absolutamente nada». Justamente, esa es la propuesta que tienen los gremios aceiteros si no hay acuerdo: un cese de actividades por tiempo indeterminado.

El titular de la organización gremial reconoció que «los trabajadores aceiteros no están mal como está el resto del país», al tiempo que sostuvo que cerca del 90% de los trabajadores registrados argentinos perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza y reiteró que «hay que enfrentar a este gobierno con paro y movilizaciones, no hay otra».

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Una huelga por tiempo indeterminado no solo hubiera afectado a las empresas agroexportadoras sino también a los productores, acopiadores, camioneros y a todos los que se vinculan con el agro. Si bien la Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, el acuerdo logrado este lunes puso fin a días de tensión y negociaciones paritarias, con un aumento de sueldo acordado para todo 2026 para los aceiteros.



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ECONOMIA

El vicepresidente de la CAF habló del fondo para reconstruir Venezuela: “Se estiman pérdidas materiales por USD 6.700 millones”

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Christian Asinelli Vicepresidente De La CAF En Infobae En Vivo

La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe puso en marcha un fondo internacional de apoyo para la reconstrucción de Venezuela, tras los terremotos que dejaron más de 1.700 muertos y entre 40.000 y 50.000 personas desaparecidas, y Christian Asinelli, vicepresidente de la entidad, explicó cómo funcionará en declaraciones a Infobae al Regreso. La institución prevé un proceso de varios años para revertir los efectos de la catástrofe.

“El objetivo de este fondo es de largo plazo. No va a ser una situación que se va a solucionar de la noche a la mañana, va a llevar muchos años de reconstrucción”, afirmó Asinelli.

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El funcionario detalló que el país enfrenta una etapa crítica, donde “todavía se está tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales”. De acuerdo con los datos oficiales, la cifra de víctimas fatales ya asciende a 1.700 y se calcula un universo de personas desaparecidas que podría superar las 50.000.

La CAF estableció el fondo con cuentas especiales en dólares y euros, abiertas para recibir aportes de países, organismos internacionales y empresas privadas. “Ya muchísimas empresas privadas nos han pedido aportar a este fondo. Se puede donar desde la Argentina y desde cualquier país”, explicó Asinelli en la entrevista con Infobae al Regreso.

Según CAF, las pérdidas materiales ascienden a USD 6.700 millones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

El esquema de ayuda internacional incluye la participación activa de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con todo el sistema de Naciones Unidas. Países vecinos y europeos también sumaron asistencia. “El Salvador mandó seis aviones con rescatistas de manera inmediata, lo cual ayudó muchísimo. Argentina, Brasil, Panamá, República Dominicana, México y Ecuador, todos los países de la región y europeos se solidarizaron con esta causa”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

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Las pérdidas materiales alcanzan un estimado de USD 6.700 millones, cerca del 10% del PBI actual de Venezuela, según los cálculos de Asinelli. Los daños se concentran sobre todo en la infraestructura de La Guaira y Caracas. Sin embargo, la red energética nacional no sufrió daños, lo que permitió que el suministro eléctrico se mantuviera estable y el sistema energético del país siga en funcionamiento.

El fondo, según la entidad, estará orientado principalmente a la reconstrucción de infraestructura, el apoyo a las familias damnificadas y la recuperación de servicios esenciales en las zonas más afectadas. La CAF subraya que la administración de los recursos contará con mecanismos de transparencia y seguimiento internacional, con el respaldo técnico de los organismos multilaterales que acompañan la iniciativa.

“La creación de este fondo tiene un objetivo de largo plazo”, reiteró Asinelli a Infobae al Regreso. “Estamos en un momento muy complicado, todavía tratando de encontrar sobrevivientes y víctimas fatales. Las acciones están siendo acompañadas por todo el marco internacional”, puntualizó el vicepresidente de la CAF.

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Las víctimas fatales ya superan los 1.700. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)
Las víctimas fatales ya superan los 1.700. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

La puesta en marcha del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela busca reunir y canalizar aportes de origen público, privado e internacional para atender las necesidades prioritarias del país tras los recientes sismos. La propuesta llega junto con la donación de USD 300.000 en ayuda humanitaria anunciada por la entidad para enfrentar la emergencia.

El Fondo recibirá aportes provenientes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas particulares y otros aliados. Estos recursos se administrarán bajo un esquema común, con mecanismos de rendición de cuentas, y se destinarán a las iniciativas que defina y priorice el gobierno de Venezuela. El objetivo es articular una respuesta coordinada, evitar la dispersión de esfuerzos y acelerar la llegada de asistencia a las regiones más afectadas.

Para poner en funcionamiento el mecanismo, CAF aportará inicialmente un millón de dólares como capital semilla, recurso que financiará las primeras acciones urgentes. La institución no aplicará comisión por la administración fiduciaria ni por la ejecución de los fondos, lo que permitirá que el 100% de los donativos se utilice para la emergencia y la posterior reconstrucción.

“Los actos de la naturaleza se responden con actos de humanidad y solidaridad, y Venezuela nos requiere hoy más que nunca. Venezuela es país fundador y sede de CAF, y por eso ponemos en marcha este Fondo para la reconstrucción: un mecanismo ágil y transparente al que invitamos a sumarse a gobiernos y al sector privado, para que sus aportes, junto con los nuestros, formen parte de una respuesta efectiva. Nuestro compromiso es acompañar al pueblo venezolano no solo en la emergencia, sino a lo largo de todo el camino de recuperación y reconstrucción que tenemos por delante”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

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La CAF habilitó cuentas especiales en dólares y en euros para las donaciones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)
La CAF habilitó cuentas especiales en dólares y en euros para las donaciones. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

El diseño del mecanismo contempla distintas fases. En la primera etapa se prevé la atención inmediata con ayuda humanitaria, provisión de insumos básicos y respaldo a instituciones clave en la respuesta. Más adelante, se abordará la rehabilitación de servicios esenciales como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad.

La última fase estará enfocada en la recuperación y el fortalecimiento de la resiliencia, priorizando la reconstrucción temprana, la restauración de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad ante posibles futuros desastres. Las intervenciones se decidirán de acuerdo con las valoraciones de daños y las prioridades que establezca el Gobierno.

El Fondo funcionará con recursos independientes de los fondos propios de CAF, garantizando la trazabilidad por cada iniciativa, informes financieros periódicos y auditorías externas. Los aportes podrán realizarse tanto en dólares estadounidenses como en euros. La ejecución podrá llevarse a cabo a través de entidades implementadoras seleccionadas o, si resulta más eficiente, mediante la gestión directa de CAF.



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ECONOMIA

El valor que debería tener el dólar según uno de los economistas que más escucha la City porteña

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El tipo de cambio está bajo en términos históricos, según el diagnóstico de Enrique Szewach, exdirector del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El economista, una de las voces más escuchadas en la City porteña, advirtió que el dólar debería valer bastante más de lo que marca hoy el tablero.

Szewach comparó el valor actual con el dólar de diciembre de 2023, cuando Javier Milei lo fijó en $800. Ese mismo tipo de cambio, ajustado por inflación, hoy equivaldría a casi $2.100. La brecha con el valor oficial muestra el atraso cambiario acumulado en poco más de un año.

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El analista planteó un problema estructural que complica cualquier cálculo de tipo de cambio en Argentina. Las variables macroeconómicas nunca se mantienen en niveles promedio por mucho tiempo: siempre están muy arriba o muy abajo, nunca en el centro. Esa volatilidad histórica dificulta proyectar un valor de equilibrio sostenible.

El contexto internacional tampoco ayuda. El fortalecimiento global del dólar complica la situación para una economía que sigue «atada» a esa moneda como referencia de ahorro y comercio exterior.

El impacto se siente especialmente frente al real brasileño, la moneda del principal socio comercial de Argentina. Szewach remarcó que el tipo de cambio bilateral con Brasil está muy bajo, lo que afecta la competitividad de las exportaciones argentinas.

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Por qué los argentinos sienten que el país está caro

Szewach describió un fenómeno particular de la economía argentina: los ciudadanos miran los precios locales «como turistas». La razón es simple: su ahorro está dolarizado, entonces evalúan el costo de vida en moneda extranjera.

Comparado con los valores de 2023, la sensación generalizada es que Argentina está cara en dólares. Esa percepción no es infundada: con el tipo de cambio atrasado, el poder de compra en moneda extranjera efectivamente cayó.

La comida en un restaurante, un alquiler o una compra en el supermercado pesan más en dólares que hace un año y medio. Para quien cobra o tiene ahorros en esa divisa, el país perdió atractivo en términos de costos.

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Cuánto debería valer el dólar según el economista

El economista puso números concretos sobre la mesa. Si se evaluara el tipo de cambio en términos reales para recuperar equilibrio, el dólar tendría que valer $1.700. Ese nivel representa un salto significativo respecto al valor oficial actual.

Pero Szewach agregó una advertencia crucial que complica esa proyección. El precio del dólar no puede analizarse de forma aislada: interactúa con el resto de las variables económicas, especialmente la inflación.

«Si el dólar sube a $1.700 y aumenta la tasa de inflación en la misma proporción, te quedás en el mismo lugar», precisó el analista en diálogo con Ahora Play. La devaluación sin ancla nominal solo traslada el problema a los precios internos.

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Esa dinámica explica por qué una corrección cambiaria brusca no resuelve mágicamente el atraso. Si todos los precios se ajustan al mismo ritmo que el dólar, el tipo de cambio real vuelve al punto de partida.

El cambio de régimen que comparó con el menemismo y el kirchnerismo

Szewach también analizó el cambio de régimen impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Consideró que este proceso es tan fuerte como los ocurridos durante el menemismo o el inicio del kirchnerismo, dos momentos de quiebre en la política económica argentina.

Sin embargo, el economista cuestionó la naturaleza del ajuste fiscal y su impacto en la microeconomía. Según su visión, el Estado argentino se achicó bajando salarios y empleo público, pero también transfiriendo costos al sector privado.

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«Cuando el sector público tiene superávit, lo paga el sector privado», aseveró. El Estado no bajó el gasto en términos absolutos: simplemente trasladó ese costo a las familias y las empresas.

Szewach ejemplificó este punto con la quita de subsidios a la energía y al transporte. Si antes un usuario pagaba $10 por un servicio y ahora paga $30, el Gobierno no redujo realmente el gasto: lo pasó al consumidor final.

Esa lógica explica por qué el superávit fiscal convive con un deterioro del poder adquisitivo. El ajuste no desapareció: cambió de manos, del Estado a los hogares.

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Qué hace falta para que un tipo de cambio bajo sea sostenible

El economista cerró su análisis señalando lo que considera la falencia estructural del modelo actual. Hoy falta inversión estatal en áreas clave como infraestructura y educación, dos sectores que determinan la productividad de largo plazo.

Según Szewach, esos factores son los que harían que un tipo de cambio bajo fuera realmente razonable y sostenible. Sin inversión en capital humano y físico, la economía no puede sostener una apreciación real del peso.

La competitividad genuina no viene solo de un dólar alto o bajo. Requiere una estructura productiva que pueda competir incluso con tipo de cambio apreciado, algo que demanda inversión sostenida en el tiempo.

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Para el analista, el debate sobre el nivel del tipo de cambio es incompleto si no se discute simultáneamente el rol del Estado en la creación de capacidades productivas. El dólar es una variable de ajuste, pero no un motor de crecimiento por sí mismo.

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