El gobierno de Javier Milei anunció que destinará fondos del Tesoro nacional a la cancelación de la deuda de la obra social de los militares, que alcanza los $210.000 millones. Lo hará a partir de acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores que mantienen casi paralizada la atención médica de los afiliados.

Fuentes de la obra social informaron a que la cancelación de la deuda se hará en sucesivos plazos, a medida que avancen los acuerdos con los acreedores. Los primeros pagos, según se anunció, serán inmediatos.

Se estima que hay unos 30 grandes acreedores de la obra social, aunque la deuda se extiende a un amplio número de clínicas, farmacias, cadenas de farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales, proveedores de prótesis e insumos y profesionales que prestan atención médica.

El anuncio, realizado por el Ministerio de Defensa y publicado por la Oficina del Presidente, se conoció en momentos en que la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) tocó fondo. Hace unos días renunció el administrador de la estructura residual del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), coronel retirado Ariel Guzmán, que trabajaba en el proceso de liquidación del organismo.

“Los recursos los destinará el Tesoro nacional, pasarán al Ministerio de Defensa Defensa y los ejecutará el nuevo Liquidador del IOSFA, Gonzalo Secchi”, informó una fuente de la obra social.

En las últimas semanas se intensificaron las protestas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por despidos, especialmente en hoteles de la obra social que quedarán desactivados, según se informó.

Al respecto, el diputado nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo Nacional garantice la totalidad de los puestos de trabajo del personal civil del IOSFA/OSFA, cualquiera sea su modalidad de contratación o vinculación laboral”.

Acuerdos con prestadores

El Ministerio de Defensa anunció que “las reuniones con prestadores permiten acordar pagos y celebrar nuevos convenios, también con quienes ya atendían a los afiliados”. Informó, además, que a partir de esa base, OSFA busca “restablecer progresivamente la totalidad de las prestaciones en todo el país”.

Explicó que “la respuesta alcanza también a quienes esperan el reintegro de gastos de salud” y que, en virtud de los acuerdos, se paga un primer lote de más de 10.000 reintegros de afiliados por más de $5000 millones.

En medio de la profunda crisis que enfrentan los afiliados, el Gobierno afirmó que las primeras medidas apuntan a cancelar deudas para recuperar prestadores y pagar reintegros para responder a los afiliados.

“Son las primeras medidas de un cambio más amplio. OSFA avanzará con la modernización del modelo de gestión como del gasto y recursos dirigidos prioritariamente a las prestaciones para brindar una atención médica de calidad y sostenible a cada camarada y su familia”m informó el Ministerio de Defensa.

El Club Político Argentino (CPA) reclamó que la ciencia y la tecnología se conviertan en una prioridad de gobierno indiscutible. Por medio de un comunicado, la organización advirtió que los fondos destinados a Investigación y Desarrollo (I+D) cayeron a menos de la mitad de su promedio histórico -que rondaba el 0,5% del PBI- y subrayó la necesidad de iniciar de inmediato un plan de recuperación presupuestaria que permita alcanzar el 1% del producto en el mediano plazo.

En su declaración, la entidad enfatizó que el sector no puede ser considerado una variable de ajuste económico. “La ciencia y la tecnología deben ser prioritarias en la agenda estatal. No son un gasto postergable. Los países competitivos sostuvieron por décadas la inversión en investigación básica y aplicada”, resaltó el CPA y alertó sobre las graves consecuencias que genera el desfinanciamiento en el sistema científico nacional.

Fuga de talentos y pérdida de competitividad

Según advirtió, el recorte presupuestario ya está impactando en la pérdida de proyectos estratégicos y en el éxodo de profesionales altamente calificados. “Se pierden proyectos valiosos y, peor, capital humano difícil de recuperar”, expresó, al tiempo que enfatizó que “la libertad y la prosperidad de una sociedad dependen de su capacidad de decidir con conocimiento propio”.

En contraste con la situación local, la entidad de intelectuales que preside Ricardo Gerardi recordó que en los países desarrollados la inversión en I+D alcanza un 2% del PBI. Por eso, urgió a revertir el rumbo argentino comenzando de forma progresiva a partir del Presupuesto 2027, que se discute en estos momentos en la Cámara de Diputados. “Es necesario que crezca la inversión pública en ciencia y tecnología, que alcance el 1% del PBI en el mediano plazo, y para ello deberíamos comenzar progresivamente a partir del año próximo con el presupuesto que entre en ejecución”, dice el texto.

Propuestas institucionales y áreas clave

Para acompañar el incremento de fondos, la institución propuso una serie de reformas estructurales orientadas a perfeccionar el sistema de innovación nacional. Entre los ejes centrales, sostiene la necesidad de “mejorar las instituciones del sistema científico” y “estrechar su vínculo con el sector productivo”.

Asimismo, instó a no descuidar campos tecnológicos estratégicos globales. El CPA planteó la urgencia de “sostener las áreas sensibles (IA, tecnologías cuánticas, biotecnología, ciberseguridad), allí donde la brecha puede volverse gravosa e irreversible”.

Al finalizar su comunicado, el Club Político Argentino concluyó que “fortalecer la ciencia y los talentos argentinos significa asumir que el conocimiento es hoy la principal ventaja competitiva de las naciones”.