La maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados tuvo un cruce de alta tensión luego de que el Gobierno lograra aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Durante las cuestiones de privilegio, Luis Petri, de La Libertad Avanza (LLA), criticó al islam y lo responsabilizó por la “pérdida de valores” en Europa, por lo que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.

El cruce comenzó con un análisis que trazó el exministro de Defensa de Milei sobre la situación política que atraviesa el Viejo Continente. “El problema que atraviesa Europa es un problema de fondo. No solamente está en peligro y bajo ataque, sino que, además, se desarmó espiritual y moralmente”, inició.

A su vez, Petri consideró que el conflicto empezó tres décadas atrás, cuando el continente europeo convirtió “la tolerancia en relativismo” y confundió “la hospitalidad con renuncia a exigir integración”, en alusión a las políticas de apertura hacia los inmigrantes.

“Como dijo Milei en Davos, Occidente está en peligro porque abandonó las ideas que lo hicieron grande. Y en frente, tiene un enemigo que es despiadado, que es el islamismo radical”, expresó. En ese momento, recibió aplausos de sus compañeros de partido, pero también generó enojo en el bloque del FIT.

“[El islamismo radical] considera a la mujer como propiedad tutelada, busca someter y eliminar a las minorías religiosas, considera botín de guerra a la esclavitud sexual y castiga a la blasfemia con pena de muerte, que glorifica el martirio suicida”, siguió Petri.

Mientras avanzaba con su intervención, los gritos fueron en aumento y Bregman se levantó de su banca y descendió algunos escalones del recinto para increpar a Petri.

En medio de un griterío generalizado, lo acusó de “racista” e “islamofóbico”.

“¿Sabe qué? Es el sistema que usted defiende. Un sistema que castiga con pena de muerte al que piensa distinto», le respondió el legislador oficialista, al mismo tiempo que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pedía que cerrara la idea.

Pero Bregman se dirigió a Menem y le gritó: “¡Lo van a venir a buscar a usted!”.

Sin embargo, Petri continuó con las críticas y afirmó que el islamismo radical “dinamita templos y bibliotecas y le enseña a los chicos de 16 años que su vida vale más como bomba que como futuro”.

“Eso no es una cultura alternativa. Es la negación a la dignidad humana. ¡No pasarán! Por eso la Argentina puede demostrarle al mundo que una Nación que recupera sus valores y raíces es una Nación que recupera su futuro», cerró.

Aún después de concluir con su discurso, los cruces continuaron. De un lado, Bregman, y su compañero de banca, Nicolás del Caño, arremetieron contra Sabrina Ajmechet, también de LLA, quien se quedó parada respondiendo a los comentarios de los legisladores del FIT.

Tras una semana de incertidumbre, el oficialismo consiguió este miércoles emitir dictamen de comisión del proyecto de reforma de la ley de salud mental y dejó, así, a la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo en condiciones de ser tratada en la próxima sesión de la Cámara alta.

La clave para destrabar el camino del proyecto hacia el recinto del Senado fue la presentación de un dictamen de minoría, impulsado por un grupo de peronistas escindidos del bloque kirchnerista. Con estas firmas se alcanzó el pronunciamiento de más de la mitad de los miembros de las comisiones de Salud y de Legislación General.

La presentación oficializada esta tarde favoreció al oficialismo, que podrá así llevar al recinto el despacho de mayoría que había acordado con sectores de la oposición dialoguista. No obstante, la bancada que preside Patricia Bullrich (Capital) todavía no tiene asegurados los votos para imponer su postura.

La propuesta oficialista fue anunciada el martes de la semana pasada en una conferencia de prensa en la que Bullrich (Capital) estuvo escoltada por sus compañeras de bloque Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), presidentas de las comisiones de Salud y de Legislación General, respectivamente.

A pesar de que Bullrich sostuvo en aquella reunión que el texto había sido consensuado con varios bloques de la oposición −llegó incluso a hablar de apoyos peronistas−, lo cierto es que el jueves último el texto no reunió la mayoría requerida y, por lo tanto, las comisiones de Salud y de Legislación General no pudieron emitir dictamen.

Esa mayoría de pronunciamientos se alcanzó este miércoles con el despacho de minoría impulsado por los peronistas Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca), integrantes del bloque Convicción Federal.

El texto de mayoría contempla varias modificaciones, entre los que se destaca la eliminación de la posibilidad de volver a crear instituciones especializadas para la internación de casos psiquiátricos, medida que proponía el texto remitido por la Casa Rosada al Senado el 20 de abril último.

La iniciativa también extiende la cobertura de la ley a todas las adicciones, ya no sólo a las vinculadas con el consumo de estupefacientes, y permite las internaciones involuntarias cuando el paciente no esté en condiciones de tomar esa decisión, aunque deberán ser confirmadas por un equipo interdisciplinario dentro de un plazo perentorio.

A pedido de senadores de diferentes bloques y de varios ministros provinciales que participan del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el texto mantuvo la prohibición de los manicomios establecida por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.

Uno de los puntos más destacados del dictamen de mayoría es la flexibilización de la exigencia psiquiátrica y la inclusión de un diagnóstico interdisciplinario como proceso obligatorio para la internación de personas con trastornos mentales o adicciones.

En ese sentido, la evaluación para una internación podrá ser realizada por un médico psiquiatra o por un profesional con formación en salud mental, junto con un segundo firmante, preferentemente un psicólogo.

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica y se reconoce la firma del psicólogo tanto para la evaluación como para la concesión del alta del paciente.

Como parte de la negociación para alcanzar el consenso, el oficialismo aceptó restituir el financiamiento nacional a las provincias. De acuerdo con el dictamen, el Estado nacional estará obligado a brindar cooperación técnica, económica y financiera a las provincias para la aplicación de la norma.

Para las internaciones de urgencia se fija un plazo de revalidación cuando la medida sea dispuesta por un solo médico ante la existencia de un riesgo grave. En esos casos, la confirmación interdisciplinaria deberá realizarse dentro de las 48 horas.

En este punto radica una de las principales diferencias del dictamen de minoría, en el cual mantiene el proceso de revalidación de la internación en un plazo perentorio de 24 horas.

Otra diferencia radica en la integración del equipo evaluador. Mientras el oficialismo requiere la evaluación de dos profesionales de distintas disciplinas, en el de minoría se establece que al menos uno de los miembros evaluadores debe ser psicólogo o médico psiquiatra.

Los senadores peronistas también difieren en el capítulo referido a financiamiento nacional, en el que incorporan un esquema rígido que garantiza la asistencia técnica, económica y financiera a las provincias. También exige la aprobación de un Plan Nacional de Salud Mental a 5 años con metas cuantificables y obliga al Ministerio de Salud a enviar al Congreso un informe anual detallado sobre la ejecución presupuestaria del sector.

Además, incluye un artículo con acciones dirigidas específicamente a niños y adolescentes, enfocadas en la prevención del suicidio, de adicciones y en el uso responsable de redes sociales. También reconoce el derecho explícito al acompañamiento terapéutico post-internación para la reinserción social y laboral.

Por último, el dictamen de minoría se prohíbe de forma expresa que la falta de vivienda o las problemáticas exclusivamente sociales y de pobreza justifiquen la indicación o prolongación de una internación, responsabilizando al Estado de proveer dispositivos habitacionales y de apoyo.